Durante  periodo de la Restauración, finales del siglo XIX y comienzos del XX,  la política era un asunto sucio y turbio en manos de caciques  provinciales, los terratenientes y las oligarquías industriales que se  apropiaban de las instituciones comprando los votos.   
En  1918, por ejemplo, Ramón de la Sota Llano, nacionalista y el  constructor naval y empresario naviero más importante de Vizcaya,  decidió colocar a sus empleados en el Palacio de la Carrera de San  Jerónimo. Echo mano a la cartera, adquirió a pie de urna decenas de  miles de votos de los mineros y trabajadores siderúrgicos, mandó a sus  piquetes a secuestrar a varios presidentes de mesa electorales  contrarios a sus intereses, y ganó por goleada. En los siguientes  comicios, en 1919, los «la aristocracia metalúrgica», los dueños de las  minas de hierro y los altos hornos  de la provincia, contrarios a sus  intereses, se unieron en la Liga de Acción Monárquica y le devolvieron  la jugada: pagaron hasta 50 pesetas el voto y recuperaron las actas de  diputado para los suyos.
En  este contexto, la izquierda apenas tenía posibilidad de llevar a su  gente al Congreso y de alcanzar el poder. Sin sufragio universal pleno  (las mujeres comenzaron a tener derecho al voto en 1931), los obreros y  demás asalariados preferían votar al patrón que les daba de comer, les  retribuía espléndidamente el voto, que a sus dirigentes políticos  naturales. 
Al  igual que la Inglaterra de la época de la revolución industrial, los  sindicatos se constituyeron en el único instrumento para mejorar las  precarias condiciones de vida de los trabajadores, reducidos poco menos  que a la condición de esclavos, obligados en las zonas industriales a  vivir en barracones inmundos, a trabajar de sol a sol, a comprar  alimentos caducados o podridos en las cantinas o comercios de los  patrones, quienes para exprimirlos aún un poco más le pagaban con vales.   
La  lucha para conquistar unas condiciones de vida dignas fue tremendamente  desigual. Sin estar plenamente reconocido el derecho a la huelga, con  las organizaciones obreras simplemente toleradas, sus actividades se  perseguían permanentemente, sus manifestaciones se disolvían, y cuando  acudían a la huelga, el ejército les disolvía a caballo sable en mano, y  algunos de sus líderes pasaban más tiempo en la cárcel que en sus  puestos de trabajo.
El  sindicalismo constituía por entonces el gran enemigo a batir. La  mayoría de sus dirigentes venían en las reivindicaciones salariales y la  mejora de las condiciones laborales el instrumento mediante el cual   concienciar a la clase obrera para cuando se dieran las condiciones  objetivas de la toma definitiva del poder con la huelga general  revolucionaria, que conduciría a la destrucción de la sociedad  capitalista, a la implantación de la sociedad sin clases y, por último  al paraíso comunista, la dictadura del proletariado.  
Sus  métodos, inspirados en la revolución de octubre, no eran por otra parte  nada democráticos. Los lideres obreros movilizaban, por ejemplo, a los  pueblos y cuencas de la margen izquierda del Nervión ─ la provincia más  industrializada de España─ cortando el telégrafo, volando los  transformadores de energía eléctrica, dinamitando puentes, vías férreas,  atacando los puestos de la guardia civil, abriéndose paso por las  calles con cartuchos de dinamita de las minas y con los piquetes que  iban arrasando todo lo que encontraban a su paso. 
Nació  así el sindicalismo abnegado y heroico, aunque utópico en su meta  final, del primer cuarto del siglo XX cuyos líderes Facundo Perezaguas,  Ramón Lamoneda, Tomás Meabe, Andrés Saborit, Daniel Anguiano, Julián  Besteiro y otros, entregados en cuerpo y alma a la causa del  proletariado, auténticos mártires de la causa de los desfavorecidos,  lograron reducir la jornada laboral a las ocho horas, la escolarización  de sus hijos y la creación de dispensarios para tratar a los  accidentados en las cuencas mineras y en las cercanías de los altos  hornos y siderurgias.
TRAS  LA IMPLANTACIÓN DE LA DEMOCRACIA LOS SINDICATOS ABANDONARON SUS  PROYECTOS REVOLUCIONARIOS PARA COOPERAR CON EL CAPITALISMO PERO NO SE  DESPRENDIERON DE SUS METODOS COACTIVOS
Tras  la implantación de la democracia en España con la Constitución de 1978,  todos los partidos políticos renunciaron a alcanzar sus objetivos  mediante la coacción y la violencia; renunciaron salvo el PNV (al que ha  habido que maniatar con la Ley de Partidos) a tener a su servicio  organizaciones paramilitares, a disponer de grupos de pistoleros o  fuerzas de choque para imponer sus ideas, como ocurría en la II  República. Los votos dejaron de ser una mercancía al servicio del mejor  postor, los censos electorales comenzaron a ser fiables, los muertos  dejaron de votar en contra de lo que ocurría a comienzos de siglo, y un  cierto grado de tolerancia y el fair play se impuso en la política.
Los  viejos sindicatos revolucionarios también se amoldaron a los  tiempos.  En un mundo de la abundancia y el Estado del Bienestar, donde no había  obreros que salvar, no tuvieron más remedio que renunciar a una de sus  metas históricas. Y para sobrevivir en una sociedad desproletarizada y  satisfecha se convirtieron en los co-gestores y administradores del  capitalismo, en agentes sociales intermediarios entre el Gobierno y los  empresarios para garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema,  al estilo de las organizaciones obreras nórdicas.
En  lugar de organizar huelgas, se convirtieron en fuerzas  contrarrevolucionarias, dispuestas a frenar a los obreros demasiado  reivindicativos, a impedir la aparición de sindicatos de agitadores  políticos, a impedir los «estallidos sociales» de épocas pretéritas a  cambio de conservar sus privilegiadas posiciones en consejos de  administración de cajas de ahorros, empresas públicas y un sin fin más  de ventajas.
Convertidos  en instrumentos parásitos e improductivos del sistema, montaron una  estructura de poder burocratizada y antidemocrática, con decenas de  miles de liberados encargados de imponer la «paz social» en las empresas  a cambio de participar ellos mismos del festín. Pasaron a formar parte  así de la casta de los privilegiados, sin representación alguna, con lo  que la época de salir a la calle y enfrentarse al Gobierno para  acabar  con los cinco millones de parados ha pasado a la historia.
Pero,  de cuando en cuando, CC.OO. y UGT tienen que escenificar la vieja farsa  de sus años gloriosos para simular que están al lado de los  trabajadores, aunque ya no engañan a casi nadie. Y como es el único  grupo social no reciclado para actuar en democracia cuando vuelven a las  andadas lo hacen siempre recurriendo a sus viejos métodos de lucha.  Aunque han sustituido la dinamita con la que anunciaban sus algaradas  por la silicona y el pegamento, sus armas siguen siendo la coacción, el  chantaje, las amenazas, la rotura de las lunas de los escaparates y la  violencia en todas y cada una de sus manifestaciones a cargo de los   «piquetes informativos».
ZAPATERO  HA IMPUESTO UNA NUEVA ESTRATEGIA A CC.OO. Y UGT. OLVIDARSE DE LOS  PROBLEMAS REALES DEL PAÍS Y FORMAR EL «PACTO DE HIERRO» DE LA IZQUIERDA  PARA IMPEDIR LA LLEGADA DEL PP A LA MONCLOA 
La  manifestación del 29 de septiembre de 2010 ha revelado un nuevo cambio  de estrategia, de planteamiento, por otro radicalmente opuesto al  que  defendía hace apenas 30 años Nicolás Redondo Urbieta. Al igual que los  sindicatos franquistas, tras la caída del socialismo real en 1989, se  han olvidado de su «revolución» y ahora lo han hecho incluso de los  obreros para consagrarse en cuerpo y alma a apoyar descaradamente a los  gobiernos de izquierda, por muy mal que lo estén haciendo, por muchos  parados que existan, aunque la competitividad de las empresas españolas  haya caído hasta el puesto 42 de los países industrializados (19 puntos  en la etapa de Rodríguez Zapatero) y a pese a que el rating de las agencias de calificación sobre la deuda soberana del Reino de España se encuentre cada vez peor.  
Porque  la verdadera meta de CC.OO. y UGT en esta década no es otra que la de  apuntalar en el mundo laboral y en de las empresas la unidad de la  izquierda y seguir viviendo a cuerpo de Rey del pesebre socialista, de  los Presupuestos Generales del Estado, como lo han venido haciendo en  los últimos seis años, coparticipando en la elaboración de políticas  erróneas e ineficaces para salir la de crisis y siendo corresponsables  de la destrucción de centenares de miles de puestos de trabajo.
De  ahí que, por su participación en la política del Ejecutivo, carecieran  de la menor legitimidad para echarse a la calle a escenificar la  pantomima de que le hacían una huelga general a algunas medidas  propuestas por Rodríguez Zapatero, pretendiendo al mismo tiempo como  buenos estómagos agradecidos salvar la cara de ese mismo Gobierno.  Su  descrédito es aún mayor al intentar frenar mediante el chantaje de la  huelga general una reforma laboral impuesta por los países occidentales  al Gobierno como medida de obligado cumplimiento para evitar la  intervención de la economía española por la Unión Europea, por muy  necesaria que sea la reforma para sentar las bases que permitan la  salida del país de la crisis. 
Aunque  la Ley esta aprobada por el Parlamento y la voluntad popular no debería  ser suplantada por la de grupos mafiosos y carentes de  representatividad, trataron de imponer sin éxito una huelga general a  sabiendas de que no van a conseguir nada, que todo es un juego de  artificio, un esfuerzo inútil y tremendamente gravoso para la economía  nacional, y que su único rédito era una falsa autoafirmación, salvar la  cara y simular ante los ciudadanos que reprueban la política de gabinete  socialista. 
Fracasada  su enfermiza obsesión de darle una patada a Zapatero en el trasero de  Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid quien, como  liberal, encarna todos los males del capitalismo y de la derecha sin  bien alguno, acabada la opera bufa que ha costado a los españoles cerca  de 5.000 de euros y un retroceso de dos semestres en la recuperación  económica del país, como si no hubiera pasado nada, pelillos a la mar,  están a punto de regresar a La Moncloa a tomar te con pastas con el  presidente del Gobierno, a recibir nuevas dádivas multimillonarias y  mayores prebendas, que es el mejor bálsamo para cicatrizar posibles  heridas, y recomponer la unidad de la izquierda frente al PP, lo único  que de verdad les interesa.
Porque esa y no otra es la verdadera meta de unos y otros: cimentar al margen de cualquier diferencia circunstancial un «pato de hierro» entre sindicatos y partidos de izquierda para derrotar a Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales.El rotundo fracaso de la algarada, ha incrementado el margen de acercamiento entre los dos grupos procedentes de la Internacional Comunista, aunque el gran trabajo de los sindicatos es ahora convencer a sus bases, que indignados gritaban consignas en contra de Rodríguez Zapatero en las manifestaciones del 29 S, de que deben seguir confiando en el Partido Socialista que les ha llevado a la ruína y votar a su incapaz equipo dirigente en las próximas elecciones generales, tarea arduo difícil.
EL GRAN TRABAJO AHORA DE LOS SINDICATOS EN CONVENCER A SUS BASES, QUE SE MANIFESTABAN ABIERTAMENTE EN CONTRA DE ZAPATERO, DE QUE SIGAN VOTANDO AL PARTIDO SOCIALISTA
De ahí que los dirigentes de la formación política de la calle Génova debieran tomar nota y tener en cuenta que los líderes sindicales que tenemos, más cercanos a los mafiosos que controlaban el puerto de Nueva York a comienzos del siglo XX, según la película La Ley del Silencio de Elia Kazan y Marlon Brando, van a tratar de cortarle el paso al Gobierno en 2012 creando una especie de Frente Popular, como en 1936. Y, si llegan al poder, los va a tener en frente a partir de entonces. De ahí que una de las primeras medidas a arbitrar por los dirigentes populares debería ser la de regular la ley de huelga y llevar al Código Penal la existencia de piquetes coactivos.
Porque esa y no otra es la verdadera meta de unos y otros: cimentar al margen de cualquier diferencia circunstancial un «pato de hierro» entre sindicatos y partidos de izquierda para derrotar a Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales.El rotundo fracaso de la algarada, ha incrementado el margen de acercamiento entre los dos grupos procedentes de la Internacional Comunista, aunque el gran trabajo de los sindicatos es ahora convencer a sus bases, que indignados gritaban consignas en contra de Rodríguez Zapatero en las manifestaciones del 29 S, de que deben seguir confiando en el Partido Socialista que les ha llevado a la ruína y votar a su incapaz equipo dirigente en las próximas elecciones generales, tarea arduo difícil.
EL GRAN TRABAJO AHORA DE LOS SINDICATOS EN CONVENCER A SUS BASES, QUE SE MANIFESTABAN ABIERTAMENTE EN CONTRA DE ZAPATERO, DE QUE SIGAN VOTANDO AL PARTIDO SOCIALISTA
De ahí que los dirigentes de la formación política de la calle Génova debieran tomar nota y tener en cuenta que los líderes sindicales que tenemos, más cercanos a los mafiosos que controlaban el puerto de Nueva York a comienzos del siglo XX, según la película La Ley del Silencio de Elia Kazan y Marlon Brando, van a tratar de cortarle el paso al Gobierno en 2012 creando una especie de Frente Popular, como en 1936. Y, si llegan al poder, los va a tener en frente a partir de entonces. De ahí que una de las primeras medidas a arbitrar por los dirigentes populares debería ser la de regular la ley de huelga y llevar al Código Penal la existencia de piquetes coactivos.
     En 1788, con motivo de la proclamación de la Constitución de Estados  Unidos, Thomás Jefferson escribió: «Los dos enemigos del pueblo son la  delincuencia común y el Gobierno, así que vamos a atar a los segundos  con las cadenas de la Constitución tratando de evitar por todos los  medios que [los políticos] no se conviertan en una versión legalizada de  los primeros». A esa corta lista habría que añadir a los sindicatos,  acostumbrados a moverse al margen de la Ley. Sus dirigentes necesitan  también una rígida y clara «constitución», la regulación estricta de la  Ley de huelga. 


 



 
  
 






