ZAPATERO IGNORA QUE EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS SE INTENTÓ APLICAR EN ESPAÑA EN 1916 Y FRACASÓ

EL DIRIGENTE SOCIALISTA PRETENDE AHORA QUE "LOS RICOS " PAGUEN EL DINERO QUE DESPILFARRÓ ALEGREMENTE, PARTE DEL CUAL REGALÓ A MONTILLA PARA QUE CREARA EMBAJADAS CATALANAS Y PROHIBIERA HABLAR ESPAÑOL DENTRO DE ESPAÑA

MIENTRAS SARKOZY ORDENA A LOS BANCOS FRANCESES CERRAR SUS PARAÍSOS FISCALES EN EL EXTERIOR PARA EVITAR LA HUÍDA DE CAPITALES, EL DIRIGENTE ESPAÑOL QUIERE CREAR RIQUEZA AMENAZANDO A LOS ÚNICOS QUE PUEDEN INVERTIR

A finales del mes de abril, el presidente de la República francesa Nicolás Sarkozy llamó a los presidentes de los principales bancos que operan en su territorio y le ordenó tajantemente cerrar todas sus oficinas en los paraísos fiscales.

Fue una de las medidas más duras y menos conocidas tomadas por el primer mandatario francés para impedir la huida de capitales al exterior como consecuencia de las draconianas medidas a tomar para hacer frente a la crisis financiera y económica.

Un mes después, forzado por los dirigentes de Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón, el primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, adopta, asimismo un paquete de medidas para paliar el déficit del Estado, que pese a lo que digan los economistas, no ha se ha recuperado desde la época de los Tercios de Flandes, la soldadesca que mandaba el duque de Alba a finales del siglo XVI y principios del XVII.

Una de las medidas, cargada de demagogia y adoptada sin duda para aparentar que es un hombre de izquierdas ante las bases socialistas y comunistas ha sido la de imponer un «impuesto a las grandes fortunas», del que no se han aportado datos pero que, en el caso de llevarse a la práctica, tendrá sin duda el efecto contrario al pretendido: una huída masiva de capitales, una caída de la tasa de inversión en muchas empresas y el nacimiento de miles de nuevas Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable), instrumento financiero creado para que las grandes fortunas puedan tener su dinero a salvo sin pagar impuestos. La SICVAs cuentan con importantes ventajas fiscales, la primera de ellas, la de tributar al uno por ciento en el impuesto de sociedades.

Además, si Zapatero fuera un poco instruido, que no lo es, sabría que en 1916 el Duque de Romanones y el ministro de Hacienda Santiago Alba intentaron algo similar, imponer una Ley de Beneficios Extraordinarios para gravar a las grandes fortunas y fracasaron estrepitosamente. Veamos como trato el asunto en el tomo IV de mi obra La Historia del País Vasco, aún inédita.

«En 1916 el Estado español se halla casi en bancarrota. Aunque el presupuesto ha pasado de los 960 millones de 1901 a 1.515 millones en 1915, el déficit real acumulado asciende a 850 millones de pesetas, sin contar los 610 de deuda pública. Con unas reservas en oro del Banco de España de mil millones, el saldo en contra del tesoro representa alrededor de 1.040 millones.

El jefe del Gobierno, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, ha encargado a un joven economista, Santiago Alba, la cartera de Hacienda cuyo primer objetivo es acabar con el déficit crónico que se arrastra desde la Guerra de Cuba, agravado por la contienda de Marruecos.

Alba es consciente de que mientras el Gobierno tiene que hacer frente a la Guerra de Marruecos y a la postración nacional, las oligarquías industriales y bancarias, nacidas con el apoyo y la ayuda del Estado, se enriquecen con los inmensos beneficios de la I Guerra Mundial.

Calcula que, antes del inicio de la conflagración europea, una empresa con un capital de diez millones que ganaba unas doscientas mil pesetas, había comenzado a obtener beneficios de dos millones anuales. Y eso que todavía quedaban dos años de dura contienda por delante.

Según Maximiano GarcíaVenero, los beneficios son tan extraordinarios que tanto a Dato como a su sucesor Romanones se les plantean incluso nacionalizar las minas de Hierro de Somorrostro (Vizcaya) y la flota mercante vasca, construída en gran parte con ayudas públicas, para que los beneficios repercutan en el tesoro.

Finalmente, se opta por una solución menos draconiana para los plutócratas vascos y la burguesía catalana: a las grandes navieros y comerciantes que han amasado su riqueza con la Gran Guerra, dejando los puertos españoles desabastecidos de mercancías para dedicarse a la especulación y a la piratería naval con Inglaterra, se les permitirá que el primer millón de pesetas de beneficios esté exento de tributación. Sobre el segundo, tras descontar el dinero dedicado a crear nuevos empleos y al reparto de beneficios, se debía pagar el 10 por ciento al Tesoro siempre que se pudiera demostrar que esos beneficios eran extraordinarios.

La llamada «Ley Alba» no era, ni más ni menos, que un texto similar al establecido en otros muchos países europeos para gravar las inmensas plusvalías obtenidas durante la contienda. Pretende, de esta manera, que las empresas (navieras, siderurgias y empresas exportadoras de mineral de hierro), beneficiadas por la Guerra Europea, contribuyeran a las arcas públicas con al menos cinco céntimos (el 5 por ciento) de cada peseta ganada. De esta forma, pretende obtener doscientos millones de pesetas para enjugar el déficit.

Empresarios vascos y catalanes, monárquicos (Eduardo Aznar, Fernando María de Ibarra y otros), carlistas, nacionalistas (Ramón de la Sota) e incluso republicanos como Horacio Echevarrieta formaron inmediatamente un bloque anti Alba, que contó con el apoyo de los diputados y todas las fuerzas vivas de estas dos regiones. Acaudillados por el dirigente catalán Francesc Cambó, de la Liga Regionalista, organizaron algaradas en Barcelona y Bilbao, amenazando con el secesionismo. Al final, tras comprar a decenas de diputados, lograron tumbar la Ley en Las Cortes. El marqués de Romanones se vio obligado a clausurar la Cámara y a convocar nuevas elecciones.

En nombre del proteccionismo que exigían vascos y catalanes para vender sus productos en algunas ocasiones hasta tres veces más caros en el mercado interior (cautivo en beneficio exclusivo de dos regiones españolas), el Gobierno español llevaba décadas imponiendo fuertes gravámenes a la importación de aceros y telas desde el exterior. Ahora acabaría claudicando de nuevo frente a las presiones de las regiones periféricas. Un Gobierno de mayoría parlamentaria, elegido en el reinado de Alfonso XIII, sucumbe ante un grupo de empresarios que se comportan con extrema arrogancia y amenazan con separarse de España.

Con todo, eso no fue lo más grave. En 1925 cuando quiebra el Banco de Crédito de la Unión Minera los próceres vascos, que apenas contribuyen al Estado al tener un régimen fiscal privativo (el Concierto Económico), que administran ellos mismos en su beneficio y el de sus empresas, acuden en tropel con sus levitas y sus sombreros de copa a ver al dictador Miguel Primo de Rivera para que el Estado haga frente a los 100.905.850 pesetas de bancarrota que a partir de entonces deducen del cupo.

Es, al fin y al cabo, lo que ha venido a hacer José Luis Rodríguez Zapatero con los catalanes en los últimos años: se quieren separar de España y les da dinero a su conmilitón José Montilla para que empiece a montar embajadas catalanas por medio mundo y pague espléndidamente a los Mossos d´Esquadra encargados de multar a los comerciantes que rotulen en español.

¿Qué con eso se está despilfarrando el dinero? No importa, le ponemos un impuesto a las grandes fortunas y todo arreglado. En lugar de ofrecerles una «moratoria fiscal» para que traigan su dinero y lo inviertan en la creación de riqueza, que es lo que está planteando Sarkozy y Merkel, el ideólogo del socialismo de Nueva Vía, al estilo de Hugo Chávez o Evo Morales amenaza con «expropiarles» sus plusvalías. Con lo cual, de llevarse a cabo la amenaza, en 2020 la España del siglo XXI estará más cerca de la Cuba de Fidel Castro que del resto de las naciones europeas del Euro.