LA REPRESIÓN DE UNA HUELGA GENERAL SE SALDA CON DOS GUARDIA CIVILES Y UN
CAMPESINO MUERTOS Y VARIOS HERIDOS
Al igual que
en Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas[1], el 22
de marzo de 1933 su produjeron en Hermigua unos hechos que llenaron de bochorno
y vergüenza a la Republica. Un centenar de obreros del sindicato Federación
Obrera se enfrentan a la Guardia Civil, los desarman y los matan, después de
que un campesino cayera muerto por las balas de la autoridad.
Aunque el
asunto venía de mucho antes, todo empezó el 14 de marzo de 1933. Los
trabajadores de esta villa, del Norte de la Gomera, en su mayoría afiliados a
la Federación Obrera, un sindicato controlado mayoritariamente por el PSOE, lanzan
el siguiente manifiesto:
“A Obreros y Campesinos. Al Pueblo en general. Camaradas y amigos:
“Acompañados de sentimientos de rabia y de dolor va esta protesta. Nuestro fervor por la República así nos lo dice. Nuestro pueblo se hunde más y más, bajo el peso de unos canallas embriagados en la ciénaga de corruptelas morales y políticas. Nos referimos, camaradas, al caciquismo tradicional, cuyos miembros como los caimanes siguen siendo los mismos aunque hayan cambiado de color. Son los enemigos emboscados de la República. Solo esperan el momento propicio para darle el zarpazo.
“Hoy se vengan en nosotros. Como trabajadores y representantes de la República aceptamos la batalla. En ella mediremos nuestras manos y veremos si esos señoritos, que se llaman agrarios, las tienen tan endurecidas por los callos como las nuestras. Callos, compañeros, que nos los hemos hecho, para que comieran esos que quieren darnos latigazos.
El manifiesto
era el punto de partida para la convocatoria de una huelga general revolucionaria
en un pueblo de apenas 39,67
kilómetros cuadrados (cien veces menor que las fincas de
recreo de Mario Conde o Juan Abelló en Ciudad Real) con una población censada de
5.842. La huelga se celebraría el 22 de ese mes, hace ahora 80 años. El texto,
escrito en el leguaje revolucionario de la época, añadía:
“Pues bien, camaradas, estos salteadores de nuestras conciencias e intereses, quieren continuar sacudiendo su látigo al que se interponga en su camino. Los trabajadores que vivimos bajo su tiranía, nos levantamos contra ella y no estamos dispuestos a que ejecuten sus maquinaciones. Ellos, compañeros, con sus criminales astucias coaccionan a nuestros hermanos intentando que nuestra trinchera, la Federación Obrera, se derrumbe.
Aunque el
ayuntamiento de villa se constituye según Wikipedia
en, 1812[2]
(sospecho que el dato no es real y se refiere a 1822 o a 1833), poniendo fin al
régimen señorial, de pequeño oí decir que el llamado “derecho de pernada” se
mantuvo un siglo después, en la Restauración, e incluso durante la Dictadura de
Primo de Rivera. Los huelguistas lo aluden:
“Los trabajadores de Hermigua defenderemos con nuestra sangre y vidas, compañeros, nuestros derechos ante esos señoritos que nos tratan a la patada, deshonraban a nuestras hijas y humillaban a nuestras mujeres. Si la canalla caciquil no cesa en su empeño de no dar trabajo a los compañeros que se hallan en el paro, la Federación Obrera irá a la huelga.
Porque desde hace meses, la mayoría de nuestros compañeros están en el paro, no por falta de trabajo sino por el «boicot» a todo obrero federado, como si fuera un delito. Nuestro deber es garantizar, por dignidad y humanidad, que nuestros compañeros no se mueran de hambre. Sus vidas, las de sus mujeres e hijos, valen tanto como las de nuestros opresores”.
Desde la
proclamación de la República el 14 de abril de 1931, habían pasado poco menos
de dos años y, por primera vez en la historia, los obreros de Hermigua, uno de
los municipios canarios más concienciados en favor de la Niña Bonita junto con Vallehermoso, decidían lanzarse a la calle y
convocar un día de paro en defensa de sus reivindicaciones.
El hecho era
insólito. Frente al País Vasco o Cataluña donde el movimiento sindical tiene
una fuerte tradición desde finales del siglo XIX y comienzos del XX ligado al
desarrollo industrial, en las islas apenas había existido hasta la II República
un movimiento obrero organizado. Hasta que de repente, en Hermigua, un pueblo
aparentemente tranquilo y apacible, los jornaleros afiliados en su mayoría a Federación
Obrera, desengañados porque pese a las esperanzas e ilusiones puestas en el
nuevo régimen la clase dominante local sigue ostentando el poder y
amenazándolos con quitarles el pan, deciden movilizarse y paralizar la vida
cotidiana.
Algo que no
debía haber extrañado a nadie: además de que los ayuntamientos y cabildos
seguían controlados por los de siempre, desde el 14 de abril de 1931 las
condiciones de vida habían empeorado, especialmente en las islas menores y las protestas
empezaban a aflorar tímidamente.
La situación
era tal que el 22 de agosto de 1933 el diario La Prensa, se hacía eco
del asunto:
“Al hallarse paralizados los trabajos de la carretera, en Hermigua hay centenares de obreros parados. El campo yermo, la producción platanera por los suelos, el comercio cerrado, las aguas mermadas, los montes destrozados, la carretera, que sería la única solución frente a tanto mal, al hambre y a la miseria reinantes, paralizada. El Gobierno tiene que actuar”
Los patronos
de la zona, en su mayoría gente de no demasiados recursos económicos ni
detentadores de grandes fincas, en contra de lo que habitualmente se escribe,
vivían casi exclusivamente del cultivo del plátano. Lo explotaban en régimen de medianería (ellos
vivían como señoritos sin dar golpe mientras que los obreros realizaban los
trabajos en sus plataneras y se repartían los beneficios), lo que permitía una
especie de ancestral servidumbre y de sometimiento amo/criado más propia de la
edad media que de los tiempos que corrían y que se heredaba de padres a hijos
como una fatalidad congénita e insuperable. El que nacía campesino moría como
tal sin poder dar estudios a sus hijos y el que había salido del útero materno
como propietario de unas pocas hectáreas de terreno cultivable sabía que tenía
la vida garantizada desde la cuna hasta la tumba.
Tampoco puede
decirse, frente a los tópicos habituales, que patronos y obreros nadaban en la
abundancia o vivían en la opulencia[3], o
que los primeros eran ricos por naturaleza y los segundos habían nacido para
ser esclavos perpetuos y pasar esa condición casi genética a sus descendientes.
Vistas con la perspectiva de la distancia y del tiempo, las cosas no eran así.
Las penalidades, con harta frecuencia, afectaban a todo el mundo. Aunque bien
es cierto que a unos más que a otros.
Hermigua
representaba entonces el ejemplo de la lucha titánica del campesino con la
tierra árida, agreste, yerma y la mayoría de las veces seca por falta de agua.
El trabajo se realizaba en las condiciones más difíciles que el ser humano
pueda imaginarse. El minifundismo, el monocultivo, el régimen de explotación
agraria en régimen de aparcería, la mala calidad del suelo y la estructura de
las plantaciones en forma escalonada a lo largo de las laderas imposibilitaba
el empleo de maquinaria agrícola para hacer más llevaderas las penalidades del
agricultor.
A todo ello
había que añadir la dependencia del agua del cielo para regar las plantaciones
y lograr buenas cosechas (debido a la falta de embalses) y de la del mar para
poder exportar la producción en condiciones normales desde el desaparecido
pescante de Hermigua (donde las aguas estaban casi siempre embravecidas) ante
la falta de refugios y puertos seguros.
Si la miseria
y la hambruna de los pueblos pueden medirse, en el campo económico, por la
sobreexplotación del suelo y los escasos rendimientos de las cosechas, Hermigua
era en 1933 el más claro ejemplo de ello. No sólo las medianías sino las zonas
más elevadas de la villa habían sido desbrozadas de matorrales y malas yerbas y
estaban plantadas de patatas, hortalizas y plataneras. Hasta el último
centímetro cuadrado de tierra que pudiera cultivarse estaba explotado. De modo
y manera que subiendo a las alturas de El Sabinal, El Cheje, Iboalfaro, La
Palmita, El Corralete, La Laja, Los Aceviños o El Estanquillo a por papas o
millo uno no podía saber si se encontraba en Canarias, en el Machu Pichu o en
el Himalaya de no ser por la presencia del mar siempre en la lejanía.
Estaba claro que, de haber nacido en la isla,
Adam Smith, el teórico de la revolución industrial, no hubiera escrito jamás La Riqueza de las Naciones. Otro de sus
contemporáneos, Thomas R. Malthus, en cambio, hubiera encontrado terreno
abonado para escribir su celebre y controvertida obra An Essay on the Principle of Population, donde habla de que los
cada vez más escasos del planeta iban a ser insuficientes para alimentar una
población que se incrementaba exponencialmente.
Porque
Hermigua es el paradigma clásico de las teorías malthusianas, a las que tantos
historiadores de la economía siguen echando mano para apoyar sus tesis:
recursos económicos (bienes y servicios) limitados y un incremento de la
natalidad (con una tasa de 3.6 hijos por mujer), que se dedicaba a lanzar
oleadas de jóvenes y mayores a la emigración (a Cuba, a Venezuela y a Tenerife)
como única forma de subsistencia y de encontrar la felicidad, la meta básica de
todo ser humano al margen de apetencias políticas, sociales, culturales,
económicas, según proclamaron los padres de la Constitución USA en 1787 y se
reconoce en todos los países civilizados. Pese a todo, la República trajo a
España, y en especial a Canarias, cosas buenas pero otras muchas extremadamente
malas. Por primera vez desde el periodo de la Restauración, el reinado de
Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera, se recobraron las libertades
básicas (de expresión, de asociación, manifestación) y una Constitución
protegió y amparó todos estos derechos.
En Tenerife,
los empresarios y las clases acomodadas se afiliaron al Partido Republicano Tinerfeño
y más tarde fueron derivando hacia Acción Popular Agraria, Partido Radical,
Asociación Patronal Agrícola y otros. Los obreros militaron inicialmente en el
PSOE (el PCE se funda en las islas en torno a 1920 con Juan Pedro Ascanio a la
cabeza) y en la Federación Agraria, un sindicato donde militan anarquistas,
socialistas y comunistas.
Pero la
Republica trajo la libertad pero no la prosperidad y, mucho menos, la felicidad,
salvo para unos pocos. Por eso, en Hermigua, la mayoría de los medianeros y obreros
se afiliaron enseguida a la Federación Agraria desde la que pretendían acabar
con el régimen semi-feudal en que se desarrollaban sus condiciones de trabajo.
Pero,
enseguida, se toparon con los patronos dispuestos a cegarles el camino, a hacer
que las conquistas sociales que le otorgaba la Constitución se quedaran en
papel mojado. Y aunque todos ellos,
obreros, medianeros y patronos, defendían los mismos intereses se cruzó de por
medio la política. Y ocurrió lo que muchas veces suele pasar. Algunos empresarios
del sector platanero optaron por quedarse tuertos, si era preciso, si con ello
dejaban ciegos a sus contrincantes e impedían que conquistaran sus derechos.
El detonante
de los sucesos de Hermigua de 1933 fue la construcción de una carretera que
debía unir el pueblo con la capital, San Sebastián. Era la única obra pública
de envergadura que la Republica, con sus escasos recursos, no había paralizado
pero que se realizaba a trancas y barrancas, con paros intermitentes muchas
veces de meses, hasta el punto de que no se concluyó hasta 1944, cinco años
después de acabada la Guerra Civil.
LA NEGATIVA DE LOS CACIQUES LOCALES A IMPEDIR
QUE LOS OBREROS SINDICADOS TRABAJARAN EN UNA CARRETERA, DONDE NO SE JUGABAN SU DINERO YA QUE LA OBRA ERA
PÚBLICA, ORIGEN DEL CONFLICTO
La obra formaba parte del Plan Nacional de
Infraestructuras y del Circuito Nacional de Firmes Especiales del dictador
Miguel Primo de Rivera quien modernizo por primera vez la red de caminos
españoles, que no se habían tocado prácticamente desde la etapa de las calzadas
romanas. En el caso de La Gomera trataba de rodear la isla mediante un anillo
circular, uniendo la capital, San Sebastián, con el norte de la isla, pasando
por los pueblos de Hermigua, Agulo, Vallehermoso y Valle Gran Rey.
La
construcción de la calzada, como acabamos de decir, era de interés general y
beneficiaba tanto a patronos como a obreros. A los primeros porque les permitía
trasladar sus plátanos a la rada de San Sebastián, el único punto de la isla
donde se podía fondear un barco con ciertas garantías, para enviarlos al
extranjero. A los obreros, porque además de la maltrecha agricultura, la obra constituía
la única forma de sustento para ellos, sus mujeres e hijos. Paralizarla o
boicotear su construcción, era un acto criminal. Suponía condenar al hambre y a
la emigración a muchos y permitir que el mal tiempo de la mar impidiera la
exportación de las cosechas.
Pese a sus
intereses comunes, patronos (dueños de explotaciones agrícolas,
fundamentalmente) y obreros no se pusieron de acuerdo sobre su marcha.
Acostumbrados a mandar y a que siempre, desde tiempos inmemoriales, se hiciera
su santa voluntad sin rechistar, los pequeños “caciques” locales (en Canarias
se da un peso excesivo a la palabra cacique, que en realidad no tiene) se
negaron a dar trabajo a los obreros pertenecientes a la Federación Obrera, que
eran la inmensa mayoría, alrededor de unas 500 personas entre jornaleros y
medianeros.
Y ahí arrancó
el conflicto allá por el año 1922. Amparados en la Constitución y en los
derechos sindicales que esta les reconocía, los dirigentes de la Federación
Obrera acudieron a Santa Cruz de Tenerife con sus quejas. Allí fueron recibidos
por algunos de los 13 gobernadores civiles que hubo en la provincia[4]
(Rafael Rubio Carrión, de Acción Republicana en este caso) durante la II República, quien ordenó que las
obras no se paralizaran y que se diera trabajo a todos los obreros que lo
pidieran, en turnos rotatorios de 100 personas, toda vez que no había empleo
para los 500.
Aunque no arriesgaban nada en el proyecto ya que el dinero invertido era publico, los ostentadores de la tierra y de
los cultivos, se negaron a obedecer las órdenes de la primera autoridad civil
de la provincia y, por ende, de la República. De modo y manera, que los
responsables de la Federación Obrera acudieron de nuevo a pedir el apoyo del
representante del Gobierno. Les recibió el nuevo Gobernador Civil Vidal Gil
Tirado quien ratificó la decisión de su antecesor: el derecho al trabajo no se
le podía negar a nadie.
En el acto
ordenó mediante oficio y telegrama al capataz de la obra, un individuo al
servicio de los dueños de la tierra, que admitiera a 100 obreros pertenecientes
a la Federación los días 19 y 20 de marzo de 1933. Pero, tal y como estaba el
ambiente de caldeado, debió haber hecho otra cosa: enviar además a una docena
de Guardia Civiles, desde Santa Cruz de Tenerife, con órdenes tajantes de que
se cumplieran a rajatabla sus órdenes.
Pero no lo
hizo y eso desencadenó la tragedia. Cuando los 100 afiliados a Federación
Obrera acudieron a las obras de la carretera a que les dieran el trabajo, no
sólo no fueron admitidos sino que se les despidió con bromas de mal gusto y
algunos de sus antiguos patronos a su paso por la carretera de Hermigua de
vuelta a sus casas se les rieron en la cara.
Fue una
afrenta innecesaria y estúpida. Esa tarde la Federación Obrera decidió hacer
frente al hambre y a la miseria en que vivían sus mujeres y sus hijos
convocando una huelga general, como se relató al principio.
Y fue así
como, espoleados por varios dirigentes socialistas de Tenerife entre ellos el
diputado Emiliano Díaz Castro, al que se le abrirían dos causas militares por
ello[5], el
22 de marzo de 1933 se echaron a la calle un centenar de obreros decididos a
paralizar todas las obras, a cerrar los comercios, cortar el riego, la luz
eléctrica y a imponer la huelga general.
¿Qué hacer
ante una protesta sindical, convocada legalmente? El comandante del puesto de
la Guardia Civil del pueblo, el cabo Antonio Fuentes, contaba con dos agentes
para contener a la masa enardecida y evitar que se cometieran desmanes. Los
guardias estaban armados con viejos Mauser de la guerra del Rif y disponían de
una dotación de diez cartuchos.
Obviamente,
con aquellos medios y sin material antidisturbios que entonces no existía no se
podía contener a una muchedumbre y mucho menos impedir de causaran cualquier
tipo de desmán, que no ocurrieron. La solución lógica hubiera sido llamar a la
Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y pedir refuerzos,
tal y como se señalaba en las ordenanzas de la Benemérita. Pero el cabo Fuentes
optó por prohibir la huelga, y hacer prevalecer su autoridad, pensando que
bastaba salir a la calle con su uniforme verde y su tricornio para que los
huelguistas depusieran su actitud.
Los sucesos
de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas donde la fuerza publica se vio
desbordada por las masas, casi siempre obreras y campesinas, teniendo que
disparar y causar numerosas muertes a la vez que ellos mismos sufrían sus
propias bajas, no le echó para atrás sin o todo lo contario. La divisa del
cuerpo “Todo por la patria”, justificaba este tipo de actitudes no siempre
correctas ni ajustadas a Derecho.
Y eso que aquellos sucesos habían tenido
repercusión internacional y habían cuestionado la eficacia de la república en
sus primeros meses. En Castilblanco (Badajoz), La Guardia Civil mató a un
jornalero durante una manifestación y los obreros asesinaron a cuatro agentes
el 31 de diciembre de 1931. El Arnedo (Logroño), una marcha obrera es disuelta
a tiros por un oficial que sigue órdenes del general José Sanjurjo matando e
hiriendo a decenas de obreros. Ocurrió el 5 de enero de 1932. En Casas Viejas
(10 y 11 de enero de 1933), un grupo de obreros que quieren proclamar el comunismo
libertario, matan a dos Guardia Civiles. La Benemérita responde rodeando las
chozas donde están los obreros, las incendian y “fusilan” a los supervivientes con
“tiros a la barriga”, tal y como ordenó el presidente de la República Manuel
Azaña a la fuerza actuante[6].
Para
garantizarse el apoyo de una parte de la población, los que habían ostentado el
poder desde antes de 1822, la fecha en que desaparece oficialmente había
desaparecido el “régimen señorial” el día anterior a los hechos, el cabo
Antonio Fuentes se reunió con los jefes de los partidos de derecha y les pidió
ayuda.
--Lo único
que les pido es que, si mientras estamos de patrulla en una parte del pueblo,
los huelguistas asaltan o queman el cuartel nos den cobijo a nosotros, a
nuestras mujeres e hijos – les pidió.
El
seguimiento masivo de la huelga, al día siguiente, le causó un tremendo
desasosiego. Desbordado por los hechos, a media mañana, decide trasladarse al
cercano municipio de Agulo, distante unos 5 kilómetros, a
traerse con él a los guardias del pueblo para reforzar la guarnición de la villa.
Para mayor
escarnio de los huelguistas lo hace de manera chulesca, utilizando uno de los
camiones que trabajaban en la obra de la carretera, llevando como conductor al
capataz que les negaba el trabajo y el pan, y pasando a toda velocidad entre la
multitud que se manifestaba por la zona de La Castellana, cerca de la playa,
con riesgo evidente de atropellar a los que intentaron detener su avance.
La actitud
del cabo Fuentes acabó de exaltar los ánimos en aquella calurosa e inquietante
mañana. Y hasta los más templados decidieron entonces que nadie iba a pisotear
su derecho de huelga. Para lo cual optaron por cortar la carretera colocando
una barricada a la altura de El Palmarejo con el fin de dividir a la fuerza
actuante en dos.
Pero no fue
eso lo que ocurrió. De vuelta al cuartel
del Valle Alto, sobre las dos de la tarde, con dos agentes de refuerzo, al
encontrarse con la carretera cortada, el cabo Antonio Fuentes bajó del vehículo
y, pistola en mano, les ordeno a los huelguistas que despejaran la vía.
LA MUERTE DE
UN JORNALERO POR UN DISPARO DE LA GUARDIA CIVIL EXASPERÓ LOS ÁNIMOS. LA
MUCHEDUMBRE ENAREDECIDA DESARMÓ A LOS AGENTES Y LOS ARROJÓ POR UN BARRANCO
La respuesta
del centenar de concentrados, entre los que se encontraban varias mujeres en
primera fila, fue que no iban a hacerlo ya que quien se había colocado fuera de
la Ley era la Guardia Civil y no la Federación Obrera. La actitud de los
manifestantes de no obedecer “las órdenes de la autoridad” acabó sacando de
quicio al cabo que no podía tolerar que algunas mujeres comenzaran a golpear el
camión y a lanzarle piedras.
Ante esta
actitud, inmediatamente ordenó a los guardias que le acompañaban que echaran
pie a tierra, que montaran sus armas y se colocaran en situación de prevengan
por si era necesario hacer fuego.
Lo que pasó a
continuación no está demasiado claro. Casi todas las versiones coinciden, sin
embargo, en que al verse rodeado por los huelguistas y sin posibilidad de
escapatoria el cabo dispara su pistola y ordena a los otros guardias abrir
fuego a su vez.
Los
manifestantes, que ya casi los tienen rodeados, se abalanzan entonces sobre
ellos y tratan de desarmarlos. Pero en la refriega uno de los guardias logra
disparar su Mauser y mata a uno de los huelguistas, el obrero Antonio Brito
Brito y hiere a otros dos. Con los ánimos exaltados y ya sin control alguno de
sus actos los manifestantes acaban obligando a los agentes a lanzarse al vacío
desde el borde de la carretera e incluso les empujan. En el acto mueren el cabo
Antonio Fuentes y el guardia José Cano sobreviviendo muy malherido el tercer
agente, José Garrote, al hacerse “el muerto” e impedir que la muchedumbre
siguiera golpeándolo.
El Gobierno que hasta entonces había mantenido
una actitud confusa, temerosa y pusilánime, a la vista de los acontecimientos,
decide actuar.
Siguiendo
ordenes del presidente de la República, Manuel Azaña y del ministro de la
Gobernación, Santiago Casares Quiroga,
el Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife,
Gil Tirado, envía a Hermigua a una sección de la Guardia Civil mandada
por el teniente coronel teniente coronel Juan Vara Terán, Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de la provincia.
Nada más
desembarcar del vapor Viera y Clavijo los agentes comienzan a practicar
detenciones e interrogatorios, utilizando los testimonios de las viudas de los
propios agentes muertos y de muchos propietarios de fincas, que se convirtieron
en acusadores. De esta manera, la Federación Obrera quedó desmantelada y sus
cuadros son detenidos en espera de juicio instruido bajo la jurisdicción
castrense, al tener los agentes muertos
el status de policía rural adscrita al Ejército, con
doble dependencia del ministerio de la Gobernación y del ministro de la Guerra,
cargo que se había reservado para si el presidente de la República Manuel
Azaña. También son investigados medio centenar de vecinos del pueblo por unirse
a la protesta. Durante los meses que siguieron y bajo las instrucciones del comandante general de Canarias, general Enrique
Salcedo Molinuevo, se instruye la causa 10/1933 por el delito de agresión a
fuerza armada con resultado de muerte en la que están incursos todos los
encarcelados (27 detenidos inicialmente y otros diez más adelante) y se
practican las pruebas testifícales, periciales y forenses pertinentes al caso.
El juicio se
celebra en el desaparecido Cuartel de San Carlos en junio de 1934, con la CEDA
y los radicales de Alejandro Lerroux en el poder y las izquierdas fuera del
ejecutivo. Preside el Tribunal Militar el teniente coronel de Infantería José Gómez
Rumeu. Treinta y siete jornaleros, entre ellos cinco mujeres, algunos de los
cuales no saben leer ni escribir, se sientan en el banquillo de los acusados.
Pese a estar
en la oposición, el PSOE está decidido a defender a los trabajadores de la
Federación Obrera de Hermigua con uñas y dientes y manda a Santa Cruz de
Tenerife a dos de sus pesos pesados. Los enviados como abogados defensores
fueron Juan-Simeón Vidarte, vicesecretario general del PSOE y hombre de
confianza de Indalecio Prieto, diputado por Badajoz y ex secretario general del
Congreso de los Diputados y el prestigioso penalista, catedrático de la
Universidad Central de Madrid, Luis Jiménez de Asúa, diputado y presidente de
la comisión parlamentaria que elaboró la Constitución de 1931, autor de un Tratado
de Derecho Penal (siete tomos), considerado una de las mayores aportaciones al derecho criminal[7].
Los dos
habían intervenido meses antes como letrados en los sucesos de Casas Viejas y en
otros asuntos parecidos y tenían amplia experiencia en la materia. Les
auxiliaban, siete abogados tinerfeños, entre ellos, Luis Rodríguez de la Sierra
Figueroa, comunista, que sería diputado a Cortes en 1936, y José Carlos
Schwartz Hernández, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, los dos fusilados nada
más empezar la Guerra Civil.
Por su parte el ministerio
público había puesto también toda la carne en el asador. El fiscal que llevaría
el caso desde principio a fin era Lorenzo Martínez Fuset, un
jurídico militar y notario nacido en Baeza y destinado por entonces en Canarias,
donde más tarde compaginaría su cargo de Fiscal Militar con el de jefe de
seguridad de Carmen Polo de Franco y de su hija, Carmencita[8]. Nombrado Jefe de la
Auditoria de Guerra en el cuartel de los sublevados, meses más tarde, los
propios servidores del régimen le consideraban un tipo duro, que solía
extralimitarse en sus funciones, y pedir demasiadas penas de muerte[9].
Conociendo al personaje, no resulta extraño
que durante la vista oral por los sucesos de Hermigua Martínez Fuset comenzara
pidiendo 20 penas de muerte para los acusados y otras tantas de reclusión mayor
para otros reos. Sin embargo, muchas de sus acusaciones fueron refutadas por
infundadas y contradictorias por los letrados Juan-Simeón Vidarte y Jiménez
Asúa. Vidarte, por ejemplo, echó la culpa de los incidentes al caciquismo local:
“Los fascistas de Hermigua estaban de enhorabuena. Con burlas y bromas insolentes vieron regresar del tajo al centenar de obreros al que reiteradamente se habían negado a recibir el contratista. Frente a aquel escarnio los trabajadores se rebelaron y el paro fue absoluto en el pueblo”.
Jiménez Asúa, por su parte, resalta la pésima
actuación de la Benemérita:
"Fue entonces cuando el comandante del puesto, inopinadamente, se echó hacia atrás, dio las voces de 'carguen' y de 'fuego' y disparó su pistola contra la multitud... Cuando los números iban a hacerlo y los grupos los rodearon para salvar su vida. La muchedumbre, exaltada y contagiada por el furor de los agentes, al querer quitarles las armas al cabo y al guardia Garrote, los arrojan por el barranco".
Así y todo, acabado el
plenario, el 9 de julio de 1934 se hace publica la sentencia: cinco de los
imputados [Leoncio Fagundo Hernández, Francisco Martín Negrín,
Avelino Navarro Méndez, Manuel Avelino Perdomo Plasencia y Vicente Valladolid
Mesa] son condenados a la pena de muerte y once más a penas de prisión que oscilan
entre los 20[10] y los 2 años. Otros
diecisiete, entre ellos una mujer, resultaron absueltos.
Los
acontecimientos de Hermigua tuvieron, sin embargo, su lado positivo para el
movimiento obrero de la isla. En las elecciones generales de finales de 1993,
uno de sus representantes, Fernando Ascanio Armas, se presenta como candidato
del Frente Obrero y Campesino, sustituyendo al orotavense Lucio Illada. Y obtiene
la mayoría en Hermigua, Vallehermoso y algunos pueblos de la isla de La Palma.[11] Pero
no llega a pisar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.
La
contrapartida fue la unificación y el crecimiento de las derechas en el
municipio, que pasan ya a enfrentarse abiertamente al bloque de izquierdas
hasta convertirse en dos grupos irreconciliables y antagónicos durante la
Guerra Civil y la postguerra. El promotor e “ideólogo” de este bloque fue el
guardia civil, José Garrote de Pedro, herido en los sucesos de meses antes y
que había salido con vida, como hemos dicho,
al “hacerse el muerto”. Nombrado comandante de la Benemérita del puesto
de Hermigua aprovechó su “autoridad” para potenciar las candidaturas de derecha y, en especial, a
la Falange, que bajo el mando de Antonio Fragoso y otros logró un fulgurante
desarrollo.
De modo y
manera que cuando el 18 de julio de 1936 se desencadena la Guerra Civil se
presentan como voluntarios para acudir al frente nada menos que 56 supuestos seguidores
de José Antonio Primo de Rivera o que se declaran a si mismos fascistas,
radicales, católicos o apolíticos[12].
AL INICIARSE
LA GUERRA CIVIL, 17 AFILIADOS AL SINDICATO OBRERO SE HACEN FALANGISTAS. A
ALGUNOS DE ELLOS SE ATRIBUYEN LOS “PASEOS” DE SUS COMPAÑEROS
Como es
habitual en todas las revoluciones y contiendas, muchos eran antiguos
socialistas y afiliados de UGT que cambian de bando sobre la marcha y otros, monárquicos
o independientes[13]. La mayoría pide ir al
frente, a primera línea, y acaban en la batalla de Brunete, mientras los “señoritos”
del pueblo se quedan en Tenerife en labores de “saca”, vigilando las cárceles de Fiffes o dando “paseos” a sus vecinos
17 de los cuales, incluidos los condenados a muerte, y otros como el maestro
Enrique Biscarria, que no figuraba en la causa, fueron ejecutados o desaparecieron[14].
Los sucesos
de Hermigua constituyeron, no obstante, un elemento de referencia de las
izquierdas para organizar la huelga general de octubre de 1934, especialmente
en Asturias, Vizcaya y Cataluña con la que las izquierdas pretendían el asalto
al “palacio de invierno”.
Entre tanto,
mientras los condenados del municipio seguían encarcelados, en Moscú se
celebraba entre julio y agosto de 1935 el VII Congreso de la Internacional
Comunista que iba a cambiar la historia de España, de Canarias y de los propios
presos. Allí los principales líderes comunistas, entre ellos los españoles
Dolores Ibarruri, José Díaz y Vicente Uribe, escuchan por primera vez de los
labios del secretario general de la Komintern, el búlgaro Jorge Dimitrov, que
el “comunismo ha fracasado en toda Europa” y que la única posibilidad del
triunfo del proletariado sobre la burguesía radica en admitir el sistema
democrático de los países occidentales, infiltrarse en su estructura de poder
como una especie de caballo de Troya y dinamitarlos desde dentro.
La nueva
estrategia de Moscú, que se sigue con ilusión en la cárcel, establece la
unificación de los partidos comunistas y socialistas, de sus juventudes,
sindicatos y demás órganos de encuadramiento de masas en Francia y España para
concurrir a las elecciones generales en un Frente Popular.
Los comicios se
celebran el 14 de febrero de 1936 y aunque haya que esperar al 4 de marzo (a
una especie de segunda vuelta) para conocer los resultados, la entrega del
poder a las izquierdas por Manuel Portela Valladares antes de conocerse el
escrutinio definitivo, llenó de júbilo y satisfacción a los presos de Hermigua,
encarcelados desde marzo de 1933.
Un rayo de
esperanza se oteaba en el horizonte. Tras la represión sufrida por la
Federación Obrera por los gobiernos de derechas en el segundo bienio[15],
ahora, con el Frente Popular, las cosas podían cambiar. Por fin, las largas
jornadas de lucha para pedir la amnistía para los reclusos de Hermigua iban a
dar sus frutos.
AL INICIO DE LA CONTIENDA, 17
PERSONAS, INCLUIDOS DOS DE LOS ABOGADOS, UNO DE ELLOS DIPUTADO, SON “PASEADOS”
O “DESAPARECEN”. OTRO PARLAMENTARIO, EMILIANO DÍAZ CASTRO, SALVÓ LA VIDA POR LOS
PELOS
Entre otras
cosas, porque en la candidatura que alcanza el triunfo en Tenerife, se
encuentran dos de los letrados que más interés han puesto en defender la
inocencia de los presos gomeros, el diputado del Puerto de la Cruz Luis
Rodríguez de la Sierra Figueroa, presidente del Frente Popular tinerfeño,
y el socialista Emiliano Díaz Castro
entre otros.
Tras reunirse
en Madrid con Manuel Azaña, futuro presidente de la República, y con Indalecio
Prieto los presos salen en libertad y regresan amnistiados a su pueblo, donde
reciben el homenaje de los suyos, y vuelven a abrazar a sus familiares y a
reanudar su vida como si nada hubiera pasado.
La felicidad
les duró muy poco. En la madrugada del 14 de julio el capitán de la Guardia
Civil, Fernando Condés, fue a visitar a Juan-Simeón Vidarte, uno de los
defensores de los presos de Hermigua, y a Indalecio Prieto (por este orden) y
les comunicó que él y otros habían secuestrado al diputado José Calvo Sotelo se
les había ido la mano y lo acababan de asesinar.
Cuatro días
más tarde, al producirse el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, las
fuerzas de derechas de la villa, con el cabo José Garrote de Pedro al frente,
se hacen con el control absoluto del municipio. Horas después, los
protagonistas de los sucesos de marzo de 1933 son detenidos, encarcelados y
torturados por los falangistas. Sus mujeres e hijos, obligados a tomar aceite
de ricino y a barrer el pueblo con las cabezas rapadas al cero.
Solo uno de
los dirigentes de la Federación Obrera de la Gomera, el comunista Guillermo
Ascanio Moreno, de Vallehermoso, ingeniero formado en Berlín, logra salvar la
vida y se traslada a Madrid donde en 1936 organiza el Batallón de Canarios
Voluntarios para la defensa de la capital. De allí pasa a mandar la VIII
División del Ejército del Centro. Hasta el 5 de marzo de 1939 en que el coronel
Segismundo Casado da un golpe de Estado y rinde la capital de España al general
Franco. Entonces, Ascanio se subleva contra sus mandos y, al frente del II
Cuerpo de Ejército, se dirige al norte de Madrid para intentar salvar a la Republica, fracasando en el intento.
Detenido, sería fusilado el 4 de julio de 1941. Su caso es equiparable al del
tinerfeño del bando republicano, Juan Perea Capulino, que de soldado raso acabó
de general y terminó mandando el XXI Cuerpo de Ejército en la Batalla del Ebro
y finalmente todo el Ejército del Este.
El resto de
los protagonistas de los sucesos de la villa de Hermigua, tras sufrir todo tipo
de vejaciones y humillaciones son trasladados en barco desde San Sebastián de
la Gomera hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife para ser puestos a
disposición de la nuevas autoridades judiciales y encarcelados en la prisión de
Fiffes. Solo unos pocos llegaron[16]. La
mayoría fueron arrojados al mar con las manos atadas a la espalda y una piedra
al cuello, en un acto de crueldad y salvajismo inenarrables.
Se cumplía
así, aterradoramente, las premonitorias frases de Manuel Portela Valladares
“reciben ustedes el poder con el tigre en la puerta” y de Indalecio Prieto
publicadas en El Liberal de Bilbao el
15 de julio de 1918, tras el entierro en el cementerio del Este de Madrid del
teniente Castillo y de José Calvo Sotelo, uno recibiendo “honores” militares de
la Guardia de Asalto y el otro de la Guardia Civil, reflejo vivo de las dos
españas.
“Si la reacción
sueña con un golpe incruento, como en 1923, se equivoca (…) Esta será una
batalla a muerte. Cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no
le dará cuartel”.
En Hermigua,
tristemente en Hermigua, sus presagios se cumplieron con creces. Con un
importante matiz. Aunque el municipio no fue declarado nunca zona de guerra –
si lo fue por unos días el cercano de Vallehermoso-- las víctimas fueron en su mayoría sus propios
correligionarios. Con otro añadido. Los verdugos, en muchos casos, los amigos
de la infancia, del colegio e incluso los compañeros de sindicato, como ocurrió
en otras partes de España, entre ellas Badajoz, Málaga, Bilbao o Santander[17].
De ahí que
los cadáveres jamás hayan sido encontrados. Por lo que en este caso la
consabida frase latina Sit
tibi terra levis habría que cambiarla por esta otra Sit tibi mare levis aunque tal
vez a muchos lectores les parezca una monstruosa herejía.
Arrojar a decenas de hombres al agua con una piedra al cuello no es una muerte
digna sino un acto de crueldad innecesario. Incluso para sus verdugos, de
haberse producido la invasión de España por los aliados tras la II Guerra Mundial.
[1] Los
sucesos de Hermigua tuvieron trascendencia nacional. En la primera foto puede
verse a los nueve abogados del caso, presididos por (1) Luis Jiménez Azúa,
padre constitución republicana y uno de los mejores juristas españoles de todos
los tiempos; Juan-Simeón Vidarte (2), diputado Badajoz y miembro ejecutiva PSOE.
Fue secretario del Congreso de los Diputados en primera legislatura y (3) el
diputado tinerfeño Emiliano Díaz Castro. Éste fue encarcelado por incitar a la
violencia en Hermigua y se le abrió causa separada del resto de los presos dos
veces. Resultó absuelto. Iba en barco a Madrid el 18 de julio de 1936 junto con
otro de los letrados, el diputado
por el
Puerto de la Cruz Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa (asesinado). Al
enterarse de los sucesos Luis Rodríguez Figueroa se baja del vapor en
Cádiz y
es detenido. Lo traen a Tenerife y lo matan. Emiliano Díaz Castro
continúa
rumbo a Barcelona. Desciende allí y gracias a eso salva la vida. La
segunda
foto corresponde a un plano de Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa. En
la tercera aparece Guillermo Ascanio Moreno, de Vallehermoso, fusilado
en 1941 tras mandar un cuerpo de Ejercito en Madrid. La cuarta es un
viejo retrato del pescante de Hermigua. La quinta, refleja el lugar
aproximado
donde ocurrieron los sucesos.
[2] Las
Cortes de Cádiz de 1812 en su artículo 10 establecen el alcance del territorio
nacional pero no entran en detalles acerca de su estructura por municipios,
provincias o regiones. En 1822 se promulga una División Territorial de España
de Fernando VII y en 1833 la Ley de Plantas de Javier de Burgos.
[3] El 31 de marzo de 1933 lo
aseguraba así el diario ABC
[4] José Ramón Fernández Díaz, Antonio Lara Zárate,
Enrique Izquierdo Jiménez, Rafael Rubio Carrión, Vidal Gil Tirado, Juan C. González Quesada, Rufino Blanco
Fombona, Rafael de Pina Milán, Enrique
Malboysson Ponce, José Nofre Jesús, Tomás Salgado Pérez, Enrique Martínez
Ruiz-Delgado y Manuel Vázquez Moro. Algunos de ellos ostentaron el cargo horas
o días.
[5] Por
un supuesto delito de “incitar a la violencia” en Hermigua fue encarcelado el 4
de abril de 1933 y puesto en libertad por falta de pruebas el 20 de mayo de ese
año.
[6] Diario de Sesiones del Congreso. Los
sucesos de Casas Viejas provocaron la caída del gobierno republicano-socialista
de Azaña, al perder apoyos por la derecha y la izquierda.
[7] Si
por una catástrofe atómica se perdieran todos los escritos sobre Derecho Penal
pero se salvase el Tratado de Jiménez de Asúa, no se habría perdido nada.
(Nelson Hungría)
[8]
Francisco Franco embarcó en Cádiz el 9 de marzo de 1936 con destino a Tenerife.
Poco antes el gobierno del Frente Popular le había nombrado nuevo comandante
militar de Canarias para impedir el inminente golpe de Estado.
[9] Hasta
el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, censuraba sus juicios sumarísimos
seguidos de ejecuciones masivas por lo que, tras la guerra, fue “desterrado” a
Las Palmas.
[10] El
condenado a 20 años de reclusión mayor fue Domingo Medina Santos, que había resultado
herido grave en el tiroteo.
[11] En
el texto figuran cuatro personas apellidadas Ascanio, dos de Hermigua, Fernando
y Pablo Ascanio Armas, y dos de Vallehermoso, Juan Pedro Ascanio García y
Guillermo Ascanio Moreno. Todos ellos
pertenecían a familias acomodadas de las islas. La familia de Ascanio
Moreno era la propietaria, por ejemplo, de los terrenos donde se asienta
la refinería Cepsa de Santa Cruz de Tenerife.
[12] El 5 de marzo de 1937, un total de 56 vecinos de
Hermigua se habían unido a la Falange y
al Movimiento Nacional, según acta del jefe local de Falange, Antonio Fagundo
Fragoso. “Todos son personas de mi más absoluta confianza, los cuales al poco
de iniciarse el Movimiento Nacional, vieron la salvación de España y no dudaron
un solo momento en ofrecerse voluntarios para servirla”, afirma Fagundo. La
mayoría de ellos acabarían en el frente de Brunete (6 al 25 de julio de 1937).
Veintitrés de ellos, afiliados a Falange, no salieron de Tenerife. Otro dato
curioso, 18 habían pertenecido a UGT.
[13]
Voluntarios de derechas en la Guerra Civil por Hermigua: Alonso Trujillo Mora,
José Mendoza Trujillo, Luis Trujillo Fagundo, Raúl Méndez Aguilar,
Norberto y Domingo Méndez Suárez, Ángel
Bencomo León, Nicolás Bencomo Rodríguez, Francisco Santamaría Villena,
Saturnino Trujillo Trujillo, Agustín Brito Nieblas, Antonio y Sebastián Bencomo
Bento, Santiago Méndez Pérez, José Aguiar Rodríguez, Manuel Méndez Méndez,
Francisco Bencomo Mendoza, Manuel Trujillo Fagundo, Juan Méndez Pérez, Vidal Pérez
Moreno, Domingo Herrera, Vicente Pérez Méndez, Domingo Trujillo Trujillo, José
Barrera Hernández, Antonio Lemus Amaro, Vicente Herrera Clemente, Francisco
Medel Amaro, Ramón Plascencia Hernández, Alfonso Méndez Suárez, Rafael Bencomo
Rodríguez, Pedro Cubas Darias, Asencio Herrera Trujillo, Manuel Santos
Trujillo, Amadeo Izquierdo Izquierdo, Alberto, Virgilio y Miguel Trujillo
Fragoso y Antonio Fagundo.
[14] Ex
sindicalistas miembros de UGT y CNT que figuran en un listado de Falange como
adheridos al Movimiento Nacional una vez disuelta la Federación Obrera: José
Negrín Domínguez, Benjamin Mora Cabrera, Domingo Cabrera Marichal, José Pérez Moreno, Ángel Medina Sánchez, Ramón Brito Medina,
Juan Hernández Prieto, José Alzola Pineda, José Arteaga Alzola, Domingo Pineda
Herrera, Juan Morales Mendoza, Domingo Herrera Piñero, Manuel Cubas Hernández,
José Magdalena Torres, Ramón Correa Herrera, Ramón Pineda Alzola, Manuel Fragoso
Fagundo y José Almenara Herrera
[15] El
29 de octubre de 1934 son clausurados sus locales de la Federación Obrera de Vallehermoso,
construidos en terrenos de Guillermo Ascanio. El sindicato, sin embargo, sigue
funcionando en el resto de los municipios de la isla.
[16]
Entre ellos los hermanos Fernando y Pablo Ascanio Armas.
[17] Las
personas ejecutadas por los pistoleros de Falange y otros fueron Leoncio
Fagundo Hernández, Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, Manuel
Avelino Perdomo Plasencia, Vicente Valladolid Mesa, José León Piñero, Domingo
Rodríguez Henríquez, Juan Martín Hernández, Antonio Martín Hernández, Antonio
Hernández García, Manuel Casanova Medina,
Jesús Chávez, Tomás Brito Méndez, Enrique Bizcaría, Antonia Pineda Prieto y su
hijo recién nacido y Fernando y Pablo Ascanio Armas. Tal vez habría que añadir
al alcalde de Santa Cruz y a un diputado por el Puerto de la Cruz, ya citados,
defensores de los acusados y de otros casos parecidos.
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