EL
GOBIERNO PROTEGE Y AMPARA ASÍ A AQUELLOS QUE NOS AMENAZABAN DE MUERTE Y
PRETENDIERON ENCARCELARNOS POR DESMOTAR SUS TRAMAS
El asesinato
de la joven Yolanda González, una joven de 19 años estudiante de un centro de
formación profesional de Vallecas, miembro de la Liga Comunista Revolucionaria
y de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, fue un hecho que
conmocionó a la España de la transición.
La muerte de
tres tiros en la cabeza había ocurrido en San Martín de Valdeiglesias el 1 de
enero de 1980 y los pocos periodistas demócratas (comprometidos con la defensa
de las libertades, que de boquilla había muchos) que habíamos entonces en
España nos tomamos como un reto que se esclareciera el caso. Y que se pusiera
fin a la impunidad y a la connivencia de los policías que había en todas las
comisarías con los matones de extrema derecha para que se pudiera construir un
país habitable por todos.
Recuerdo que
por aquellos días fuimos a comer con el jefe Superior de Policía de Madrid,
Paco de Asís Pastor, un hombre honesto y comprometido con la Transición, del
que te podías fiar, el presidente del Grupo 16 Juan Tomás de Salas, el director
de Cambio 16, Pepe Oneto y el que esto firma. Le preguntamos por el asesinato de
Yolanda González y de Asís Pastor nos
suelta.
-- El
inductor de la muerte fue David Martínez Loza, el jefe de Seguridad de Fuerza
Nueva.
-- ¿Y por qué
no lo detienes?
-- Me faltan
atar algunos cabos para llegar a los autores materiales. Lo que sabemos es que
días antes del asesinato de la chica hubo una reunión al más alto nivel en
Fuerza Nueva donde se decidió “limpiar a España de rojos y separatistas”. Y se
encomendó la tarea a Martínez Loza.
-- ¿Podemos
publicar la historia?
-- Claro.
Incluso me haríais un gran favor. A veces para que caigan las manzanas hay que
sacudir el árbol y este es uno de esos casos. Como les tenemos pinchados los
teléfonos a todos, basta que salga publicado el nombre del jefe para ver sus
reacciones y que se descubran entre ellos. Entonces podemos detenerlos.
A la semana
siguiente, tras una complejo trabajo de mi equipo de in-vestigación publicamos
que David Martínez Loza, un ex guardia civil retirado, responsable de seguridad
de Fuerza Nueva y brazo derecho de Blas Piñar, jefe de los comandos terroristas
del partido ultraderechista, era la persona que ordenó el arresto,
interrogatorio y la ejecución de la joven vasca. Los ultras la consideraban
miembro de un comando de ETA por el simple hecho de haber nacido en Deusto
(Vizcaya) y ser de izquierdas. Y que tenían preparada una larga lista de “rojos
de mierda” para ir eliminándola y volver a la España uniformada y monocorde de
Franco, la única que le gustaba a Piñar y a sus acólitos.
Paco de Asís
Pastor intentó cumplir su palabra. Pero no pudo. Dos días después de que se
publicara esta información en la revista, la extrema derecha inquieta por las
revelaciones se revolvió en su laberinto, pero los autores materiales de la
muerte, dispersos por toda España, no se delataron. Por el contrario, el jefe intelectual del comando e inductor de
la muerte, Martínez Loza escapa a Argentina.
Allí
permanece unos días hasta que, tras una entrevista secreta de Blas Piñar con un
juez vinculado a Alianza Popular y a la extrema derecha. Bien asesorado por los
abogados de AP y los ultraderechistas se presenta voluntario en el juzgado de
Ricardo Barón Cobos en Plaza de Castilla. Allí niega todo lo publicado y queda
en libertad sin cargos con todos los pronunciamientos favorables. Tal y como se
había maquinado días antes. De modo y manera, que salvo que surgieran hechos
nuevos, no podía ser molestado ni siquiera por la policía. El auto del juez era
su salvoconducto para moverse libremente por España y volver a matar si lo hubiera
querido.
Y entonces
David Martínez Loza cometió un error. Movido por el odio a los que apoyábamos
la transición desde la Prensa, por la
impunidad con la que actuaban los grupos paralelos de la policía en Madrid y
bajo los impulsos de la arrogancia y soberbia de sus jefes decidió dar un
escarmiento a Cambio 16 en la cabeza
de Pepe Oneto, en la del Equipo de
Investigación y en la mía. Acudió de
nuevo a juez Barón Cobos, pidió que desglosara testimonio de lo actuado, y
presentó una querella criminal por injurias y calumnias en la que me pedía 10
años de cárcel y 200 millones de pesetas “por atentar contra su honor”. ¡Ahí es
nada!
Aquello fue
su perdición. Cuando el juez nos llamó a declarar a Pepe Oneto y a mi para tomarnos declaración y procesarnos (la
figura del imputado aún no existía), los dos sabíamos que debíamos defendernos
con uñas y dientes. Asesorados por nuestro abogado Gregorio Arroyo decidimos realizar
una jugada maestra. Convertir al denunciante Martínez Loza en nuestro principal
elemento de prueba. Y llamarle a declarar.
Fue, sin
duda, un golpe de audacia que nos salvaría de males mayores. Interrogado
hábilmente por el letrado de Cambio 16
y por el juez instructor, que afortunadamente era demócrata, el ex guardia
civil cometió tales y tantas contradicciones y errores, que dos horas después
pasaba de acusa-dor a acusado.
Y fue así y
no de otra manera, como Paco de Asís Pastor, una vez unidos todos los hilos de
la trama con aquella declaración, procedió a la detención de los pistoleros de
Fuerza Nueva Ignacio Abad Velázquez, Emilio Hellín Moro, Félix Pérez Ajero y
José Ricardo Prieto y el policía Juan Carlos Rodas.
Decididos a
que España fuera “una, grande y libre” solo para ellos estas cinco personas
habían acudido al domicilio de Yolanda, en el número 101 de la calle Tembleque,
sobre las doce de la noche, la habían secuestrado e interroga-do para que delatara
a sus “compinches” de ETA. Y como no pudieron sacarle nada, porque no tenía
nada que ver con los terroristas, la trasladaron a San Martín de Valdeiglesias
y le descerrajaron 3 tiros a bocajarro en la cabeza, dejándola tirada en una
cuneta.
Hoy, pasados
casi 33 años, todo eso debería ser historia. Pero, lamentablemente no es así.
Hace unas semanas se descubrió que uno de los asesinos de la joven vizcaína
residenciada en Madrid, Emilio Hellín Moro, después escaparse de la cárcel a
Paraguay y regresar a España años después para cumplir el resto de la condena
de 43 años a la que fue sentenciado, trabajaba en el Ministerio del Interior
como experto en informática y “espía” del Gobierno de Mariano Rajoy. Y encima
daba clases a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía forma en técnicas
forenses, de espionaje y de rastreo informático de ordenadores, móviles y otras
habilidades policiales.
¿Quién
permitió que un asesino convicto y confeso, que huyó un tiempo de la Justicia
trabajara ahora para la policía? Habló con la gente de José Luis Corcuera y
aseguran que su equipo no fue. Durante su mandato Hellín Moro seguía cumpliendo
condena. Me dirijo a Juan Alberto Belloch con la misma pregunta y su secretaria
niega que el biministro diera “cobijo” a un asesino en el ministerio del
Interior. “Incluso se negó a que le otorgaran permisos carcelarios o un
tratamiento especial”.
CONVIENE RECOERDAR QUE MIENTRAS UNOS POCOS NOS JUGÁBAMOS LA VIDA FRENTE A LOS GOLPISTAS PEDRO J. RAMÍREZ LES INCITABA A INTERVENIR DESDE ABC
Los
responsables son, por lo tanto, sus sucesores. Ese presidente del Gobierno puro
e inmaculado cargado de mala leche al que llaman José María Aznar y su ministro
del Interior Mariano Rajoy, el hombre que no fue capaz de gobernar sus
intestinos por miedo a quedarse fuera del Gobierno en 1996 y hoy gobierna España.
Es decir, el
nieto de ese prócer del franquismo llamado Manuel Aznar Zubigaray, que pasó del
nacionalismo vasco más rancio y cavernícola en los años de la dictadura de
Primo de Rivera a convertirse en el personaje más servil, rastrero y
despreciable del franquismo y el hijo del juez de Pontevedra (Mariano Rajoy
Robredo) que juzgó en 1972 el “caso Redondela o Reace”, exculpó a Nicolás
Franco de un robo de 4 millones de litros de aceite, fue incapaz de esclarecer una
serie de muertes misteriosas[1] ligadas
al asunto y para que no se pudiera cuestionar la honrada actuación de los
autores de affaire hizo desaparecer el sumario, según se le atribuye en diversas
fuentes de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Todo lo cual hay que contarlo
porque, a veces, los genes se heredan y el que nace torpe, inseguro e inepto
para las artes mayores debería entrar en la organización de minusválidos a
vender el cupón y no a regir los destinos de España.
Hijos
políticos de Manuel Fraga Iribarne un individuo ya fallecido que, por recomendación
del Cesid, se trajo a un pistolero de la Triple
A como su jefe de Seguridad, Aznar y Rajoy dieron un paso más: tras tenerlo
(a Hellín Moro) unos meses camuflado haciendo chapuzas en el PP, metieron a este
pistolero de la extrema derecha, a los que media docena de periodistas perseguimos
hasta acabar con ellos como activistas armados, en las instituciones del
Estado. La ficha de alta en la Seguridad Social, donde consta que empezó a
trabajar para Interior en 1996, el mismo año que el facha de Aznar llegó al
poder así lo demuestra.
Lo cual no es
más que la punta del iceberg. Según me contó el abogado Jaime Alonso, ex jefe
de Fuerza Nacional del Trabajo, el sindicato de Fuerza Nueva, (y tengo
publicado) por aquellos años hubo varios encuentros entre Manuel Fraga Iribarne
y Blas Piñar para transferir a algunos militantes más fogosos en el combate y
en la lucha cuerpo a cuerpo desde el partido ultraderechista al partido
ultraderechista bis, “por si las cosas se torcían en España con los
nacionalismos y era necesario echar mano de la muchachada, armarla y echarla al
monte”. Y fue así como Alberto Ruiz-Gallardón (que no era demócrata en sus
orígenes aunque su padre lo fuera) y otros dieron el salto del fascismo puro y
duro a Alianza Popular en una etapa en la que la extrema derecha asesinó en
España a 120 personas, casi tantas como los Grapo.
Y fue, debido
a esa pulsión autoritaria y antidemocrática, que Ruiz-Gallardón, abogado de AP,
intentó meterme en la cárcel por afirmar por tres veces en portada en Cambio 16 que “Un
asesino protegía a Manuel Fraga” y que “Manuel Fraga protegía a un asesino de
la Triple A” cuando éste, sin ningún pudor, salió en su defensa. Y es esa pulsión corporativista y fascista la que le ha llevado a
tratar de reformar la Ley Penal para que los fiscales instruyan los sumarios,
lo que supondría darle poderes omnímodos a Mariano Rajoy, no solo para indultar
a sus acólitos corruptos (con lo cual el Gobierno se convierte en cómplice
ideológico del delito) sino para meter
en la cárcel a quien les de la gana[2].
PERIODISTAS DE CAMBIO 16, EL PAIS, EL PAPUS, INTERVIÚ Y DIARIO 16 RECIBIERON BOMBAS O PERDIERON SUS PUESTOS DE TRABAJO POR DEFENDER LA LIBERTAD QUE AZNAR Y RAJOY MANCILLAN AHORA
Vistas las
cosas con la perspectiva que da el tiempo, hay que recordar que, mientras Pedro
J. Ramírez incitaba desde ABC a la
rebelión militar, Miguel Ángel Aguilar fue expulsado de la dirección de Diario 16 por publicar que el general Luis
Torres Rojas estaba conspirando contra la legalidad y que Xavier Vinader fue incluso
condenado a pena de prisión por relatar hechos parecidos, por citar sólo dos casos.
O que la revista satírica El Papus y
que el diario El País recibieron
paquetes bombas de los incontrolados a los que hoy “ficha” el Gobierno.
Otros
periodistas, como Rafael Cid, Miguel Ángel Liso y el que firma fuimos amenazados
de muerte reiteradamente y tal vez hasta nos jugamos la vida sin saberlo por
traer y consolidar una democracia estable en España, metiendo a los golpistas a los cuarteles y combatiendo
el terrorismo de la dialéctica de los “puños y las pistolas” y, a los otros, al
nacionalista y al marxista, para que
unos políticos en su mayoría golfos secuestraran la Constitución, transformaran
la democracia en una partitocracia al servicio de unos pocos (corporaciones
industriales, bancos, cajas de ahorro, partidos políticos, sindicatos y poco
más) y en una cueva de Alí Babá, metiendo en las instituciones a asesinos a
sueldo como Emilio Hellín Moro. O tolerando que otros pistoleros de igual o
peor catadura, ETA y Terra Lliure, campen por sus respetos en la Generalitat de
Catatuña o en las instituciones vascas.
Algo que a
los constituimos la generación del cambio nos causa consternación y estupor. Hace
unos días me lo decía un viejo compañero. “Si hubiera una revuelta y cayeran
heridos en la refriega Rajoy y un perro vagabundo zarrapastroso y hubiera que socorrer
a uno, el salvaría sin duda al perro. Al menos se que no me va a traicionar ni
a hacer pactos con los terroristas de ETA a mis espaldas”. Lo más grave de todo
es que es tal el descrédito, la degradación y el estigma que acarrea hoy la
clase política (aunque haya excepciones) que probablemente tampoco los salvaría
gran parte de ese 80 por ciento de la población que tilda a los políticos de corruptos
e indeseables, en sujetos de ese inframundo en que se ha convertido hoy la cosa
publica en España.
[1] Uno de los implicados, Isidro Suárez, muere en la
cárcel de Vigo en extrañas circunstancias;
otro, José María Romero, que destapó el "affaire", aparece muerto en su casa de Sevilla (padre,
madre e hija, asesinados en su domicilio).
[2] En España el Fiscal General del Estado no está
nombrado directamente por los ciudadanos sino que depende directamente del
Gobierno. Y el ministerio público se rige por los principios de legalidad,
imparcialidad y dependencia jerárquica, con lo cual sus miembros están obligados a defender, en muchos casos,
la “filosofía” del Gobierno y el programa político del partido que lo sustenta.
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