MIENTRAS EL GOBIERNO SOBORNA A TERRORISTAS LOS JEFES DE LOS AGENTES ASESINADOS EN AFGANISTAN CARECÍAN DE INFORMACION PARA PREVENIR UN ATAQUE TALIBÁN

Hace apenas dos días, con motivo del pago de un rescate de entre 7 y 10 millones de euros al grupo terrorista Al Qaeda del Magreb Islámico a cambio de la liberación de los cooperantes catalanes Albert Villalta y Roque Pascual, escribí en este mismo blog un artículo titulado: «El Gobierno echa gasolina al fuego del terrorismo islámico al pagar la liberación de unos rehenes frente al resto de la comunidad internacional».

Apenas cuarenta y ocho horas más tarde, uno de los primos-hermanos de los terroristas árabes del Sahel, un talibán infiltrado entre las tropas españolas desplegadas en Afganistán asesinaba al capitán de la Guardia Civil José María Galera Córdoba, 33 años y natural de Albacete y al alférez del mismo cuerpo, Leoncio Bravo Picayo, de la misma edad, nacido en La Coruña y a un interprete nacionalizado español, Ataollah Taefi Kalili.

Los hechos ocurrían en la antigua base de la OTAN de Qala-i-Naw, capital de la provincia de Bagdhis, al noroeste del país, donde los dos oficiales del Instituto Armado, junto con otros compañeros estaban impartiendo un curso de formación a la futura policía afgana.

Aunque el diario El País en su edición digital afirmó que el terrorista Ghulam Sakhi, era un hombre de «absoluta confianza» del capitán asesinado, es sorprendente este hecho, especialmente teniendo en cuenta que los expertos de los Grupos Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil con base en Logroño llevaban en el país apenas unos meses, desde finales de marzo. Más extraño resulta aún que simultáneamente, un numeroso grupo de personas de entre 1000 y 2000, trataran de asaltar las instalaciones militares hasta ser repelidos por los soldados de guardia, que causaron un total de 18 heridos por arma de fuego. Y que los altos mandos del contingente militar español ni los agentes del CNI desplegados en la zona, debido a un fatal fallo de inteligencia, tuvieran información previa del asalto que se avecinaba.

Aunque no puede establecerse ninguna relación entre los terroristas que cobraron un suculento rescate por la liberación de los dos cooperantes catalanistas, a los que le gusta retratarse con la Senyera, y el terrorista afgano, salvo que ambos grupos funcionan bajo las órdenes de Al Qaeda, el lamentable atentado contra los instructores de la Benemérita, debería constituir una lección para el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y la ministra de Defensa, la catalanista pseudoseparartista Carmen Chacón.

Con los terroristas, sean de la clase que sean pero especialmente si son anáticos seguidores de Al Qaeda, obsesionados con acabar con los infieles para reestablecer el viejo Califato de los Omeyas en el mundo, no cabe negociación alguna. Y mucho menos darles dinero y liberar de la cárcel a otros terroristas más peligrosos, como ocurrió recientemente con Uld Sid Ahmed Uld Hame, conocido como Omar Saharaui, para «comprar las vidas» de los rehenes españoles. Nicolas Sarkozy acaba de dejarlo meridianamente claro.

DOS DIAS DESPUES DE QUE EL GOBIERNO LLENARA LOS BOLSILLOS A LOS TERRORISTAS DEL MAGREB, UN TALIBÁN, PRIMO-HERMANO DE ESTOS, ASESINABA A DOS OFICIALES DE LA BENEMERITA

Porque por cada euro gastado en salvar un ser humano, se apellide Villalta o Pascual, se está financiando la bala para los cabecillas de la banda islamista pueda secuestrar o matar a placer a otro compatriota o miembro de la UE; cada vez que presione y se llene los bolsillos de dinero a un Gobierno como el de Mauritania para liberar a un terrorista, está diciéndole a los yihadistas del Sahel que puede salirse con la suya, que el Reino de España va cederá frente a la amenaza, la presión y el chantaje. Y que el resto de los paises europeos, siguiendo el precedente español, tarde o temprano acabarán dejándose de complicaciones y haciendo lo mismo.

Aunque es cierto que desde el atentado del 11-M en Madrid un sector de la opinión pública mayoritariamente de izquierdas, los escasos lectores de Público, prefiere ver a Rodríguez Zapatero tal y como es, bajándose los pantalones y arrodillándose ante cualquier grupo de pistoleros harapientos y desalmados a asumir nuevos riesgos, cualquier manual antiterrorista explica cómo hay que resolver estas situaciones de crisis: el Estado, que tiene el monopolio de la violencia, dispone de dos unidades de élite, los Grupos Especiales de Intervención (Geos) y la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, las cuales han demostrado plena eficacia en todas sus misiones tanto dentro como fuera de España, de manera especial asaltado barcos con alijos de cocaína en no menos de cincuenta ocasiones a la altura de las Azores o de las Islas Canarias.

Porque con esta práctica del «sálvese quien pueda» del Gobierno, insolidaria con el resto de los países europeos también amenazados, España vulnera la resolución 1904 de la ONU de fecha 17 de diciembre de 2009 que condena la financiación de redes terroristas y criminaliza el pago de rescates. En este texto, aprobado por unanimidad de los países miembros de las Naciones Unidas se expresa el compromiso inequívoco de tomar medidas contra el «pago de rescates», a «no someterse al chantaje de los terroristas» y a «combatir globalmente sus redes y vías de financiación», premisas todas ellas infringidas en la liberación de los cooperantes.

Su rescate se hizo de forma tan denigrante y vergonzosa que hasta la televisión mauritana filmó y difundió un vídeo en el que se ve a uno de los terroristas liberados de una cárcel de Nouakchott, Omar Saharaui, departiendo alegremente con los dos ex rehenes, sin que el Gobierno tomara la decisión de proceder a su captura, interrogatorio y desarticulación de las madrigueras de Al Qaeda en el Magreb, una vez puestos a salvo los miembros de la ONG, como ha hecho Francia en ocasiones similares.

Porque, el dinero publico invertido por Zapatero en alimentar la industria del crimen, cuyos nefastos resultados se verán en los próximos meses, probablemente hubiera sido mucho más útil en la provincia de Bagdhis, en Afganistán. Aunque no es posible hacer cábalas ni aventurar si el mismo hubiera podido evitar los asesinatos del capitán Galera y del alférez Bravo, invertido en la creación de una buena red de informadores sobre el terreno, tal vez pudo haber detectado a tiempo las conexiones de Ghulam Sakhi con los talibán.

LOS AGENTES SECRETOS ASESINADOS EN IRÁN AÑOS ATRÁS TRABAJABAN EN UNAS CONDICIONES QUE NADIE ENVIDIARIA. EL JEFE DE LA CELULA SE PAGABA EL ESCOLTA DE SU BOLSILLO

No es ningún secreto que las guerras se ganan disponiendo de buenas unidades militares bien adiestradas pero, sobre todo, contando con buenos canales de información sobre los propósitos del enemigo para anticiparse a sus planes. El Gobierno, sin embargo, prefiere gastarse el dinero en mapas del clítoris, dando ayudas sin fin a Marruecos, o en pagar los rescates a los terroristas del Alakrana o del Playa de Bakio entre otros, con lo que está contribuyendo echar más gasolina al fuego del terrorismo, lección que haya ETA ha aprendido hasta el punto de que, con un descaro tremendo, ha solicitado al ejecutivo tres millones de euros para no exigir el «impuesto revolucionario» a los empresarios vascos y seguir manteniendo engrasada y a punto su infernal maquinaria de matar, en el caso de decretar una tregua.

Todo lo cual no sólo no es de recibo sino que tiene indignados a un sector de los servicios de inteligencia que recuerdan como, a finales de 2003, ocho de sus agentes perdieron la vida en Irak, uno asesinado en su casa y los otros siete en una emboscada en la carretera de Bagdad a Diwaniya y Nayad al ser traicionados por algunos de sus colaboradores shiíes debido a otro fallo de inteligencia y al estar operando sin vehículos blindados, sin teléfonos móviles por satélite individualizados con GPS, sin el armamento adecuado para repeler una agresión en una zona de guerra y en unas condiciones que nadie envidiaría.

«El jefe de la célula ─recuerda uno de los agentes─, el comandante Alberto Martínez González, vivía en un pequeño dormitorio de dos camastros en las instalaciones de la antigua universidad, entre las ciudades de Nayaf y Kufa. Vestía ropas civiles y se había dejado bigote para camuflarse en el paisaje humano de Nayaf. Su dominio de la lengua árabe le permitió disponer de excelentes contactos para contrarrestar cualquier amenaza contra las tropas españolas. Como carecía de fondos se pagaba de su bolsillo a un guarda de seguridad privado y que heredó después su sucesor. Su única protección era su pistola que llevaba montada bajo la camisa, de la cual nunca se desprendía». La escena de su asesinato en una emboscada en la que participaron 41 terroristas, vuelve a repetirse 7 años después en Afganistán cobrándose las vidas de dos oficiales de la Guardia Civil.

Si en lugar de invertir tanto dinero su «Alianza de Civilizaciones», en organizar conferencias para explicar el «buenismo» del Gobierno español, en poner la otra mejilla para que te la partan y en rebajar al Estado al papel de negociar con delincuentes la vida de seres humanos lo hubiera invertido en crear buenas redes de información muchas de estas desgracias tal vez podían haberse evitado. Pero del «bombero-pirómano» de La Moncloa, dispuesto a hacer lo que sea para no perder las elecciones en Cataluña hasta el punto de no enviar a los GEOS a Malí y asumir así una «política de riesgo cero», de la bajeza moral de quien le quita el dinero con una mano a las Fuerzas Armadas y a las de Orden Público y entregárselo con la otra en secreto a los terroristas para que no le molesten, de Zapatero, repito, cualquier cosa puede esperarse.

EL GOBIERNO ECHA GASOLINA AL FUEGO DEL TERRORISMO ISLAMICO AL PAGAR POR LA LIBERACIÓN DE UNOS REHENES FRENTE AL RESTO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Hubo un tiempo en la reciente historia de España donde pagar un rescate a una organización terrorista a cambio de que esta pusiera en libertad a un secuestrado estaba tipificado como delito de «colaboración con banda armada».

Aunque la policía ponía todos los medios para descubrir sus guaridas y apresar a los terroristas no siempre se conseguía. Pero estaba prohibido, sin embargo, doblegarse a sus exigencias. Se partía de la base de que el llamado «impuesto revolucionario» que pagaban los empresarios vascos lo mismo que el abono de una suma de dinero para salvar la vida de un rehén suponía dar a los terroristas, además de publicidad, el oxigeno necesario que necesitaban para que siguieran financiando su «cultura de muerte». «Por cada empresario que paga a ETA para salvar una vida o dormir tranquilamente se está poniendo en peligro o quitando la vida a otras diez personas», solía decir el ministro del Interior Juan José Rosón, ya fallecido.

Por eso, los familiares y algunos de los últimos secuestrados por ETA, desde Cosme Delclaux a Emiliano Revilla o a José María Aldaya, tuvieron que comparecer ante la Audiencia Nacional a explicar por qué habían accedido al chantaje terrorista. Allí, para impedir que pudieran pasar del zulo de la banda armada a Carabanchel o Herrera de la Mancha, sus abogados esgrimían con gran habilidad dos eximentes de la responsabilidad criminal: el estado de necesidad y el miedo insuperable.

Frente a esta actitud vigente al menos hasta 2004 de oponerse a cualquier extorsión terrorista, tras la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y su «alianza de civilizaciones» se ha instalado el la administración la tesis contraria.

Tras la liberación de La liberación de Albert Villalta y Roque Pascual, secuestrados por Al Qaeda en el Magreb Islámico, nadie cuestiona que el Gobierno español pagó un rescate que podría oscilar entre los 3,8 millones de Euros de los que habla la prensa española o entre 5 y 10 que apunta la cadena Al Arabiya. Y que, además, ha sobornado con ayudas al desarrollo al gobierno de Mauritania para que pusiera en libertad a uno de los autores materiales del secuestro de los tres cooperantes, Omar Uld Sid Ahmed Uld Hame, conocido como Omar Saharaui, condenado y preso en el país del Magreb.

Lamentablemente, este talante pusilánime y derrotista de José Luis Rodríguez Zapatero no es nuevo. Frente a los gobiernos británico y francés, que se han negado a entrar en el juego sucio de los yihadistas y a la actitud inflexible de Nicolás Zarkozy, que ha mandado a sus tropas de élite a Somalia y a Malí a liberar a los secuestrados de su país, el Reino de España ha asumido la costumbre echar más gasolina al fuego del terror, como ha quedado demostrado en secuestros anteriores, en el de los buques Playa de Bakio y Alakrana, o en el de la cooperante Alicia Gámez.

Zapatero vuelve una y otra vez a bajarse los pantalones ante los terroristas, como ha hecho los grupos separatistas marroquíes teledirigidos desde Rabat en Melilla, accediendo a sus demandas económicas para rearmarse. Algo extremadamente grave por el efecto contagio que tiene y por las ínfulas que infunde a la Guerra Santa del Islam, por todo lo cual el bombero-pirómano español debería ser llamado al orden no sólo dentro de España sino por la comunidad internacional cuando Al Qaeda del Magreb decida gastarse el dinero del Gobierno jugando con el pellejo de otras víctimas españolas o de cualquier otra nacionalidad.

CADA EURO PAGADO A LOS TERRORISTAS ISLAMICOS POR EL BOMBERO-PIRÓMANO DE LA MONCLOA REPRESENTA UNA NUEVA BALA PARA SECUESTRAR O ASESINAR A OTRO O A CUALQUIER EUROPEO

Porque por cada euro gastado en salvar la vida de un español, se apellide Villalta o Pascual, se está comprando la siguiente bala para que Mokhtar Belmokhtar, el cabecilla de la banda islamista que tuvo retenidos a los cooperantes españoles, pueda secuestrar o matar a un español, a un belga o a un inglés; cada vez que le llene los bolsillos de dinero a un Gobierno como el de Mauritania para liberar a un terrorista, está diciéndole a Al Qaeda de el Magreb Islámico que puede salirse con la suya y que los «débiles y corruptos» gobiernos occidentales, de los que el de España es el peor ejemplo, van a ceder siempre a la amenaza.
Aunque no cabe otra cosa que la de alegrarse y solidarizarse con sus familiares por la liberación de los cooperantes españoles tras casi nueve meses de largo y doloroso cautiverio, hay que criticar con la mayor dureza posible las formulas empleadas para la puesta en libertad. La vida es el don más preciado que existe y pagar una extorsión para conservarla es legítimo, humano y admisible siempre que quienes lo hagan sean los familiares, los amigos o los parientes más cercanos de las víctimas. Cuando es todo un Gobierno de una nación soberana como es el caso de España el que claudica y sucumbe a las presiones de una banda de facinerosos paga, dar por resuelto el caso, pasa página y se olvida del grave incidente como si no hubiera ocurrido nada la actitud de nuestros representantes politicos empieza a ser cuestionable.
De otra parte, con esta práctica del «sálvese quien pueda» del Gobierno, insolidaria con el resto de los países, España vulvera la resolución 1904 de la ONU de fecha 17 de diciembre de 2009, es decir, de hace menos de un año, que a petición de Argelia condena la financiación de redes terroristas y criminaliza el pago de rescates. En el texto de esta resolución, aprobada por unanimidad de los países miembros de las Naciones Unidas se expresa la «preocupación por el aumento de casos de secuestro perpetrados por entidades asociadas con Al Qaeda o los talibán con el fin de recaudar fondos». Asimismo, los gobiernos se comprometen a tomar medidas contra el «pago de rescates».

En este sentido, la prueba más palpable de la debilidad de Zapatero y su sumisión a las exigencias cualquier banda terrorista queda al decubierto al compararla con la resolución de su homónimo francés Sarkozy en las ultimas crisis terroristas. En una situación similar, en lugar de poner en libertad al terrorista Rachid Ramda, preso en una cárcel de Paris, tal y como exigían los terroristas, el mandatario galo envió a los Commandos d'Opérations Spéciales a Malí a liberar al prisionero Michel Germeaneau el 21 de julio pasado.

Bien es cierto que tras el fracaso de la operación, que se saldó con siete terroristas muertos, el 24 Al Qaeda del Magreb Islámico asesinaba a Germeaneau, pero que el asunto pudo haberse saldado de otra manera si el Gobierno español hubiera aceptado la propuesta de Sarkozy de asaltar conjunta y sincronizadamente los campamentos de Abu Zeid y de Mokhtar Belmokhtar, los dos cabecillas de Al Qaeda, que tenían retenidos al francés y a los cooperantes españoles. Pero las autoridades españolas, en lugar de sumarse a la acción, se mostraron preocupadas e inquietas durante una larga semana no fuera a que los rehenes españoles fueran ejecutados por solidaridad entre grupos terroristas afines y hay quien afirma incluso que pusieron sobreaviso a los terroristas islamistas.

Porque a lo que el mandatario español aspira es a no comprometerse politicamente con nada, a dejar que el terrorismo imponga su voluntad comprometiendo con ello a sus socios europeos y colocarles ante la disyuntiva de tener que pagar y a tener un Ejército para hacer de bomberos, achicar agua en las inundaciones, aunque ello tenga un grave coste: someterse a las intimidaciones y exigencias de cualquier individuo o grupo de individuos desarrapados y mugrientos que amenace o amenacen a un ciudadano español con una pistola.

Que sea el Gobierno el que delinque, el que se rebaja a la altura de los terroristas, negocia con ellos y pone precio a la vida de sus ciudadanos no es en absoluto de recibo. Entre otras cosas porque salvo en los Estados Unidos y algún que otro país aislado, donde está permitido portar armas de fuego y emplearlas en defensa propia, en toda Europa y especialmente en España el uso legítimo de la violencia es una prerrogativa del Estado. En consecuencia, velar por la seguridad y la integridad de todos sus ciudadanos lo es también.

EL GOBIERNO DETENTA EL USO LEGÍTIMO DE LA VIOLENCIA PARA TENER AL EJERCITO EJERCIENDO DE BOMBEROS O ACHICANDO INUNDACIONES Y A LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS DE BRAZOS CRUZADOS

Y, que se sepa, en ningún momento la ministra de Defensa, Carmen Chacón o el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidieron hacer el uso proporcionado y adecuado de la fuerza para liberar a punta de pistola o con gases lacrimógenos que eso da lo mismo a los cooperantes españoles, teniendo detenido y a su disposición en Nuakchott al jefe de los comandos y pudiendo contar con información de primera mano para llegar a sus madrigueras.

Tampoco puede argüirse que se haya tratado de un problema de falta de medios, que el Gobierno los tiene de sobra, sino de una clara falta de voluntad política para hacer frente al terrorismo. Antes que Francia decidiera hacer frente al terrorismo, otros países como Israel mandaron a sus unidades de élite en julio de 1976 al aeropuerto de Entebbe (Uganda), a casi 4.000 kilómetros de distancia, a liberar a sus 103 ciudadanos secuestrados por terroristas del Frente Popular para la Liberación de Palestina, abatiendo a 13 terroristas alemanes y palestinos y liberando a la mayoría de los rehenes. Un año más tarde, en noviembre de 1977 la República Federal de Alemania hacía lo mismo. Enviaba a su unidad de élite, el GSG-9, a Mogadiscio (Somalia) a asaltar un avión secuestrado de la Lufthansa y a salvar la vida a un centenar de pasajeros rehenes de otro comando palestino.

Por eso, la actitud del Gobierno español, que dispone de dos unidades de élite, la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil y los Grupos Especiales de Operaciones (GEOS) de la Policía Nacional, es más reprobable aún. Porque pese a que el Código Penal sigue tipificando como delito muy grave el pago de rescates o cualquier auxilio a grupos terroristas, es el propio Estado el primero en incumplir sus propias leyes.

De manera que quienes han mantenido a los dos cooperantes privados de libertad durante nueve meses en el desierto, tienen desde hoy muchos más medios económicos para perpetrar nuevos crímenes y un aliciente añadido para secuestrar especialmente españoles. No es probable, sin embargo, que se fijen precisamente en Miguel Ángel Moratinos, Alfredo Pérez Rubalcaba o en la mitad o más del Gobierno de Rodríguez Zapatero, los cuales según todos los observadores están de sobra en el gabinete y que en el caso, no deseable por supuesto, de que estuvieran el tiempo exacto de un embarazo en cautiverio es probable que nadie les echara en falta.

EL GOBIERNO SE INSTALA EN LA DELINCUENCIA POLITICA CON EL FIN DE GANAR LAS ELECCIONES EN CATALUÑA

El ministro de Justicia Francisco Caamaño es sin duda uno peso pesado. Basta observar sus fotos para ver que en la báscula arroja más kilos de los habituales y que es, al mismo tiempo, un pez gordo dentro de la masonería. Puede decirse, metafóricamente hablando, que tiene sobrepeso en el cuerpo y el alma. El exceso de adiposidad dicho en términos políticos y no personales, sin embargo, no convierte a nadie en buen gobernante.

Es más, si se aplicara al actual ejecutivo las leyes de Murphy, la mayoría de los ministros no pasarían de ser unos simples directores generales o como mucho, subsecretarios. Caamaño tampoco sería la excepción y, siendo demasiado benévolos con su trayectoria, hasta podría otorgársele el titulo de secretario de Estado de relaciones con el órgano de Gobierno de los jueces y magistrados.

Porque si, de acuerdo con la Constitución, el Judicial constituye uno de los tres poderes del Estado, está de más que el Gobierno siga manteniendo todo un ministerio para controlar a un sector de fiscales, jueces y magistrados con el único propósito de utilizarlos como instrumentos a su servicio, para lanzarlos como perros rabiosos contra la oposición. Con un cabo furriel encargado de pagar la nómina a jueces y magistrados hubiera bastado. Y Caamaño tiene toda la pinta de un cabo furriel o, como mucho, de un sargento de cocina bien cebado.

En este país donde desde 2004 la cosa pública se ha convertido en cosa de necios, con un individuo como José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno, debido a la ineficacia de su compañero Celestino Corbacho que debería haberle declarado «inútil total» para el trabajo hace años, Caamaño acaba de ser llamado para más altos, excelsos y gloriosos menesteres al servicio de la causa socialista. Porque, aunque mucha gente lo ignora, el ministro de Justicia maneja un instrumento de poder poco conocido, la Comisión General de Codificación, el organismo que redacta o supervisa todos los proyectos de Ley del Gobierno.

Por eso y no por otros méritos, Caamaño ha sido encargado por el último Consejo de Ministros de realizar las pertinentes reformas legislativas para burlar y eludir la Constitución, suplantar la voluntad popular y el Estado de Derecho y conceder a Cataluña las competencias judiciales que le habían sido negadas en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, lo que supone una burla y un timo a todos los españoles.

Y lo que es más inquietante aún. De llevarse a cabo esta reforma, planteada con fines exclusivamente electoralistas y en beneficio de los socialistas catalanes, el coruñés sería el primer ministro que, en lugar de guardar y hacer guardar la ley, se convertiría en el primer delincuente político conocido de la historia de España. Siendo ministro de Justicia y notario mayor del Reino, encargado de velar porque sus compañeros de gabinete cumplan su juramento o promesa, su responsabilidad sería mucho mayor todavía.

Porque, lo que intenta este presidente de Gobierno genuflexo, con las dos rodillas en tierra ante las presiones de la Generalitat, es como poco un flagrante fraude de Ley, contemplado como delito en el Código Penal vigente ya que las sentencias del Constitucional están para acatarlas y además cumplirlas. Dentro de todos los posibles desmanes que pudieran cometerse, la quiebra de la unidad e independencia del poder judicial que pretende Rodríguez Zapatero para satisfacer las apetencias de su colega José Montilla, constituye el más grave de todos.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE IMPLANTARA UNA JUSTICIA CATALANA COBRAR EL 3 POR CIENTO DEJARIA DE SER DELITO Y ROTULAR O HABLAR ESPAÑOL HASTA PODRÍA SER PENADO POR LOS TRIBUNALES

De modo y manera, y no exagero lo más mínimo, que puede llegar un día no muy lejano en que unos tribunales condenen la corrupción política como lacra de la sociedad y otros consideren normal dentro de las relaciones comerciales el pago del 3 por ciento en sobornos a los partidos políticos; que unas salas de Justicia defiendan la lengua española y otras impongan sanciones a quienes se atrevan a rotular o hablar español en su propia tierra. Que haya una Justicia para la cual la exaltación del terrorismo sea delito y otra que lo considere parte del ejercicio de la libertad de expresión; que existan jueces y magistrados que condenen las corridas de toros y otros disfruten con la Fiesta Nacional. O que existan regiones de España donde los delitos de guante blanco ─ Banca Catalana, Javier de la Rosa, Macía Alavedra, Lluis Prenafeta o Félix Millet ─ formen parte de la cultura empresarial o que graves delitos de asesinato ─ caso de la Dulce Neus ─ sean sancionados con un par de años de cárcel y en el resto de la nación se aplique estrictamente el código penal… Y así sucesivamente hasta agotar el Código Penal. Todo ello en el supuesto poco probable de que los separatistas no consiguieran a medio plazo su fin último, el de rompoer la nación española y crear un estado independiente.

De ahí que pese a estar situados sus miembros al margen de la legalidad, convertidos en una especie de césares visionarios, de reyezuelos absolutistas de la Edad Media, hay quien piensa igualmente que la decisión del Ejecutivo podría ser incluso equiparable a un delito de lesa patria, ya desaparecido de la legislación positiva, cometido por quienes cobran del erario público y tienen el deber y la obligación de defenderla frente a sus enemigos.

En todos los regímenes democráticos, conviene recordarlo, la Justicia constituye la piedra angular del edificio constitucional de toda nación que se precie. Es el último valuarte de los ciudadanos para resolver sus diferencias y defenderse de las arbitrariedades de los gobiernos despóticos como el presente. Si se la divide o aniquila se está poniendo fin igualmente a todo el sistema de valores, de ideas y de sentimientos que han inspirado nuestra civilización, nuestra filosofía de vida y nuestra cultura.

Su voladura supone, además, el hundimiento del régimen de garantías y libertades. Así lo entiende también la asociación Profesional de la Magistratura, que integra al colectivo mayoritario de miembros de la carrera judicial, ha acusado al Gobierno de desacato al no aceptar la sentencia del Tribunal Constitucional y valerse de triquiñuelas y vericuetos alegales para disimular su desafuero.

La partida de póker, sin embargo, no ha acabado. Para que Montilla pueda elegir desde el Palau de la Generalitat a los jueces y magistrados dispuestos a mirar para otro lado ante el cobro de comisiones, como hace ahora el Parlamento regional, o ante el flagrante reparto de las ayudas comunitarias entre los partidos y otras felonías es preciso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el Partido Popular por su portavoz Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado ya que su formación política va a oponerse «con uñas y dientes» para impedir que una barbaridad jurídica de este calibre no llegue jamás al BOE.

EL ACTUAL GABINETE SUPERA EN DESAFUEROS A LA LLAMADA «BANDA DE LOS CUATRO» QUE ASOLÓ LA REPUBLICA POPULAR CHINA A LA MUERTE DE MAO

Lo cual no deja de ser una buena noticia pero no la solución definitiva a los actuales problemas de España. Con el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, trasladando a los terroristas más sanguinarios de ETA al país Vasco para proceder a su suelta; con Zapatero y Caamaño empeñados en dinamitar el Tribunal Constitucional; con Bibiana Aído legalizando el asesinato masivo de seres humanos indefensos; con la separatista catalana Carmen Chacón tratando de desmantelar lo poco que queda del ejercito para que los separatistas vascos y catalanes consigan sin problemas su últimos objetivos militares, con Miguel Ángel Moratinos obsesionado en apoyar los regímenes políticos de Palestina, Marruecos, Bolivia, Venezuela y Cuba; con María Teresa Fernández de la Vega, vulnerando la Ley Electoral al inscribirse en una vivienda desocupada de Valencia para votar en aquella comunidad y apoyando y respaldando desde la cocina de La Moncloa todas estas actitudes, con José Bono y otros muchos justificando lo injustificable, la cuadrilla que nos gobierna está más cerca de la «banda de los cuatro» que de una equipo de personajes cohesionados y respetuosos de las leyes y celosos con su aplicación.

Visto este estado de cosas, al PSOE ya sólo le faltaría imitar a la presidenta de Unión Mallorquina, María Antonia Munar, gracias a cuyo apoyo gobierna en Baleares el socialista Francesc Antich, y dedicar el dinero público a la compra de votos entre la honorable colonia argentina [el país que nutre de psicoanalistas al resto del mundo con el propósito de que persigan con sus camillas al resto de sus compatriotas emigrados], para que ya no quepa duda de que los seguidores de Pablo Iglesias se han instalado pura y simplemente en el ámbito de prevaricadores y criminales políticos.

Y para que, a partir de ahora, se plantee como cuestión prioritaria la llegada al poder de una nueva clase política que regenere el sistema democrático de una vez por todas y ponga fin a tanto desmán. Y a tanto michelín político, a tanto dirigente inútil cuya grasa amorfa y perniciosa no es más que la consecuencia de chupar la sangre al Estado y de aniquilar, de paso, los valores y las esencias más básicas y elementales de la nación española para seguir campando a sus anchas.

EL GOBIERNO SE INSTALA EN LA DELINCUENCIA POLITICA CON EL FIN DE GANAR LAS ELECCIONES EN CATALUÑA

El ministro de Justicia Francisco Caamaño es sin duda uno peso pesado. Basta observar sus fotos para ver que en la báscula arroja más kilos de los habituales y que es, al mismo tiempo, un pez gordo dentro de la masonería. Puede decirse, metafóricamente hablando, que tiene sobrepeso en el cuerpo y el alma. El exceso de adiposidad dicho en términos políticos y no personales, sin embargo, no convierte a nadie en buen gobernante.

Es más, si se aplicara al actual ejecutivo las leyes de Murphy, la mayoría de los ministros no pasarían de ser unos simples directores generales o como mucho, subsecretarios. Caamaño tampoco sería la excepción y, siendo demasiado benévolos con su trayectoria, hasta podría otorgársele el titulo de secretario de Estado de relaciones con el órgano de Gobierno de los jueces y magistrados.

Porque si, de acuerdo con la Constitución, el Judicial constituye uno de los tres poderes del Estado, está de más que el Gobierno siga manteniendo todo un ministerio para controlar a un sector de fiscales, jueces y magistrados con el único propósito de utilizarlos como instrumentos a su servicio, para lanzarlos como perros rabiosos contra la oposición. Con un cabo furriel encargado de pagar la nómina a jueces y magistrados hubiera bastado. Y Caamaño tiene toda la pinta de un cabo furriel o, como mucho, de un sargento de cocina bien cebado.

En este país donde desde 2004 la cosa pública se ha convertido en cosa de necios, con un individuo como José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno, debido a la ineficacia de su compañero Celestino Corbacho que debería haberle declarado «inútil total» para el trabajo hace años, Caamaño acaba de ser llamado para más altos, excelsos y gloriosos menesteres al servicio de la causa socialista. Porque, aunque mucha gente lo ignora, el ministro de Justicia maneja un instrumento de poder poco conocido, la Comisión General de Codificación, el organismo que redacta o supervisa todos los proyectos de Ley del Gobierno.

Por eso y no por otros méritos, Caamaño ha sido encargado por el último Consejo de Ministros de realizar las pertinentes reformas legislativas para burlar y eludir la Constitución, suplantar la voluntad popular y el Estado de Derecho y conceder a Cataluña las competencias judiciales que le habían sido negadas en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, lo que supone una burla y un timo a todos los españoles.

Y lo que es más inquietante aún. De llevarse a cabo esta reforma, planteada con fines exclusivamente electoralistas y en beneficio de los socialistas catalanes, el coruñés sería el primer ministro que, en lugar de guardar y hacer guardar la ley, se convertiría en el primer delincuente político conocido de la historia de España. Siendo ministro de Justicia y notario mayor del Reino, encargado de velar porque sus compañeros de gabinete cumplan su juramento o promesa, su responsabilidad sería mucho mayor todavía.

Porque, lo que intenta este presidente de Gobierno genuflexo, con las dos rodillas en tierra ante las presiones de la Generalitat, es como poco un flagrante fraude de Ley, contemplado como delito en el Código Penal vigente ya que las sentencias del Constitucional están para acatarlas y además cumplirlas. Dentro de todos los posibles desmanes que pudieran cometerse, la quiebra de la unidad e independencia del poder judicial que pretende Rodríguez Zapatero para satisfacer las apetencias de su colega José Montilla, constituye el más grave de todos.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE IMPLANTARA UNA JUSTICIA CATALANA COBRAR EL 3 POR CIENTO DEJARIA DE SER DELITO Y ROTULAR O HABLAR ESPAÑOL HASTA PODRÍA SER PENADO POR LOS TRIBUNALES

De modo y manera, y no exagero lo más mínimo, que puede llegar un día no muy lejano en que unos tribunales condenen la corrupción política como lacra de la sociedad y otros consideren normal dentro de las relaciones comerciales el pago del 3 por ciento en sobornos a los partidos políticos; que unas salas de Justicia defiendan la lengua española y otras impongan sanciones a quienes se atrevan a rotular o hablar español en su propia tierra. Que haya una Justicia para la cual la exaltación del terrorismo sea delito y otra que lo considere parte del ejercicio de la libertad de expresión; que existan jueces y magistrados que condenen las corridas de toros y otros disfruten con la Fiesta Nacional. O que existan regiones de España donde los delitos de guante blanco ─ Banca Catalana, Javier de la Rosa, Macía Alavedra, Lluis Prenafeta o Félix Millet ─ formen parte de la cultura empresarial o que graves delitos de asesinato ─ caso de la Dulce Neus ─ sean sancionados con un par de años de cárcel y en el resto de la nación se aplique estrictamente el código penal… Y así sucesivamente hasta agotar el Código Penal.

De ahí que pese a estar situados sus miembros al margen de la legalidad, convertidos en una especie de césares visionarios, de reyezuelos absolutistas de la Edad Media, hay quien piensa igualmente que la decisión del Ejecutivo podría ser incluso equiparable a un delito de lesa patria, ya desaparecido de la legislación positiva, cometido por quienes cobran del erario público y tienen el deber y la obligación de defenderla frente a sus enemigos.

En todos los regímenes democráticos, conviene recordarlo, la Justicia constituye la piedra angular del edificio constitucional de toda nación que se precie. Es el último valuarte de los ciudadanos para resolver sus diferencias y defenderse de las arbitrariedades de los gobiernos despóticos como el presente. Si se la divide o aniquila se está poniendo fin igualmente a todo el sistema de valores, de ideas y de sentimientos que han inspirado nuestra civilización, nuestra filosofía de vida y nuestra cultura.

Su voladura supone, además, el hundimiento del régimen de garantías y libertades. Así lo entiende también la asociación Profesional de la Magistratura, que integra al colectivo mayoritario de miembros de la carrera judicial, ha acusado al Gobierno de desacato al no aceptar la sentencia del Tribunal Constitucional y valerse de triquiñuelas y vericuetos alegales para disimular su desafuero.

La partida de póker, sin embargo, no ha acabado. Para que Montilla pueda elegir desde el Palau de la Generalitat a los jueces y magistrados dispuestos a mirar para otro lado ante el cobro de comisiones, como hace ahora el Parlamento regional, o ante el flagrante reparto de las ayudas comunitarias entre los partidos y otras felonías es preciso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el Partido Popular por su portavoz Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado ya que su formación política va a oponerse «con uñas y dientes» para impedir que una barbaridad jurídica de este calibre no llegue jamás al BOE.

EL ACTUAL GABINETE SUPERA EN DESAFUEROS A LA LLAMADA «BANDA DE LOS CUATRO» QUE ASOLÓ LA REPUBLICA POPULAR CHINA A LA MUERTE DE MAO

Lo cual no deja de ser una buena noticia pero no la solución definitiva a los actuales problemas de España. Con el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, trasladando a los terroristas más sanguinarios de ETA al país Vasco para proceder a su suelta; con Zapatero y Caamaño empeñados en dinamitar el Tribunal Constitucional; con Bibiana Aído legalizando el asesinato masivo de seres humanos indefensos; con la separatista catalana Carmen Chacón tratando de desmantelar lo poco que queda del ejercito para que los separatistas vascos y catalanes consigan sin problemas su últimos objetivos militares, con Miguel Ángel Moratinos obsesionado en apoyar los regímenes políticos de Palestina, Marruecos, Bolivia, Venezuela y Cuba; con María Teresa Fernández de la Vega, vulnerando la Ley Electoral al inscribirse en una vivienda desocupada de Valencia para votar en aquella comunidad y apoyando y respaldando desde la cocina de La Moncloa todas estas actitudes, con José Bono y otros muchos justificando lo injustificable, la cuadrilla que nos gobierna está más cerca de la «banda de los cuatro» que de una equipo de personajes cohesionados y respetuosos de las leyes y celosos con su aplicación.

Visto este estado de cosas, al PSOE ya sólo le faltaría imitar a la presidenta de Unión Mallorquina, María Antonia Munar, gracias a cuyo apoyo gobierna en Baleares el socialista Francesc Antich, y dedicar el dinero público a la compra de votos entre la honorable colonia argentina [el país que nutre de psicoanalistas al resto del mundo con el propósito de que persigan con sus camillas al resto de sus compatriotas emigrados], para que ya no quepa duda de que los seguidores de Pablo Iglesias se han instalado pura y simplemente en el ámbito de prevaricadores y criminales políticos.

Y para que, a partir de ahora, se plantee como cuestión prioritaria la llegada al poder de una nueva clase política que regenere el sistema democrático de una vez por todas y ponga fin a tanto desmán. Y a tanto michelín político, a tanto dirigente inútil cuya grasa amorfa y perniciosa no es más que la consecuencia de chupar la sangre al Estado y de aniquilar, de paso, los valores y las esencias más básicas y elementales de la nación española para seguir campando a sus anchas.

RODRÍGUEZ ZAPATERO CONOCÍA DESDE HACE MESES QUE SE PREPARABAN INCIDENTES EN LA FRONTERA CON MELILLA Y NO HIZO NADA PARA IMPEDIRLO

Todo estalló cuando José Blanco ministro de Fomento y portavoz «por entregas» del PSOE calificó como «acto de deslealtad con el Gobierno» la visita del ex presidente del PP José María Aznar a la ciudad autónoma de Melilla para solidarizarse con sus representantes, autoridades y habitantes ante las agresiones sufridas por los grupos independentistas marroquíes debido a la dejadez, cobardía e inoperancia del Gobierno. «No conozco a ningún ex presidente que sin conocimiento del Gobierno tenga este comportamiento», agregó.

Era el miércoles 18 de agosto. Al margen de la ignorancia supina del licenciado Blanco al señalar que Aznar no visitó nunca la ciudad de Melilla durante su mandato como presidente (lo hizo dos veces en 2000 y 2004), al biportavoz del PSOE y del Gobierno hay que atribuirle otras rudezas aún mayores. Por ejemplo, pasar por alto que la Constitución española determina en su artículo 19 que «todos los españoles tienen derecho a circular libremente por el territorio nacional» y que el Tratado de Schengen establece igualmente el «libre tránsito de personas y bienes por toda la Unión Europea». Las ciudades de Ceuta y Melilla constituyen hasta el momento parte del territorio español y, como tales, la frontera de la Unión Europea situada más al Sur.

El expresidente del PP al igual que cualquier otro español tiene, por tanto, todo el derecho a viajar cuantas veces quiera a la ciudad de Melilla sin el permiso al Gobierno. La obligación ineludible en este caso teniendo en cuenta que el presidente del Consejo de Gobierno, Juan José Imbroda, y las autoridades de aquella parte del territorio nacional son militantes de su formación política y reclamaron su presencia.

Frente a esta actitud de patriotismo y respaldo, lo que constituye un acto de falta de resolución y deslealtad a una parte de España, en cambio, es la abdicación y la renuncia del Gobierno que tiene dejada de la mano de Dios a aquella comunidad y que en los recientes enfrentamientos fronterizos con Marruecos lleva 40 días mirando hacia otro lado. Un comportamiento que no es nuevo. Conocida es la indignidad y la vileza a la nación española demostradas en 2001 por José Luis Rodríguez Zapatero cuando, tras la toma de la isla de Perejil por el ejército y la retirada del embajador de Marruecos en España, en lugar de apoyar a su gobierno o solidarizarse con las poblaciones afectadas, se fue a Rabat a entrevistarse con el Rey Mohamed VI y a fotografiarse en su despacho oficial, donde había un mapa del Reino Alauita que incluía a Ceuta, Melilla y a las islas Canarias como parte de su territorio.

EL 17 DE MAYO PASADO, EL PRIMER MINISTRO MARROQUI DELCARÓ EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE RABAT QUE SE DISPONÍA A DESCOLONIZAR CEUTA Y MELILLA. ZAPATERO CALLÓ

Porque lo que es verdaderamente insólito y vergonzoso en la situación actual que es, mientras el temor se apoderaba de un amplio sector de la población por el envalentonamiento de los marroquíes que amenazaban con dejar desabastecida a la ciudad, ni un solo representante del PSOE o del Gobierno haya acudido a Melilla a tranquilizar a sus habitantes, tal vez como castigo porque los melillenses no se fían de ellos y le han dado la espalda en las urnas.

Pero, lo que resulta más inquietante todavía, es que ni el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ni el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ni la vicepresidenta política María Teresa Fernández de la Vega hayan entablado contactos oficiales con el llamado sultán de Marruecos y emir de los creyentes, Mohamed VI, al objeto de poner fin a los incidentes fronterizos.

Por el contrario, en lugar de salir el defensa de nuestras mujeres-policías, destacadas en la frontera, vejadas de palabra y en carteles denigratorios por la morisma, la ministra de la Igualdad, Bibiana Aído, decidió seguir escondida hasta que el clamor popular la obligó a dar la cara. Pero entonces, en lugar de cerrar el grifo de las subvenciones, amenazar con la repatriación de los cientos de miles de sarracenos que viven en España, clausurar las mezquitas desde las que se les adoctrina en el odio al infiel o mandar a la Guardia Civil a multar a los miles de beduinos que cruzan estos días de norte a sur las carreteras españolas con furgonetas atestadas de pasajeros y cargadas hasta los topes, la ministra del talante decidió reglar un millón de euros más a Marruecos. Un dinero que obviamente le vendrá como anillo al dedo al Gobierno marroquí para financiar a las asociaciones pro independentistas del norte del país para que socaven un poco más la españolidad de las dos ciudades.

Con todos los ministros desaparecidos en combate y los edificios oficiales cerrados por vacaciones, el Gobierno, como es habitual cada vez que se plantea un problema de esta índole, decidió endosárselo al jefe del Estado, quien viajará los próximos días a Rabat a intentar convencer al Rey y líder espiritual de la morería de que no mande más agitadores a insultar a nuestros policías y a bloquear los pasos fronterizos.

Esta es la consecuencia de tener a un ignaro e incapaz en el Gobierno, a un individuo que defiende el «talante» y la «alianza de civilizaciones» con los enemigos de España y actúa a palos con los representantes de la nación; un personaje que ha desarbolado al Ejército y ha reducido el tamaño de sus unidades en Ceuta y Melilla, integradas en más de un tercio por musulmanes, al 50 por ciento de sus efectivos y con munición para resistir menos de quince días de ataque, hechos que sin duda conoce el Emir de los Creyentes marroquí por la cantidad de infiltrados que debe tener en el tercio Gran Capitán de la Legión o en el regimiento de infantería ligera Regulares-52.

Porque otra de las grandes habilidades de Zapatero ha sido nombrar ministro de Defensa a una catalanista seudo separatista la cual, a su vez, ha tolerado que las baterías de costa de la zona de la Línea de la Concepción (32 kilómetros de alcance), desde las que se puede batir todo el norte de Marruecos incluso con ojivas nucleares tácticas, estén servidas igualmente por soldados de origen marroquí, muchos de ellos presuntos enemigos de España en caso de conflicto, a los cuales se les permite estos días además celebrar el Ramadán dentro de los propios cuarteles.

UN TERCIO DE LOS CONTINGENTES DE LAS UNIDADES MILITARES ESPAÑOLAS EN LAS PROVINCIAS AUTONOMAS SON MOROS A LOS QUE SE PERMITE LA CELEBRACIÓN DEL RAMADÁN EN LOS CUARTELES

Todo lo cual explica que una monarquía de la Edad Media, donde el Rey no sólo es el dueño absoluto de vidas y haciendas sino que como presunto descendiente de Mahoma y presidente del Consejo de los Ulemas, ejerce una influencia religiosa total en la sociedad, en la que se persigue a periodistas y políticos, se permita desafiar cada vez con más ímpetu la integridad de la nación española.

Hijo de Lalla Latifa Hammou, la primera mujer de Hassan II, de origen bereber, frente al recelo y a la desconfianza de su padre hacia las levantiscas regiones del norte de Marruecos, el actual monarca alauita, unido a ellos por lazos de sangre, les ha convertido en sus aliados y servidores. Y con su consentimiento ha nacido toda una pléyade de grupos y asociaciones en Nador (Coordinadora de la Sociedad Civil en el Norte de Marruecos, Gran Rif de Derechos Humanos, Frente Nacional por la Liberación de Ceuta y Melilla, Comité Nacional para la Liberación de Ceuta y Melilla), instrumentalizados por el Rey con el único fin de presionar y crear problemas a España, forzar el plan de autonomía marroquí para el Sahara y acelerar lo que llaman la «descolonización» de las dos ciudades españolas del Norte de África.

La prueba más palpable de que todas estas supuestas ONG’s son marionetas cuyos hilos se mueven desde Rabat, quedó patente en septiembre de 2007. El 17 de ese mes Mohamed VI llamó al secretario general del partido Istiqlal, Abbas el Farsi, y le encargó la formación del nuevo gobierno.

Una vez en su cargo de primer ministro, El Farsi hace surgir de la nada al fantasmagórico Comité Nacional para la Descolonización de Ceuta y Melilla y otras organizaciones de agitadores profesionales. Conciente de la amenaza que se cernía sobre Ceuta y Melilla, el Gobierno contraatacó organizando cuarenta días más tarde un viaje oficial de los Reyes de España a las dos ciudades fronterizas situadas en el norte de África. «Ceuta y Melilla no son de España, son España», manifestaron los Monarcas, lo que provoca las iras de Rabat.

A partir de entonces, se ponen en marcha otras estrategias encaminadas a la anexión de los dos territorios. El Comité Nacional para la Descolonización de Ceuta y Melilla y la Coordinadora de la Sociedad Civil en el Norte de Marruecos se convierten en la punta de lanza de las movilizaciones y protestas marroquíes en la frontera e inician una campaña masiva de inscripción de moriscos en los registros civiles de las dos plazas de soberanía por el procedimiento de celebrar «matrimonios de conveniencia» con los marroquíes asentados en ambas ciudades autónomas.

LOS VIAJES A MARRUECOS DE MONTILLA Y SU SEQUITO DE SEPARATISTAS CATALANES HAN HECHO CONCEBIR A LAS AURORIDADES DE RABAT ESPERANZAS SOBRE LA ENTREGA DE CEUTA Y MELILLA

Los viajes a Rabat en 2008 y 2009 del presidente y vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla y José Luis Card-Rovira, con su séquito de «ministros» y diputados hacen el resto. En lugar de apaciguar las aspiraciones marroquíes sobre las dos ciudades echan más gasolina al fuego al presumir ante Abbas el Farsi y la morisma que muy pronto iban a ser independientes, al igual que los vascos, tal y como recoge el CNI en algunos informes.

En una región de España como Melilla, aislada del continente europeo y que desde hace unos años forma un «hinterland» económico con Nador, de donde recibe el 80 por ciento de los bienes de consumo agrícolas y ganaderos, tras la desaparición de la compañía Transmediterránea, las posibilidades de presión marroquíes sobre el territorio y sus habitantes cortándoles los suministros eran evidentes.

Así lo veía el secretario general del Istiqlal y primer ministro marroquí Abbas el Farsi. El 17 de mayo de 2010, un mes después de que el Comité Nacional para la Descolonización de Ceuta y Melilla colocara en la aduana de Maruecos un cartel que ponía «ocupada», planteaba en la Cámara de Representantes de Rabat la «liberación» de las dos ciudades autónomas. Llamamos a la amiga España a abrir un diálogo constructivo con Marruecos para poner fin a la ocupación de estas dos ciudades marroquíes ─ se refería a Ceuta y Melilla ─ y de las islas vecinas expoliadas, dentro del marco de una visión de futuro».

«Sería anacrónico con el espíritu de los tiempos y con las relaciones estratégicas de buena vecindad existentes entre los dos países ─agregó─ que España negara a Marruecos el derecho de recuperar dichos territorios».

UNO DE LOS GRANDES ERRORES DEL GOBIERNO ESPAÑOL HA SIDO PERMITIR LA CREACIÓN DE UN HINTERLAND ECONOMICO ENTRE MELILLA Y NADOR, EN LUGAR DE SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE PRIMERA NECESIDAD DESDE MÁLAGA

El salto cualitativo dado por el primer ministro era, por otra parte, la respuesta de Marruecos al apoyo dado en España al Frente Polisario y, en especial, la huelga de hambre de la activista de este movimiento Aminetu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, hasta obligar a Mohamed VI a permitirle el regreso a El Aaiún

Siguiendo la consigna de Abbas el Farsi, el 16 de julio el Comité Nacional para la Descolonización de Ceuta y Melilla ocupó la «tierra de nadie» existente entre Marruecos y España, los policías españoles comenzaron a ser acusados de racistas por algunos moros, los mercados de Melilla comenzaron a ser desabastecidos y el reino alauita anunció el envió a Madrid como embajador a España de Ahmed Ould Souilem, un alto cargo del Frente Polisario ahora al servicio del reino alauita.

Este es, por tanto, el contexto actual con el que se encontrará el Rey de España cuando visite Rabat a comienzos de septiembre para buscar un acuerdo conjunto con su sobrino Mohamed VI. Un panorama más sombrío aún tras los diversos informes del diplomático norteamericano Christopher Ross, enviado personal del secretario general de la ONU para el Sahara Occidental, partidario de desbloquear un asunto que parecía ya zanjado mediante una negociación entre Argelia, Marruecos y el Frente Polisario en la que España tiene mucho que decir. Porque, aunque la administración provisional y hasta el control político y militar del territorio lo ejerce el reino alauita, la administración legal de la región sigue siendo la potencia colonizadora ─ España ─ al no haberse transferido oficialmente el asunto a Marruecos ante los organismos competentes el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ni ningún otra entidad supranacional.

Que Ceuta y Melilla sean no sólo parte de España sino el corazón de España misma va a depender, por lo tanto, del papel que dos individuos de escasas luces y menos sentido común ─ Miguel Ángel Moratinos y José Luis Rodríguez Zapatero ─ adopten en el futuro con respecto al antiguo Sahara y al Frente Polisario, al margen de que un amplio sector de la opinión pública española, mayoritariamente de izquierdas, esté identificada con los sentimientos de los descendientes de los beduinos del desierto de Tinduf. Todo lo demás son palabras huecas y tonterías para consumo interno.

LA MÍTICA FIGURA DE BLAS INFANTE CONTINUA SIENDO UTILIZADA POR ISLAMISTAS RADICALES PARTIDARIOS DE CONVERTIR ANDALUCIA EN AL-ANDALUS

Estos días, coincidiendo con el aniversario de su muerte, los partidos politicos le han vuelto a rendir público homenaje. Sin embargo, la figura de Blas Infante Pérez de Vargas (Casares, 5 de julio de 1885- Sevilla, 11 de agosto de 1936) considerado por la clase política y muchos ciudadanos el «Padre de la Patria Andaluza» sigue siendo polémica y causando problemas decenas de años después de su desaparición.

Y dando quebraderos de cabeza. Así, a comienzos de enero de 1980, el coronel de Infantería Juan Callejón, jefe por entonces en la región andaluza del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), viajaba urgentemente a Madrid.

Por aquellas fechas, en las semanas previas a la convocatoria del referéndum consultivo sobre la autonomía para la región más meridional de España. Apropiándose de la figura de Blas Infante, los dirigentes del Partido Andalucista (PSA) le proclamaron Padre de la Patria Andaluza y pretendieron reivindicar en exclusiva su nombre para crear una comunidad autónoma al estilo de Al-Andalus.

Coincidiendo con estas maniobras, los servicios secretos detectaban dos viajes dos viajes de un alto cargo del PSA, el partido de Alejandro Rojas Marcos, Luis Uruñuela y Guillermo Jiménez a la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, para entrevistarse con Muammar El Gaddafi y la República Democrática y Popular de Argelia de Huari Boumedienne con el fin de recabar fondos con los que crear un partido de corte musulmán en Andalucía.

Dispuesto a cortar de raíz el brote separatista basado en la Sharia islámica y el Corán, tras analizar el asunto con su jefe accidental Gerardo Mariñas, con Andrés Casinello y otros altos cargos de la inteligencia militar, Callejón tomó una decisión. Se reunió en secreto con Pepote Rodríguez de la Borbolla, por entonces alcalde de Sevilla, y le planteó la necesidad de que el PSOE se adelantara y se declarara heredero ideológico universal del histórico dirigente nacionalista andaluz. Era la única forma de arrebatar esta bandera al Partido Andalucista, de corte nacionalista radical.

Notario y escritor, Blas Infante empieza a saborear Al-Andalus en las obras de Ribera y Tarragó, Asín Palacios, Dozy, Levy Provençal y otros. En 1921, estudia la historia de Al-Mutamid, el Rey poeta de Sevilla y Córdoba, escribiendo el drama teatral Mutamid, último Rey de Sevilla. A partir de esa obra se produce en él la metamorfosis. Pese a su cultura, es abducido por el Corán y las enseñanzas de Alá. En 1924, mientras las tropas españolas seguían persiguiendo al caudillo rifeño Abd-El-Krim, mientras en muchos hogares españoles se seguía llorando el Desastre de El Annual, ocurrido apenas tres años antes, Infante viaja a la tumba de Al-Mutamid en Agmhat, población cercana a Marrakech. Allí abjuró del cristianismo y se convirtió al islamismo.

La ceremonia de iniciación o shahada, como se conoce al acto o ritual donde profesó la fe islámica, se realiza en una pequeña mezquita de Agmhat, adoptando el nombre de Ahmad («el que pone en acto lo que estaba en potencia», según el parecer de Ibn Arabí). Los testigos del acto por el que Ahmad Infante se reconocía musulmán fueron dos andalusíes nacidos en Marruecos, y descendientes de moriscos: Omar Dukali y otro de la kabila de Beni-Al-Ahmar. El acto se produce el 15 de septiembre de 1924 y los testigos le regalaron una chilaba y una daga bereber, que conservó durante toda su vida, así como sus costumbres paganas de comer buen jamón y buenos solomillos de cerdo y beber fino y manzanilla de Jerez.

Tras esta transformación interior, pasó de defender el federalismo a propugnar el Estado libre de Andalucía llegando a diseñar su bandera, con los colores blanco y verde, este último como homenaje a los países musulmanes, y a bautizar su casa de Coria del Río con el nombre Dar al-Farah (en árabe Casa de la Alegría). A partir de entonces, publica textos como los siguientes:

• Europa ha quebrado. Hermanos de Afro-Asia, henos ya despiertos (Fundamentos de Andalucía).
• Nosotros no podemos, no queremos, no llegaremos jamás a ser europeos. Pero jamás hemos dejado de ser lo que somos de verdad: esto es, andaluces, euro-africanos, euro-orientales, hombres universalistas, síntesis armónicas de hombres (El Ideal Andaluz).
• Trabajemos con suma cautela en estos principios para que Andalucía vuelva a ser inspirada por su propio genio y porque su libro vuelva a ser el Al-Korán como dice la Sura III: Aquellos a quienes les hemos dado Al-Korán y lo leen como deben leerlo. (Manuscritos Inéditos, carta enviada al Congreso de los Pueblos sin Estado, Delhi (India), en 1930).

EL PADRE DE LA PATRIA ANDALUZA, SE HIZO MORO, ADOPTÓ EL NOMBRE DE AHMAD Y QUISO REIMPLANTAR AL-ANDALUS EN EL SUR DE ESPAÑA

Ahmad Infante es autor, junto con otros, del llamado Manifiesto andalucista de Córdoba donde define a la región como nacionalidad histórica dentro de una España federal y dice:

Sentimos llegar la hora suprema en que habrá que consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España (...). Declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de la justicia y del interés y, sobre todo, los sagrados fueros de la Libertad; de este Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los Pueblos extranjeros (...). Ya no vale resguardar sus miserables intereses con el escudo de la solidaridad o la unidad, que dicen nacional.

Historiador, antropólogo, musicólogo, escritor y periodista, además de notario de Coria del Río fue autor en 1933 del himno, la bandera y el escudo de Andalucía (basándose en la propuesta de la Asamblea de Ronda de 1918) e inspirador del estatuto andaluz de enero de ese año. Su figura se agigantaba de tal manera que el 11 de julio de 1936 fue proclamado Presidente de Honor de la futura Junta Regional de Andalucía. Apenas pudo disfrutar de su nombramiento. Siete días más tarde se desencadenaba la Guerra Civil y el 11 de agosto de ese año, a los 23 días de iniciada ésta Ahmad era fusilado en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona por un pelotón de falangistas.

Su obsesión por crear un estado musulmán en la parte meridional de España, el Al-Andalus árabe derrotado en 1492 por los Reyes Católicos, sigue siendo motivo de discusión para varios grupos terroristas árabes. Amparados bajo la sombrilla de Al Qaeda, pretenden que renazca de sus cenizas el viejo Califato Omeya, con capital en Damasco, que junto con los otros tres califatos (el Abbasi, de orientación sunni; el Fatimi, chií, y el Otomano, sunnita). Unidos constituirían los ejes básicos para reconstruir un mundo al estilo de Alá y del profeta Mahoma mediante la Guerra Santa a los infieles de acuerdo con la Sura que insta a «combatir en el camino de Alá los que truecan la vida inmediata por la vida última».

UN RECIENTE PARTIDO MUSULMÁN CREADO EN GRANADA REIVINDICA SU NOMBRE COMO NEXO DE UNIÓN ENTRE LAS DOS CULTURAS

Por eso, a pesar de los 73 años transcurridos desde su muerte, la figura de Blas Infante es reivindicaba de nuevo por el primer partido Musulmán de ámbito nacional, el Partido Renacimiento y de Unión de España (PRUNE), inspirado en el Islam, de inclinación pro-marroquí, de reciente creación en Granada y con ramificaciones a Madrid, Valencia, Sevilla, Asturias Barcelona y otras provincias españolas donde residen 1’3 millones de musulmanes.

Según la noticia que ofreció al respecto la Web layijadeneurabia.com, el presidente del nuevo partido islamista sería Mostafa Bakkach El Aamrani, vicepresidente de la FEERI, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, y su secretario general, Nahed Zrika. El logotipo de la nueva formación política es globo terráqueo, lo que viene a indicar el deseo de muchos musulmanes radicales: poner el mundo bajo la égida de Allah. Ahmad Infante es para ellos uno de los precursores del retorno de Al-Andalus a España.

Controvertido, iluminado y traidor a su propia tierra, de haber vivido en 2010, el Rey Mohamed VI de Marruecos le habría nombrado sin duda su embajador en España con la misión de recuperar Ceuta y Melilla para el Reino Alauíta y Osama Ben Laden se lo habría llevado a un desierto lejano para que le ayudara a planificar la Yihad contra todo aquello que no fuera musulmán y a colocarle el Hiyad o velo moro a las mujeres.
Por esa razón, Partido Popular y Partido Socialista, siguen haciendo de la figura del notario de Coria un motivo de orgullo. Y todos los años acuden a la carretera de Carmona, al Parlamento Andaluz o al municipio de Casares, su pueblo de nacimiento, donde tiene monolitos con su figura a rendirle tributo y homenaje. No porque lo tengan por un precursor del andalucismo moderno sino más bien por un chiflado y un tontiloco al igual que Sabino Arana. No se puede dejar, sin embargo, que su nombre sea utilizado por grupos como los Hermanos Musulmanes, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, Al Qaeda en el Magreb Islámico o partidos moderados pro islamistas. Ni que estos encuentren un punto de apoyo en su agitada y truculenta biografía para construir la República Islámica de Al-Andalus, como califato árabe.

FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LOS MONTONEROS Y ERP EXPULSARON A BALTASAR GARZON DE UNA PANTOMIMA DE JUICIO EN ARGENTINA

EL INCORRUPTIBLE E IMPOLUTO MAGISTRADO DE TORRES (JAÉN) ES A LA JUSTICIA LO QUE LA MÚSICA MILITAR A LA MÚSICA

Heredero ideológico de la justicia roja, cuyo principal epígono fue Santiago Carrillo Solares, el matarife de Paracuellos del Jarama, el juez Baltasar Garzón Real acudió el lunes 9 de agosto pasado a la República de Argentina.

Pretendía asistir a esa pantomima de juicio, a esa parodia de vista oral que los supervivientes de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), a los que combatió con las armas en la mano, le montaba al general Jorge Rafael Videla, por el golpe de estado que encabezó el 24 de marzo de 1976 y la represión posterior para poner fin al proceso revolucionario que vivía su país y que provocó una de las etapas más sangrientas vividas en Argentina.

Como es natural, perdido su carisma de juez mesiánico, de defensor de los derechos humanos; arrojada por la alcantarilla su presunta decencia, probidad y honorabilidad, el ex titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional cuya independencia judicial y sometimiento al imperio de la Ley se mide por las altas sumas de dinero que pedía a la mayor parte de las grandes empresas españolas, muchas de ellas con procesos abiertos en su juzgado (BBV, Santander, Repsol, Endesa, Tele 5), salió por la puerta grande.

Pero no a hombros, como hubiera ocurrido diez años antes, sino a empujones, a torta limpia y a gritos como no podría ser de otra manera. En contra de lo que afirman las crónicas periodísticas, los «presuntos alborotadores» que asistían ese día en la provincia de Córdoba a la celebración de la decimosexta sesión del plenario eran en gran parte víctimas de Los Montoneros, la Triple A y el Ejército Revolucionario del Pueblo quienes, llevan 34 años exigiendo también Justicia y nadie les hace caso ya que al no ser marxistas la prensa internacional les ignora.

Porque lo que la mayoría de la opinión pública ignora es que fueron estas tres organizaciones armadas, una de extrema derecha (la Alianza Anticomunista Argentina) impulsada desde el Gobierno por el ministro de Bienestar Social José López Rega, y las otras dos [Montoneros y ERP] de extrema izquierda, las que sembraron de sangre y dolor a la republica latinoamericana, causando 25.000 víctimas cuyos cuerpos, en muchos casos, no se han encontrado todavía.

EL JUEZ HA ARROJADO A LA ALCANTARILLA SU PRESUNTA DECENCIA, PROBIDAD Y HONORABILIDAD AL PEDIR EL DIEZMO A LAS PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS PARA IRSE A NUEVA YORK

Y que fue esa brutal matanza entre grupos políticos rivales decididos a destruir el país mediante un inmenso baño de sangre, ocurrida en menos de dos años, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón Isabelita [1 de julio de 1974- 24 de marzo de 1976], lo que obligó al ejército a salir a la calle a «poner orden» aunque, finalmente, nadie duda que fue peor el remedio que la enfermedad.

Porque Videla, jefe de las Fuerzas Armadas y persona cargada de las mejores intenciones, tras recibir en 1975 poderes especiales de la presidente Martínez de Perón para enfrentar militarmente el problema, no proclamó el estado de guerra ni salió a la calla con los tanques al día siguiente a poner fin a los disturbios, a la anarquía y a las matanzas. Por el contrario, lanzó varios mensajes apaciguadores a la población y a los terroristas utilizando la zanahoria y el palo, el perdón y la amnistía o la represión más dura contra los miles de pistoleros que habían convertido el país en su campo de batalla particular.

Además, ante de optar por la «solución final», dedicó todo el primer trimestre de 1976 a convencer a la opinión pública mundial de la necesidad de emprender medidas quirúrgicas. Según él era la única forma de erradicar el gangsterismo de izquierdas y la insurgencia que trataba de implantar en el país una República Popular, al estilo de los países del Este. El reciente fracaso de Salvador Allende en Chile donde tras llevar al país al hambre, la miseria, el paro y la desesperación, fue derrocado del poder por sus propios generales, por los hombres de su confianza dentro del Ejército, era el mejor argumento a su favor.

Personalmente asistí a uno de esos encuentros en Cambio16. Un ex novio argentino de Carmen Rico Godoy, ya fallecida, apareció un día por la redacción con una carta que le identificaba como enviado especial del general Jorge Rafael Videla. Venía a pedir una tregua de tres meses para poner fin a tanto derramamiento de sangre inútil. Tras hablar con los ejecutivos de la revista, donde había más de una docena de periodistas huidos de su país al encontrarse amenazados de muerte, todos dieron su aprobación al «plan de limpieza» y ninguno formuló objeción alguna.

Como todos los golpes de estado, el de los gauchos también acabó mal. En lugar de reprimir exclusivamente a los asesinos y violadores de los derechos humanos sin distinciones Videla y la Junta Militar de la que formaban parte a Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti impusieron la paz de los cementerios, acabaron con las libertades civiles e implantaron una férrea dictadura militar, convirtiendo los estadios en campos de concentración y organizando deportaciones y desapariciones masivas. Los llamados vuelos de la muerte.

LA LEY DE PUNTO Y FINAL, QUE AMPARABA A LA TRIPLE A, MONTONEROS, EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO Y MILITARES SÓLO SE HA DEROGADO EN ARGENTINA PARA SENTAR EN EL BANQUILLO A LOS MIEMBROS DE LA DICTADURA MILITAR

Por todo ello el «gaucho de oro», como le llamaban sus conmilitones esta siendo juzgado por enésima vez en su país vulnerando el principio de Non bis in Idem, ya que en 1983 fue enjuiciado por aquellos execrables crímenes y condenado a prisión perpetua. Lo lamentable es que los jueces, los policías, los carceleros y hasta los miembros del Gobierno [empezando por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner] que ahora claman Justicia sean los mismos Montoneros y miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo que entre 1974 y 1976 la pisotearon y la arrastraron por los suelos.

Más lamentable es aún que Baltasar Garzón Real, quien detuvo e interrogó hace años en la Audiencia Nacional a María Estela Martínez de Perón, acusada de 1.500 asesinatos de la Triple A planificados desde el poder durante su mandato, la hubiera dejado huir en aquellos momentos. Lo peor, que además, pretenda sumarse a la farsa, al dramma giocoso de unos tribunales mediáticos que tiene más de odio, de venganza y de revancha de quienes fracasaron en sus intentos revolucionarios y ahora, convertidos en aburridos burgueses gracias al apoyo de los Kirchner y de sus ministros [la mayoría ex montoneros con numerosos crímenes en su conciencia como es conocido], tengan la osadía, el pasatiempo de detener, encarcelar y organizar juicios por genocidio a sus oponentes.

Y que lo hagan desde la impunidad más absoluta, amparados por la Ley de Punto y Final dictada por Raúl Alfonsín la cual, al parecer, ha sido derogada posteriormente sólo para juzgar a los militares. No, en cambio, para sentar ante los tribunales a los miles de terroristas que asolaron el país desde la vuelta de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1973 [pero especialmente desde su muerte en julio de 1974], y que confiesen en público los horrendos delitos de lesa humanidad cometidos por ellos y sus secuaces.

Dicho esto sólo queda apostillar, como decía Platón, que si «la Justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte», el juez de Torres (Jaén), es su principal arquetipo. Las revelaciones de mi libro Garzón juez o parte, en las que se revela por primera vez como se dedicaba a implorar el diezmo a los poderosos para librarlos del banquillo, es el más claro exponente de ello. De donde cabría deducir, parafraseando a George Clemenceau que «el ex titular del juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional es a la Justicia lo que la música militar a la música».