NUEVO LATROCINIO DE RODRIGUEZ ZAPATERO A COSTA DEL ERARIO PÚBLICO PARA MANTENER OTROS 18 MESES LA ANGUSTIA DEL PUEBLO ESPAÑOL

LA LLUVIA DE MILLONES QUE HA CONCEDIDO A CANARIAS ES TAN INCUMPLIBLE COMO EL MAR INTERINSULAR QUE LE OTORGÓ A PALULINO RIVERO, ENGAÑÁNDOLO COMO A UN CHINO

Como canario de origen tengo que congratularme por la lluvia de millones de euros que, al menos teóricamente, han caído sobre las islas en el día de ayer. Como si fuera el 22 de diciembre y José Luis Rodríguez Zapatero uno de los niños del Colegio de San Ildefonso, la Lotería Nacional ha llegado al Gobierno autonómico del Archipiélago.

Como español, sin embargo, tengo la obligación de criticar enérgicamente el pacto de Paulino Rivero con el Gobierno central. Porque, incluso aunque se lo creyera, el político de León no es Papá Noel ni los Reyes Magos ni, mucho menos, tiene la virtud de convertir el agua en vino ni multiplicar los panes y los peces. El dinero que a manera de regalo fue a parar a las Islas Canarias o bien ha sido sustraído a otras comunidades autónomas, a otros españoles, o no existe.

En contra de lo que puedan pensar algunos, el presidente del Gobierno tampoco es Robin Hood, que roba a los ricos para dar a los pobres. Situado en minoría en el Parlamento, no está legitimado ni política ni moralmente para realizar ese tipo de tejemanejes. Y si lo hace ante los ojos de la opinión pública, revela que no es más que un jugador de ventaja, un tahúr del Misisipi de la peor especie que solo mira el beneficio propio, el interés personal. En definitiva, un personaje sin escrúpulos que, con tal de mantenerse en el poder, es capaz de emplear el dinero público como un señor feudal, y repartirlo entre aquellos que pueden darle su voto a los Presupuestos Generales del Estado.

Unos presupuestos que son una nueva mentira. No hace falta ser un experto para saber que la economía española no va a tener un crecimiento del 1.3 por ciento en 2011, tal y como establece la Ley de leyes. Y que sin este incremento de la riqueza nacional es imposible alcanzar el resto de las magnitudes macroeconómicas previstas (disminución del déficit, creación de empleo, crecimiento del consumo interno, mayor competitividad, etc.) por lo que será necesario imponer mayores sacrificios a los españoles vía impuestos o mediante la reducción de salarios a los empleados públicos y de prestaciones a los parados y clases pasivas y recortes en el Estado del Bienestar, con lo que los presupuestos incrementarán aún más su carácter antisocial.

En este contexto, incrementar el gasto en los Presupuestos con una cifra importante de millones destinados a regalías a dos regiones autonómicas ─ País Vasco y Canarias ─ en detrimento del resto de la nación para seguir en La Moncloa mientras la situación económica de 18 millones de españoles (parados, pensionistas y funcionarios) va a empeorar todavía más, es cuando menos una felonía y una traición a los otros 41 millones de españoles, incluidos los que residen en comunidades autónomas gobernadas por los socialistas.

O, incluso, tal y como conté ayer al referirme al «caso vasco», un delito de «apropiación indebida» tal y como lo definió el magistrado Ventura Pérez Mariño de la Audiencia Nacional en el «caso Argentia Trust». Ni el presidente del Gobierno ni nadie, ni siquiera con mayoría en el Parlamento, está legitimado para disponer de los bienes públicos en beneficio de unas regiones a costa de perjudicar a las demás. En momentos de emergencia nacional como la presente. Actitudes menos despóticas y arbitrarias, originaron en épocas pasadas, y con razón, levantamientos y algaradas de todo tipo.

AUNQUE SE TRATE UNA VEZ MÁS DE UNA MÁS DE SUS MUCHAS MENTIRAS, ES INTOLERABLE E INJUSTO QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PACTE EL TRASPASO DE COMPETENCIAS A LAS DOS REGIONES QUE MENOS CONTRIBUYEN A LAS ARCAS DEL ESTADO EN DETRIMENTO DEL RESTO

El asunto es más intolerable aún teniendo en cuanta que las dos regiones beneficiadas en la tómbola en que ha convertido Rodríguez Zapatero a España, son en este caso las que menos contribuyen a los Presupuestos Generales del Estado, por disponer de regimenes fiscales privativos.

Para hacer frente a su atraso secular, a la carencia de recursos naturales productivos, de industrias autóctonas, a la lejanía, y a una balanza fiscal negativa en relación con el resto de otras regiones españolas, era justo que Canarias dispusiera de un régimen especial. Así se acordó tras su incorporación a la Corona de Castilla en el siglo XVI la creación de un régimen fiscal librecambista, basado en los puertos francos, en los arbitrios insulares y en las franquicias aduaneras. En 1972, con Franco, el sistema se institucionalizó con la Ley del Régimen Económico y Fiscal. Y, posteriormente en 1986 con la entrada de España en la UE y el tratamiento dado a las islas de región ultraperiférica se mejoró incluso más con deducciones a la inversión, bonificaciones, más arbitrios especiales y exención del pago del IVA, en contra de lo que ocurre en el resto de España.

Menos justificado está el Concierto Económico vasco pactado entre la oligarquía local y Antonio Canovas del Castillo en 1878, tras finalizar la tercera guerra carlista como un privilegio a los poderosos industriales vizcaínos, que se hizo extensivo a la población en general carlistas incluidos, para poner fin a una insurrección militar en las levantiscas provincias del Norte y evitar una nueva contienda civil.

Toto ello aparece contado con pelos y señales en mi libro Los mitos del nacionalismo vasco. Mucho antes del Concierto, en 1815, los vasos dejaron de pagar las alcabalas, portazgos y otros impuestos a la Corona. Para meternos en cintura, Fernando VII crea la Junta de Reforma de los Abusos de la Real Hacienda en las Provincias Vascongadas. No sirvió de nada. Recurriendo unas veces al Rey y otras a la Reina Madre, los parientes mayores de las Provincias Vascongadas evitaban aportar incluso los reales de vellón que les correspondían para hacer frente a los gastos de la guerra en las colonias, las que sus vecinos los carlistas provocaban y otras calamidades.

En 1845, al promulgarse la reforma tributaria de Alejandro Mon y Ramón Santillán, que sienta las bases del sistema tributario moderno, con Bravo Murillo de presidente del Gobierno, se intentó de nuevo que las diputaciones forales contribuyeran en la medida de los beneficios que recibían de la nación española a las arcas públicas. Todo fue inútil. Hasta que acabada la III Guerra Carlista, Canovas trató de hacer extensivo el régimen impositivo general a las Provincias Vascongadas y se llegó a un arreglo de establecer un Concierto Económico entre las haciendas forales y la estatal. Se cometió el error, sin embargo, de permitir a los vascos seguir recaudando los impuestos y aportar la parte alícuota ─ el cupo ─ a las arcas del Estado.

Al poco de implantarse se demostró que este instrumento fiscal, en lugar se ser un sistema de recaudación equitativo, volvía a perpetuar el régimen feudal privativo vasco. Las Juntas Generales de las tres provincias, no sólo recaudaban los impuestos sino que se quedaban con la parte del león, dando al Estado las «migajas» del festín, al hacer las cuentas de la vieja y falsear sistemáticamente las cuentas públicas para rebajar el cupo que correspondía pagar a la nación.

EL CONCIERTO ECONÓMICO ES EL SISTEMA INSTITUCIONALIZADO DEL QUE DISPONEN LOS VASCOS PARA CHUPAR LA SANGRE AL RESTO DE LOS ESPAÑOLES DESDE HACE MÁS DE UN SIGLO

La oligarquía vizcaína y guipuzcoana aparecen así desde la implantación de los Conciertos como unos auténticos depredadores de la riqueza nacional al beneficiarse, al mismo tiempo, de las inversiones directas del Estado y quedarse con sus impuestos. Durante más de un siglo, el asunto ha constituido un verdadero quebradero de cabeza para todos los ministros de Hacienda españoles. Tanto en la restauración borbónica como en el reinado de Alfonso XIII, en la dictadura de Miguel Primo de Rivera y en la II República hasta nuestros días.

En 1926, por ejemplo, el ministro de Hacienda del directorio Militar, José Calvo Sotelo se quejaba de que los vascos apenas contribuían a los gastos del estado con 40 millones de pesetas cuando sus informes revelaban que debían aportar al menos tres veces más. Un año más tarde incluso dejaron de pagarlo. La excusa fue la quiebra del Banco de la Unión Minera, de Vizcaya, que solo beneficiaba a la «aristocracia metalúrgica» e industrial de la margen izquierda del Nervión. Sus perdidas de 98 millones, fueron deducidas del cupo en los siguientes años.

Durante la negociación del Estatuto en la República, el asunto volvió a replantearse cuando Calvo Sotelo y José Luis Oriol Urigüen plantearon una adecuación del cupo a la situación económica del país. Los nacionalistas, sin embargo, se negaron sistemáticamente y presentaron una serie de cuentas falseadas, cuyos originales aparecen en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Lograron de esta manera, mantener sus privilegios y sus prebendas convirtiéndose en ciudadanos de primera ─ con mejores carreteras e infraestructuras ─ y tratar al resto de los españoles como individuos de segunda.

A pesar de tratarse de una reminiscencia medieval, tras la implantación de la democracia, el Concierto Económico se hizo extensivo a la provincias de Guipuzcoa y Vizcaya ─ excluidas durante el franquismo por ser consideradas provincias traidoras ─ y se estableció un cupo del 6’24 por ciento. Paralelamente, los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, han ido transfiriendo o concertando los distintos impuestos aplicables hasta el punto de que las haciendas vascas de los tres territorios forales, además de los tradicionales sobre la renta de las personas físicas, sociedades e IVA, recaudan prácticamente el 100 por cien de los restantes impuestos, incluidos los de matriculación de vehículos, seguros, expedición de billetes de viaje, hidrocarburos, juego y tasas. Y el cupo sigue en el 6’24 de la renta autonómica correspondiente a 1980 sin incluir los ingresos por los nuevos impuestos.

Porque, pese a las continuas transferencias de impuestos, la cantidad a abonar al Estado, que debería revisarse anualmente, no se ha modificado en las tres últimas décadas, y las reclamaciones a la Hacienda vasca no son atendidas. Lo que induce a pensar que es «altamente beneficioso» para las Juntas generales de los territorios históricos y el Gobierno vasco.

EN LUGAR DE OBLIGARLES A QUE NO COMETIERAN MÁS FRAUDES ZAPATERO PERMITIÓ A LOS VASCOS EL BLINDAJE DEL CONCIERTO ECONOMICO. DE ESTA MANERA EL GOBIERNO DE ESPAÑA NO EXIGIR SU CUMPLIMIENTO COMO HASTA AHORA, SALVO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

No contentos con disponer de su propia hacienda, la última maniobra de los vascos ha sido el blindaje del Concierto Económico en el Congreso de los Diputados, en octubre de 2009, con lo que el PSOE se garantizó la aprobación de los Presupuestos Generales del estado de 2010. La medida se hizo con el voto en contra del PP y de UPyD, que rechazaron la proposición del Parlamento en cuanto defiende la concesión de rango de ley a las disposiciones fiscales adoptadas por las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, de tal modo que no pueden ser recurridas ante los tribunales ordinarios sino sólo al Tribunal Constitucional. De modo y manera, que a partir de entonces el expolio sistemático que las autoridades vascas realizan mediante el Concierto Económico al Gobierno de la nación sólo puede exigirse ante el Tribunal Constitucional, lo que tiene indignados a santanderinos, riojanos y castellano-leoneses.

Tras este largo exordio, el hecho de que en 2010 el Gobierno haya transferido nuevas competencias al Gobierno de Euskadi constituye una nueva y gigantesca ofensa para el resto de los españoles. Especialmente, en el caso de las políticas de empleo donde el agravio comparativo es descomunal. En efecto, para atender a una población en paro de apenas 129.648 trabajadores el Gobierno ha asignado la suma de 472 millones de euros mientras Andalucía, con casi ochocientos mil parados, tendrá que conformarse con apenas 790 millones. Además de dar al traste con la caja única de la Seguridad Social, un parado vasco tendrá 2.735 euros más que otro andaluz, incluso en el caso de que este último haya trabajado gran parte de su vida laboral en Altos Hornos de Vizcaya, La Naval o Euskalduna.

Precisamente la fórmula para el cálculo de esta competencias, que el Gobierno Central cifraba en 170 millones de euros y el vasco en más de 400 había demorado el traspaso de esta asunto en la etapa de Felipe González, José María Aznar y el propio José Luis Rodríguez Zapatero hasta que se ha visto con el agua al cuello y no ha tenido más remedio que ceder un dinero que no era suyo.

En el caso de Canarias, donde el desempleo es superior a las 302.000 personas sobre una población activa de casi un millón, con una tasa de desempleo del 27’68 por ciento, ocho puntos por encima de la media nacional, la más alta de España, las inversiones para las transferencias de las políticas de empleo por el Gobierno central han sido, según Paulino Rivero, «las mismas y en las mismas condiciones que las del País Vasco».

De donde se deduce que, de no haber trampa ni cartón en las declaraciones de Rivero, junto con los 472 millones de euros para el País Vasco, el Gobierno Central tendrá que incluir en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suplementaria de varios cientos de millones más para dotar o actualizar las politicas de empleo transferidas o en fase de hacerlo a las islas.

La cifra, superior a los 1000 millones de euros, en el caso de ser cierta, es pan para hoy y hambre para mañana. Ya que el problema estructural de Canarias casi desde su conquista a partir de 1402 es la carencia de puestos de trabajo para alimentar una población que hoy se cifra en 2.103.992 habitantes. Es algo que nadie tiene que explicarnos a los canarios aunque llevemos 34 años fuera, como es mi caso. Mi abuelo fue emigrante en Cuba. Mis parientes már cercanos y mi padre en Venezuela, donde incluso tengo un tío enterrado.

LAS AYUDAS AL PARO EN CANARIAS SON PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA. EL PROBLEMA ESTRUCTURAL DE LAS ISLAS CASI DESDE LA CONQUISTA ES LA FALTA DE PUESTOS DE TRABAJO

Dicho lo cual, lo más probable que José Luis Rodríguez Zapatero cumpla su promesa de inyectar una lluvia de millones en las islas de la misma manera que lo ha hecho con las aguas jurisdiccionales internas canarias ─ el mar insular ─, otorgando algo que no puede conceder: las aguas del Archipiélago según las leyes marítimas son internacionales y el Gobierno de España no tiene jurisdicción sobre ellas. Cosa distinta ocurre con los archipiélagos que se han declarado soberanos.

La mentira, la falacia, la improvisación y la falta de escrúpulos son algo consustancial al presidente del Gobierno más nefasto de la democracia. «En 2009, tras la celebración de un Consejo de Ministros en Las Palmas de Gran Canaria, se comprometió a realizar 25.000 millones de inversiones en un plazo de 10 años en el Archipiélago, a razón de 2.500 millones anuales. El primer pago, los 2.500 millones prometidos para 2010 se han quedado en 43’5», señalaba el vicepresidente del Gobierno canario José Manuel Soria, presidente a su vez del Partido Popular insular. Una descomunal tomadura de pelo de un Gobierno que acaba de hacer una nueva crisis para que todo siga igual y mantenerse en el machito hasta marzo de 2012.
«Como en el caso de las aguas interinsulares de Canarias, ofrece lo que no puede dar. Lo incluye en los Presupuestos Generales del Estado y las partidas transferidas nunca llegan porque nunca han existido. Acostumbrado a los incumplimientos, a vivir de prestado en La Moncloa a base de empeñar su palabra y engañar a unos y a otros, para Rodríguez Zapatero los Presupuestos, la ley de leyes del Congreso de los Diputados, constituye papel mojado. Algo que se promete para salir del paso pero nunca se cumple», afirma otro político insular.

La amoralidad (no inmoralidad) congénita del político leonés, a la que he hecho referencia en muchos de mis libros, ha llevado por ahora al vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria a abandonar el Gobierno autonómico. «No podemos seguir apoyando a un Gobierno que, a su vez, está apoyando a un Ejecutivo que se mantiene artificialmente simplemente porque se ha decidido pagarle un año más de alquiler o pagarle la hipoteca durante el año 2011 para seguir en Moncloa», declaró Soria en Punto Radio.

De ser cierta la frase de Abraham Lincoln «se puede engañar a algunos todo el tiempo, a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo», a cuántos Palulinos Rivero necesitará mentir, engañar como a chinos José Luis Rodríguez Zapatero para que la opinión pública despierte, se movilice y podamos librarnos de él para siempre.