EL PARTIDO POPULAR SOSTIENE POSTURAS DIVERGENTES Y CONTRADICTORIAS SOBRE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

MIENTRAS EL DIPUTADO JOSÉ EUGENIO AZPIROZ PIDE SU DEROGACIÓN, LA PORTAVOZ ADJUNTA EN EL CONGRESO SANDRA MONEO ES PARTIDARIA DE ENDURECERLA

El diputado del Partido Popular por la provincia de Guipúzcoa, José Eugenio Azpiroz asegura que una notable parte de las denuncias que se presentan en los juzgados de Violencia de Género son «falsas e interesadas» y que de deben a que muchas mujeres «pretenden obtener una mejor condición financiera y patrimonial en el proceso de divorcio»

Las declaraciones efectuadas en unas jornadas sobre la materia celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid a finales de mayo pasado, no descubren nada que no fuera ya conocido. Tienen el valor de que han sido efectuadas por uno de los diputados que votó la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género el 22 de diciembre de 2004 en el Congreso de los Diputados.

«Es urgente ─ agregó ─ la modificación de la Ley de Violencia de Género al ser discriminatoria para el hombre y porque sus resultados no han contribuido a la reducción material de las víctimas mortales pero sí a su utilización abusiva en múltiples circunstancias».

Abogado, de 55 años de edad y diputado popular en las cuatro últimas legislaturas, en la misma intervención y ya metido en harina, Azpiroz consideró que las leyes del aborto, matrimonio homosexual o divorcio express fomenta el individualismo, limita los derechos del ser humano a la vida y a la libertad. El diputado pidió su derogación ya que «en mi opinión estas leyes están influidas por la ideología de género, que afecta a todo el ordenamiento jurídico. Fomenta el individualismo, limita los derechos del ser humano a la vida y limita los derecho de las personas a la libertad».

Ante esta situación, destacó la necesidad de «revertir el ordenamiento jurídico de género, plantear la batalla cultural, apoyar el matrimonio, la maternidad, las familias con hijos, la libertad de elección y de educación de los padres para sus hijos. La ideología de Género y la maternidad se contraponen, ya que la primera niega a la segunda. Tal negación nos ha llevado a un cambio en el ejercicio de la sexualidad, a una negación de la maternidad, a un crecimiento del aborto y de una sociedad sin hijos»

Semanas después, una de las portavoces adjuntas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Sandra Moneo, no sólo no pedía la derogación de la ley de Violencia de Género, una «ley de autor», que sólo discrimina al hombre, como la que hacía Adolfo Hitler en la Alemania nazi, sino que instaba a la ministra Bibiana Aído a endurecerla.

A través de una moción, Moneo pedía al Ejecutivo que estableciera mecanismos efectivos para que la orden de alejamiento de los presuntos agresores (cuando se trata de hombres) se cumpliera «de forma efectiva y con garantía de seguridad para las víctimas».

La diputada reclamaba también modificar el artículo uno de la ley contra la violencia de género. Pero no en el sentido se suprimir el texto que dice que «la violencia se produce [siempre en un solo sentido] cómo una manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres», que hubiera sido lo correcto. Su propuesta iba en otro sentido, la de incorporar a los menores como sujetos de la ley, al estimar que son «víctimas directas de dicha violencia», que la ministra estimó en un curso de la Universidad de El Escorial en 600.000 personas.
TAMBIEN PROPONE RETIRAR LA PATRIA POTESTAD SOBRE LOS HIJOS, QUE LA MINISTRA BIBIANA AÍDO CIFRA EN 600.0000, A LOS PRESUNTOS MALTRATADORES

Sin tener en cuenta que muchas de las peleas en el ámbito familiar las promueven precisamente las mujeres, según consta en las sentencias de los juzgados penales, y en unos momentos en varios parlamentos regionales plantean la Custodia Compartida para rebajar la conflictividad, Moneo planteó que se le retirara la Patria Potestad a los varones «cuando haya sentencia firme condenatoria».

Esto supone, ni más ni menos, que los varones podrán ser privados de muchos derechos con respecto a sus hijos y constituye una condena más, añadidas a las dos ya existentes, de prisión y de alejamiento. Expertos en la materia estiman que, lejos de reducir la muerte de las mujeres, que es lo que se pretende, medidas coercitivas como estas provocarán incluso más asesinatos y mucha más violencia.

Licenciada en derecho, 41 años, y natural de Miranda de Ebro (Burgos), provincia por la que ha concurrido a las tres últimas elecciones generales por último la diputada del PP también solicita promover la modificación del artículo 777.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, preservadas todas las garantías y asegurando, en todo caso, la posibilidad de contradicción de las partes, «la declaración por la víctima llevada a cabo ante el Juzgado de violencia sobre la Mujer tenga el valor de prueba preconstituida».

UN SECTOR DEL PP, CONTRARIO A SER COMPLICES DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO, IMPUESTA POR EL FEMINISMO Y EL PSOE, A QUIENES SE DEBEN ABERRACIONES TALES COMO LA RESURECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR HITLERIANO Y LA DESAPARICIÓN DE LOS VALORES DE LA SOCIEDAD TRADICIONAL
Con ello, la diputada del Partido Popular pretende que las mujeres que denuncien maltrato ante los tribunales sectarios e inquisitoriales de Violencia de Género, en los momentos posteriores a cualquier disputa, no puedan acogerse a su derecho a no declarar al ser revisada la causa en segunda instancia por los juzgados penales o las Audiencias Provinciales.

La medida vuelve a ser, de nuevo, arbitraria y discriminatoria. Con ella no sólo trata de impedir el ejercicio Constitucional a no declarar, sino que pretende igualmente que la Justicia en su conjunto se pliegue a la filosofía de género y de por buenos unos testimonios que no han sido ratificados en la vista oral, lo que vulnera toda norma procesal y penal. Porque si no hay una acusación formal, realizada con todas las garantías en el plenario, no puede existir condena.

El Partido Popular debería, por tanto, aclarar sus ideas en lo concerniente a la ideología de género, que impregna todo el ordenamiento jurídico español de los últimos seis años y no sostener posturas divergentes y contradictorias, ante asuntos tan delicados y que afectan a millones de españoles, en materias tales como el divorcio, el aborto y la violencia producida en el ámbito de la familia.Y no ser cómplices de la llamada ideología de género, como opina un amplio sector del propio partido. Considerada la meta esencial del feminismo radical y del socialismo, su objetivo principal es la destrucción de los valores tradicionales, cristianos y occidentales de la sociedad y la imposición a ésta de un matriarcado antinatural, feroz y excluyente; del lesbianismo y la homosexualidad como instituciones equiparables a la familia y del aborto como un derecho natural de la mujer, con la excusa de que ésta es la dueña absoluta de su salud sexual y reproductiva.