EL GOBIERNO PROTEGE Y AMPARA ASÍ A AQUELLOS QUE NOS
AMENAZABAN DE MUERTE Y PRETENDIERON ENCARCELARNOS POR DESMOTAR SUS TRAMAS
El asesinato de la joven Yolanda
González, una joven de 19 años estudiante de un centro de formación profesional
de Vallecas, miembro de la Liga Comunista Revolucionaria y de la Coordinadora
de Estudiantes de Enseñanza Media, fue un hecho que conmocionó a la España de
la transición.
La muerte a tiros había ocurrido
en San Martín de Valdeiglesias el 1 de enero de 1980 y los pocos periodistas
demócratas (comprometidos con la defensa de las libertades, que de boquilla
había muchos) que habíamos entonces en España nos tomamos como un reto que se
esclareciera el caso. Y que se pusiera fin a la impunidad y a la connivencia de
los policías que había en todas las comisarías con los matones de las tramas
negras para que así se pudiera construir un país habitable por todos.
Recuerdo que por aquellos días
fuimos a comer con el jefe Superior de Policía de Madrid, Paco de Asís Pastor, un hombre honesto y comprometido con la
Transición, del que te podías fiar. Lo hicimos el presidente del Grupo 16 Juan Tomás de Salas, el
director de Cambio 16, Pepe Oneto y el que esto firma. Le
preguntamos por el asesinato de Yolanda González y de Asís Pastor nos suelta.
-- El inductor de la muerte fue
David Martínez Loza, el jefe de Seguridad de Fuerza Nueva.
-- ¿Y por qué no lo detienes?
-- Me faltan algunos cabos que
atar para llegar a los autores materiales. Lo que sabemos es que días antes del
asesinato de la chica hubo una reunión al más alto nivel en Fuerza Nueva donde
se decidió “limpiar a España de rojos y separatistas”. Y se encomendó la tarea
a Martínez Loza y a sus pistoleros.
-- ¿Podemos publicar la historia?
-- Claro. Incluso me haríais un
gran favor. A veces para que caigan las manzanas hay que sacudir el árbol y
este es uno de esos casos. Como les tenemos pinchados los teléfonos a todos,
basta que salga publicado el nombre del jefe para ver sus reacciones y que se
descubran entre ellos. Entonces podemos
detenerlos.
A la semana siguiente, tras una
complejo trabajo de mi equipo de investigación publicamos que David Martínez
Loza, un ex guardia civil retirado, responsable de seguridad de Fuerza Nueva y
brazo derecho de Blas Piñar, jefe de los terroristas del partido
ultraderechista, era la persona que ordenó el arresto, interrogatorio y la
ejecución de la joven vasca. Los ultras
la consideraban miembro de un comando de ETA por el simple hecho de haber
nacido en Deusto (Vizcaya) y ser de izquierdas. Y que tenían preparada una
larga lista de “rojos de mierda” para ir eliminándola y volver a la España
uniformada y monocorde de Franco, la única que le gustaba a Piñar y a sus
acólitos.
Paco de Asís Pastor intentó cumplir su palabra. Pero no pudo. Dos
días después de que se publicara esta información en la revista, la extrema
derecha inquieta por las revelaciones se revolvió en su laberinto, pero los
autores materiales de la muerte, dispersos por toda España, no se delataron.
Por el contrario, el jefe intelectual
del comando e inductor de la muerte, Martínez Loza escapa a Argentina.
Allí permanece unos días hasta
que se produce una entrevista secreta de Blas Piñar con un juez vinculado a
Alianza Popular y a la extrema derecha. Bien asesorado por los abogados de AP y
los ultraderechistas el jefe de los grupos paralelos se presenta voluntario en
el juzgado de Ricardo Barón Cobos en Plaza de Castilla. Allí niega todo lo
publicado y queda en libertad sin cargos con todos los pronunciamientos
favorables. Tal y como se había maquinado días antes. De modo y manera, que
salvo que surgieran hechos nuevos, no podía ser molestado ni siquiera por la
policía. El auto del juez era su salvoconducto para moverse libremente por
España y volver a matar si lo hubiera querido.
Y entonces David Martínez Loza
cometió un error. Movido por el odio a los que apoyábamos la Transición desde
la Prensa, por la impunidad con la que
actuaban los grupos paralelos de la policía en Madrid y bajo los impulsos de la
arrogancia y soberbia de sus jefes decidió dar un escarmiento a Cambio 16 en la cabeza de Pepe Oneto, en la del Equipo de
Investigación y en la mía. Acudió de
nuevo a juez Barón Cobos, pidió que desglosara testimonio de lo actuado, y
presentó una querella criminal por injurias y calumnias en la que me pedía 10
años de cárcel y 200 millones de pesetas “por atentar contra su honor”. ¡Ahí es
nada!
Aquello fue su perdición. Cuando
el juez nos llamó a Pepe Oneto y a mi
para tomarnos declaración y procesarnos (la figura del imputado aún no
existía), los dos sabíamos que debíamos defendernos con uñas y dientes.
Asesorados por nuestro abogado Gregorio Arroyo decidimos realizar una jugada maestra.
Convertir al denunciante Martínez Loza en nuestro principal elemento de prueba.
Y llamarle a declarar.
Fue, sin duda, un golpe de
audacia que nos salvaría de males mayores. Interrogado hábilmente por el
letrado de Cambio 16 y por el juez
instructor, que afortunadamente era demócrata, el ex guardia civil cometió
tales y tantas contradicciones y errores, que dos horas después pasaba de acusador
a acusado.
Y fue así y no de otra manera,
como Paco de Asís Pastor, una vez
unidos todos los hilos de la trama con aquella declaración, procedió a la
detención de los pistoleros de Fuerza Nueva Ignacio Abad Velázquez, Emilio
Hellín Moro, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto y el policía Juan Carlos
Rodas.
Decididos a que España fuera
“una, grande y libre” solo para ellos estas cinco personas habían acudido al
domicilio de Yolanda, en el número 101 de la calle Tembleque, sobre las doce de
la noche, la habían secuestrado e interrogado para que delatara a sus
“compinches” de ETA. Y como no pudieron sacarle nada, porque no tenía nada que
ver con los terroristas, la trasladaron a San Martín de Valdeiglesias y le
descerrajaron 3 tiros a bocajarro en la cabeza, dejándola tirada en una cuneta.
Hoy, pasados casi 33 años, todo
eso debería ser historia. Pero, lamentablemente no es así. Hace unas semanas se
descubrió que uno de los asesinos de la joven vizcaína residenciada en Madrid,
Emilio Hellín Moro, después escaparse de la cárcel a Paraguay y regresar a
España años más tarde para cumplir el resto de la condena de 43 años a la que
fue sentenciado, trabajaba en el Ministerio del Interior como experto en
informática y “espía” del Gobierno de Mariano Rajoy. Y encima daba clases a los
agentes de la Guardia Civil y de la Policía en técnicas forenses, de espionaje
y de rastreo informático de ordenadores, móviles y otras habilidades
policiales.
¿Quién permitió que un asesino
convicto y confeso, que huyó un tiempo de la Justicia, que se burló cuanto
quiso de la policía y la Guardia Civil, que trabajara ahora en Interior? Habló
con la gente de José Luis Corcuera y aseguran que su equipo no fue. Durante su
mandato Hellín Moro seguía cumpliendo condena. Me dirijo a Juan Alberto Belloch
con la misma pregunta y su secretaria niega que el biministro diera “cobijo” a
un asesino en el ministerio del Interior. “Incluso se negó a que le otorgaran
permisos carcelarios o un tratamiento especial”.
CONVIENE
RECOERDAR QUE MIENTRAS UNOS POCOS NOS JUGÁBAMOS LA VIDA FRENTE A LOS GOLPISTAS
PEDRO J. RAMÍREZ LES INCITABA A INTERVENIR DESDE ABC
Los responsables son, por lo
tanto, sus sucesores. Ese presidente del Gobierno puro e inmaculado cargado de
mala leche al que llaman José María Aznar y su ministro del Interior Mariano
Rajoy, el hombre que no fue capaz de gobernar sus intestinos por miedo a quedarse
fuera del Gobierno en 1996 y hoy gobierna España.
Es decir, el nieto de ese prócer
del franquismo llamado Manuel Aznar Zubigaray, que pasó del nacionalismo vasco
más rancio y cavernícola en los años de la dictadura de Primo de Rivera a
convertirse en el personaje más servil, rastrero y despreciable del franquismo
y el hijo del juez de Pontevedra (Mariano Rajoy Robredo) que juzgó en 1972 el
“caso Redondela o Reace”, exculpó a Nicolás Franco de un robo de 4 millones de
litros de aceite, fue incapaz de esclarecer una serie de muertes misteriosas[1][1] ligadas al asunto y para que no se
pudiera cuestionar la honrada actuación de los autores de affaire hizo desaparecer el sumario, según se le atribuye en
diversas fuentes de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Todo lo cual hay que
contarlo porque, a veces, los genes se heredan y el que nace torpe, inseguro e
inepto para las artes mayores debería entrar en la organización de minusválidos
a vender el cupón y no a regir los destinos de España.
Hijos políticos de Manuel Fraga
Iribarne un individuo ya fallecido que, por recomendación del Cesid, se trajo a
un pistolero de la Triple A como su
jefe de Seguridad, Aznar y Rajoy dieron un paso más: tras tener a Hellín Moro
unos meses camuflado haciendo chapuzas en el PP, le dieron trabajo en la
institución del Estado encargada por excelencia de velar por las libertades y
la seguridad de los ciudadanos. Y con licencia para “vigilar electrónicamente”
y “espiar” a quien le viniera en gana. ¡Nada menos! La ficha de alta en la
Seguridad Social, donde consta que empezó a trabajar para Interior en 1996, el
mismo año que el facha de Aznar llegó al poder así lo demuestra.
Lo cual no es más que la punta
del iceberg. Según me contó el abogado Jaime Alonso, ex jefe de Fuerza Nacional
del Trabajo, el sindicato de Fuerza Nueva, (y tengo publicado) por aquellos
años hubo varios encuentros entre Manuel Fraga Iribarne y Blas Piñar para
transferir a los militantes más fogosos en el combate y en la lucha cuerpo a
cuerpo desde el partido ultraderechista al partido ultraderechista bis, “por si
las cosas se torcían en España con los nacionalismos y era necesario echar mano
de la muchachada, armarla y echarla al monte”. Y fue así como Alberto
Ruiz-Gallardón (que no era demócrata en sus orígenes aunque su padre lo fuera)
y otros dieron el salto del fascismo puro y duro a Alianza Popular en una etapa
en la que la extrema derecha asesinó en España a 120 personas, casi tantas como
los Grapo.
Y fue, debido a esa pulsión
autoritaria y antidemocrática, que Ruiz-Gallardón, abogado de AP, intentó
meterme en la cárcel por afirmar por tres veces en portada en Cambio 16
que “Un asesino protegía a Manuel Fraga” y que “Manuel Fraga protegía
a un asesino de la Triple A” cuando éste, sin ningún pudor, salió en su
defensa. Y es esa pulsión corporativista y fascista la que le ha llevado a
tratar de reformar la Ley Penal para que los fiscales instruyan los sumarios,
lo que supondría darle poderes omnímodos a Mariano Rajoy, no solo para indultar
a sus acólitos corruptos (con lo cual el Gobierno se convierte en cómplice
ideológico del delito) sino para meter
en la cárcel a quien les de la gana[2][2].
PERIODISTAS DE CAMBIO 16, EL PAIS, EL PAPUS, INTERVIÚ Y DIARIO 16 RECIBIERON BOMBAS O PERDIERON SUS PUESTOS DE TRABAJO POR
DEFENDER LA LIBERTAD QUE AZNAR Y RAJOY MANCILLAN AHORA
Vistas las cosas con la
perspectiva que da el tiempo, hay que recordar que, pñor aquella época, mientras
Pedro J. Ramírez incitaba desde ABC a
la rebelión militar, Miguel Ángel Aguilar fue expulsado de la dirección de Diario 16 por publicar que el general
Luis Torres Rojas estaba conspirando contra la legalidad y que Xavier Vinader
fue incluso condenado a pena de prisión por relatar hechos parecidos, por citar
sólo dos casos. O que la revista satírica El
Papus y que el diario El País
recibieron paquetes bombas de los incontrolados a los que hoy “ficha” el
Gobierno.
Otros periodistas, como Rafael
Cid, Miguel Ángel Liso y el que firma fuimos amenazados de muerte
reiteradamente y tal vez hasta nos jugamos la vida sin saberlo por traer y
consolidar una democracia estable en España, metiendo a los golpistas a los cuarteles y combatiendo
el terrorismo de la dialéctica de los “puños y las pistolas” y, a los otros, el
pistolerismo de los nacionalistas cercanos al PNV y a CiU y los marxistas, para
que unos políticos en su mayoría golfos secuestraran la Constitución,
transformaran la democracia en una partitocracia al servicio de unos pocos
(corporaciones industriales, bancos, cajas de ahorro, partidos políticos,
sindicatos y poco más) y en una cueva de Alí Babá, metiendo en las
instituciones a asesinos a sueldo como Emilio Hellín Moro. O tolerando que
otros pistoleros de igual o peor catadura, ETA y Terra Lliure, campen por sus
respetos en la Generalitat de Catatuña o en las instituciones vascas.
Algo que a muchos de los que constituimos
la generación del cambio nos causa consternación y estupor. Hace unos días me
lo decía un viejo compañero. “Si hubiera una revuelta y cayeran heridos en la refriega
Rajoy y un perro vagabundo zarrapastroso y hubiera que socorrer a uno, el
salvaría sin duda al perro. Al menos se que no me va a traicionar ni a hacer
pactos con los terroristas de ETA a mis espaldas”. Lo más grave de todo es que
es tal el descrédito, la degradación y el estigma que acarrea hoy la clase
política (aunque haya excepciones) que probablemente tampoco los salvaría gran
parte de ese 80 por ciento de la población que los tilda de tilda de corruptos
e indeseables, como miembros de ese inframundo en que se ha convertido hoy la cosa publica en España.
[1][1] Uno de los implicados, Isidro Suárez, muere en la
cárcel de Vigo en extrañas
circunstancias; otro, José María Romero, que destapó el
"affaire", aparece muerto en
su casa de Sevilla (padre, madre e hija, asesinados en su domicilio).
[2][2] En España el Fiscal General del Estado no está
nombrado directamente por los ciudadanos sino que depende directamente del
Gobierno. Y el ministerio público se rige por los principios de legalidad, imparcialidad
y dependencia jerárquica, con lo cual sus miembros están obligados a defender, en muchos casos,
la “filosofía” del Gobierno y el programa político del partido que lo sustenta.
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