Thursday, March 28, 2013

LXXX ANIVERSARIO DE LOS TRÁGICOS SUCESOS DE HERMIGUA



LA REPRESIÓN DE UNA HUELGA GENERAL SE SALDA CON DOS GUARDIAS CIVILES Y UN CAMPESINO MUERTOS Y VARIOS HERIDOS 

A
l igual que en Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas[1], el 22 de marzo de 1933 su produjeron en Hermigua unos hechos que llenaron de bochorno y vergüenza a la República. Un centenar de obreros del sindicato Federación Obrera se enfrentan a varios números de la  Guardia Civil, los desarman y los matan, después de que un campesino cayera muerto por las balas de la autoridad.
Aunque el asunto venía de mucho antes, todo empezó el 14 de marzo de 1933. Los trabajadores de esta villa del Norte de la Gomera, en su mayoría afiliados a la Federación Obrera, un sindicato controlado mayoritariamente por el PSOE, lanzan el siguiente manifiesto:
«A todos los Obreros y Campesinos. Al Pueblo en general. Camaradas y amigos:
»Acompañados de sentimientos de rabia y de dolor va esta protesta. Nuestro fervor por la República así nos lo dice. Nuestro pueblo se hunde más y más, bajo el peso de unos canallas embriagados en la ciénaga de corruptelas morales y políticas. Nos referimos, camaradas, al caciquismo tradicional, cuyos miembros como los caimanes siguen siendo los mismos aunque hayan cambiado de color. Son los enemigos emboscados de la República. Solo esperan el momento propicio para darle el zarpazo.
»Hoy se vengan en nosotros. Como trabajadores y representantes de la República aceptamos la batalla. En ella mediremos nuestras manos y veremos si esos señoritos, que se llaman agrarios, las tienen tan endurecidas por los callos como las nuestras. Callos, compañeros, que nos los hemos hecho, para que comieran esos que quieren darnos latigazos».
El manifiesto era el punto de partida para la convocatoria de una huelga general revolucionaria en un pueblo de apenas 39,67 kilómetros cuadrados (cien veces menor que las fincas de recreo de Mario Conde o Juan Abelló en Ciudad Real) con una población censada de 5.842. La huelga se celebraría el 22 de ese mes, hace ahora 80 años. El texto, escrito en el leguaje revolucionario de la época, añadía:
«Pues bien, camaradas, estos salteadores de nuestras conciencias e intereses, quieren continuar sacudiendo su látigo al que se interponga en su camino. Los trabajadores que vivimos bajo su tiranía, nos levantamos contra ella y no estamos dispuestos a que ejecuten sus maquinaciones. Ellos, compañeros, con sus criminales astucias coaccionan a nuestros hermanos intentando que  nuestra trinchera, la Federación Obrera, se derrumbe».
Aunque el ayuntamiento de villa se constituye, según Wikipedia en, 1812[2] (sospecho que el dato no es real y se refiere a 1822 o a 1833), poniendo fin al régimen señorial, de pequeño oí decir que el llamado «derecho de pernada» se mantuvo un siglo después, en la Restauración, e incluso durante la Dictadura de Primo de Rivera. Los huelguistas lo aluden:
«Los trabajadores de Hermigua defenderemos con nuestra sangre y vidas, compañeros, nuestros derechos ante esos señoritos que nos tratan a la patada, deshonraban a nuestras hijas y humillaban a nuestras mujeres. Si la canalla caciquil no cesa en su empeño de no dar trabajo a los compañeros que se hallan en el paro, la Federación Obrera irá a la huelga.
»Porque desde hace meses, la mayoría de nuestros compañeros están en el paro, no por falta de trabajo sino por el «boicot» a todo obrero federado, como si fuera un delito. Nuestro deber es garantizar, por dignidad y humanidad, que nuestros compañeros no se mueran de hambre. Sus vidas, las de sus mujeres e hijos, valen tanto como las de nuestros opresores».
Desde la proclamación de la República el 14 de abril de 1931, habían pasado poco menos de dos años y, por primera vez en la historia, los obreros de Hermigua, uno de los municipios canarios más concienciados en favor de la nueva Niña Bonita junto con Vallehermoso, decidían lanzarse a la calle y convocar un día de paro en defensa de sus reivindicaciones.
El hecho era insólito. Frente al País Vasco o Cataluña donde el movimiento sindical tiene una fuerte tradición desde finales del siglo XIX y comienzos del XX ligado al desarrollo industrial, en las islas apenas había existido hasta la II República un movimiento obrero organizado. Hasta que de repente, en Hermigua, un pueblo aparentemente tranquilo y apacible, los jornaleros, afiliados en su mayoría a Federación Obrera y desengañados porque, pese a las esperanzas e ilusiones puestas en el nuevo régimen, la clase dominante local sigue ostentando el poder y amenazándolos con quitarles el pan, deciden movilizarse y paralizar la vida cotidiana. 
Algo que no debía haber extrañado a nadie: además de que los ayuntamientos y cabildos seguían controlados por los de siempre, desde el 14 de abril de 1931 las condiciones de vida habían empeorado, especialmente en las islas menores y las protestas empezaban a aflorar tímidamente.
La situación era tal que el 22 de agosto de 1933 el diario La Prensa, cabecera bajo la que se editaba entonces El Día se hacía eco del asunto: 
«Al hallarse paralizados los trabajos de la carretera, en Hermigua hay centenares de obreros parados. El campo yermo, la producción platanera por los suelos, el comercio cerrado, las aguas mermadas, los montes destrozados, la carretera, que sería la única solución frente a tanto mal, al hambre y a la miseria reinantes, paralizada. El Gobierno tiene que actuar ».
Los patronos de la zona, en su mayoría gente de no demasiados recursos económicos ni detentadores de grandes fincas, en contra de lo que habitualmente se escribe, vivían casi exclusivamente del cultivo del plátano.  Lo explotaban en régimen de medianería (ellos vivían como señoritos sin dar golpe mientras que los obreros realizaban los trabajos en sus plataneras y se repartían los beneficios), lo que permitía una especie de ancestral servidumbre y de sometimiento amo/criado más propia de la edad media que de los tiempos que corrían y que se heredaba de padres a hijos como una fatalidad congénita e insuperable. El que nacía campesino moría como tal sin poder dar estudios a sus hijos y el que había salido del útero materno como propietario de unas pocas hectáreas de terreno cultivable sabía que tenía la vida garantizada desde la cuna hasta la tumba.
Tampoco puede decirse, frente a los tópicos habituales, que patronos y obreros nadaban en la abundancia o vivían en la opulencia[3], o que los primeros eran ricos por naturaleza y los segundos habían nacido para ser esclavos perpetuos y pasar esa condición casi genética a sus descendientes. Vistas con la perspectiva de la distancia y del tiempo, las cosas no eran así. Las penalidades, con harta frecuencia, afectaban a todo el mundo. Aunque bien es cierto que a unos más que a otros.
Hermigua representaba entonces el ejemplo de la lucha titánica del campesino con la tierra árida, agreste, yerma y la mayoría de las veces seca por falta de agua. El trabajo se realizaba en las condiciones más difíciles que el ser humano pueda imaginarse. El minifundismo, el monocultivo, el régimen de explotación agraria en régimen de aparcería, la mala calidad del suelo y la estructura de las plantaciones en forma escalonada a lo largo de las laderas imposibilitaba el empleo de maquinaria agrícola para hacer más llevaderas las penalidades del agricultor.
Por si las calamidades fueran pocas, habría que añadir la dependencia del agua, tanto caída del cielo para regar las plantaciones y lograr buenas cosechas (no existían embalses) y la del océano, vía por la que se exportaba la producción en condiciones normales desde el desaparecido pescante de Hermigua, con un mar casi siempre embravecido, dada la falta de refugios y puertos seguros.
Si la miseria y la hambruna de los pueblos pueden medirse, en el campo económico, por la sobreexplotación del suelo y los escasos rendimientos de las cosechas, Hermigua era en 1933 el más claro ejemplo de ello. No sólo las medianías sino las zonas más elevadas de la villa habían sido desbrozadas de matorrales y malas yerbas y estaban plantadas de patatas, hortalizas y plataneras. Hasta el último centímetro cuadrado de tierra que pudiera cultivarse estaba explotado. De modo y manera que subiendo a las alturas de El Sabinal, El Cheje, Iboalfaro, La Palmita, El Corralete, La Laja, Los Aceviños o El Estanquillo a por papas o millo uno no podía saber si se encontraba en Canarias, en el Machu Pichu o en el Himalaya de no ser por la presencia del mar siempre en la lejanía.
 Estaba claro que, de haber nacido en la isla, Adam Smith, el teórico de la revolución industrial, no hubiera escrito jamás La Riqueza de las Naciones. Otro de sus contemporáneos, Thomas R. Malthus, en cambio, hubiera encontrado terreno abonado para escribir su célebre y controvertida obra An Essay on the Principle of Population, donde habla de que los recursos cada vez más escasos del planeta iban a ser insuficientes para alimentar una población que se incrementaba exponencialmente.
Porque Hermigua es el paradigma clásico de las teorías malthusianas, a las que tantos historiadores de la economía siguen echando mano para apoyar sus tesis: recursos económicos (bienes y servicios) limitados y un incremento de la natalidad (con una tasa de 3.6 hijos por mujer), que se dedicaba a lanzar oleadas de jóvenes y mayores a la emigración (a Cuba, a Venezuela y a Tenerife) como única forma de subsistencia y de encontrar la felicidad, la meta básica de todo ser humano al margen de apetencias políticas, sociales, culturales, económicas, según proclamaron los padres de la Constitución USA en 1787 y se reconoce en todos los países civilizados. Pese a todo, la República trajo a España, y en especial a Canarias, cosas buenas pero otras muchas extremadamente malas. Por primera vez desde el periodo de la Restauración, el reinado de Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera, se recobraron las libertades básicas (de expresión, de asociación, manifestación) y una Constitución que protegió y amparó todos estos derechos.
En Tenerife, los empresarios y las clases acomodadas se afiliaron al Partido Republicano Tinerfeño y más tarde fueron derivando hacia Acción Popular Agraria, Partido Radical, Asociación Patronal Agrícola y otros. Los obreros militaron inicialmente en el PSOE (el PCE se funda en las islas en torno a 1920 con Juan Pedro Ascanio a la cabeza) y en la Federación Agraria, un sindicato donde militan anarquistas, socialistas y comunistas.
Pero la República trajo la libertad pero no la prosperidad y, mucho menos, la felicidad, salvo para unos pocos. Por eso, en Hermigua, la mayoría de los medianeros y obreros se afiliaron enseguida a la Federación Agraria desde la que pretendían acabar con el régimen semi-feudal en que se desarrollaban sus condiciones de trabajo.
Pero, enseguida, se toparon con los patronos dispuestos a cegarles el camino, a hacer que las conquistas sociales que les otorgaba la Constitución se quedaran en papel mojado. Y aunque todos ellos, obreros, medianeros y patronos, defendían los mismos intereses se cruzó de por medio la política. Y ocurrió lo que muchas veces suele pasar. Algunos empresarios del sector platanero optaron por quedarse tuertos, si era preciso, si con ello dejaban ciegos a sus contrincantes e impedían que  conquistaran sus derechos.   
carretera que debía unir el pueblo con la capital, San Sebastián. Era la única obra pública de envergadura que la República, con sus escasos recursos, no había paralizado pero que se realizaba a trancas y barrancas, con paros intermitentes muchas veces de meses, hasta el punto de que no se concluyó hasta 1944, cinco años después de acabada la Guerra Civil.
 La obra formaba parte del Plan Nacional de Infraestructuras y del Circuito Nacional de Firmes Especiales del dictador Miguel Primo de Rivera, quien modernizó por primera vez la red de caminos españoles, que no se habían tocado prácticamente desde la etapa de las calzadas romanas. En el caso de La Gomera se trataba de rodear la isla mediante un anillo circular, uniendo la capital, San Sebastián, con el norte, pasando por los pueblos de Hermigua, Agulo, Vallehermoso y Valle Gran Rey.
La construcción de la calzada, como acabamos de decir, era de interés general y beneficiaba tanto a patronos como a obreros. A los primeros porque les permitía trasladar sus plátanos a la rada de San Sebastián, el único punto de la isla donde se podía fondear un barco con ciertas garantías, para enviarlos al extranjero. A los obreros, porque además de la maltrecha agricultura, la obra constituía la única forma de sustento para ellos, sus mujeres e hijos. Paralizarla o boicotear su construcción, era un acto criminal. Suponía condenar al hambre y a la emigración a muchos y permitir que el mal tiempo de la mar impidiera la exportación de las cosechas.
Pese a sus intereses comunes, patronos (dueños de explotaciones agrícolas, fundamentalmente) y obreros no se pusieron de acuerdo sobre su marcha. Acostumbrados a mandar y a que siempre, desde tiempos inmemoriales, se hiciera su santa voluntad sin rechistar, los pequeños «caciques» locales (en Canarias se da un peso excesivo a la palabra cacique, que en realidad no tiene) se negaron a dar trabajo a los obreros pertenecientes a la Federación Obrera, que eran la inmensa mayoría, alrededor de unas 500 personas entre jornaleros y medianeros.
Y ahí arrancó el conflicto allá por el año 1932. Amparados en la Constitución y en los derechos sindicales que ésta les reconocía, los dirigentes de la Federación Obrera acudieron a Santa Cruz de Tenerife con sus quejas. Allí fueron recibidos por algunos de los 13 gobernadores civiles que hubo en  la provincia[4] (Rafael Rubio Carrión, de Acción Republicana en la primera ocasión)  durante la II República. La primera autoridad civil de la Provincia ordenó que las obras no se paralizaran y que se diera trabajo a todos los obreros que lo pidieran, en turnos rotatorios de 100 personas, toda vez que no había empleo para los 500 parados. xxx
Aunque no arriesgaban nada en el proyecto ya que el dinero invertido era público, los detentadores y ostentadores de la tierra y de los cultivos, se negaron a obedecer las órdenes de la primera autoridad civil de la provincia y, por ende, de la República. De modo y manera, que los responsables de la Federación Obrera acudieron de nuevo a pedir el apoyo del representante del Gobierno. Los  recibió el nuevo Gobernador Civil Vidal Gil Tirado quien ratificó la decisión de su antecesor: el derecho al trabajo no se le podía negar a nadie.
En el acto ordenó mediante oficio y telegrama al capataz de la obra, un individuo al servicio de los dueños de la tierra, que admitiera a 100 obreros pertenecientes a la Federación los días 19 y 20 de marzo de 1933. Pero, tal y como estaba el ambiente de caldeado, debió haber hecho otra cosa: enviar además a una docena de Guardia Civiles, desde Santa Cruz de Tenerife, con órdenes tajantes de que se cumplieran a rajatabla sus órdenes.
Pero no lo hizo y eso desencadenó la tragedia. Cuando los 100 afiliados a Federación Obrera acudieron a las obras de la carretera a que les dieran el trabajo, no sólo no fueron admitidos sino que se les despidió con bromas de mal gusto y algunos de sus antiguos patronos a su paso por la carretera de Hermigua de vuelta a sus casas se mofaron de ellos.
Fue una afrenta innecesaria y estúpida. Esa tarde la Federación Obrera decidió hacer frente al hambre y a la miseria en que vivían sus mujeres y sus hijos convocando una huelga general, como se relató al principio.
Y fue así como, espoleados por varios dirigentes socialistas de Tenerife, entre ellos el diputado Emiliano Díaz Castro, al que se le abrirían dos causas militares por ello[5], el 22 de marzo de 1933 se echaron a la calle un centenar de obreros decididos a paralizar todas las obras, a cerrar los comercios, cortar el riego, la luz eléctrica y a imponer la huelga general.
¿Qué hacer ante una protesta sindical, convocada legalmente? El comandante del puesto de la Guardia Civil del pueblo, el cabo Antonio Fuentes, contaba con dos agentes para contener a la masa enardecida y evitar que se cometieran desmanes. Los guardias estaban armados con viejos fusiles Mauser de la guerra del Rif y disponían de una dotación de diez cartuchos. 
Obviamente, con aquellos medios y sin material antidisturbios que entonces no existía no se podía contener a una muchedumbre y mucho menos impedir de causaran cualquier tipo de desmán, lo que no ocurrió. La solución lógica hubiera sido llamar a la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y pedir refuerzos, tal y como se señalaba en las ordenanzas de la Benemérita. Pero el cabo Fuentes optó por prohibir la huelga, y hacer prevalecer su autoridad, pensando que bastaba salir a la calle con su uniforme verde y su tricornio para que los huelguistas depusieran su actitud.
Los sucesos de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas donde la fuerza pública se vio desbordada por las masas, casi siempre obreras y campesinas, teniendo que disparar y causar numerosas muertes a la vez que ellos mismos sufrían sus propias bajas, no se echó para atrás sin o todo lo contario. La divisa del cuerpo «Todo por la patria», justificaba este tipo de actitudes no siempre correctas ni ajustadas a Derecho.
 Y eso que aquellos sucesos habían tenido repercusión internacional y habían cuestionado la eficacia de la república en sus primeros meses. En Castilblanco (Badajoz), La Guardia Civil mató a un jornalero durante una manifestación y los obreros asesinaron a cuatro agentes el 31 de diciembre de 1931. El Arnedo (Logroño), una marcha obrera fue disuelta a tiros por un oficial que sigue órdenes del general José Sanjurjo matando e hiriendo a decenas de obreros. Ocurrió el 5 de enero de 1932. En Casas Viejas (10 y 11 de enero de 1933), un grupo de obreros que quieren proclamar el comunismo libertario, mataron a dos Guardias Civiles. La Benemérita responde rodeando las chozas donde están los obreros, las incendian y «fusilan» a los supervivientes con «tiros a la barriga», tal y como ordenó el presidente de la República Manuel Azaña a la fuerza actuante[6].
Para garantizarse el apoyo de una parte de la población,  la de aquel sector que había  ostentado el poder desde antes de 1822, fecha en que desaparece oficialmente el «régimen señorial», el día anterior a los hechos, el cabo Antonio Fuentes se reunió con los jefes de los partidos de derecha y les pidió ayuda.
̶ Lo único que les pido es que, si mientras estamos de patrulla en una parte del pueblo, los huelguistas asaltan o queman el cuartel nos den cobijo a nosotros, a nuestras mujeres e hijos ̶  solicitó.
El seguimiento masivo de la huelga, al día siguiente, le causó un tremendo desasosiego. Desbordado por los hechos, a media mañana, decide trasladarse al cercano municipio de Agulo, distante unos 5 kilómetros, a traerse con él a los guardias del pueblo para reforzar la guarnición de la villa. xxx
Para mayor escarnio de los huelguistas lo hace de manera chulesca, utilizando uno de los camiones que trabajaban en la obra de la carretera, llevando como conductor al capataz que les negaba el trabajo y el pan, y pasando a toda velocidad entre la multitud que se manifestaba por la zona de La Castellana, cerca de la playa, con riesgo evidente de atropellar a los que intentaron detener su avance.
La actitud del cabo Fuentes acabó de exaltar los ánimos en aquella calurosa e inquietante mañana. Y hasta los más templados decidieron entonces que nadie iba a pisotear su derecho de huelga. Para lo cual optaron por cortar la carretera colocando una barricada a la altura de El Palmarejo con el fin de dividir a la fuerza actuante en dos.
Pero no fue eso lo que ocurrió.  De vuelta al cuartel del Valle Alto, sobre las dos de la tarde, con dos agentes de refuerzo, al encontrarse con la carretera cortada, el cabo Antonio Fuentes bajó del vehículo y, pistola en mano, ordenó a los huelguistas que despejaran la vía.
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A MUERTE DE UN JORNALERO POR UN DISPARO DE LA GUARDIA CIVIL EXASPERÓ LOS ÁNIMOS. LA MUCHEDUMBRE ENAREDECIDA DESARMÓ A LOS AGENTES Y LOS ARROJÓ POR UN BARRANCO.
La respuesta del centenar de concentrados, entre los que se encontraban varias mujeres en primera fila, fue que no iban a moverse ni a cumplir sus órdenes ya que quien se había colocado fuera de la Ley era la Guardia Civil y no la Federación Obrera. La actitud de los manifestantes de no obedecer «las órdenes de la autoridad» acabó sacando de quicio al cabo que no podía tolerar que algunas mujeres comenzaran a golpear el camión y a lanzarle piedras.
Ante esta actitud, ordenó inmediatamente a los guardias que le acompañaban que echaran pie a tierra, que montaran sus armas y se colocaran en situación de prevengan por si era necesario hacer fuego.
Lo que pasó a continuación no está demasiado claro. Casi todas las versiones coinciden, sin embargo, en que al verse rodeado por los huelguistas y sin posibilidad de escapatoria el cabo dispara su pistola y ordena a los otros guardias abrir fuego a su vez.
Los manifestantes, que ya casi los tienen rodeados, se abalanzan entonces sobre ellos y tratan de desarmarlos. Pero en la refriega uno de los guardias logra disparar su Mauser y mata a uno de los huelguistas, el obrero Antonio Brito Brito y hiere a otros dos. Con los ánimos exaltados y ya sin control alguno de sus actos los manifestantes acaban obligando a los agentes a lanzarse al vacío desde el borde de la carretera e incluso les empujan. En el acto mueren el cabo Antonio Fuentes y el guardia José Cano sobreviviendo muy malherido el tercer agente, José Garrote, al hacerse «el muerto» e impedir que la muchedumbre siguiera golpeándolo.
 El Gobierno, que hasta entonces había mantenido una actitud confusa, temerosa y pusilánime, a la vista de los acontecimientos, decide actuar.
Siguiendo órdenes del presidente de la República, Manuel Azaña y del ministro de la Gobernación,  Santiago Casares Quiroga, el Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife,  Gil Tirado, envía a Hermigua a una sección de la Guardia Civil mandada por el teniente coronel Juan Vara Terán, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia.
Nada más desembarcar del vapor Viera y Clavijo los agentes comienzan a practicar detenciones e interrogatorios, utilizando los testimonios de las viudas de los propios agentes muertos y de muchos propietarios de fincas, que se convirtieron en acusadores. De esta manera, la Federación Obrera quedó desmantelada y sus cuadros son detenidos en espera de juicio instruido bajo la jurisdicción castrense, al tener los agentes muertos  el status de policía rural adscrita al Ejército, con doble dependencia del ministerio de la Gobernación y del ministro de la Guerra, cargo que se había reservado para sí el presidente de la República Manuel Azaña. También son investigados medio centenar de vecinos del pueblo por unirse a la protesta. Durante los meses que siguieron y bajo las instrucciones del  comandante general de Canarias, general Enrique Salcedo Molinuevo, se instruye la causa 10/1933 por el delito de agresión a fuerza armada con resultado de muerte en la que están incursos todos los encarcelados (27 detenidos inicialmente y otros diez más adelante) y se practican las pruebas testifícales, periciales y forenses pertinentes al caso. xxx
El juicio se celebra en el desaparecido Cuartel de San Carlos en junio de 1934, con la CEDA y los radicales de Alejandro Lerroux en el poder y las izquierdas fuera del ejecutivo. Preside el Tribunal Militar el teniente coronel de Infantería José Gómez Rumeu. Treinta y siete jornaleros, entre ellos cinco mujeres, algunos de los cuales no saben leer ni escribir, se sientan en el banquillo de los acusados.
Pese a estar en la oposición, el PSOE está decidido a defender a los trabajadores de la Federación Obrera de Hermigua con uñas y dientes y manda a Santa Cruz de Tenerife a dos de sus pesos pesados. Los enviados como abogados defensores fueron Juan-Simeón Vidarte, vicesecretario general del PSOE y hombre de confianza de Indalecio Prieto, diputado por Badajoz y ex secretario general del Congreso de los Diputados y el prestigioso penalista, catedrático de la Universidad Central de Madrid, Luis Jiménez de Asúa, diputado y presidente de la comisión parlamentaria que elaboró la Constitución de 1931, autor de un Tratado de Derecho Penal (siete tomos), considerado una de las mayores aportaciones al  derecho criminal[7].
Los dos habían intervenido meses antes como letrados en los sucesos de Casas Viejas y en otros asuntos parecidos y tenían amplia experiencia en la materia. Les auxiliaban, siete abogados tinerfeños, entre ellos, Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa, comunista, que sería diputado a Cortes en 1936, y José Carlos Schwartz Hernández, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, los dos fusilados nada más empezar la Guerra Civil, uno de ellos (Schwartz) en las Cañadas del Teide.
Por su parte el ministerio público había puesto también toda la carne en el asador. El fiscal que llevaría el caso desde principio a fin era Lorenzo Martínez Fuset, un jurídico militar y notario nacido en Baeza y destinado por entonces en Canarias, donde posteriormente compaginaría su cargo de Fiscal Militar con el de jefe de seguridad de Carmen Polo de Franco y de su hija, Carmencita[8]. Nombrado Jefe de la Auditoría de Guerra en el cuartel de los sublevados, meses más tarde, los propios servidores del régimen le consideraban un tipo duro, que solía extralimitarse en sus funciones, y pedir demasiadas penas de muerte[9].
Conociendo al personaje, no resulta extraño que durante la vista oral por los sucesos de Hermigua Martínez Fuset comenzara pidiendo 20 penas de muerte para los acusados y otras tantas de reclusión mayor para otros reos. Sin embargo, muchas de sus acusaciones fueron refutadas por infundadas y contradictorias por los letrados Juan-Simeón Vidarte y Jiménez Asúa. Vidarte, por ejemplo, echó la culpa de los incidentes al caciquismo local:
«Los fascistas de Hermigua estaban de enhorabuena. Con burlas y bromas insolentes vieron regresar del tajo al centenar de obreros  a quienes reiteradamente se había negado a recibir el contratista. Frente a aquel escarnio los trabajadores se rebelaron y  el paro fue absoluto en el pueblo».
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L INICIARSE LA GUERRA CIVIL, 17 AFILIADOS AL SINDICATO OBRERO SE HACEN FALANGISTAS. A ALGUNOS DE ELLOS SE ATRIBUYEN LOS «PASEOS» DE SUS COMPAÑEROS
Jiménez Asúa, por su parte, basa toda su intervención en resaltar la pésima actuación de la Benemérita, como había ocurrido en situaciones parecidas en el rsto de España: 
«Fue entonces cuando el comandante del puesto, inopinadamente, se echó hacia atrás, dio las voces de 'carguen' y de 'fuego' y disparó su pistola contra la multitud... Cuando los números iban a hacerlo y los grupos los rodearon para salvar su vida. La muchedumbre, exaltada y contagiada por el furor de los agentes, al querer quitarles las armas al cabo y al guardia Garrote, los arrojan por el barranco».
Así y todo, acabado el plenario, el 9 de julio de 1934 se hace pública la sentencia: cinco de los imputados [Leoncio Fagundo Hernández, Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, Manuel Avelino Perdomo Plasencia y Vicente Valladolid Mesa] son condenados a la pena de muerte  y once más a penas de prisión que oscilan entre los 20[10] y los 2 años. Otros diecisiete, entre ellos una mujer, resultaron absueltos.
Los acontecimientos de Hermigua tuvieron, sin embargo, su lado positivo para el movimiento obrero de la isla. En las elecciones generales de finales de 1933, uno de sus representantes, Fernando Ascanio Armas, se presenta como candidato del Frente Obrero y Campesino, sustituyendo al orotavense Lucio Illada. Y obtiene la mayoría en Hermigua, Vallehermoso y algunos pueblos de la isla de La Palma.[11] Pero no llega a pisar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.
La contrapartida fue la unificación y el crecimiento de las derechas en el municipio, que pasan ya a enfrentarse abiertamente al bloque de izquierdas hasta convertirse en dos grupos irreconciliables y antagónicos durante la Guerra Civil y la postguerra. El promotor e «ideólogo» de este bloque fue el guardia civil, José Garrote de Pedro, herido en los sucesos de meses antes y que había salido con vida, como hemos dicho,  al «hacerse el muerto». Nombrado comandante de la Benemérita del puesto de Hermigua aprovechó su «autoridad» para potenciar  las candidaturas de derecha y, en especial, a la Falange, que bajo el mando de Antonio Fragoso y otros logró un inusitado y fulgurante desarrollo.
De modo y manera que cuando el 18 de julio de 1936 se desencadena la Guerra Civil se presentan como voluntarios para acudir al frente nada menos que 56 supuestos seguidores de José Antonio Primo de Rivera o que se declaran a sí mismos fascistas, radicales, católicos o apolíticos[12].
Como es habitual en todas las revoluciones y contiendas, muchos eran antiguos socialistas y afiliados de UGT que cambian de bando sobre la marcha y otros, monárquicos o independientes[13]. La mayoría pide ir al frente, a primera línea, y acaban en la batalla de Brunete, mientras los «señoritos» del pueblo se quedan en Tenerife en labores de «saca», vigilando los almacenes de Fiffes convertidos en improvisadas cárceles o dando «paseos» a sus vecinos, 17 de los cuales, incluidos los condenados a muerte, y otros como el maestro Enrique Biscarria (que no figuraba en la causa) fueron ejecutados o desaparecieron[14].
Los sucesos de Hermigua constituyeron, no obstante, un elemento de referencia de las izquierdas para organizar la huelga general de octubre de 1934, especialmente en Asturias, Vizcaya y Cataluña con la que pretendían el asalto al «palacio de invierno». 
Entre tanto, mientras los condenados del municipio seguían encarcelados, en Moscú se celebraba entre julio y agosto de 1935 el VII Congreso de la Internacional Comunista que iba a cambiar la historia de España, de Canarias y de los propios presos. Allí los principales líderes comunistas, entre ellos los españoles Dolores Ibarruri, José Díaz y Vicente Uribe, escuchan por primera vez de los labios del secretario general de la Komintern, el búlgaro Jorge Dimitrov, que el «comunismo ha fracasado en toda Europa» y que la única posibilidad del triunfo del proletariado sobre la burguesía radica en admitir el sistema democrático de los países occidentales, infiltrarse en su estructura de poder como una especie de caballo de Troya y dinamitarlos desde dentro.
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l INICIO DE LA CONTIENDA, 17 PERSONAS, INCLUIDOS DOS DE LOS ABOGADOS, UNO DE ELLOS DIPUTADO, SON «PASEADOS» O «DESAPARECEN». OTRO PARLAMENTARIO, EMILIANO DÍAZ CASTRO, SALVÓ LA VIDA POR LOS PELOS.
La nueva estrategia de Moscú, que se sigue con ilusión en la cárcel, establece la unificación de los partidos comunistas y socialistas, de sus juventudes, sindicatos y demás órganos de encuadramiento de masas en Francia y España para concurrir a las elecciones generales en un Frente Popular.
Los comicios se celebran el 14 de febrero de 1936 y aunque haya que esperar al 4 de marzo (a una especie de segunda vuelta) para conocer los resultados, la entrega del poder a las izquierdas por Manuel Portela Valladares antes de conocerse el escrutinio definitivo, llenó de júbilo y satisfacción a los presos de Hermigua, encarcelados desde marzo de 1933.
Un rayo de esperanza se oteaba en el horizonte. Tras la represión sufrida por la Federación Obrera a manos de gobiernos de derechas en el segundo bienio[15], ahora, con el Frente Popular, las cosas podían cambiar. Por fin, las largas jornadas de lucha para pedir la amnistía para los reclusos de Hermigua iban a dar sus frutos.
Entre otras cosas, porque en la candidatura que alcanza el triunfo en Tenerife, se encuentran dos de los letrados que más interés han puesto en defender la inocencia de los presos gomeros, el diputado del Puerto de la Cruz Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa, presidente del Frente Popular tinerfeño, y  el socialista Emiliano Díaz Castro entre otros.    
Tras reunirse en Madrid con Manuel Azaña, futuro presidente de la República, y con Indalecio Prieto los presos salen en libertad y regresan amnistiados a su pueblo, donde reciben el homenaje de los suyos, y vuelven a abrazar a sus familiares y a reanudar su vida como si nada hubiera pasado.
La felicidad les duró muy poco. En la madrugada del 14 de julio el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, fue a visitar a Juan-Simeón Vidarte, uno de los defensores de los presos de Hermigua, y a Indalecio Prieto (por este orden) y les comunicó que él y otros habían secuestrado al diputado José Calvo Sotelo, se les había ido la mano y lo acababan de asesinar.
Cuatro días más tarde, al producirse el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, las fuerzas de derechas de la villa, con el cabo José Garrote de Pedro al frente, se hacen con el control absoluto del municipio. Horas después, los protagonistas de los sucesos de marzo de 1933 son detenidos, encarcelados y torturados por los falangistas. Sus mujeres e hijos, obligados a tomar aceite de ricino y a barrer el pueblo con las cabezas rapadas al cero.
Sólo uno de los dirigentes de la Federación Obrera de la Gomera, el comunista Guillermo Ascanio Moreno, de Vallehermoso, ingeniero formado en Berlín, logra salvar la vida y se traslada a Madrid donde en 1936 organiza el Batallón de Canarios Voluntarios para la defensa de la capital. De allí pasa a mandar la VIII División del Ejército del Centro. Hasta el 5 de marzo de 1939 en que el coronel Segismundo Casado da un golpe de Estado y rinde la capital de España al general Franco. Entonces, Ascanio se subleva contra sus mandos y, al frente del II Cuerpo de Ejército, se dirige al norte de Madrid para intentar salvar a la Republica. Detenido, sería fusilado el 4 de julio de 1941. Su caso es equiparable al del tinerfeño del bando republicano, Juan Perea Capulino, que de soldado raso acabó de general y terminó mandando el XXI Cuerpo de Ejército en la Batalla del Ebro y finalmente todo el Ejército del Este. En el bando nacional, hubo otro caso de un canario, Antonio Alemán, que de soldado raso llegó a teniente general. Condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando fue además medalla militar individual. Sus pertenencias están en el museo de la Academia de Infantería de Toledo.

El resto de los protagonistas de los sucesos de la villa de Hermigua, tras sufrir todo tipo de vejaciones y humillaciones son trasladados en barco desde San Sebastián de la Gomera hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife para ser puestos a disposición de la nuevas autoridades judiciales y encarcelados en la prisión de Fiffes. Sólo unos pocos llegaron[16]. La mayoría fueron arrojados al mar con las manos atadas a la espalda y una piedra al cuello, en un acto de crueldad y salvajismo inenarrable en cualquier tiempo y lugar.
Se cumplían así, aterradoramente, las premonitorias frases de Manuel Portela Valladares «reciben ustedes el poder con el tigre en la puerta» y de Indalecio Prieto publicadas en El Liberal de Bilbao el 15 de julio de 1936, tras el entierro en el cementerio del Este de Madrid del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo, uno recibiendo «honores» militares de la Guardia de Asalto y el otro de la Guardia Civil, reflejo vivo de las dos españas.  

«Si la reacción sueña con un golpe incruento, como en 1923, se equivoca (…) Esta será una batalla a muerte. Cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel».
En Hermigua, un pueblo pacífico y trabajador, sus presagios se cumplieron con creces. Con un importante matiz. Aunque el municipio no fue declarado nunca zona de guerra  ̶ sí lo fue por unos días el cercano de Vallehermoso ̶  las víctimas fueron en su mayoría sus propios correligionarios. Con otro añadido. Los verdugos, en muchos casos, los amigos de la infancia, del colegio e incluso los compañeros de sindicato, como ocurrió en otras partes de España, entre ellas Badajoz, Málaga, Bilbao o Santander[17].
De ahí que los cadáveres jamás hayan sido encontrados. Por lo que en este caso la consabida frase latina Sic tibi terra levis habría que cambiarla por esta otra Sic tibi pelagus levis aunque tal vez a muchos lectores les parezca una monstruosa herejía. Arrojar a decenas de hombres al agua con una piedra al cuello no es una muerte digna sino un acto de crueldad innecesario. Incluso para sus verdugos, de haberse producido la invasión de España por los aliados tras la II Guerra Mundial.  
[El texto puede leerse íntegramente en el suplemento de la edición de El Día de Tenerife del 28 de marzo de 2013]


[1] Los sucesos de Hermigua tuvieron trascendencia nacional. En la primera foto puede verse a los nueve abogados del caso, presididos por (1) Luis Jiménez Azúa, padre de la constitución republicana y uno de los mejores juristas españoles de todos los tiempos; Juan-Simeón Vidarte (2), diputado Badajoz y miembro ejecutiva PSOE, secretario del Congreso de los Diputados en primera legislatura y (3) el diputado tinerfeño Emiliano Díaz Castro. Éste fue encarcelado por incitar a la violencia en Hermigua y se le abrió causa separada del resto de los presos dos veces. Resultó absuelto. Iba en barco a Madrid el 18 de julio de 1936 junto con otro de los letrados, el  diputado por el Puerto de la Cruz Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa (asesinado). Al enterarse de los sucesos Luis Rodríguez Figueroa se baja del vapor en Cádiz y es detenido. Lo traen a Tenerife y lo matan. Emiliano Díaz Castro continúa rumbo a Barcelona. Desciende allí y gracias a eso salva la vida. La segunda foto corresponde a un plano de Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa. La tercera, es un retrato de Guillermo Ascanio. La siguiente corresponde al pescante de Hermigua. La quinta es el lugar aproximado donde ocurrieron los sucesos. Y la sexta, una foto aérea de la isla de La Gomera.
[2] Las Cortes de Cádiz de 1812 en su artículo 10 establecen el alcance del territorio nacional pero no entra en detalles acerca de su estructura por municipios, provincias o regiones. En 1822 se promulga una División Territorial de España de Fernando VII y en 1833 la Ley de Plantas de Javier de Burgos.
[3] El 31 de marzo de 1933 lo aseguraba así el diario ABC
[4] José Ramón Fernández Díaz, Antonio Lara Zárate, Enrique Izquierdo Jiménez, Rafael Rubio Carrión,  Vidal Gil Tirado,  Juan C. González Quesada, Rufino Blanco Fombona,  Rafael de Pina Milán, Enrique Malboysson Ponce, José Onofre Jesús, Tomás Salgado Pérez, Enrique Martínez Ruiz-Delgado y Manuel Vázquez Moro. Algunos de ellos ostentaron el cargo horas o días.
[5] Por un supuesto delito de «incitar a la violencia» en Hermigua fue encarcelado el 4 de abril de 1933 y puesto en libertad por falta de pruebas el 20 de mayo de ese año.
[6] Diario de Sesiones del Congreso. Los sucesos de Casas Viejas provocaron la caída del gobierno republicano-socialista de Azaña, al perder apoyos por la derecha y la izquierda.
[7] Si por una catástrofe atómica se perdieran todos los escritos sobre Derecho Penal pero se salvase el Tratado de Jiménez de Asúa, no se habría perdido nada. (Nelson Hungría)
[8] Francisco Franco embarcó en Cádiz el 9 de marzo de 1936 con destino a Tenerife. Poco antes el gobierno del Frente Popular le había nombrado nuevo comandante militar de Canarias para impedir el inminente golpe de Estado.
[9] Hasta el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, censuraba sus juicios sumarísimos seguidos de ejecuciones masivas por lo que, tras la guerra, fue «desterrado» a Las Palmas.
[10] El condenado a 20 años de reclusión mayor fue Domingo Medina Santos, que había resultado herido grave en el tiroteo.
[11] En el texto figuran cuatro personas apellidadas Ascanio, dos de Hermigua, Fernando y Pablo Ascanio Armas, y dos de Vallehermoso, Juan Pedro Ascanio García y Guillermo Ascanio Moreno. 
[12] El 5 de marzo de 1937, un total de 56 vecinos de Hermigua se habían unido a la Falange y al Movimiento Nacional, según acta del jefe local de Falange, Antonio Fagundo Fragoso. «Todos son personas de mi más absoluta confianza, los cuales al poco de iniciarse el Movimiento Nacional, vieron la salvación de España y no dudaron un solo momento en ofrecerse voluntarios para servirla», afirma Fagundo. La mayoría de ellos acabarían en el frente de Brunete (6 al 25 de julio de 1937). Veintitrés de ellos, afiliados a Falange, no salieron de Tenerife. Otro dato curioso, 18 habían pertenecido a UGT.
[13] Voluntarios de derechas en la Guerra Civil por Hermigua: Alonso Trujillo Mora, José Mendoza Trujillo, Luis Trujillo Fagundo, Raúl Méndez Aguilar, Norberto  y Domingo Méndez Suárez, Ángel Bencomo León, Nicolás Bencomo Rodríguez, Francisco Santamaría Villena, Saturnino Trujillo Trujillo, Agustín Brito Nieblas, Antonio y Sebastián Bencomo Bento, Santiago Méndez Pérez, José Aguiar Rodríguez, Manuel Méndez Méndez, Francisco Bencomo Mendoza, Manuel Trujillo Fagundo, Juan Méndez Pérez, Vidal Pérez Moreno, Domingo Herrera, Vicente Pérez Méndez, Domingo Trujillo Trujillo, José Barrera Hernández, Antonio Lemus Amaro, Vicente Herrera Clemente, Francisco Medel Amaro, Ramón Plascencia Hernández, Alfonso Méndez Suárez, Rafael Bencomo Rodríguez, Pedro Cubas Darias, Asencio Herrera Trujillo, Manuel Santos Trujillo, Amadeo Izquierdo Izquierdo, Alberto, Virgilio y Miguel Trujillo Fragoso y Antonio Fagundo.  
[14] Ex sindicalistas miembros de UGT y CNT que figuran en un listado de Falange como adheridos al Movimiento Nacional una vez disuelta la Federación Obrera: José Negrín Domínguez, Benjamin Mora Cabrera, Domingo Cabrera Marichal, José Pérez Moreno,   Ángel Medina Sánchez, Ramón Brito Medina, Juan Hernández Prieto, José Alzola Pineda, José Arteaga Alzola, Domingo Pineda Herrera, Juan Morales Mendoza, Domingo Herrera Piñero, Manuel Cubas Hernández, José Magdalena Torres, Ramón Correa Herrera, Ramón Pineda Alzola, Manuel Fragoso Fagundo y José Almenara Herrera
[15] El 29 de octubre de 1934 son clausurados sus locales de la Federación Obrera de Vallehermoso, construidos en terrenos de Guillermo Ascanio. El sindicato, sin embargo, sigue funcionando en el resto de los municipios de la isla.
[16] Entre ellos los hermanos Fernando y Pablo Ascanio Armas.
[17] Las personas ejecutadas por los pistoleros de Falange y otros fueron Leoncio Fagundo Hernández, Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, Manuel Avelino Perdomo Plasencia, Vicente Valladolid Mesa, José León Piñero, Domingo Rodríguez Henríquez, Juan Martín Hernández, Antonio Martín Hernández, Antonio Hernández García,  Manuel Casanova Medina, Jesús Chávez, Tomás Brito Méndez, Enrique Bizcaría, Antonia Pineda Prieto y su hijo recién nacido y Fernando y Pablo Ascanio Armas. Tal vez habría que añadir al alcalde de Santa Cruz y a un diputado por el Puerto de la Cruz, ya citados, defensores de los acusados y de otros casos parecidos.

Sunday, March 24, 2013

SI FELIPE GONZÁLEZ HUBIERA DISPUESTO DE DRONES NADIE LE HUBIERA ACUSADO DE MONTAR LOS GAL




LOS AVIONES PREDATORS TAMBIÉN MATAN A TRAICIÓN A LOS ENEMIGOS DE LA LIBERTAD PERO NO HABLAN COMO AMEDO Y DOMÍNGUEZ
 
 

Hubo un tiempo en un país en el que los terroristas eran malos y mataban a los niños y a las personas inocentes y el presidente del Gobierno, que les había reído las gracias en los tiempos de Franco y miraba para otro lado en la oposición,  se puso recho, como dicen en México, y hasta bravo, y les dio varios ultimatums. “O dejáis de matar y entregáis las armas o voy a por vosotros y os encontraré donde sea, que el estado de Derecho también se defiende desde las alcantarillas”.
Los terroristas se tomaron a broma las advertencias pero aquel Presidente, que de niño había jugado con los malos, había aplaudido sus matanzas, y hasta había hecho planes con ellos para derrocar a la dictadura. Pero ahora que era Primer Ministro no quería que le pasara lo de la República, cuando los suyos, osease sus conmilitones, mataron al diputado José Calvo Sotelo y hubo una guerra en la que “ninguno de los dos bandos dio tregua al otro”. Así que para evitar que, en un descuido, los pistoleros más violentos mataran, pongamos por caso, a Adolfo Suárez y le echaran la culpa a él como le pasó a Largó Caballero, a Indalecio Prieto, a Juan-Simeón Vidarte o a Juan Negrín, y a otros de los suyos cuando el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés Romero asesinó al líder de la oposición en julio de 1936, montó una banda de forajidos buenos para acabar con los forajidos malos.
Aunque sus ciudadanos se estaban jugando las libertades o la dictadura, osease, convertirse de nuevo en esclavos de Antonio Tejero Molina y los suyos o seguir viviendo como hombres libres, en aquel tiempo y en aquel país la opinión pública se dividió en dos. Juan Luis Cebrián y Antonio Franco, desde El País y El Periódico de Cataluña, se echaron las manos a la cabeza, se negaron a ser cómplices de aquella barbaridad, silenciaron todo lo que pudieron los crímenes, y luego cuando fue atacado por “defender la Patria de sus enemigos” le dejaron abandonado.
Y Pedro J. Ramírez que desde Diario 16 aplaudió a rabiar las muertes de los bárbaros, pidió que diera el nombre de una calle o una plaza en cada pueblo, municipio, ciudad o villorrio al ejecutor aquellos planes que suponían la salvación de la nación para, meses más tarde, ya en El Mundo, ingresar en la orden de los Terroristas Desamparados, y  atacar con saña, al Presidente intentando meterlo en la cárcel en dos ocasiones.
Mientras tanto, en todo tiempo pero en otro lugar, también mataban y ejecutaban en todo momento y espacio a los enemigos de la libertad; a todos aquellos que cuestionaban su forma de vida y ponían en peligro los logros del liberalismo, el libre mercado y la sociedad de consumo. O a los que pretendían corromper a los suyos con sus ideas destructivas y corrosivas, encaminadas a minar su sociedad de la opulencia y del bienestar y a sembrar el germen de la discordia dentro de sus fronteras en una guerra que tenía muy poco de fría.
Pero nunca los presidentes de aquella nación ordenaban personalmente disparar contra uno, poner una bomba contra otro o utilizar la ponzoña o el veneno contra un tercero. Esa era labor de los servicios secretos, de esa especie de inframundo de las tinieblas que tenía ramificaciones en el departamento de Estado, el Pentágono, la CIA y  la Agencia Nacional de Seguridad. Su agentes no sólo actuaban por propia mano. A veces, adiestraban y daban armas a los esbirros o a los altos mandos de los ejércitos de países "amigos" para quitar de en medio a los opositores comunistas pagados con el “oro de Moscú” y al servicio siempre de la desintegración de las naciones civilizadas para que el comunismo, emboscado en los parlamentos y en las instituciones no pudiera convertirse en un caballo de Troya que se hiciera con el poder y tomara el Palacio de Invierno en una o dos jornadas.
En otro tiempo más cercano y en el mismo lugar llegó al poder un presidente al que dieron el Premio Nobel de la Paz. Pensó entonces que las guerras convencionales ya no tenían sentido y que la eliminación de los terroristas eran una cosa demasiado seria para dejarla en manos de un grupo de autodenominados “especialistas”.
EL CONTRATERRORISMO ES MUCHO MÁS SERIO QUE LA GUERRA CONVENCIONAL. POR ESO, OBAMA DECIDE PERSONALMENTE Y EN CADA INSTANTE QUÉ DIRIGENTES DE AL QAEDA DEBEN SER EXTERMINADOS
Decidió que si era necesario debía mancharse las manos con la sangre de sus enemigos antes que tener que hacerla con la de sus ciudadanos y que sería el mismo quien en la guerra secreta desencadenada en 2011 y 2012 en Yemen, Somalia y Pakistán, entre otros países, diera todas las órdenes. Por eso, cada vez que había que exterminar a alguien del “imperio del mal” se reunía con todos sus colaboradores en un despacho secreto y estudiaba todas las posibilidades para causar el menor daño posible y evitar las víctimas inocentes. 
Las reuniones contraterroristas llegaron a hacerse tan habituales que se celebraban todos los miércoles en la sala de crisis (Situation Room) con el Presidente llevando siempre la iniciativa y examinado desapasionadamente, como el que hace un trabajo más, la terrorífica Kill List que le presentan los servicios secretos. Y decidiendo personalmente quién debía morir y quién no, con el fin de atacar siempre a la cabeza de Al Qaeda y limitar dentro de lo posible los daños colaterales para no crear nuevos mártires.
-- General, ¿puede decirme a que distancia se encuentra este colegio?
-- Según el satélite, a cien metros
-- ¿Y puede garantizarme que la bomba no va a matar a un solo niño?
-- No señor. Eso no lo puedo garantizar.
-- Pues habrá que investigar más y buscar otro lugar.
En mayo cuando la noticia salió a doble página en el diario The New York Times la gente se extrañó de que el jefe de la nación más poderosa del mundo, partidario de acabar con la guerra de Irak, las torturas y con el campo de prisioneros de Guantánamo (aunque no haya podido cumplir esto último) se encargara de ultimar en persona a cada terrorista que estuviera pensando poner en riesgo la vida de sus ciudadanos, pero nadie se alarmó. Lo afirmaba NYT:

“President Obama, overseeing the regular Tuesday counterterrorism meeting of two dozen security officials in the White House Situation Room, took a moment to study the faces. It was Jan. 19, 2010, the end of a first year in office punctuated by terrorist plots and culminating in a brush with catastrophe over Detroit on Christmas Day, a reminder that a successful attack could derail his presidency. Yet he faced adversaries without uniforms, often indistinguishable from the civilians around them. “How old are these people?” he asked, according to two officials present. “If they are starting to use children,” he said of Al Qaeda, “we are moving into a whole different phase.” It was not a theoretical question: Mr. Obama has placed himself at the helm of a top secret “nominations” process to designate terrorists for kill or capture, of which the capture part has become largely theoretical. He had vowed to align the fight against Al Qaeda with American values; the chart, introducing people whose deaths he might soon be asked to order, underscored just what a moral and legal conundrum this could be.
The New York Times agrega sin la aportar la menor apostilla o crítica:
Mr. Obama is the liberal law professor who campaigned against the Iraq war and torture, and then insisted on approving every new name on an expanding “kill list,” poring over terrorist suspects’ biographies on what one official calls the macabre “baseball cards” of an unconventional war. When a rare opportunity for a drone strike at a top terrorist arises — but his family is with him — it is the president who has reserved to him-self the final moral calculation.
“He is determined that he will make these decisions about how far and wide these operations will go,” said Thomas E. Donilon, his national security adviser. “His view is that he’s responsible for the position of the United States in the world.” He added, “He’s determined to keep the tether pretty short.”
Y, más adelante, el rotativo señalaba:
Nothing else in Mr. Obama’s first term has baffled liberal supporters and confounded conservative critics alike as his aggressive counterterrorism record. His actions have of-ten remained inscrutable, obscured by awkward secrecy rules, polarized political commentary and the president’s own deep reserve[1].
Nadie se lo reprochó ni puso el grito en el cielo por aquellos hechos ni dijo que el Presidente era un asesino y que había que colocar sobre su nombre una X como una especie de ignominia, degradación, deshonor o vergüenza para él, sus generaciones y su partido. En aquel país, el 96 por ciento de sus gentes piensan que matar a los “enemigos de la libertad” es un acto de legítima defensa y no se les ocurre poner en guardia a quienes solo piensan en poner una bomba a traición diciéndoles “desenfunda” ni mucho menos echarles un sermón explicándole que “Alá nunca ordenó exterminar a los no creyentes”.
Pero en todas partes hay Pedro J. Ramírez´s dispuestos a joder a la marrana y hace unos días los republicanos pidieron explicaciones de qué se estaba haciendo con los drones y por que el Presidente de la gran nación decidía siempre el último segundo en que debían dejar caer las bombas sobre los malos. Y el presidente no rehuyó el debate. “Desde que yo doy las órdenes sólo han muerto asesinos, uno de ellos un americano es cierto, pero no hemos matado obreros, transeúntes y mucho menos  mujeres o niños. Además, frente a ellos, nosotros tenemos la legitimidad moral de no desear el mal a nanie ni usar a los niños para convertirlos en terroristas e inmolarlos convirtiéndolos en “bombas vivientes” para matar a sus semejantes”.
Era lo que la gente, que no hace otros juicios políticos, morales, partidistas ni de oportunidad estratégica, esperaba oír. Su presidente hacía lo correcto. Era un tipo OK. Porque eso es lo que le gustaba que ocurriera a cualquier americano honrado, lo que estaría dispuesto a hacer por su país en aquellas circunstancias en cualquier tiempo y lugar, y se acabó el debate.
Esa es la diferencia entre España y Estados Unidos. Si Felipe González hubiera dispuesto de drones, tal vez nadie le hubiera echado la culpa por lo de los GAL. Que no es cierto que no sirvieran para nada, fueran un acicate para el terrorismo y aumentaran las víctimas, que eso son falacias del atolondrado de José María Aznar, ese sujeto irresponsable y tarambana, sin sentido de Estado, que para ganar unas elecciones rompió el pacto secreto sobre la guerra antiterrorista firmado por Felipe González y Manuel Fraga, y de otro tipo más inmoral todavía, al que se conoce por Pedro J. Ramírez.
Los datos reales son los siguienrtes. En los primeros años de actuación, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) redujeron con sus asesinatos el número de atentados a la tercera parte (aunque no el número de muertos ya que ETA decidió cambiar la pistola por el coche bomba)[2], acabaron con el santuario del Sur de Francia, obligaron a Francia a intervenir en aquel conflicto armado y a deportar a los “cabecillas” de la banda armada a terceros países. En el quinto año de actuación (1999) las muertes por atentado se habían reducido a 26 y en 1996, cuando González deja el poder, sólo se producen 5 víctimas, lo que indica que ETA estaba acabada[3].
Lo cual, siendo moralmente reprobable y políticamente poco correcto, no puso en riesgo ni la democracia ni a las instituciones, como afirma el novio de Exhuperancia Rapú. Lo malo es que luego vino José Luis Rodríguez Zapatero, se dejó contagiar de las ideas venenosas y cáusticas  de ese engendro de periodista al que un video sacó del armario, desandando todo el camino emprendido por sus predecesores y empezó a pensar que todos los terroristas eran intrínsicamente buenas personas, que ni siquiera eran unos “chicos descarriados” como pensaba Xavier Arzalluz, le dio todo lo que pidieron, les sacó de la cárcel, les regaló las instituciones, y puso fin a lo que el nacionalismo llamó “cuarta guerra carlista”.
Ahora solo falta que los enemigos del pueblo vasco, es decir lo que se sienten españoles, hagan las maletas y regresen a Castilla, y que alguien arranque las lápidas de las tumbas de sus  víctimas, para dar por terminado el conflicto “sin vencedores ni vencidos“(porque a los presos los sacará de la cárcel el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) para que todo haya acabado. Con un claro ganador, claro, el terrorismo y sus métodos.
Y será entonces cuando ETA entregue las armas.  ¿Por qué para qué van a querer los terroristas las pistolas si el Estado ya se ha puesto de rodillas ante sus dirigentes y les ha entregado todo lo que pedían y mucho más de lo que figuraba en la Alternativa KAS y en la Alternativa Democrática, sus dos plataformas reivindicativas?.
De donde se deduce que no es posible que ETA vuelva a las andadas y a amenazar la democracia y las libertades. Pero si lo hiciere ya no se podrá confiar nunca más en Rodríguez Zapatero. Y mucho menos en los GAL. Los drones, aviones no tripulados, hacen el mismo trabajo, no preguntan y, sobre todo, no van a chivarse al periódico El Mundo. Fabricados por General Atomics Aeronautical Systems en San Diego (California) los también llamados UAV Predator y Reaper, se limitan a dejar caer sus misiles Hellfire, producidos por Lockheed Martin en Alabama y desaparecen sin dejar rastro.
Ese fue el error de Felipe González, haber gobernado hace 30 años. Si se no se hubiera dejado llevar por la impaciencia y se hubiera reservado, hoy la tecnología le hubiera hecho el trabajo que José Amedo y Michel Domínguez. Además, sin preguntar, que no es bueno que haya matonzuelos de tres al cuarto dando ruedas de Prensa o acusando al Gobierno de no respetar los Derechos Humanos de los pistoleros en los medios de comunicación.
  
   


[1] The Shadow War. Jo Becker y Scott Shane The New York Times. May 29, 2012.
[2] Estos son los datos reales tomados del Ministerio del Interior: 1985, 38 muertos frente a los más de 100 ocurridos en 1980 y 1981; 1986, un total 41 víctimas (15 de ellas en dos atentados con coche bomba en calle Juan Bravo y República Dominicana), de donde se deduce que la capacidad operativa de ETA se ha reducido a 36 atentados. En 1987 las víctimas son 55 (11 en atentado a cuartel de Zaragoza y 19 en Hipercor de Barcelona). Es decir, ese año ETA solo puede cometer 24 atentados. En 1988, debido a las críticas internas por Hipercor, las víctimas bajan a 21 y así sucesivamente.
[3] Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Ramón Doral, Miguel Ángel Ayllón e Isidro Usabiaga.