SIN MANDATO DE LAS CORTES HA DISPUESTO DEL DINERO DE LOS ESPAÑOLES PARA ENTREGARSELO A VASCOS Y CANARIOS A CAMBIO DE FAVORES POLITICOS
e la entidad financiera para sobornar a políticos del PSOE y lograr una serie de exenciones fiscales del Gobierno poco antes de la fallida salida a Bolsa del Grupo Industrial de Banesto. El texto de la sentencia del tribunal formado por Siro García Pérez, Ángela Murillo y Ventura Pérez Mariño daba por probados que el banquero de origen gallego había cometido un delito de falsificación de documento mercantil y otro de apropiación indebida en la llamada «Operación Argentia Trust». Según figura en el texto del que fue ponente el magistrado Ventura Pérez Mariño, el condenado había cometido el supuesto delito de apropiación indebida, aunque no se lo hubiera metido en el bolsillo, es decir, apropiado, de los 600 millones por los que fue juzgado.
«Emplear bienes del Banco [en beneficio de otros] ─ afirma Pérez Mariño ─ se encuadra en el tipo delictivo de apropiación indebida, pues Conde dispuso de bienes del banco que le correspondía administrar […] practica que es similar en cuanto a resultados al que se apodera 600 millones de la caja de un banco, porque tiene llave por ser administrador, y se los lleva a su bolsillo».
El delito le viene como anillo al dedo a algunos de los últimos presidentes de Gobierno de la democracia. Todos ellos han utilizado los bienes públicos en beneficio de los partidos políticos periféricos como moneda de cambio para lograr o bien su investidura o la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado al encontrarse en minoría.
El caso de José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de hacer concesiones intolerables, que en la mayoría de los casos deberían haber sido aprobadas probablemente por Congreso de los Diputados (que fue quien aprobó los estatutos y su contenido), a los grupos nacionalistas Catalanes, Vascos y Canarios, es bastante más comprometedor y delictivo todavía.
LA ACTITUD DE ZAPATERO ES SIMILAR A LA DE LOS PARTIDOS CACIQUILES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX QUE COMPRABAN EL VOTO A PIE DE URNA, CON EL AGRAVANTE DE QUE EL DINERO EMPLEADO ES EL DE TODOSPorque, el político de León, ha dispuesto de bienes que son de todos los trabajadores españoles y que se administran a través de la Caja de la Seguridad Social, para traspasárselos a los vascos a cambio de favores o prendas, con el agravante de perjudicar gravemente con su comportamiento al resto de los españoles, incrementar las diferencias entre unos y otros, los gastos de la Seguridad Social y tener que subir los impuestos para hacer frente al despilfarro ocasionado por sus interesadas dádivas.
El asunto es más grave aún si se tiene en cuenta que uno de los interlocutores de estos pactos incestuosos, Iñigo Urcullu es un señor particular, ya que no ostenta cargo en institución pública alguna ni es político en ejercicio, y que el presidente de la comunidad Canaria, Paulino Rivero, amenazó el día anterior a su entrevista en La Moncloa, que «tumbaría» al Gobierno de la nación si no se le daba lo que exigía. En consecuencia, si se aplicara la «doctrina Pérez Mariño», elaborada ex profeso para meter a Conde a estos dos acuerdos habría que concluir que Zapatero se ha apropiado indebidamente de los bienes públicos para su exclusivo uso personal.
Su actitud de «comprar» al precio que sea el apoyo de otros partidos políticos es similar, en cuanto a sus connotaciones peyorativas, a la de los partidos políticos caciquiles, autocráticos y autoritarios de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que se garantizaban sus escaños en el Congreso de los Diputados, comprando los votos en pública subasta delante de las urnas sin el menor sonrojo.Y lo hacían además con gran cabreo de Pablo Iglesias e Indalecio Prieto que no dejaban de mostrar su indignación porque ni siquiera los obreros les votaban.
Siguiendo con los paralelismos, en el caso de Conde se buscaba, al menos, un beneficio para Banesto, es decir, un beneficio general para todos sus accionistas, que no se logró debido a la invasión de Kuwait por los iraníes esos días. En el del presidente del Gobierno, sólo su lucro político privativo y su interes personal cuyo único objetivo es mantenerse otros 18 meses en La Moncloa, agravando aún más la agonía y la crisis de los españoles, en lugar de convocar nuevas elecciones y someterse al veredicto de las urnas, que sería lo razonable.
MUCHOS ESPAÑOLES SE PREGUNTAN PORQUE NO SE LE PROCESA POR EL DELITO DE "APROPIACION INDEBIDA" O INCLUSO POR MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
De ahí que muchos españoles estén extrañados con el hecho de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la única competente para proceder contra el presidente del Gobierno, no haya abierto unas diligencias previas para determinar el tipo de cambalache y los trapicheos que el primer mandatario de la nación se trae con unas comunidades autónomas en perjuicio de otras.
Y no haya exigido todavía la comparecencia del presidente del Ejecutivo para que explique si esta administrando los bienes públicos como si se tratara de su cortijo particular, si se está «apropiando indebidamente» del dinero de todos, malversando dolosamente el dinero de todos los españoles o haciendo un uso indebido del mismo ad maiorem glorian suam y en detrimento de gran parte de los 45 millones de gobernados.
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