Heredero ideológico de la justicia roja, cuyo principal epígono fue Santiago Carrillo Solares, el matarife de Paracuellos del Jarama, el juez Baltasar Garzón Real acudió el lunes 9 de agosto pasado a la República de Argentina.
Pretendía asistir a esa pantomima de juicio, a esa parodia de vista oral que los supervivientes de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), a los que combatió con las armas en la mano, le montaba al general Jorge Rafael Videla, por el golpe de estado que encabezó el 24 de marzo de 1976 y la represión posterior para poner fin al proceso revolucionario que vivía su país y que provocó una de las etapas más sangrientas vividas en Argentina.
Como es natural, perdido su carisma de juez mesiánico, de defensor de los derechos humanos; arrojada por la alcantarilla su presunta decencia, probidad y honorabilidad, el ex titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional cuya independencia judicial y sometimiento al imperio de la Ley se mide por las altas sumas de dinero que pedía a la mayor parte de las grandes empresas españolas, muchas de ellas con procesos abiertos en su juzgado (BBV, Santander, Repsol, Endesa, Tele 5), salió por la puerta grande.
Pero no a hombros, como hubiera ocurrido diez años antes, sino a empujones, a torta limpia y a gritos como no podría ser de otra manera. En contra de lo que afirman las crónicas periodísticas, los «presuntos alborotadores» que asistían ese día en la provincia de Córdoba a la celebración de la decimosexta sesión del plenario eran en gran parte víctimas de Los Montoneros, la Triple A y el Ejército Revolucionario del Pueblo quienes, llevan 34 años exigiendo también Justicia y nadie les hace caso ya que al no ser marxistas la prensa internacional les ignora.
Porque lo que la mayoría de la opinión pública ignora es que fueron estas tres organizaciones armadas, una de extrema derecha (la Alianza Anticomunista Argentina) impulsada desde el Gobierno por el ministro de Bienestar Social José López Rega, y las otras dos [Montoneros y ERP] de extrema izquierda, las que sembraron de sangre y dolor a la republica latinoamericana, causando 25.000 víctimas cuyos cuerpos, en muchos casos, no se han encontrado todavía.
EL JUEZ HA ARROJADO A LA ALCANTARILLA SU PRESUNTA DECENCIA, PROBIDAD Y HONORABILIDAD AL PEDIR EL DIEZMO A LAS PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS PARA IRSE A NUEVA YORK
Y que fue esa brutal matanza entre grupos políticos rivales decididos a destruir el país mediante un inmenso baño de sangre, ocurrida en menos de dos años, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón Isabelita [1 de julio de 1974- 24 de marzo de 1976], lo que obligó al ejército a salir a la calle a «poner orden» aunque, finalmente, nadie duda que fue peor el remedio que la enfermedad.
Porque Videla, jefe de las Fuerzas Armadas y persona cargada de las mejores intenciones, tras recibir en 1975 poderes especiales de la presidente Martínez de Perón para enfrentar militarmente el problema, no proclamó el estado de guerra ni salió a la calla con los tanques al día siguiente a poner fin a los disturbios, a la anarquía y a las matanzas. Por el contrario, lanzó varios mensajes apaciguadores a la población y a los terroristas utilizando la zanahoria y el palo, el perdón y la amnistía o la represión más dura contra los miles de pistoleros que habían convertido el país en su campo de batalla particular.
Además, ante de optar por la «solución final», dedicó todo el primer trimestre de 1976 a convencer a la opinión pública mundial de la necesidad de emprender medidas quirúrgicas. Según él era la única forma de erradicar el gangsterismo de izquierdas y la insurgencia que trataba de implantar en el país una República Popular, al estilo de los países del Este. El reciente fracaso de Salvador Allende en Chile donde tras llevar al país al hambre, la miseria, el paro y la desesperación, fue derrocado del poder por sus propios generales, por los hombres de su confianza dentro del Ejército, era el mejor argumento a su favor.
Personalmente asistí a uno de esos encuentros en Cambio16. Un ex novio argentino de Carmen Rico Godoy, ya fallecida, apareció un día por la redacción con una carta que le identificaba como enviado especial del general Jorge Rafael Videla. Venía a pedir una tregua de tres meses para poner fin a tanto derramamiento de sangre inútil. Tras hablar con los ejecutivos de la revista, donde había más de una docena de periodistas huidos de su país al encontrarse amenazados de muerte, todos dieron su aprobación al «plan de limpieza» y ninguno formuló objeción alguna.
Como todos los golpes de estado, el de los gauchos también acabó mal. En lugar de reprimir exclusivamente a los asesinos y violadores de los derechos humanos sin distinciones Videla y la Junta Militar de la que formaban parte a Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti impusieron la paz de los cementerios, acabaron con las libertades civiles e implantaron una férrea dictadura militar, convirtiendo los estadios en campos de concentración y organizando deportaciones y desapariciones masivas. Los llamados vuelos de la muerte.
LA LEY DE PUNTO Y FINAL, QUE AMPARABA A LA TRIPLE A, MONTONEROS, EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO Y MILITARES SÓLO SE HA DEROGADO EN ARGENTINA PARA SENTAR EN EL BANQUILLO A LOS MIEMBROS DE LA DICTADURA MILITAR
Por todo ello el «gaucho de oro», como le llamaban sus conmilitones esta siendo juzgado por enésima vez en su país vulnerando el principio de Non bis in Idem, ya que en 1983 fue enjuiciado por aquellos execrables crímenes y condenado a prisión perpetua. Lo lamentable es que los jueces, los policías, los carceleros y hasta los miembros del Gobierno [empezando por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner] que ahora claman Justicia sean los mismos Montoneros y miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo que entre 1974 y 1976 la pisotearon y la arrastraron por los suelos.Más lamentable es aún que Baltasar Garzón Real, quien detuvo e interrogó hace años en la Audiencia Nacional a María Estela Martínez de Perón, acusada de 1.500 asesinatos de la Triple A planificados desde el poder durante su mandato, la hubiera dejado huir en aquellos momentos. Lo peor, que además, pretenda sumarse a la farsa, al dramma giocoso de unos tribunales mediáticos que tiene más de odio, de venganza y de revancha de quienes fracasaron en sus intentos revolucionarios y ahora, convertidos en aburridos burgueses gracias al apoyo de los Kirchner y de sus ministros [la mayoría ex montoneros con numerosos crímenes en su conciencia como es conocido], tengan la osadía, el pasatiempo de detener, encarcelar y organizar juicios por genocidio a sus oponentes.
Y que lo hagan desde la impunidad más absoluta, amparados por la Ley de Punto y Final dictada por Raúl Alfonsín la cual, al parecer, ha sido derogada posteriormente sólo para juzgar a los militares. No, en cambio, para sentar ante los tribunales a los miles de terroristas que asolaron el país desde la vuelta de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1973 [pero especialmente desde su muerte en julio de 1974], y que confiesen en público los horrendos delitos de lesa humanidad cometidos por ellos y sus secuaces.
Dicho esto sólo queda apostillar, como decía Platón, que si «la Justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte», el juez de Torres (Jaén), es su principal arquetipo. Las revelaciones de mi libro Garzón juez o parte, en las que se revela por primera vez como se dedicaba a implorar el diezmo a los poderosos para librarlos del banquillo, es el más claro exponente de ello. De donde cabría deducir, parafraseando a George Clemenceau que «el ex titular del juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional es a la Justicia lo que la música militar a la música».
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