LA REPRESIÓN DE UNA HUELGA GENERAL SE
SALDA CON DOS GUARDIAS CIVILES Y UN CAMPESINO MUERTOS Y VARIOS HERIDOS
|
A
|
l igual que en
Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas[1],
el 22 de marzo de 1933 su produjeron en Hermigua unos hechos que llenaron de
bochorno y vergüenza a la República. Un centenar de obreros del sindicato
Federación Obrera se enfrentan a varios números de
la Guardia Civil, los desarman y los
matan, después de que un campesino cayera muerto por las balas de la autoridad.
Aunque el asunto venía de mucho antes, todo empezó el 14 de
marzo de 1933. Los trabajadores de esta villa del Norte de la Gomera, en su
mayoría afiliados a la Federación Obrera, un sindicato controlado
mayoritariamente por el PSOE, lanzan el siguiente manifiesto:
«A todos los Obreros y Campesinos. Al Pueblo en general. Camaradas y amigos:
»Acompañados de sentimientos de rabia y de dolor va esta protesta. Nuestro fervor por la República así nos lo dice. Nuestro pueblo se hunde más y más, bajo el peso de unos canallas embriagados en la ciénaga de corruptelas morales y políticas. Nos referimos, camaradas, al caciquismo tradicional, cuyos miembros como los caimanes siguen siendo los mismos aunque hayan cambiado de color. Son los enemigos emboscados de la República. Solo esperan el momento propicio para darle el zarpazo.»Hoy se vengan en nosotros. Como trabajadores y representantes de la República aceptamos la batalla. En ella mediremos nuestras manos y veremos si esos señoritos, que se llaman agrarios, las tienen tan endurecidas por los callos como las nuestras. Callos, compañeros, que nos los hemos hecho, para que comieran esos que quieren darnos latigazos».
El manifiesto era el punto de partida para la convocatoria
de una huelga general revolucionaria en un pueblo de apenas 39,67 kilómetros
cuadrados (cien veces menor que las fincas de recreo de Mario Conde o Juan
Abelló en Ciudad Real) con una población censada de 5.842. La huelga se
celebraría el 22 de ese mes, hace ahora 80 años. El texto, escrito en el
leguaje revolucionario de la época, añadía:
«Pues bien, camaradas, estos salteadores de nuestras conciencias e intereses, quieren continuar sacudiendo su látigo al que se interponga en su camino. Los trabajadores que vivimos bajo su tiranía, nos levantamos contra ella y no estamos dispuestos a que ejecuten sus maquinaciones. Ellos, compañeros, con sus criminales astucias coaccionan a nuestros hermanos intentando que nuestra trinchera, la Federación Obrera, se derrumbe».
Aunque el ayuntamiento de villa se constituye, según Wikipedia
en, 1812[2]
(sospecho que el dato no es real y se refiere a 1822 o a 1833), poniendo fin al
régimen señorial, de pequeño oí decir que el llamado «derecho de pernada» se
mantuvo un siglo después, en la Restauración, e incluso durante la Dictadura de
Primo de Rivera. Los huelguistas lo aluden:
«Los trabajadores de Hermigua defenderemos con nuestra sangre y vidas, compañeros, nuestros derechos ante esos señoritos que nos tratan a la patada, deshonraban a nuestras hijas y humillaban a nuestras mujeres. Si la canalla caciquil no cesa en su empeño de no dar trabajo a los compañeros que se hallan en el paro, la Federación Obrera irá a la huelga.»Porque desde hace meses, la mayoría de nuestros compañeros están en el paro, no por falta de trabajo sino por el «boicot» a todo obrero federado, como si fuera un delito. Nuestro deber es garantizar, por dignidad y humanidad, que nuestros compañeros no se mueran de hambre. Sus vidas, las de sus mujeres e hijos, valen tanto como las de nuestros opresores».
Desde la proclamación de la República el 14 de abril de
1931, habían pasado poco menos de dos años y, por primera vez en la historia,
los obreros de Hermigua, uno de los municipios canarios más concienciados en
favor de la nueva Niña Bonita junto con Vallehermoso, decidían lanzarse a la calle y
convocar un día de paro en defensa de sus reivindicaciones.
El hecho era insólito. Frente al País Vasco o Cataluña
donde el movimiento sindical tiene una fuerte tradición desde finales del siglo
XIX y comienzos del XX ligado al desarrollo industrial, en las islas apenas
había existido hasta la II República un movimiento obrero organizado. Hasta que
de repente, en Hermigua, un pueblo aparentemente tranquilo y apacible, los
jornaleros, afiliados en su mayoría a Federación Obrera y desengañados porque,
pese a las esperanzas e ilusiones puestas en el nuevo régimen, la clase
dominante local sigue ostentando el poder y amenazándolos con quitarles el pan,
deciden movilizarse y paralizar la vida cotidiana.
Algo que no debía haber extrañado a nadie: además de que
los ayuntamientos y cabildos seguían controlados por los de siempre, desde el
14 de abril de 1931 las condiciones de vida habían empeorado, especialmente en
las islas menores y las protestas empezaban a aflorar tímidamente.
La situación era tal que el 22 de agosto de 1933 el diario La
Prensa, cabecera bajo la que se editaba entonces El Día se hacía eco del asunto:
«Al hallarse paralizados los trabajos de la carretera, en Hermigua hay centenares de obreros parados. El campo yermo, la producción platanera por los suelos, el comercio cerrado, las aguas mermadas, los montes destrozados, la carretera, que sería la única solución frente a tanto mal, al hambre y a la miseria reinantes, paralizada. El Gobierno tiene que actuar ».
Los patronos de la zona, en su mayoría gente de no
demasiados recursos económicos ni detentadores de grandes fincas, en contra de
lo que habitualmente se escribe, vivían casi exclusivamente del cultivo del
plátano. Lo explotaban en régimen de medianería (ellos vivían como
señoritos sin dar golpe mientras que los obreros realizaban los trabajos en sus
plataneras y se repartían los beneficios), lo que permitía una especie de
ancestral servidumbre y de sometimiento amo/criado más propia de la edad media
que de los tiempos que corrían y que se heredaba de padres a hijos como una
fatalidad congénita e insuperable. El que nacía campesino moría como tal sin
poder dar estudios a sus hijos y el que había salido del útero materno como
propietario de unas pocas hectáreas de terreno cultivable sabía que tenía la
vida garantizada desde la cuna hasta la tumba.
Tampoco puede decirse, frente a los tópicos habituales, que
patronos y obreros nadaban en la abundancia o vivían en la opulencia[3],
o que los primeros eran ricos por naturaleza y los segundos habían nacido para
ser esclavos perpetuos y pasar esa condición casi genética a sus descendientes.
Vistas con la perspectiva de la distancia y del tiempo, las cosas no eran así.
Las penalidades, con harta frecuencia, afectaban a todo el mundo. Aunque bien
es cierto que a unos más que a otros.
Hermigua representaba entonces el ejemplo de la lucha
titánica del campesino con la tierra árida, agreste, yerma y la mayoría de las
veces seca por falta de agua. El trabajo se realizaba en las condiciones más
difíciles que el ser humano pueda imaginarse. El minifundismo, el monocultivo,
el régimen de explotación agraria en régimen de aparcería, la mala calidad del
suelo y la estructura de las plantaciones en forma escalonada a lo largo de las
laderas imposibilitaba el empleo de maquinaria agrícola para hacer más
llevaderas las penalidades del agricultor.
Por si las
calamidades fueran pocas, habría que añadir la dependencia del agua, tanto
caída del cielo para regar las plantaciones y lograr buenas cosechas (no
existían embalses) y la del océano, vía por la que se exportaba la producción
en condiciones normales desde el desaparecido pescante de Hermigua, con un mar
casi siempre embravecido, dada la falta de refugios y puertos seguros.
Si la miseria y la hambruna de los pueblos pueden medirse,
en el campo económico, por la sobreexplotación del suelo y los escasos
rendimientos de las cosechas, Hermigua era en 1933 el más claro ejemplo de
ello. No sólo las medianías sino las zonas más elevadas de la villa habían sido
desbrozadas de matorrales y malas yerbas y estaban plantadas de patatas,
hortalizas y plataneras. Hasta el último centímetro cuadrado de tierra que
pudiera cultivarse estaba explotado. De modo y manera que subiendo a las
alturas de El Sabinal, El Cheje, Iboalfaro, La Palmita, El Corralete, La Laja,
Los Aceviños o El Estanquillo a por papas o millo uno no podía saber si se
encontraba en Canarias, en el Machu Pichu o en el Himalaya de no ser por la
presencia del mar siempre en la lejanía.
Estaba claro que, de haber nacido en la isla, Adam
Smith, el teórico de la revolución industrial, no hubiera escrito jamás La
Riqueza de las Naciones. Otro de sus contemporáneos, Thomas R. Malthus, en
cambio, hubiera encontrado terreno abonado para escribir su célebre y
controvertida obra An Essay on the Principle of Population, donde habla
de que los recursos cada vez más escasos del planeta iban a ser insuficientes
para alimentar una población que se incrementaba exponencialmente.
Porque Hermigua es el paradigma clásico de las teorías
malthusianas, a las que tantos historiadores de la economía siguen echando mano
para apoyar sus tesis: recursos económicos (bienes y servicios) limitados y un
incremento de la natalidad (con una tasa de 3.6 hijos por mujer), que se
dedicaba a lanzar oleadas de jóvenes y mayores a la emigración (a Cuba, a
Venezuela y a Tenerife) como única forma de subsistencia y de encontrar la
felicidad, la meta básica de todo ser humano al margen de apetencias políticas,
sociales, culturales, económicas, según proclamaron los padres de la
Constitución USA en 1787 y se reconoce en todos los países civilizados. Pese a
todo, la República trajo a España, y en especial a Canarias, cosas buenas pero
otras muchas extremadamente malas. Por primera vez desde el periodo de la
Restauración, el reinado de Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera, se
recobraron las libertades básicas (de expresión, de asociación, manifestación)
y una Constitución que protegió y amparó todos
estos derechos.
En Tenerife, los empresarios y las clases acomodadas se
afiliaron al Partido Republicano Tinerfeño y más tarde fueron derivando hacia
Acción Popular Agraria, Partido Radical, Asociación Patronal Agrícola y otros.
Los obreros militaron inicialmente en el PSOE (el PCE se funda en las islas en
torno a 1920 con Juan Pedro Ascanio a la cabeza) y en la Federación Agraria, un
sindicato donde militan anarquistas, socialistas y comunistas.
Pero la República trajo la
libertad pero no la prosperidad y, mucho menos, la felicidad, salvo para unos
pocos. Por eso, en Hermigua, la mayoría de los medianeros y obreros se
afiliaron enseguida a la Federación Agraria desde la que pretendían acabar con
el régimen semi-feudal en que se desarrollaban sus condiciones de trabajo.
Pero, enseguida, se toparon con los patronos dispuestos a
cegarles el camino, a hacer que las conquistas sociales que les otorgaba la
Constitución se quedaran en papel mojado. Y aunque todos ellos, obreros,
medianeros y patronos, defendían los mismos intereses se cruzó de por medio la
política. Y ocurrió lo que muchas veces suele pasar. Algunos empresarios del
sector platanero optaron por quedarse tuertos, si era preciso, si con ello
dejaban ciegos a sus contrincantes e impedían que conquistaran sus
derechos.
carretera que debía unir el pueblo con la capital, San
Sebastián. Era la única obra pública de envergadura que la República,
con sus escasos recursos, no había paralizado pero que se realizaba a trancas y
barrancas, con paros intermitentes muchas veces de meses, hasta el punto de que
no se concluyó hasta 1944, cinco años después de acabada la Guerra Civil.
La obra
formaba parte del Plan Nacional de Infraestructuras y del Circuito Nacional de
Firmes Especiales del dictador Miguel Primo de Rivera, quien modernizó por
primera vez la red de caminos españoles, que no se habían tocado prácticamente
desde la etapa de las calzadas romanas. En el caso de La Gomera se trataba de
rodear la isla mediante un anillo circular, uniendo la capital, San Sebastián,
con el norte, pasando por los pueblos de Hermigua,
Agulo, Vallehermoso y Valle Gran Rey.
La construcción de la calzada, como acabamos de decir, era
de interés general y beneficiaba tanto a patronos como a obreros. A los
primeros porque les permitía trasladar sus plátanos a la rada de San Sebastián,
el único punto de la isla donde se podía fondear un barco con ciertas
garantías, para enviarlos al extranjero. A los obreros, porque además de la
maltrecha agricultura, la obra constituía la única forma de sustento para
ellos, sus mujeres e hijos. Paralizarla o boicotear su construcción, era un
acto criminal. Suponía condenar al hambre y a la emigración a muchos y permitir
que el mal tiempo de la mar impidiera la exportación de las cosechas.
Pese a sus intereses comunes, patronos (dueños de
explotaciones agrícolas, fundamentalmente) y obreros no se pusieron de acuerdo
sobre su marcha. Acostumbrados a mandar y a que siempre, desde tiempos
inmemoriales, se hiciera su santa voluntad sin rechistar, los pequeños «caciques»
locales (en Canarias se da un peso excesivo a la palabra cacique, que en
realidad no tiene) se negaron a dar trabajo a los obreros pertenecientes a la
Federación Obrera, que eran la inmensa mayoría, alrededor de unas 500 personas
entre jornaleros y medianeros.
Y ahí arrancó el conflicto allá por el año 1932. Amparados
en la Constitución y en los derechos sindicales que ésta les reconocía, los
dirigentes de la Federación Obrera acudieron a Santa Cruz de Tenerife con sus
quejas. Allí fueron recibidos por algunos de los 13 gobernadores civiles que
hubo en la provincia[4]
(Rafael Rubio Carrión, de Acción Republicana en la primera ocasión)
durante la II República. La primera autoridad civil de la Provincia
ordenó que las obras no se paralizaran y que se diera trabajo a todos los
obreros que lo pidieran, en turnos rotatorios de 100 personas, toda vez que no
había empleo para los 500 parados. xxx
Aunque no arriesgaban nada en el proyecto ya que el dinero
invertido era público, los detentadores y ostentadores de la tierra y de los
cultivos, se negaron a obedecer las órdenes de la primera autoridad civil de la
provincia y, por ende, de la República. De modo y manera, que los responsables
de la Federación Obrera acudieron de nuevo a pedir el apoyo del representante
del Gobierno. Los recibió el nuevo Gobernador Civil Vidal Gil
Tirado quien ratificó la decisión de su antecesor: el derecho al trabajo no se
le podía negar a nadie.
En el acto ordenó mediante oficio y telegrama al capataz de
la obra, un individuo al servicio de los dueños de la tierra, que admitiera a
100 obreros pertenecientes a la Federación los días 19 y 20 de marzo de 1933.
Pero, tal y como estaba el ambiente de caldeado, debió haber hecho otra cosa:
enviar además a una docena de Guardia Civiles, desde Santa Cruz de Tenerife,
con órdenes tajantes de que se cumplieran a rajatabla sus órdenes.
Pero no lo hizo y eso desencadenó la tragedia. Cuando los
100 afiliados a Federación Obrera acudieron a las obras de la carretera a que
les dieran el trabajo, no sólo no fueron admitidos sino que se les despidió con
bromas de mal gusto y algunos de sus antiguos patronos a su paso por la
carretera de Hermigua de vuelta a sus casas se mofaron de ellos.
Fue una afrenta innecesaria y estúpida. Esa tarde la
Federación Obrera decidió hacer frente al hambre y a la miseria en que vivían
sus mujeres y sus hijos convocando una huelga general, como se relató al
principio.
Y fue así como, espoleados por varios dirigentes
socialistas de Tenerife, entre ellos el diputado Emiliano Díaz Castro, al que
se le abrirían dos causas militares por ello[5],
el 22 de marzo de 1933 se echaron a la calle un centenar de obreros decididos a
paralizar todas las obras, a cerrar los comercios, cortar el riego, la luz
eléctrica y a imponer la huelga general.
¿Qué hacer ante una protesta sindical, convocada
legalmente? El comandante del puesto de la Guardia Civil del pueblo, el cabo
Antonio Fuentes, contaba con dos agentes para contener a la masa enardecida y
evitar que se cometieran desmanes. Los guardias estaban armados con viejos
fusiles Mauser de la guerra del Rif y disponían de una dotación de diez
cartuchos.
Obviamente, con aquellos medios y sin material antidisturbios
que entonces no existía no se podía contener a una muchedumbre y mucho menos
impedir de causaran cualquier tipo de desmán, lo que no ocurrió. La solución lógica hubiera sido llamar a la Comandancia
de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y pedir refuerzos, tal y como se
señalaba en las ordenanzas de la Benemérita. Pero el cabo Fuentes optó por
prohibir la huelga, y hacer prevalecer su autoridad, pensando que bastaba salir
a la calle con su uniforme verde y su tricornio para que los huelguistas depusieran
su actitud.
Los sucesos de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas donde la
fuerza pública se vio desbordada por las masas, casi siempre obreras y
campesinas, teniendo que disparar y causar numerosas muertes a la vez que ellos
mismos sufrían sus propias bajas, no se echó
para atrás sin o todo lo contario. La divisa del cuerpo «Todo por la patria»,
justificaba este tipo de actitudes no siempre correctas ni ajustadas a Derecho.
Y eso que aquellos sucesos habían tenido repercusión
internacional y habían cuestionado la eficacia de la república en sus primeros
meses. En Castilblanco (Badajoz), La Guardia Civil mató a un jornalero durante
una manifestación y los obreros asesinaron a cuatro agentes el 31 de diciembre
de 1931. El Arnedo (Logroño), una marcha obrera fue disuelta a tiros por un oficial que sigue órdenes del
general José Sanjurjo matando e hiriendo a decenas de obreros. Ocurrió el 5 de
enero de 1932. En Casas Viejas (10 y 11 de enero de 1933), un grupo de obreros
que quieren proclamar el comunismo libertario, mataron a dos Guardias Civiles.
La Benemérita responde rodeando las chozas donde están los obreros, las
incendian y «fusilan» a los supervivientes con «tiros a la barriga», tal y como
ordenó el presidente de la República Manuel Azaña a la fuerza actuante[6].
Para garantizarse el apoyo de una parte de la
población, la de aquel sector que había ostentado el poder desde antes de 1822, fecha
en que desaparece oficialmente el «régimen señorial», el día anterior a los
hechos, el cabo Antonio Fuentes se reunió con los jefes de los partidos de
derecha y les pidió ayuda.
̶ Lo único que les pido es que, si mientras estamos de
patrulla en una parte del pueblo, los huelguistas asaltan o queman el cuartel
nos den cobijo a nosotros, a nuestras mujeres e hijos ̶ solicitó.
El seguimiento masivo de la huelga, al día siguiente, le
causó un tremendo desasosiego. Desbordado por los hechos, a media mañana, decide
trasladarse al cercano municipio de Agulo, distante unos 5 kilómetros, a
traerse con él a los guardias del pueblo para reforzar la guarnición de la
villa. xxx
Para mayor escarnio de los huelguistas lo hace de manera
chulesca, utilizando uno de los camiones que trabajaban en la obra de la
carretera, llevando como conductor al capataz que les negaba el trabajo y el
pan, y pasando a toda velocidad entre la multitud que se manifestaba por la
zona de La Castellana, cerca de la playa, con riesgo evidente de atropellar a
los que intentaron detener su avance.
La actitud del cabo Fuentes acabó de exaltar los ánimos en
aquella calurosa e inquietante mañana. Y hasta los más templados decidieron
entonces que nadie iba a pisotear su derecho de huelga. Para lo cual optaron por
cortar la carretera colocando una barricada a la altura de El Palmarejo con el
fin de dividir a la fuerza actuante en dos.
Pero no fue eso lo que ocurrió. De vuelta al cuartel
del Valle Alto, sobre las dos de la tarde, con dos agentes de refuerzo, al encontrarse
con la carretera cortada, el cabo Antonio Fuentes bajó del vehículo y, pistola
en mano, ordenó a los huelguistas que despejaran la vía.
|
L
|
A MUERTE DE UN JORNALERO POR UN DISPARO DE LA GUARDIA CIVIL
EXASPERÓ LOS ÁNIMOS. LA MUCHEDUMBRE ENAREDECIDA DESARMÓ A LOS AGENTES Y LOS
ARROJÓ POR UN BARRANCO.
La respuesta del centenar de concentrados, entre los que se
encontraban varias mujeres en primera fila, fue que no iban a moverse ni a cumplir
sus órdenes ya que quien se había colocado fuera de la Ley era la Guardia Civil
y no la Federación Obrera. La actitud de los manifestantes de no obedecer «las
órdenes de la autoridad» acabó sacando de quicio al cabo que no podía tolerar
que algunas mujeres comenzaran a golpear el camión y a lanzarle piedras.
Ante esta actitud, ordenó inmediatamente a los guardias que le acompañaban que echaran pie a
tierra, que montaran sus armas y se colocaran en situación de prevengan por si
era necesario hacer fuego.
Lo que pasó a continuación no está demasiado claro. Casi
todas las versiones coinciden, sin embargo, en que al verse rodeado por los
huelguistas y sin posibilidad de escapatoria el cabo dispara su pistola y
ordena a los otros guardias abrir fuego a su vez.
Los manifestantes, que ya casi los tienen rodeados, se
abalanzan entonces sobre ellos y tratan de desarmarlos. Pero en la refriega uno
de los guardias logra disparar su Mauser y mata a uno de los huelguistas, el
obrero Antonio Brito Brito y hiere a otros dos. Con los ánimos exaltados y ya
sin control alguno de sus actos los manifestantes acaban obligando a los
agentes a lanzarse al vacío desde el borde de la carretera e incluso les
empujan. En el acto mueren el cabo Antonio Fuentes y el guardia José Cano
sobreviviendo muy malherido el tercer agente, José Garrote, al hacerse «el
muerto» e impedir que la muchedumbre siguiera golpeándolo.
El Gobierno, que hasta entonces había mantenido una
actitud confusa, temerosa y pusilánime, a la vista de los acontecimientos,
decide actuar.
Siguiendo órdenes del presidente de la República, Manuel
Azaña y del ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, el
Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife, Gil Tirado, envía a Hermigua
a una sección de la Guardia Civil mandada por el teniente coronel Juan Vara
Terán, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia.
Nada más desembarcar del vapor Viera y Clavijo los agentes
comienzan a practicar detenciones e interrogatorios, utilizando los testimonios
de las viudas de los propios agentes muertos y de muchos propietarios de
fincas, que se convirtieron en acusadores. De esta manera, la Federación Obrera
quedó desmantelada y sus cuadros son detenidos en espera de juicio instruido
bajo la jurisdicción castrense, al tener los agentes muertos el status
de policía rural adscrita al Ejército, con doble dependencia del
ministerio de la Gobernación y del ministro de la Guerra, cargo que se había
reservado para sí el presidente de la República Manuel Azaña. También son
investigados medio centenar de vecinos del pueblo por unirse a la protesta.
Durante los meses que siguieron y bajo las instrucciones del comandante
general de Canarias, general Enrique Salcedo Molinuevo, se instruye la causa
10/1933 por el delito de agresión a fuerza armada con resultado de muerte en la
que están incursos todos los encarcelados (27 detenidos inicialmente y otros
diez más adelante) y se practican las pruebas testifícales, periciales y
forenses pertinentes al caso. xxx
El juicio se celebra en el desaparecido Cuartel de San
Carlos en junio de 1934, con la CEDA y los radicales de Alejandro Lerroux en el
poder y las izquierdas fuera del ejecutivo. Preside el Tribunal Militar el
teniente coronel de Infantería José Gómez Rumeu. Treinta y siete jornaleros,
entre ellos cinco mujeres, algunos de los cuales no saben leer ni escribir, se
sientan en el banquillo de los acusados.
Pese a estar en la oposición, el PSOE está decidido a
defender a los trabajadores de la Federación Obrera de Hermigua con uñas y
dientes y manda a Santa Cruz de Tenerife a dos de sus pesos pesados. Los
enviados como abogados defensores fueron Juan-Simeón Vidarte, vicesecretario
general del PSOE y hombre de confianza de Indalecio Prieto, diputado por
Badajoz y ex secretario general del Congreso de los Diputados y el prestigioso
penalista, catedrático de la Universidad Central de Madrid, Luis Jiménez de
Asúa, diputado y presidente de la comisión parlamentaria que elaboró la
Constitución de 1931, autor de un Tratado de Derecho Penal (siete tomos),
considerado una de las mayores aportaciones al derecho criminal[7].
Los dos habían intervenido meses antes como letrados en los
sucesos de Casas Viejas y en otros asuntos parecidos y tenían amplia experiencia
en la materia. Les auxiliaban, siete abogados tinerfeños, entre ellos, Luis
Rodríguez de la Sierra Figueroa, comunista, que sería diputado a Cortes en
1936, y José Carlos Schwartz Hernández, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, los
dos fusilados nada más empezar la Guerra Civil, uno de ellos (Schwartz) en las Cañadas del Teide.
Por su parte el ministerio público había puesto también
toda la carne en el asador. El fiscal que llevaría el caso desde principio a
fin era Lorenzo Martínez Fuset, un jurídico militar y notario nacido en
Baeza y destinado por entonces en Canarias, donde posteriormente compaginaría su cargo de
Fiscal Militar con el de jefe de seguridad de Carmen Polo de Franco y de su
hija, Carmencita[8].
Nombrado Jefe de la Auditoría de Guerra en el cuartel de los sublevados, meses
más tarde, los propios servidores del régimen le consideraban un tipo duro, que
solía extralimitarse en sus funciones, y pedir demasiadas penas de muerte[9].
Conociendo al personaje, no resulta extraño que durante la
vista oral por los sucesos de Hermigua Martínez Fuset comenzara pidiendo 20
penas de muerte para los acusados y otras tantas de reclusión mayor para otros
reos. Sin embargo, muchas de sus acusaciones fueron refutadas por infundadas y
contradictorias por los letrados Juan-Simeón Vidarte y Jiménez Asúa. Vidarte,
por ejemplo, echó la culpa de los incidentes al caciquismo local:
«Los fascistas de Hermigua estaban de enhorabuena. Con burlas y bromas insolentes vieron regresar del tajo al centenar de obreros a quienes reiteradamente se había negado a recibir el contratista. Frente a aquel escarnio los trabajadores se rebelaron y el paro fue absoluto en el pueblo».
|
A
|
L INICIARSE LA GUERRA CIVIL, 17 AFILIADOS AL SINDICATO
OBRERO SE HACEN FALANGISTAS. A ALGUNOS DE ELLOS SE ATRIBUYEN LOS «PASEOS» DE
SUS COMPAÑEROS
Jiménez Asúa, por su parte, basa toda su intervención en resaltar la pésima actuación de
la Benemérita, como había ocurrido en situaciones parecidas en el rsto de España:
«Fue entonces cuando el comandante del puesto, inopinadamente, se echó hacia atrás, dio las voces de 'carguen' y de 'fuego' y disparó su pistola contra la multitud... Cuando los números iban a hacerlo y los grupos los rodearon para salvar su vida. La muchedumbre, exaltada y contagiada por el furor de los agentes, al querer quitarles las armas al cabo y al guardia Garrote, los arrojan por el barranco».
|
|
Así y todo, acabado el plenario, el 9 de julio de 1934 se
hace pública la sentencia: cinco de los imputados [Leoncio Fagundo Hernández,
Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, Manuel Avelino Perdomo
Plasencia y Vicente Valladolid Mesa] son condenados a la pena de muerte y
once más a penas de prisión que oscilan entre los 20[10]
y los 2 años. Otros diecisiete, entre ellos una mujer, resultaron absueltos.
Los acontecimientos de Hermigua tuvieron, sin embargo, su
lado positivo para el movimiento obrero de la isla. En las elecciones generales
de finales de 1933, uno de sus representantes, Fernando Ascanio Armas, se presenta
como candidato del Frente Obrero y Campesino, sustituyendo al orotavense Lucio
Illada. Y obtiene la mayoría en Hermigua, Vallehermoso y algunos pueblos de la
isla de La Palma.[11]
Pero no llega a pisar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.
La contrapartida fue la unificación y el crecimiento de las
derechas en el municipio, que pasan ya a enfrentarse abiertamente al bloque de
izquierdas hasta convertirse en dos grupos irreconciliables y antagónicos
durante la Guerra Civil y la postguerra. El promotor e «ideólogo» de este
bloque fue el guardia civil, José Garrote de Pedro, herido en los sucesos de
meses antes y que había salido con vida, como hemos dicho, al «hacerse el
muerto». Nombrado comandante de la Benemérita del puesto de Hermigua aprovechó
su «autoridad» para potenciar las candidaturas de derecha y, en especial,
a la Falange, que bajo el mando de Antonio Fragoso y otros logró un inusitado y fulgurante
desarrollo.
De modo y manera que cuando el 18 de julio de 1936 se
desencadena la Guerra Civil se presentan como voluntarios para acudir al frente
nada menos que 56 supuestos seguidores de José Antonio Primo de Rivera o que se
declaran a sí mismos fascistas, radicales, católicos o apolíticos[12].
Como es habitual en todas las revoluciones y contiendas,
muchos eran antiguos socialistas y afiliados de UGT que cambian de bando sobre
la marcha y otros, monárquicos o independientes[13].
La mayoría pide ir al frente, a primera línea, y acaban en la batalla de
Brunete, mientras los «señoritos» del pueblo se quedan en Tenerife en labores
de «saca», vigilando los almacenes de Fiffes
convertidos en improvisadas cárceles o dando «paseos» a sus vecinos, 17 de los
cuales, incluidos los condenados a muerte, y otros como el maestro Enrique Biscarria
(que no figuraba en la causa) fueron ejecutados o
desaparecieron[14].
Los sucesos de Hermigua constituyeron, no obstante, un
elemento de referencia de las izquierdas para organizar la huelga general de
octubre de 1934, especialmente en Asturias, Vizcaya y Cataluña con la que
pretendían el asalto al «palacio de invierno».
Entre tanto, mientras los condenados del municipio seguían
encarcelados, en Moscú se celebraba entre julio y agosto de 1935 el VII
Congreso de la Internacional Comunista que iba a cambiar la historia de España,
de Canarias y de los propios presos. Allí los principales líderes comunistas,
entre ellos los españoles Dolores Ibarruri, José Díaz y Vicente Uribe, escuchan
por primera vez de los labios del secretario general de la Komintern, el búlgaro
Jorge Dimitrov, que el «comunismo ha fracasado en toda Europa» y que la única
posibilidad del triunfo del proletariado sobre la burguesía radica en admitir
el sistema democrático de los países occidentales, infiltrarse en su estructura
de poder como una especie de caballo de Troya y dinamitarlos desde dentro.
|
A
|
l INICIO DE LA
CONTIENDA, 17 PERSONAS, INCLUIDOS DOS DE LOS ABOGADOS, UNO DE ELLOS DIPUTADO,
SON «PASEADOS» O «DESAPARECEN». OTRO PARLAMENTARIO, EMILIANO DÍAZ CASTRO, SALVÓ
LA VIDA POR LOS PELOS.
La nueva estrategia de Moscú, que se sigue con ilusión en
la cárcel, establece la unificación de los partidos comunistas y socialistas,
de sus juventudes, sindicatos y demás órganos de encuadramiento de masas en Francia
y España para concurrir a las elecciones generales en un Frente Popular.
Los comicios se celebran el 14 de febrero de 1936 y aunque
haya que esperar al 4 de marzo (a una especie de segunda vuelta) para conocer
los resultados, la entrega del poder a las izquierdas por Manuel Portela
Valladares antes de conocerse el escrutinio definitivo, llenó de júbilo y
satisfacción a los presos de Hermigua, encarcelados desde marzo de 1933.
Un rayo de esperanza se oteaba en el horizonte. Tras la
represión sufrida por la Federación Obrera a manos de gobiernos de derechas en el segundo bienio[15],
ahora, con el Frente Popular, las cosas podían cambiar. Por fin, las largas
jornadas de lucha para pedir la amnistía para los reclusos de Hermigua iban a
dar sus frutos.
Entre otras cosas, porque en la candidatura que alcanza el
triunfo en Tenerife, se encuentran dos de los letrados que más interés han
puesto en defender la inocencia de los presos gomeros, el diputado del Puerto
de la Cruz Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa, presidente del Frente Popular
tinerfeño, y el socialista Emiliano Díaz Castro entre otros.
Tras reunirse en Madrid con Manuel Azaña, futuro presidente
de la República, y con Indalecio Prieto los presos salen en libertad y regresan
amnistiados a su pueblo, donde reciben el homenaje de los suyos, y vuelven a
abrazar a sus familiares y a reanudar su vida como si nada hubiera pasado.
La felicidad les duró muy poco. En la madrugada del 14 de
julio el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, fue a visitar a
Juan-Simeón Vidarte, uno de los defensores de los presos de Hermigua, y a
Indalecio Prieto (por este orden) y les comunicó que él y otros habían secuestrado
al diputado José Calvo Sotelo, se les había ido la mano y lo acababan de
asesinar.
Cuatro días más tarde, al producirse el golpe de Estado del
18 de julio de 1936, las fuerzas de derechas de la villa, con el cabo José
Garrote de Pedro al frente, se hacen con el control absoluto del municipio.
Horas después, los protagonistas de los sucesos de marzo de 1933 son detenidos,
encarcelados y torturados por los falangistas. Sus mujeres e hijos, obligados a
tomar aceite de ricino y a barrer el pueblo con las cabezas rapadas al cero.
Sólo
uno de los dirigentes de la Federación Obrera de la Gomera, el comunista Guillermo
Ascanio Moreno, de Vallehermoso, ingeniero formado en Berlín, logra salvar la
vida y se traslada a Madrid donde en 1936 organiza el Batallón de Canarios
Voluntarios para la defensa de la capital. De allí pasa a mandar la VIII
División del Ejército del Centro. Hasta el 5 de marzo de 1939 en que el coronel
Segismundo Casado da un golpe de Estado y rinde la capital de España al general
Franco. Entonces, Ascanio se subleva contra sus mandos y, al frente del II
Cuerpo de Ejército, se dirige al norte de Madrid para intentar salvar a la
Republica. Detenido, sería fusilado el 4 de julio de 1941. Su caso es
equiparable al del tinerfeño del bando republicano, Juan Perea Capulino, que de
soldado raso acabó de general y terminó mandando el XXI Cuerpo de Ejército en
la Batalla del Ebro y finalmente todo el Ejército del Este. En el bando
nacional, hubo otro caso de un canario, Antonio Alemán, que de soldado raso
llegó a teniente general. Condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando fue
además medalla militar individual. Sus pertenencias están en el museo de la Academia
de Infantería de Toledo.
El resto de los protagonistas de los sucesos de la villa de
Hermigua, tras sufrir todo tipo de vejaciones y humillaciones son trasladados
en barco desde San Sebastián de la Gomera hasta el puerto de Santa Cruz de
Tenerife para ser puestos a disposición de la nuevas autoridades judiciales y
encarcelados en la prisión de Fiffes. Sólo unos pocos llegaron[16].
La mayoría fueron arrojados al mar con las manos atadas a la espalda y una
piedra al cuello, en un acto de crueldad y salvajismo inenarrable en cualquier tiempo y lugar.
Se cumplían así, aterradoramente, las premonitorias frases
de Manuel Portela Valladares «reciben
ustedes el poder con el tigre en la puerta» y de Indalecio Prieto
publicadas en El Liberal de Bilbao el 15 de julio de 1936, tras el
entierro en el cementerio del Este de Madrid del teniente Castillo y de José
Calvo Sotelo, uno recibiendo «honores» militares de la Guardia de Asalto y el
otro de la Guardia Civil, reflejo vivo de las dos españas.
«Si la reacción sueña con un golpe incruento, como en 1923, se equivoca (…) Esta será una batalla a muerte. Cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel».
En Hermigua, un pueblo pacífico y trabajador, sus presagios
se cumplieron con creces. Con un importante matiz. Aunque el municipio no fue declarado
nunca zona de guerra ̶ sí lo fue por
unos días el cercano de Vallehermoso ̶ las víctimas fueron en su mayoría
sus propios correligionarios. Con otro añadido. Los verdugos, en muchos casos,
los amigos de la infancia, del colegio e incluso los compañeros de sindicato,
como ocurrió en otras partes de España, entre ellas Badajoz, Málaga, Bilbao o
Santander[17].
De ahí que los cadáveres jamás hayan sido encontrados. Por
lo que en este caso la consabida frase latina Sic tibi terra levis habría que
cambiarla por esta otra Sic
tibi pelagus levis aunque tal vez a muchos lectores les parezca una
monstruosa herejía. Arrojar a
decenas de hombres al agua con una piedra al cuello no es una muerte digna sino
un acto de crueldad innecesario. Incluso para sus verdugos, de haberse
producido la invasión de España por los aliados tras la II Guerra Mundial.
[El texto puede leerse íntegramente en el suplemento de la edición
de El Día de Tenerife del 28 de marzo de 2013]
[1]
Los sucesos de Hermigua tuvieron trascendencia nacional. En la primera foto
puede verse a los nueve abogados del caso, presididos por (1) Luis Jiménez
Azúa, padre de la
constitución republicana y uno de los mejores
juristas españoles de todos los tiempos; Juan-Simeón Vidarte (2), diputado
Badajoz y miembro ejecutiva PSOE, secretario del Congreso de los Diputados en
primera legislatura y (3) el diputado tinerfeño Emiliano Díaz Castro. Éste fue
encarcelado por incitar a la violencia en Hermigua y se le abrió causa separada
del resto de los presos dos veces. Resultó absuelto. Iba en barco a Madrid el
18 de julio de 1936 junto con otro de los letrados, el diputado por el
Puerto de la Cruz Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa (asesinado). Al
enterarse de los sucesos Luis Rodríguez Figueroa se baja del vapor en Cádiz y
es detenido. Lo traen a Tenerife y lo matan. Emiliano Díaz Castro continúa
rumbo a Barcelona. Desciende allí y gracias a eso salva la vida. La segunda
foto corresponde a un plano de Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa. La tercera,
es un retrato de Guillermo Ascanio. La siguiente corresponde al pescante de
Hermigua. La quinta es el lugar aproximado donde ocurrieron los sucesos. Y la
sexta, una foto aérea de la isla de La Gomera.
[2]
Las Cortes de Cádiz de 1812 en su artículo 10 establecen el alcance del
territorio nacional pero no entra en detalles acerca de su estructura por
municipios, provincias o regiones. En 1822 se promulga una División Territorial
de España de Fernando VII y en 1833 la Ley de Plantas de Javier de Burgos.
[4]
José Ramón Fernández Díaz, Antonio Lara Zárate, Enrique Izquierdo Jiménez,
Rafael Rubio Carrión, Vidal Gil Tirado, Juan C. González Quesada,
Rufino Blanco Fombona, Rafael de Pina Milán, Enrique Malboysson Ponce,
José Onofre Jesús, Tomás Salgado Pérez, Enrique Martínez Ruiz-Delgado y Manuel
Vázquez Moro. Algunos de ellos ostentaron el cargo horas o días.
[5]
Por un supuesto delito de «incitar a la violencia» en Hermigua fue encarcelado
el 4 de abril de 1933 y puesto en libertad por falta de pruebas el 20 de mayo
de ese año.
[6] Diario
de Sesiones del Congreso. Los sucesos de Casas Viejas provocaron la caída
del gobierno republicano-socialista de Azaña, al perder apoyos por la derecha y
la izquierda.
[7]
Si por una catástrofe atómica se perdieran todos los escritos sobre Derecho
Penal pero se salvase el Tratado de Jiménez de Asúa, no se habría perdido nada.
(Nelson Hungría)
[8]
Francisco Franco embarcó en Cádiz el 9 de marzo de 1936 con destino a Tenerife.
Poco antes el gobierno del Frente Popular le había nombrado nuevo comandante
militar de Canarias para impedir el inminente golpe de Estado.
[9]
Hasta el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, censuraba sus juicios
sumarísimos seguidos de ejecuciones masivas por lo que, tras la guerra, fue «desterrado»
a Las Palmas.
[10]
El condenado a 20 años de reclusión mayor fue Domingo Medina Santos, que había
resultado herido grave en el tiroteo.
[11]
En el texto figuran cuatro personas apellidadas Ascanio, dos de Hermigua,
Fernando y Pablo Ascanio Armas, y dos de Vallehermoso, Juan Pedro Ascanio
García y Guillermo Ascanio Moreno.
[12]
El 5 de marzo de 1937, un total de 56 vecinos de Hermigua se habían unido a la
Falange y al Movimiento Nacional, según acta del jefe local de Falange, Antonio
Fagundo Fragoso. «Todos son personas de mi más absoluta confianza, los
cuales al poco de iniciarse el Movimiento Nacional, vieron la salvación de
España y no dudaron un solo momento en ofrecerse voluntarios para servirla»,
afirma Fagundo. La mayoría de ellos acabarían en el frente de Brunete (6 al 25
de julio de 1937). Veintitrés de ellos, afiliados a Falange, no salieron de
Tenerife. Otro dato curioso, 18 habían pertenecido a UGT.
[13]
Voluntarios de derechas en la Guerra Civil por Hermigua: Alonso Trujillo Mora,
José Mendoza Trujillo, Luis Trujillo Fagundo, Raúl Méndez Aguilar,
Norberto y Domingo Méndez Suárez, Ángel Bencomo León, Nicolás Bencomo
Rodríguez, Francisco Santamaría Villena, Saturnino Trujillo Trujillo, Agustín
Brito Nieblas, Antonio y Sebastián Bencomo Bento, Santiago Méndez Pérez, José
Aguiar Rodríguez, Manuel Méndez Méndez, Francisco Bencomo Mendoza, Manuel
Trujillo Fagundo, Juan Méndez Pérez, Vidal Pérez Moreno, Domingo Herrera,
Vicente Pérez Méndez, Domingo Trujillo Trujillo, José Barrera Hernández,
Antonio Lemus Amaro, Vicente Herrera Clemente, Francisco Medel Amaro, Ramón
Plascencia Hernández, Alfonso Méndez Suárez, Rafael Bencomo Rodríguez, Pedro
Cubas Darias, Asencio Herrera Trujillo, Manuel Santos Trujillo, Amadeo Izquierdo
Izquierdo, Alberto, Virgilio y Miguel Trujillo Fragoso y Antonio
Fagundo.
[14]
Ex sindicalistas miembros de UGT y CNT que figuran en un listado de Falange
como adheridos al Movimiento Nacional una vez disuelta la Federación Obrera:
José Negrín Domínguez, Benjamin Mora Cabrera, Domingo Cabrera Marichal, José
Pérez Moreno, Ángel Medina Sánchez, Ramón Brito Medina, Juan
Hernández Prieto, José Alzola Pineda, José Arteaga Alzola, Domingo Pineda
Herrera, Juan Morales Mendoza, Domingo Herrera Piñero, Manuel Cubas Hernández,
José Magdalena Torres, Ramón Correa Herrera, Ramón Pineda Alzola, Manuel
Fragoso Fagundo y José Almenara Herrera
[15]
El 29 de octubre de 1934 son clausurados sus locales de la Federación Obrera de
Vallehermoso, construidos en terrenos de Guillermo Ascanio. El sindicato, sin
embargo, sigue funcionando en el resto de los municipios de la isla.
[17]
Las personas ejecutadas por los pistoleros de Falange y otros fueron Leoncio
Fagundo Hernández, Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, Manuel
Avelino Perdomo Plasencia, Vicente Valladolid Mesa, José León Piñero, Domingo
Rodríguez Henríquez, Juan Martín Hernández, Antonio Martín Hernández, Antonio
Hernández García, Manuel Casanova Medina, Jesús Chávez, Tomás Brito
Méndez, Enrique Bizcaría, Antonia Pineda Prieto y su hijo recién nacido y
Fernando y Pablo Ascanio Armas. Tal vez habría que añadir al alcalde de Santa
Cruz y a un diputado por el Puerto de la Cruz, ya citados, defensores de los
acusados y de otros casos parecidos.
No comments:
Post a Comment