A LOS CONTROLADORES AÉREOS ESPAÑOLES LES HA LLEGADO SU SAN MARTÍN

Desde hace veinte o quizás treinta años aproximadamente se creó en España una casta de privilegiados, un pelaje, una tribu de favorecidos y opulentos trabajadores, con salarios exorbitantes desde el punto de vista de la mayoría de los españoles, asunto no debería preocuparnos si no se pagara con dinero público. Por algo estamos en una sociedad de mercado.

Pero no es ese el caso. Los integrantes de ese siniestro colectivo, que se sepa, no tienen méritos extraordinarios ni dotes excepcionales o sobresalientes que justificaran esta arbitraria, abusiva y despótica situación económica. Pero dispuestos a incrementar exponencialmente año tras año sus sinecuras y ventajas, los tiránicos malandrines utilizaban un arma contra la que era casi imposible luchar: de repente, sin que se hubiera declarado epidemia alguna en el país, se enfermaban inesperadamente o se ponían en huelga de celo y dejaban tirados en tierra a centenares de miles de españoles que tenían previsto viajar esos días.

Hace veinte o treinta años, el asunto no tenía la relevancia actual. El transporte aéreo, por sus costes, el miedo a volar y otros factores, era privilegio de unos pocos ejecutivos y algunos centenares de miles de turistas. Pero en la medida en que la aviación comercial se convirtió en un transporte de masas en los países avanzados, especialmente cuando hay que cruzar un océano, las llamadas huelgas de celo empezaron a convertirse en un chantaje cada vez más intolerable, terriblemente inadmisible.

Ejercido por los controladores aéreos, esa cofradía de asalariados, esa camarilla de trabajadores por cuenta ajena convertidos, al igual que la mafia, en unos delincuentes laborales acostumbrados a usar dos o tres veces por año su peculiar «forma de negociación colectiva» empezaron a amenazar cada vez más y más amplios sectores de población, a los que privaban de su elemental derecho a la libre circulación, fueran simples turistas o enfermos del corazón que esperaban una donación para salvar la vida.

Como un grupo de pandilleros cualesquiera, sin embargo, continuaban aplicando sus prácticas mafiosas como si no ocurriera nada, como si el mundo no hubiera cambiado, atrapando cada vez más a más centenares de miles de personas en aeropuertos y hoteles, y convirtiendo a los primeros en una especie de campos de concentración del siglo XXI, que duraban en alguna ocasión hasta una semana.

No se daban cuenta, y si lo hacían disimulaban muy bien, que en el 2010 su comportamiento no era el de unos vulgares atracadores que a punta de pistola asaltaban un banco, manteniendo secuestrados a media docena de clientes, para llevarse por la fuerza el botín. Porque en la actualidad, en pleno estado del bienestar, son centenares de miles de personas las que inundan todos los días los aeropuertos nacionales, y a los que no se puede privar de sus derechos a transitar y mucho menos secuestrar masivamente, para imponer por la fuerza un derecho de un colectivo minoritario o un capricho más o menos justificado de una pandilla de desalmados.

Esta brutal forma de amenaza o intimidación es bastante menos justificable aún en un país de servicios, una de cuyas principales fuentes de ingresos es el turismo que depende, en gran medida, de que los servicios funcionen perfectamente y de la calidad que reciban las decenas de millones de personas que viajan a España atraídos por el sol, las playas y la industria del ocio nocturno.

SUS HUELGAS DE CELO, DIFICILMENTE TOLERABLES HACE 30 AÑOS, SE HAN HECHO INSOPORTABLES EN EL SIGLO XXI, CUANDO LA AVIACIÓN SE HA CONVERTIDO EN UN MEDIO DE TRANSPORTE DE MASAS

Estos individuos, contra los no hay calificativos lo suficientemente duros en el diccionario, se permitían el lujo además de defender posteriormente los privilegios que habían conseguido extorsionando a los diferentes Gobiernos como si fueran legítimos y hasta legales. En el colmo de la desfachatez, según ellos, los habían conseguido mediante una negociación colectiva con los representantes del ente estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Gobierno.

Todo ello ─ el interés general, la crisis de España─ parecía apenas preocuparle a estos indeseables. Por el contrario, una de sus obsesiones era que el Gobierno no privatizara AENA ya que ello suponía perder sus salarios de fábula, aunque el Estado estuviera perdiendo dinero en la gestión de los aeropuertos nacionales. Una situación de este calibre suponía para ellos, acostumbrados a transmitirse de padres a hijos el empleo, perder sin duda los privilegios ilegítimamente arrancados a las distintas administraciones del país por una sencilla razón: nadie va a tener en plantilla a unos guardias de tráfico aéreos de lujo pagados a precio de oro, cada vez menos necesarios, cuando puede contratarlos en el mercado libre internacional por la cuarta parte de su salario.

Especialmente, cuando el de los controladores es un gremio, al igual que el de los pilotos de líneas aéreas, llamado a reducirse considerablemente a medida que la tecnología avance un poco más y se impongan sistemas redundantes (dobles o triples) en el tráfico aéreo. Hay que tener en cuenta que el espacio aéreo europeo se regula prácticamente desde Bruselas por ordenadores, con las ayudas de satélites y de los sistemas de tierra; que los aviones aeroespaciales ─ el trasbordador espacial Challenger, por ejemplo ─ aterriza sin piloto y los convencionales ─ el Airbus, por ejemplo ─ podría hacerlo. O que durante los ataques a tierra en vuelos rasantes los aviones militares son capaces de volar solos ─ de hecho con una buena cartografía incorporada a los ordenadores de vuelo lo hacen ─ permitiendo que los pilotos se concentren en los sistemas de armas.

EL CIERRE DEL ESPACIO AÉREO DE LA SEMANA PASADA PUDO CONVERTIR A LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES EN LOS PRIMEROS CAMPOS DE CONCENTRACION DEL SIGLO XXI

Pues bien, al igual que a todos los cerdos les llega su San Martín, a esta cuadrilla sin civilizar, auténticos señores feudales a los que solo faltaba el derecho de pernada, que han ostentado más poder que colectivo alguno, que han sido capaces de cabrear y sacar de sus casillas a más españoles en más sitios diferentes durante más tiempo, le esperaba el suyo en lugar del 11 de noviembre semanas después, el 3 de diciembre pasado. Utilizando como excusa la publicación de un Decreto Ley del Consejo de Ministros del Gobierno de España que aparentemente restingue algunos de sus derechos, en lugar de llevar el asunto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que es a lo que ha lugar en un país civilizado, convencidos de que sus bravuconadas y chulerías sin límite les habían salido gratis hasta ahora, optaron por sacar de nuevo sus pezuñas del tiesto y chantajear al Ejecutivo en el trasero de seis millones de españoles, a la que tomaron como rehenes, convirtiendo el medio centenar de aeropuertos españoles en otros tantos campos de concentración para centenares de miles de españoles y extranjeros.

Por primera vez ─ y esperemos que sea la última ─ el tiro le salió por la culata. Ante el cierre del espacio aéreo español, una situación sin precedentes por su gravedad desde el golpe de Estado del 23-F, el Gobierno tenía dos posibles soluciones: aplicarles la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que en su artículo 20 califica de sedición, delito penado con un máximo de 8 años de cárcel, el comportamiento de aquellos que «para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones aeropuertuarias» o lo hagan (20.1) «con la intención de interrumpir la navegación». O reunir el Consejo de Ministros, decretar el Estado de Alarma, militarizar el control aéreo y a su personal, y aplicar el Código de Justicia Militar a quienes llevaban más de 20 años jugando con los españoles y pitorreándose del Gobierno y chantajeando permanentemente a los sucesivos ministros de Fomento, del que depende los aeropuertos y la navegación aérea.

Con el país a borde de una segunda intervención de la UE, el Gobierno, obviamente, optó por la segunda solución, poniendo en práctica una norma plenamente constitucional pero prevista para ser aplicada en situaciones de extrema gravedad en los que peligra la seguridad nacional, las vidas de decenas de miles de españoles por catástrofes naturales o situaciones similares. El debate se centra ahora, por tanto, si una medida tan extrema, de carácter tan excepcional, debería haberse puesto en práctica para atajar una huelga, si hubo proporcionalidad entre los riesgos y las amenazas a España que se pretendían evitar y la medida empleada para poner término a los mismos de manera drástica.

Obviamente, serán los tribunales lo que en el futuro resuelvan sobre el asunto. Pero aunque la Ley afirma taxativamente que la respuesta debe ser siempre ajustada a la amenaza y encaminada a evitar daños propios o en la economía nacional, conocer las intenciones del agresor ─ de los controladores aéreos que agredían a millones de personas ─ no es una cuestión fácil de evaluar.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DECRETANDO EL ESTADO DE ALARMA PUEDE SER EXAGERADA. EL EJECUTIVO TIENE A SU FAVOR, LA GRADUACIÓN CON LA QUE LA APLICÓ

Lo que debería tenerse encuentra en cuenta en esta situación es la graduación, la progresión de menor a mayor en la aplicación de la Ley. Y en este caso el Gobierno estuvo ajustando y equilibrando durante 24 horas la aplicación del Estado de Alarma, anunciando primero en todos los medios de comunicación la utilización de medidas excepcionales ─ la situación a combatir también era especial ─, reuniendo el Consejo de Ministros posteriormente para aprobar el Decreto Ley, publicándolo en el BOE para que surtiera efecto y anunciando, por último, a los controladores aéreos por carta personalizada que o ponían fin a sus fechorías o acabarían en el trullo unos cuantos años sin ver crecer a sus hijos ni posibilidad de comer el turrón.

La cuestión es así de simple. Tampoco existe proporcionalidad cuanto un bandolero atraca una vivienda armado de un cuchillo, amenaza a la familia y a los hijos y el propietario sólo tiene a mano una pistola para defenderse. Por esa desproporcionalidad de medios no va a dejar que lo maten o tomen como rehenes a su familia. La única forma de demostrarle al malhechor que hay un desequilibrio de fuerzas a su favor es dando varios tiros al aire e instándole así a que desista en su actitud de asaltar la vivienda y se largue con viento a otra parte. Y el Gobierno, por lo que queda dicho, antes de decretar el Estado de Alarma ante un desafío intolerable a todo un país por la banda de facinerosos de cuello blanco más activa de todos los tiempos fue exactamente lo que hizo. Aplicar la Ley con todo rigor y hacerlo de manera gradual, escalonada y progresiva, pero demostrando que no iba a temblarle el pulso hasta el final.

Solucionada la situación, puestas las cosas en su sitio, y restaurada la autoridad del Gobierno al servicio de los ciudadanos, para salvaguardar las libertades individuales de todos frente a sus genocidas, conviene no quedarse ahí. Especialmente, cuando Mariano Rajoy, el próximo presidente del Gobierno, ha apoyado la medida y necesita blindar al Ejecutivo frente a cualquier tipo de vándalos, que los hay a centenares en CC.OO. y UGT, por no ir más lejos.

A PARTIR DE AHORA SE HACE NECESARIA UNA LEY QUE REGULE LOS CHANTAJES DE LOS PIQUETES INFORMATIVOS Y LAS HUELGAS SALVAJES

Es el momento para que Gobierno y oposición se pongan de acuerdo para hacer una Ley lo suficientemente severa para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Para que no existan huelgas salvajes como la reciente del Metro de Madrid, colectivos con capacidad de amenazar a toda una nación por la singularidad de su trabajo, o sindicatos capaces de secuestrar a todo un país impidiendo el derecho al trabajo mediante los llamados «piquetes informativos». Porque las sucesivas huelgas de celo de los controladores que el 3 de diciembre acabó en una desbandada general y en el cierre del espacio aéreo español, no deja de ser una forma más de «piquete coactivo» que ha actuado siempre con premeditación y alevosía, es decir, por sorpresa y procurando causar el mayor daño posible al mayor número de viajeros en el mayor número de aeropuertos españoles y extranjeros.

Descalificar al Gobierno por una cosa buena que hace, por muchas ganas que tengamos la mayoría de los españoles de mandarlo a la Cochinchina (sólo con billete de ida y con los controladores permanentemente en huelga), no es de recibo. También José María Aznar fue duramente criticado por la izquierda cuando ordenó subir a un avión, sedados y por la fuerza, a algo más de un centenar de emigrantes para devolverlos a su país de origen («teníamos un problema y lo hemos resuelto», declaró entonces). No soy partidario de que se tomen medidas humillantes ni degradantes contra ningún ser humano pero, a consecuencia de aquellos errores y debido a la excesiva permisividad del PSOE, hoy nos encontramos con 5 millones de emigrantes, uno millón de ellos de nuevo ilegales.