ACABAR CON LOS LIBERADOS SINDICALES, COMO PROPONE ESPERANZA AGUIRRE, ES UNA EXCELENTE MEDIDA PERO INSUFICIENTE

LA ÚNICA FORMA DE PONER FIN AL SINDICALISMO DE «BIBERON» ES CORTARLE TODOS LOS GRIFOS FINANCIEROS, COMO SE HIZO CON ETA

Lo tengo escrito en mí libro Pacto de Silencio y por eso sólo tengo que limitarme a copiarlo:

«Cuando Alberto Ruiz Gallardón llegó en 1995 a la Comunidad Autónoma de Madrid una de las primeras sorpresas con las que se encontró fue con qué, en la mayoría de las dependencias de la Administración, se habían pagado centenares de millones de pesetas a los sindicatos por informes al estilo del «caso Filesa».

Uno de los departamentos afectados era la Consejería de Hacienda, que dirige Antonio Betteta.

─ ¿Y quién encargó este informe? ─ preguntó.

─ No está claro. Se dice que lo trajeron los sindicatos. Pero, ¿lo encargó alguien? ¿Sirve, al menos, para algo? ─ Betteta fuera de sus casillas.

─ ¡Qué va! Es una fotocopia de la traducción de la reglamentación europea. Me han dicho que es el peaje anual que hay que pagar a los sindicatos.

El caso, Lamentablemente, no era anecdótico. Los sindicatos se dedican desde entonces e incluso desde mucho antes a sostener a sus burocratizadas estructuras utilizando el sistema mexicano de la mordida a las arcas públicas.

Meses después de haberse publicado el libro lo comprobé de nuevo en una visita que hice a Víctor C., casado entonces con la doctora Inmaculada Sánchez. Nombrado responsable de un organismo de la Comunidad de Madrid encargado de gestionar las altas y bajas por enfermedad de los funcionarios de la Comunidad de Madrid, al poco tiempo de tomar posesión de su cargo recibió la visita de la gente de CC.OO. y UGT que venían a «reclamar» el «impuesto revolucionario». Para «justificar» oficialmente el pago de 12 millones de las antiguas pesetas cada uno traían bajo el brazo tres tomos de fotocopias exactamente iguales a otros doce tomos que se amontonaban en una estantería, lo que parecía indicar que la coima venía al menos de cuatro años atrás.

Es encomiable y muy valiente la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de reducir a un tercio la lista de más de 3.000 sindicalistas liberados, que cobran por utilizar el tiempo que deberían emplear en trabajar, en organizar «huelgas políticas» en aquellas empresas públicas y organismos de la Comunidad Autónoma ─ Telemadrid, Metro o en la red de hospitales públicos ─ que mejor funcionan y que más servicios prestan a los ciudadanos con tal de sembrar el caos y facilitar la llegada del PSOE al poder.

Desde mi punto de vista, sin embargo, no basta con ello. Las administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos de las grandes capitales deberían retirar todo tipo de subvenciones a Comisiones Obreras y UGT, ese ejército de parásitos de la sociedad de la familia de los chupópteros cuya única actividad es la de vivir del cuento, del gorroneo, de no pegar golpe, y simular al mismo tiempo que están defendiendo los derechos sindicales.

Pero no una sino todas las subvenciones. Las que reciben por el hecho de ser representantes supuestamente de la clase obrera (al igual que la patronal, que debería ser tratada por el mismo patrón); las que se le otorgan para impartir cursos de formación profesional que nunca se imparten; el dinero que reciben por las llamadas »políticas activas»; las ayudas de todo género de la Comunidad Europea… Y, por último, el dinero de las extorsiones a que someten a cada organismo de la administración para mantener la paz social.

COMO EN LA PELÍCULA LA LEY DEL SILENCIO MUCHAS EMPRESAS QUE CARECEN DE MEDIOS PARA PRESENTAR UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL ANTE LOS TRIBUNALES HAN DE SOBORNAR ANTES A LOS SINDICATOS PARA EVITARSE PROBLEMAS

Y un nuevo tipo de soborno que también existe pero del que muy pocas veces se habla. El que se ven forzados a pagar los empresarios cuyas sociedades entran en suspensión de pagos o quiebra y necesitan presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) o a un cierre patronal mediante el procedimiento concursal ante los tribunales, para templar gaitas e impedir que los trabajadores exaltados ─ en algunos casos impulsados por los propios sindicatos si no se atiende a sus exigencias ─ se dediquen a romper todo lo que encuentran a su paso o incluso a amenazar a los dueños de la compañía.

Recuerdo porque lo viví en carne propia el caso del cierre patronal de Diario 16. Un despacho de abogados laboralistas cercano a Comisiones Obreras tuvo el descaro de pedir 145 millones de las antiguas pesetas, cuando no había dinero ni siquiera para comprar el papel para imprimir el rotativo, aprovechándose de la desgracia de centenares de trabajadores que perdían sus puestos de trabajo, cuya defensa ante los tribunales de Justicia y reivindicaciones ante la empresa y los bancos que financiaban el periódico apenas les importó.

Por eso unas cúpulas sindicales que viven más pendientes del olor de la basura, de la carroña, al igual que los buitres y el resto de las rapaces, en lugar de ponerse al lado de los cinco millones de parados ─ la clase social que dicen representar ─ y defender sus derechos, no tienen razón de ser en una sociedad democrática, por mucho que ahora se empeñen en agravar la situación de crisis convocando una huelga general para el 28 de este mes con el fin de cubrir las apariencias.

Además, al carecer de legitimidad, muchos de sus dirigentes que se dedican a la extorsión de empresas con problemas están más cerca de ese cosa ruin y mezquina que fue sindicato de estibadores del puerto de Nueva York, según la película La Ley del silencio de Elia Kazan, que de un colectivo solidario y honesto, cuya meta debería ser única y exclusivamente la defensa de los derechos individuales y colectivos de los asalariados por cuenta ajena.

De ahí que la medida de Esperanza Aguirre de suprimir dos tercios de la enorme casta de sindicalistas liberados debería ser sólo el primer paso para exterminar a esta plaga de individuos oportunistas, inútiles e incluso, en muchos casos, explotadores de los infortunios y las adversidades de aquellos a los que dicen servir. Sin olvidar, claro, que la única manera de acabar con ellos ─ salvo los que vivan de sus propias cuotas como es el caso de Unión Sindical Obrera (USO) ─ como casta es sólo cortándoles el grifo del dinero público, poniendo coto a los «atracos» a las empresas e instituciones públicas con falsos informes y exigiendo a los empresarios en dificultades que se nieguen al chantaje de la sangría dineraria que supone comprar la paz social cuando no se tiene dinero ni para contratar un abogado que presente un procedimiento concursal ante los tribunales.