SEÑOR MORENO-OCAMPO: PUESTOS A VULNERAR LA LEY POR QUE NO DESENTIERRA A AL CAPONE Y LE DA UN CARGO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

SERIA UNA BUENA FORMA DE CELEBRAR LA LLEGADA DE GARZÓN AL TRIBUNAL Y PREMIAR SU AFICIÓN POR LA NECROFAGIA JUDICIAL

AL IGUAL QUE EL JUEZ ESPAÑOL, EL JEFE DE LA MAFIA DE CHICAGO FUE SIEMPRE UN PRESUNTO INOCENTE. SÓLO SE LE PUDO PROBAR QUE DEFRAUDABA AL FISCO

Don Luis Moreno-Ocampo fiscal del Tribunal Penal Internacional: observo que es usted un hombre extremadamente madrugador, como todos los nacidos en la Pampa. A primeras horas de la mañana del lunes 17 de mayo pasado a través de la valija diplomática de El País encuentro una carta fechada ese mismo día que remite usted al Consejo General del Poder Judicial en la que anuncia su irrefrenable y repentino deseo de contratar al inculpado más famoso de la Justicia española, separado de sus funciones jurisdiccionales y presunto reo de varios delitos de prevaricación. Lo va a hacer además como «asesor legal» de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

«La Fiscalía ─ dice usted en la carta─, en sus decisiones administrativas respeta el principio de inocencia establecido por el artículo 66 del Estatuto de Roma y por lo tanto ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación». Y añade:

«En consecuencia y en respuesta a la pregunta del Consejo General del Poder Judicial, le confirmo que no se advierten razones para modificar la decisión de contratar a Don Baltasar Garzón Real para desempeñarse en calidad de asesor legal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».

Iba a decir que su decisión, inmiscuyéndose grosera y arteramente en los asuntos de la Justicia española, cuya jurisdicción debería respetar dado el alto cargo que ocupa, me cogió de sorpresa. Especialmente, porque conozco de buena fuente lo mal que lo pasó cuando era fiscal en Argentina, allá por la Pampa, y Baltasar Garzón comenzó a abrir sumarios en la Audiencia Nacional a las juntas militares de su país, cuya investigación penal y encausamiento correspondía, entre otros, a usted como acusador público.

Pero, afortunadamente ya estoy curado de espanto. Su sólo ha venido a ratificarme que la globalización no sólo ha convertido el mundo en un patio de vecinos. También ha extendido a los confines del planeta algunas plagas como el fanatismo, el clientelismo, el sectarismo, el corporativismo y el compañerismo mal entendido, hasta hace poco esos males endémicos de algunos países.

Tras leer y releer el Estatuto de Roma, por el que se rige la Corte Penal Internacional, y consultar el asunto con expertos en la materia, yo pensaba que el nombramiento de jueces y fiscales en el organismo de La Haya se hacía de acuerdo al artículo 36 apartado 3, ese que dice:

«Los magistrados (y fiscales se supone) serán elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio del cargo en sus respectivos países», es decir, que se encuentren en el ejercicio pleno de sus funciones y no separados de la carrera judicial por delinquir en el ejercicio de su actividad.

Yo barruntaba también que, el alto organismo del que usted forma parte se regía por los principios de Nullum crimen sine lege (artículo 22), Nulla poena sine lege (Artículo 23) Irretroactividad ratione personae (Artículo 24). Pero a la vista de que contratan ustedes como asesor legal al campeón universal en la vulneración del principio de la irretroactividad penal, tanto en los casos de Argentina, Chile, Tíbet, Guatemala y otros, tengo que pensar que o bien la Ley penal le viene a usted como una corbata a un mono o que trata, lo que sería peor todavía, de devolver al juez de jueces los favores por los servicios prestados a la izquierda asesina de su país.

Porque, a decir verdad, cuando leí por primera vez hace dos semanas en El País que reclamaba al díscolo instructor de la Audiencia Nacional en la fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya hubo gente que hasta se alegró: «Ya era hora ─ oí decir─ de que se cumpliera esa máxima de que «el criminal nunca gana» y se impute al «mago de la justicia universal» por amparar y ocultar una parte de los más horrendos crímenes cometidos en Argentina. Ya era hora, ¡coño!, de que un fiscal le pare los pies a Garzón por obstruir la acción de la Justicia y convertirse en colaborador necesario, en cómplice, de al encubrir centenares de asesinatos, delito que podría ser equiparable al genocidio, al ser la mayor parte de las víctimas militares en activo».

Porque eso es exactamente lo que hizo el titular del juzgado 5 de la Audiencia Nacional. Disimular y silenciar los miles de crímenes cometidos por los Montoneros y por el Ejército Revolucionario del Pueblo (autores de 22.000 atentados sin resolver y 1.700 muertos olvidados). Y permitir a una banda de asesinos, cuando aparecieron por España con sus pistolas aún humeantes, que utilizaran la Audiencia Nacional como instrumento para vengarse de las juntas militares que le impidieron hacer la revolución y les aplicaron la política del «ojo por ojo», mandando a unos miles de ellos a los cementerios.

Cuando usted le mandó a llamar por primera vez desde los Paises Bajos, a mi amigo casado con una argentina, se le cayeron las lágrimas de alegría. Porque lo que también hizo ese juez imparcial e integro a carta cabal hace unos años fue llamar a su despacho a la ex presidenta de su país, María Estela (Isabelita) Martínez de Perón, responsable con su ministro de Bienestar Social José López Rega El Brujo de la creación de la Triple A, autora por acción u omisión de otros 1.500 asesinatos cuyos cadáveres reclaman Justicia. Y cuando muchos afectados intuían que al fin la Justicia iba a alcanzar a los dos bandos enfrentados en Argentina, el juez justiciero la dejó escapar a Buenos Aires sin un solo cargo. Revelando, como ha ocurrido en los últimos 22 años, que el imperio de la Ley que defiende el portador de la Espada Flamígera del Arcángel San Gabriel, como le denominaba hasta hace poco El País, es la Ley de los fuertes, de los poderosos y de los que le sobornan con doctorados Honoris Causa y alguna otra prebenda.

Señor Moreno-Ocampo: Como a usted, portador de esa sabiduría innata y esa perspicacia de la Pampa, no se le escapará, supongo que no ignora que don Baltasar Garzón Real está inculpado en España de abrir una causa generalis ─ prohibida por la Constitución ─; por asumir a sabiendas competencias que correspondían al Tribunal Supremo; por aplicar retroactivamente los delitos de Genocidio, Tortura y Desapariciones, vulnerando los ya citados artículos 23,24 y 25 del Estatuto de Roma. Pero, especialmente, por tratar de sacar de sus tumbas al general Francisco Franco y a sus conmilitones (34 ministros y generales) todos ellos fallecidos hace muchos años para sentarlos en el banquillo.

Y además porque, haciendo gala de una indigencia intelectual y de una ignorancia supina, trató de derogar el solito una Ley de Amnistía promulgada por unanimidad por unas Cortes Generales, emanadas de la voluntad popular; una Ley que fue arrancada a la UCD por las presiones generalizadas de la izquierda tras dos años de lucha, que se dejó decenas de muertos y que benefició exclusivamente a los terroristas de ETA, GRAPO, FRAP; a anarquistas, a centenares de extremistas radicales y a ni un solo franquista (al igual que ocurrió con la Ley de Punto y Final argentina los responsables de la dictadura, que estaban todos muertos, se habían amnistiado a ellos mismos en 1964), con el fin de perseguir judicialmente a unos cadáveres sin tener en cuenta que la responsabilidad penal desaparece con la muerte.

Una actuación judicial, tan absurda y temeraria, sólo podría ocurrírsele, como aseguró el ex presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, a un juez que hubiera sufrido una enajenación mental transitoria y cuyas irregularidades judiciales de toda índole se cuentan por el número de sumarios instruidos. «Garzón se lo inventa todo o casi todo», llegó a decir de él uno de sus mejores amigos, el magistrado de izquierdas ya fallecido Joaquín Navarro Estevan.

Pese a estas evidencias, usted aplica el artículo 66 del Estatuto de Roma (Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable) y convierte en su mano derecha a un señor cuyas causas tres causas penales han sido admitidas a trámite cada una de ellas con la unanimidad de los cinco magistrados del Tribunal Supremo actuantes (quince en total), que va a ser juzgado y con casi toda seguridad condenado en base al principio de que ningún órgano judicial puede ir en contra de sus propios actos.

Así que allá usted si pone al lobo a cuidar las ovejas. La enajenación mental de la que habla Jiménez de Parga, al igual que el mal de altura, tengo entendido que se contagia. Así que con un juez que se dedica a juzgar a los muertos ─ como si con el libro del Apocalipsis en la mano estuviera celebrando el Juicio Final ─ y a vulnerar todas las leyes habidas y por haber, no me extrañaría que cualquier día me entere por El País que ha resucitado usted a Al Capone y lo tiene sentado a su lado, impartiendo Justicia en la Corte Penal Internacional. Teniendo como «asesor legal» a un personaje tan chocante y conocida su reciente afición a la necrofilia o, mejor dicho, a la necrofagia judicial, cualquier disparate podría entrar dentro de lo posible. Al fin y al cabo, Alfonso Capone es tan inocente como Baltasar Garzón: al mafioso de Chicago sólo se le pudo probar que defraudaba a Hacienda y vulneraba la Ley para una causa noble, dar de beber al sediento.