El presidente de la República Islámica de Irán Mahmud Ahmadinejad acaba de ridiculizar las sanciones de Estados Unidos y de la ONU en contra de su país para que ponga fin a sus planes y ensayos nucleares encaminados a construir la bomba atómica.
En una alocución televisada el 28 de junio pasado donde aparecen dos periodistas que hacen de convidados de piedra, uno de ellos una mujer con la mitad del rostro cubierto, el dirigente iraní asegura que su país no tiene 2 millones de habitantes sino de 75, una gran superficie de 1.648.195 kilómetros cuadrados y que constituye uno de los ejes cruciales en las comunicaciones en Oriente Medio, por lo cual no podría ser atacado sin provocar una crisis internacional sin precedentes.
Ahmadineyad, que la semana pasada amenazó con retirar las inversiones de su país en las bolsas europeas y provocar una crisis mundial si el Viejo Continente se unía a las presiones internacionales para hacerles entrar en razón, agregó que hace 60 o 30 años quizás el mundo habría aceptado las sanciones contra Irán pero no hoy.
Con un cinismo fuera de lo común dijo: «nosotros formamos parte de la cultura, civilización y el progreso del mundo», obviando que el país es una de las más feroces dictaduras militares de la tierra, tan totalitaria como el III Reich de Adolfo Hitler y que como el jefe nazi vive con una siniestra y enfermiza obsesión: borrar del mapa el estado de Israel.
Porque lo que el «descendiente ideológico» del ayatolah Jomeini no ha ocultado nunca es que el plan para dotar a su país de armas de destrucción masivas tiene una única meta: acabar con el «sionismo mundial», obviando así que en la guerra Irán-Irak de 1980 a 1988 fueron los israelíes los que convencieron a los americanos para que le vendieran misiles de corto alcance, dentro de la operación Irangate, para que pudieran detener a la aviación Iraki y defenderse del expansionismo de Sadam Hussein. De dado resultados aquellas gestiones militares para buscar un equilibrio armado en la zona, tal vez hoy Irán no constituiría un peligro para la humanidad.
En su intervención pública, Ahmadineyad pasó por alto también que en Teherán, controlada por los llamados Guardianes de la Revolución, no existe el derecho de circulación de personas, que los periodistas occidentales son detenidos acusados de espías y la mitad de la población ─ las mujeres─ no tienen derechos, han sido privadas de su dignidad como seres humanos y siguen siendo sometidas a castigos crueles y degradantes como la lapidación en las plazas públicas por presuntos delitos sexuales (la infidelidad al marido, su dueño y guardián), desaparecidos de los códigos penales europeos. A los homosexuales, en cambio, les espera la horca si son acusados de seguir el ejemplo de Pedro Zerolo o del ministro español de industria, Miguel Sebastián, los cuales allí llevarían varios años criando malvas.
EN UNA ALOCIÓN TELEVISIVA AHMADINEJAD AFIRMÓ QUE EL COEFICIENTE DE INTELIGENCIA DE LOS IRANÍES ES MUCHO MÁS ALTO QUE EL DEL RESTO DEL MUNDO
«Tenemos 180 países amigos que se van a oponer a esas sanciones. El coeficiente de inteligencia (IQ) iraní es mucho más alto que el del resto del mundo», agregó en un programa televisivo claramente destinado al consumo interno. «Mientras a nosotros se nos sanciona, Estados Unidos tienen entre 50 y 100 bases militares en todo el mundo que representan un peligro para la humanidad. Nadie se imagina lo que pudiera pasar si estalla una bomba».
Apoyado por los soviéticos en su empeño por enriquecer uranio o plutonio para fines bélicos, Mahmud Ahmadinejad, quien no dejó intervenir a los periodistas que no dejaban de asentir con una media sonrisa, no hizo comentario alguno acerca del riesgo que supone para la humanidad y especialmente para Israel la irrupción de su país en la carrera armamentística nuclear.
Especialmente teniendo en cuenta que se trata de una nación integrista, islamista revolucionaria, donde no se sabe quien controla el poder, donde se vulneran las leyes internacionales, que apoya la Yijad islámica, y que está dispuesto a cualquier precio incendiar al mundo con su guerra santa y a barrer a Israel del mapa, salvo que se le paren los pies antes de que sea demasiado tarde con acciones militares que destruyan sus bases militares y sus centros de investigación militares, asunto en el que la ex URSS podría jugar un papel importante ya que muchos de sus científicos conocen exactamente sus emplazamientos.
Como el propio Ahmadinejad ha dicho en otra ocasión el mundo esta demasiado preocupado en nimiedades y vaciedades para hacer frente a su escalada armamentística que solo pretende poder fabricar cabezas atómicas de implosión, similares a las utilizadas en la II Guerra Mundial, pero más pequeñas, potentes y sofisticadas al disponer de mecanismos de detonación de cuarta o quinta generación, y en contar con un arsenal de cohetes de medio y largo alcance con potencia y radio suficientes para transportarlas hasta Grecia, Turquía e incluso el centro de Europa.
Lo cual no deja de ser cierto. A más del 90 por ciento del mundo civilizado sólo parece importarle ganar dinero, incrementar su nivel de bienestar e irse de vacaciones todos los años. La seguridad global del planeta es un asunto que les es ajeno, incluso a muchos de sus gobernantes, emnpezando por José Luis Rodríguez Zapatero que considera Oriente Medio como un problema irresoluble, pese a su Alianza de Civilizaciones, o su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien dedica gran parte de su trabajo y esfuerzo diplomático a fotografiarse con terroristas y ex terroristas palestinos.
El presidente de la República Islámica de Irán Mahmud Ahmadinejad acaba de ridiculizar las sanciones de Estados Unidos y de la ONU en contra de su país para que ponga fin a sus planes y ensayos nucleares encaminados a de construir la bomba atómica.
En una alocución televisada el 28 de junio pasado donde aparecen dos periodistas que hacen de convidados de piedra, uno de ellos una mujer con la mitad del rostro cubierto, el dirigente iraní asegura que su país no tiene 2 millones de habitantes sino de 75, una gran superficie de 1.648.195 kilómetros cuadrados y que constituye uno de los ejes cruciales en las comunicaciones en Oriente Medio.
Ahmadineyad, que la semana pasada amenazó con retirar las inversiones de su país en las bolsas europeas y provocar una crisis mundial si el Viejo Continente se unía a las presiones internacionales para hacerles entrar en razón, agregó que hace 60 o 30 años quizás el mundo habría aceptado las sanciones contra Irán pero no hoy.
Con un cinismo fuera de lo común dijo: «nosotros formamos parte de la cultura, civilización y el progreso del mundo», obviando que el país es una de las más feroces dictaduras militares del mundo, tan totalitaria como el III Reich de Adolfo Hitler y que como el jefe nazi vive con una siniestra y enfermiza obsesión: borrar del mapa el estado de Israel.
Ahmadineyad pasó por alto también que en Teherán, controlada por los llamados Guardianes de la Revolución, no existe el derecho de circulación de personas, que los periodistas occidentales son detenidos acusados de espías y la mitad de la población ─ las mujeres─ no tienen derechos, han sido privadas de su dignidad como seres humanos y siguen siendo sometidas a castigos crueles y degradantes como la lapidación en las plazas públicas por presuntos delitos sexuales (la infidelidad al marido, su dueño y guardián), desaparecidos de los códigos penales europeos. A los homosexuales, en cambio, les espera la horca si son acusados de seguir el ejemplo de Pedro Zerolo o del ministro español de industria, Miguel Sebastián, los cuales allí llevarían varios años criando malvas.
EN UNA ALOCIÓN TELEVISIVA AHMADINEJAD AFIRMÓ QUE EL COEFICIENTE DE INTELIGENCIA DE LOS IRANÍES ES MUCHO MÁS ALTO QUE EL DEL RESTO DEL MUNDO
«Tenemos 180 países amigos que se van a oponer a esas sanciones. El coeficiente de inteligencia (IQ) iraní es mucho más alto que el del resto del mundo», agregó. «Mientras a nosotros se nos sanciona, Estados Unidos tienen entre 50 y 100 bases militares en todo el mundo que representan un peligro para la humanidad. Nadie se imagina lo que pudiera pasar si estalla una bomba».
Apoyado por los soviéticos en su empeño por enriquecer uranio o plutonio para fines bélicos, Mahmud Ahmadinejad, quien no dejó intervenir a los periodistas que no dejaban de asentir con una media sonrisa, no hizo comentario alguno acerca del riesgo que supone para la humanidad y especialmente para Israel la irrupción de su país en la carrera armamentística nuclear.
Especialmente teniendo en cuenta que se trata de una nación integrista, islamista revolucionaria, donde no se sabe quien controla el poder, donde se vulneran las leyes internacionales, que apoya la Yijad islámica, y que está dispuesto a cualquier precio incendiar al mundo con su guerra santa y a barrer a Israel del mapa, salvo que se le paren los pies antes de que sea demasiado tarde con acciones militares que destruyan sus bases militares y sus centros de investigación militares, asunto en el que la ex URSS podría jugar un papel importante ya que muchos de sus científicos conocen exactamente sus emplazamientos.
Como el propio Ahmadinejad ha dicho en otra ocasión el mundo esta demasiado preocupado en nimiedades y vaciedades para hacer frente a su escalada armamentística que solo pretende poder fabricar cabezas atómicas de implosión, similares a las utilizadas en la II Guerra Mundial, pero más pequeñas, potentes y sofisticadas al disponer de mecanismos de detonación de cuarta o quinta generación, y en contar con un arsenal de cohetes de medio y largo alcance con potencia y radio suficientes para transportarlas hasta Grecia, Turquía e incluso el centro de Europa.
Lo cual no deja de ser cierto. A más del 90 por ciento del mundo civilizado sólo parece importarle ganar dinero, incrementar su nivel de bienestar e irse de vacaciones todos los años. La seguridad global del planeta es un asunto que les es ajeno, incluso a sus gobernantes.
LAS ENCUESTAS LE DAN MÁS DE SIETE PUNTOS POR ENCIMA DE LOS SOCIALISTAS, ENTRENTADOS EN BATALLAS INTERNAS Y EN GUERRAS CAINITAS TRAS LA MARCHA DE MANUEL CHAVES
Hace algo más de 30 años, un 28 de febrero de 1980, un político mediocre, que resultó providencial para hacer la transición política pero errático, torpe e indeciso a la hora de gobernar en democracia, Adolfo Suárez González regalaba Andalucía a los socialistas al convocar un referéndum para perderlo.
Incapaz de entenderse con su propio partido, de hacerse oír entre la gente de su confianza, tras comprometerse en el llamado «Pacto de Antequera» a que Andalucía tendría un estatuto con las mismas competencias que el de vascos y catalanes, semanas antes de que el Gobierno convocara la consulta, repentinamente dio marcha atrás y arrojó todo su caudal político a la basura.
Celebrado el llamado «referéndum sobre la iniciativa autonómica» con el partido del Gobierno pidiendo la abstención e incluso el voto en contra, en medio de la dimisión del vicepresidente de UCD en Andalucía Félix Pérez Miyares, la consulta no sólo fue el primer gran fracaso electoral de Adolfo Suárez. También representó el descalabro del centro-derecha, que jamás volvería a ganar unas elecciones en aquella comunidad autónoma al ser presentado por el PSOE como el verdadero «enemigo» de los habitantes de la región más meridional de España.
Por aquella época formaba parte de las juventudes andaluzas de UCD un joven, Javier Arenas Bocanegra, natural de Olvera (Cádiz), quien posteriormente sería teniente de alcalde del ayuntamiento de Sevilla, diputado, ministro de Trabajo y vicepresidente segundo del Gobierno con José María Aznar.
Pues bien, tres lustros después de la hecatombe del centro derecha en Andalucía, Arenas, 53 años, casado y padre de hijos, es la esperanza del Partido Popular, para recuperar lo que el Boabdil de La Moncloa fue incapaz de conservar, pese a que tenía a su favor los dos canales de Televisión Española, la prensa del Movimiento y numerosos medios de comunicación más a su servicio.
Una encuesta hecha pública en las últimas semanas por el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía realizado por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), revela que ganaría por 7,1 puntos sobre su más inmediato rival, el ex ministro del PSOE y presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.
ANTE EL ESCASO CARISMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, JOSE ANTONIO GRIÑÁN, HACE UNA SEMANA LA EJECUTIVA SOCIALISTA ANDALUZA CONVOCÓ UNA REUNIÓN PARA BUSCAR OTRO CANDIDATO PERO LAS PELEAS INTERNAS IMPIDIERON EL ACUERDO
Según la estimación de voto realizada por el Cadpea, de celebrarse ahora comicios andaluces, el PP obtendría el 45,1 por ciento de los votos, el PSOE el 38 por ciento e Izquierda Unida, el 8,1por ciento. El Partido Andalucista seguiría sin tener representación parlamentaria con el 2 por ciento de los sufragios.
Todo lo cual constituye una excelente noticia para los españoles ya que, reconquistada Andalucía, la posibilidad de que Mariano Rajoy llegue a La Moncloa en 2012 se incrementan notablemente. De ahí el nerviosismo del PSOE andaluz que el sábado 24 de julio convocó una reunión de su ejecutiva con el fin de celebrar primarias y sustituir al actual presidente de la Junta por una persona más idónea.
Y es que para amplios sectores de la población andaluza, José Antonio Griñán no da la talla para encabezar la lista electoral del PSOE al parlamento andaluz. Especialmente, porque no cuenta con un amplio sector del partido, el más afín a Manuel Chaves y a Gaspar Zarrías, los dos hombres fuertes en la región hasta que José Luis Rodríguez Zapatero llamó al primero, en abril de 2009, para ocupar la vicepresidencia tercera del Gobierno.
A partir de entonces, Chaves y Griñán, que eran una y carne, que desayunaban y tomaban el aperitivo juntos todos los días, se distanciaron hasta el extremo de que en la actualidad no se dirigen la palabra y hay quien dice que cuando se encuentran en una reunión de amigos no ahorran descalificativos para hablar el uno del otro.
A todo ello se une el desmoronamiento del partido, llevado con mano de hierro, por Gaspar Zarrias, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, quien dejó su cargo para acompañar a Chaves en su aventura madrileña como secretario de Estado de Cooperación Territorial.
Desde entonces el cainismo y las guerras africanas en las que se han visto envueltos los dos sectores del PSOE ─ chavistas y griñanistas─ para hacerse con el control de la formación política son de tal calibre que afirmar que el PSOE andaluz es una jaula de grillos, constituye para muchos un inmerecido elogio.
El panorama, por tanto, no puede ser más propicio para que Javier Arenas, que ya peina canas, se convierta en el dueño y señor de la comunidad más poderosa de españa en términos electorales: el 25 por ciento de las papeletas que se depositan en las urnas proceden de esta comunidad. Con el PP puede acariciar primera vez en sueño de conquistar un territorio que perdió hace más de 30 años Adolfo Suárez y lo hizo con tal destreza y habilidad que impidió desde entonces que otro partido que no fuera el de Pablo Iglesias alcanzara legítimamente el poder.
LA PROVINCIA COMO ENTIDAD ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y ELECTORAL ES MUY ANTERIOR YA QUE DATA DE LA ETAPA DE LA DOMINACIÓN ROMANA
Desde ayer el mapa de España que se enseña en las escuelas públicas y colegios privados ha cambiado repentinamente.
Ya no hay 50 provincias como enseñaba hasta finales del curso escolar actual en los libros de geografía y aparece en la guía Michelin, por poner un ejemplo, sino 46 y siete veguerías: las de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Cataluña Central, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran.
Las nuevas demarcaciones territoriales, impuestas por los nacionalistas en el Estatuto fueron aprobadas ayer por el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de PSC, ERC e ICV-EUiA, y los votos en contra de CiU, PP y el Grupo Mixto.
La provincia representa desde tiempos de los romanos (provinciae) la entidad administrativa inferior al Estado y , de hecho, Cataluña formaba parte de una de las provincias del imperio (la Hispania Citerior Tarraconensis), que ocupaba dos terceras partes del territorio conquistado. Como ente administrativo, siguevigente en otros países europeos y Latinoamericanos. Las veguerias, en cambio, constituyen una demarcación histórica posterior, de la etapa medieval. Estaban regidas por un veguer o corregidor del Rey y fueron suprimidas en el siglo XVIII con el Decreto de Nueva Planta y Demercación promulgado por el Rey Felipe V tras la Guerra de la Sucesión Española.
La supresión de las provincias en una parte del territorio nacional para implantar una estructura territorial diferente que les distinga del resto de España y les dote de personalidad jurídica propia, supone una nueva bravata, una fanfarronada del catalanismo independentista y del socialismo complaciente con sus maquinaciones, frente a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que prohibía expresamente la creación de las veguerías.
Pero tendrá consecuencias aún más graves. De momento y para que el nuevo texto pueda entrar en vigor, obligará a modificar la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Electoral (lo que va a ser otra fuente de conflictos), para adaptarla al nuevo mapa geográfico y político impuesto por los separatistas, y otras muchas leyes orgánicas, cuya competencia es exclusiva del Congreso de los Diputados.
Esta nueva provocación catalanista forma parte, por otro lado, de los pactos suscritos hace apenas una semana entre el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el caporal catalán, José Montilla, para vaciar y dejar sin contenido la sentencia del Tribunal Constitucional y colocar a Cataluña en una situación de rebeldía e insubordinación permanente dentro de la nación española, con la complicidad dolosa del propio Gobierno.
LA DECISIÓN DE LOS NACIONALISTAS VA A TRAER COLA. CUANDO ZAPATERO PACTE EL NUEVO ESTATUTO SEPARATISTA CON ETA TENDRA QUE ADMITIR TAMBIEN LOS HERRIALDES
Forma parte, igualmente, de los planes de Zapatero para negociar con ETA y concederles un estatuto similar a los terroristas, incluyendo de propina al Reino de Navarra, que jamás perteneció al País Vasco y que se regía por su propio derecho privativo, pactado con la Corona (el llamado Amejoramiento del fuero), dentro de los acuerdos.
Con lo cual, entregada otra parte del territorio nacional a los separatistas vascos, volveríamos a las mismas. Porque ETA no admite otro nombre para el País Vasco que no sea el de Euskal Herría ni tampoco la provincia como demarcación territorial sino los herrialdes o territorios históricos, cuyos límites no coinciden exactamente con los de las provincias e incorporan, además, tres territorios franceses de la Demarcación de los Pirineos Atlánticos (Laburdi, Baja Navarra o Nafarroa Becherea y Suberoa) para completar lo que conocen como el Zazpiak Bat (siete en uno) desde los tiempos de Sabino Arana:
Los terroristas que, desde su nacimiento en 1959, asignaban a sus comandos, la teórica «liberación» de un herrialde, han dejado claro en sus negociaciones con los intermediarios de Zapatero que el País Vasco nunca fue romanizado y que ellos, en consecuencia, no van a admitir la provincia, que es una creación artificial de los dominadores castellanos. De modo y manera, que los niños futuros van a tener que hacer nuevos y mayores esfuerzos cuando tengan que estudiar los nuevos libros de geografía: provincias, veguerias y herrialdes.
Ojalá sólo se quedara en eso, en una lección nueva de geografía. Porque lo realmente trágico sería que los juegos malabares, el equilibrismo político, ese andar por el alambre o filo de navaja, al borde del abismo, de ese aprendiz de brujo llamado José Luis Rodríguez Zapatero, pudiera conducirnos a situaciones peores y mucho más lamentables.
Desde ayer el mapa de España que se enseña en las escuelas públicas y colegios privados ha cambiado repentinamente.
Ya no hay 50 provincias como enseñabahasta finales del curso escolar actual en los libros de geografía y aparece en la guía Michelin, por poner un ejemplo, sino 46 y siete veguerías: las de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Cataluña Central, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran.
Las nuevas demarcaciones territoriales, impuestas por los nacionalistas en el Estatuto fueron aprobadas ayer porel Parlamento de Cataluña con los votos a favor de PSC, ERC e ICV-EUiA, y los votos en contra de CiU, PP y el Grupo Mixto.
La provincia representa desde tiempos de los romanos (provinciae) la entidad administrativa inferior al Estado y , de hecho, Cataluña formaba parte de una de las provincias del imperio (la Hispania Citerior Tarraconensis), que ocupaba dos terceras partes del territorio conquistado. Como ente administrativo, siguevigente en otros países europeos y Latinoamericanos. Las veguerias, en cambio, constituyen una demarcación histórica posterior, de la etapa medieval. Estaban regidas por un veguer o corregidor del Rey y fueron suprimidas en el siglo XVIII con el Decreto de Nueva Planta y Demercación promulgado por el Rey Felipe V tras la Guerra de la Sucesión Española.
La supresión de las provincias en una parte del territorio nacional para implantar una estructura territorial diferente, supone una nueva bravata, una fanfarronada del catalanismo independentista y del socialismo complaciente con sus maquinaciones, frente a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que prohibía expresamente la creación de las veguerías.
Pero tendrá consecuencias aún más graves. De momento y para que el nuevo texto pueda entrar en vigor, obligará a modificar la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Electoral (lo que va a ser otra fuente de conflictos), para adaptarla al nuevo mapa geográfico y político impuesto por los separatistas, y otras muchas leyes orgánicas, cuya competencia es exclusiva del Congreso de los Diputados.
Esta nueva provocación catalanista forma parte, por otro lado, de los pactos suscritos hace apenas una semana entre el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el caporal catalán, José Montilla, para vaciar y dejar sin contenido la sentencia del Tribunal Constitucional y colocar a Cataluña en una situación de rebeldía e insubordinación permanente dentro de la nación española, con la complicidad dolosa del propio Gobierno.
LA DECISIÓN DE LOS NACIONALISTAS VA A TRAER COLA. CUANDO ZAPATERO PACTE EL NUEVO ESTATUTO SEPARATISTA CON ETA TENDRA QUE ADMITIR TAMBIEN LOS HERRIALDES
Forma parte, igualmente, de los planes de Zapatero para negociar con ETA y concederles un estatuto similar a los terroristas, incluyendo de propina al Reino de Navarra, que jamás perteneció al País Vasco y que se regía por su propio derecho privativo, pactado con la Corona (el llamado Amejoramiento del fuero), dentro de los acuerdos.
Con lo cual, entregada otra parte del territorio nacional a los separatistas vascos, volveríamos a las mismas. Porque ETA no admite otro nombre para el País Vasco que no sea el de Euskal Herría ni tampoco la provincia como demarcación territorial sino los herrialdes o territorios históricos, cuyos límites no coinciden exactamente con los de las provincias e incorporan, además, tres territorios franceses de la Demarcación de los Pirineos Atlánticos (Laburdi, Baja Navarra o Nafarroa Becherea y Suberoa) para completar lo que conocen como el Zazpiak Bat (siete en uno) desde los tiempos de Sabino Arana:
Los terroristas que, desde su nacimiento en 1959, asignaban a sus comandos, la teórica «liberación» de un herrialde, han dejado claro en sus negociaciones con los intermediarios de Zapatero que el País Vasco nunca fue romanizado y que ellos, en consecuencia, no van a admitir la provincia, que es una creación artificial de los dominadores castellanos. De modo y manera, que los niños futuros van a tener que hacer nuevos y mayores esfuerzos cuando tengan que estudiar los nuevos libros de geografía: provincias, veguerias y herrialdes.
Ojalá sólo se quedara en eso, en una lección nueva de geografía. Porque lo realmente trágico sería que los juegos malabares, el equilibrismo político, ese andar por el alambre o filo de navaja, al borde del abismo, de ese aprendiz de brujo llamado José Luis Rodríguez Zapatero, pudiera conducirnos a situaciones peores y mucho más lamentables.
Salvo que el matador sea José Tomás, el único torero de verdad que existe en el ruedo nacional, como a muchos españoles a mí tampoco me gusta la fiesta de los toros. Me parece un espectáculo cruel e innecesariamente sangriento en el que a un animal se le somete sistemáticamente a una serie de heridas y cortes con el fin de que vaya perdiendo fuerza y se someta a las distintas suertes que reclama el diestro. Especialmente brutal cuando el encargado de la lidia entra a matar, falla una y otra vez y somete al animal a media docena de puyazos y descabellos, hasta que logran mandarle sin sentido a los chiqueros.
Dicho esto y dejando al margen el sadismo a que se somete al animal, tendría que reconocer y añadir también que los toros constituyen un pasatiempo grato a la vista a la sensibilidad de muchas personas. Un espectáculo lleno de colorido, de vida y de muerte, y muchas veces hasta de arte, en el que se enfrentan dos voluntades en el ruedo, la del toro y la del torero y que entronca con nuestra cultura más ancestral y pura, con nuestra manera de ser y constituye una de nuestras principales señas de identidad en el mundo.
Tal vez por eso, en casi todos los pueblos de España hay una plaza de toros pequeña y coqueta, en algunos casos, portátil en otros, y las fiestas patronales no serían tales si el día grande no se celebrara al menos una novillada o una corrida de toros. Quizás debido a que los toros forman el núcleo esencial del ADN nacional, hay centenares de miles de personas que disfrutan, viven, sienten y hasta sueñan al compás de una verónica, de un pase de pecho, una manoletilla o una chicuelilla.
ATENTADOS COMO EL COMETIDO AYER CONTRA LA TAUROMAQUIA SON UNA PROVOCACIÓN INADMISIBLE Y UNA AFRENTA INTOLERABLE A TODOS LOS ESPAÑOLES
Pues bien, la fiesta de los toros, la fiesta nacional por antonomasia, dejó de existir ayer en Cataluña al prohibir su parlamento regional la celebración de corridas en el territorio donde ejerce de caporal José Montilla Aguilera, ese individuo nacido y criado en Iznájar (Córdoba) entre vacas y reses bravas y ahora, de repente, trasmutado en enemigo acérrimo de las señas de identidad patrias.
El acuerdo de la cámara catalana por 68 votos frente a 55 representa sin duda, como apuntarán muchos comentaristas, una violación del derecho a la libertad de empresa, y un atentado a la libertad individual del ser humano a divertirse como le de la gana, siempre que respete la libertad de los demás. Constituye además una intromisión ilegítima del parlamento catalán y de la Generalitat en ámbitos no menos privados sobre los que no le corresponde legislar, como son los usos y costumbres populares de las personas y de los pueblos, respetados por todos los regímenes, democráticos, comunistas o autoritarios.
Todo ello, con ser grave, podría incluso podía hasta admitirse. Otro Gobierno y otro parlamento podrían enmendar el error de ayer. Lo que no es de recibo es que bajo el pretexto de prohibir las corridas de toros porque a un grupo le parezcan demasiado sangrientas se estén atacando los signos de identidad de la nación española en una parte de su territorio con un objetivo distinto al expresado: con el fin de ir erosionando y eliminando subrepticiamente los elementos comunes que identifican a todos los españoles e ir preparando el ambiente para, en un momento dado, soltar amarras y constituirse en una nación independiente, que es lo que buscan los separatistas catalanes y han conseguido con el apoyo entusiasta del PSOE.
Al igual que la supresión del castellano en las escuelas, que la obligación a los comerciantes a rotular en catalán, que la lenta, paulatina e invisible expulsión del Ejército español de Cataluña, que la obligación a los distribuidores cinematográficos a doblar la mitad de las películas a la lengua vernácula de José Montilla, que la creación de las Viguerías por el Parlamento vulnerando la sentencia del Tribunal Constitucional y otras muchos atentados culturales, geográficos, políticos o lingüísticos, son hechos que no se deberían permitir.
Al margen de que los catalanistas ya no engañan a nadie, cada acto de estos por separado supone una provocación inadmisible y una afrenta irritante, intolerable, gratuita e innecesaria a todos los españoles. Entre otras cosas, porque de esta manera, no ya tan furtiva ni sibilina como antes, se está matando lentamente el ser de España como nación, como proyecto común y compartido de una raza, que decidió unir sus destinos en 1492 cuando los Reyes Católicos (Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla) tomaron Granada, expulsaron a Boabdil y hasta el último morisco del suelo patrio, y reestablecieron la unidad nacional rota varios siglos antes. Un hecho histórico que debería estudiarse en todas las escuelas españolas, empezando por las catalanas y en todos los parlamentos regionales y gobiernos autonómicos, comenzando por el de la Plaza de San Jaume de Barcelona.
PROPONE MODIFICAR UN ARTÍCULO DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA PRECONSTITUIR PRUEBAS EN CALIENTE Y SUPLIR ARTIFICALMENTE A LA OFENDIDA CUANDO LAS MUJERES SE NIEGUEN A DECLARAR EN LOS TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA CONTRA SUS EX MARIDOS
Como diría el diputado Federico Trillo Figueroa, en los países civilizados, donde los conflictos entre partes se rigen por las normas del Derecho, la vista oral es el acto supremo, único y hasta majestuoso en el que se imparte la Justicia.
Por eso el plenario se reviste de toda la solemnidad posible y jueces, magistrados, ministerio público, acusación particular si la hubiere y letrados de la acusación y de la defensa ocupan un lugar privilegiado, en una especie de estado, que les aleja y les coloca por encima de los simples mortales.
Los debates están dirigidos al esclarecimiento de la verdad, y se rigen por los principios de publicidad, contradicción e igualdad de armas, bajo pena de nulidad y las declaraciones y las piezas de convicción que se colocan en la sala sólo tienen valor indiciario, nunca probatorio.
A efectos de elaborar la sentencia sólo es válido, por tanto, los hechos que hayan quedado demostrados en la sala, sirviendo de muy poco las declaraciones y testimonios efectuados ante la Guardia Civil o policía Nacional, que tiene el efecto de meras denuncias y que pueden ser cambiadas o alteradas en el plenario, ya que una cosa es lo que se dice en caliente, con los nervios a flor de piel, en el momento de acudir a la policía y otra cuando los ánimos se han serenado, se ha podido reflexionar, y se sitúan los hechos en su contexto.
Este exordio viene a cuento de la propuesta del PP en la subcomisión de Violencia de Género en el sentido de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los efectos de que la primera declaración de una víctima ante el Juzgado de Violencia de Género tenga el valor de prueba irrefutable, de modo que aunque se niegue a declarar en contra de su marido o ex marido en el juicio, el testimonio sea suficiente para condenarle.
De esta manera, las feminoides del partido de la calle Génova, pretenden poner fin a una practica común que ocurre en los tribunales penales de toda España: gran parte de las sentencias condenatorias procedentes de los tribunales excepcionales y arbitrarios de Violencia, auténticas máquinas de triturar hombres, acaban en absoluciones al ser revisadas al negarse la mujer a declarar en contra de su pareja con tal de salvar su matrimonio de la Ley de Violencia de Género.
Para ello pretenden que el Gobierno proponga al Congreso la reforma del artículo 777.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite, la practica de una prueba (declaración ante el juez) cuando «fuere de temer razonablemente que esta no se pudiera practicar en el juicio oral o pudiere motivar su suspensión de éste».
Este artículo figura en la LEC, por lo que a mi me consta, para ser usado con carácter excepcional. Por ejemplo, en el caso de que el ofendido en una causa penal residiere en otro país o padeciere cáncer terminal y no fuera posible que sobreviviera para asistir a la vista oral. Con el sano propósito de que el crimen no quede impune la Ley permite la celebración de una vistilla, a la que son convocadas el Fiscal y los abogados de las partes, donde se procede a tomar declaración al denunciante, que se guarda en soporte de video y se emplea a posteriori en el plenario como prueba de convicción realizada con todas las garantías.
Tratar de extrapolar este artículo y utilizarlo, como pretende el PP, para que las más de 200.000 mujeres que denuncian anualmente malos tratos no puedan cambiar su testimonio o negarse a declarar es utilizar procedimientos excepcionales para asuntos de naturaleza ordinaria, va en contra del principio de economía procesal, e intenta imponer por medio de una argucia procesal a los tribunales de Violencia de Género como única instancia judicial, inapelable e irrecurrible.
Porque, tal y como se plantea el asunto, presupone, un intento claro y evidente, de sustraer a los tribunales superiores su función jurisdiccional, y sustituirla por pruebas preconstituidas ─y que incluso pudieran ser amañadas─, con lo que a los jueces y magistrados de los tribunales penales y a las Audiencias Provinciales se le hurta la posibilidad de formarse su propio criterio sólo con lo visto y oído en la sala.
Presupone, además, considerar a la mujer presuntamente maltratada como una menor de edad, como una especie de retrasada mental, dúctil y maleable, sin criterio propio, capaz de declarar ante los tribunales según su conveniencia e intereses. Y, en contra de la doctrina del Supremo y el Constitucional, trata de dar más valor probatorio a una declaración producida en caliente, bajo un estado de excitación y nerviosismo, por una mujer ofuscada por una pelea reciente con su marido, que a la reflexión serena, pausada y objetiva que nuestros tribunales de Justicia precisan para poder dictar sentencia clara y motivada.
INTENTAN DE ESTA MANERA PALIAR EL ROTUNDO FRACASO QUE HA SUPUESTO LA LEY DE VIOLENCIA DE GENERO, QUE HA PERMITIDO DETENER A UN MILLON DE HOMBRES EN CINCO AÑOS SIN QUE SE REDUZCAN LAS MUERTES DE MUJERES
Intentar, además, que el 777.2 de la LEC, se estandarice en los juicios de Violencia de Género y no al resto de los procedimientos penales constituye por otra parte un agravio comparativo para otros querellantes con iguales derechos, una violación del principio de igualdad ante la Ley, de la tutela judicial efectiva y del derecho a un juicio justo ante un tribunal que reúna todas las garantías exigibles en Derecho.
Por tanto, la petición del PP de endurecer las leyes penales, como si en España las mujeres estuvieran en estado de sitio, es la constatación clara de que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ─ pese a constituir la norma más dura, discriminatoria e injusta de todo el ordenamiento jurídico español de todos los tiempos─ es inútil y no acaba con las muertes de las mujeres a manos de sus maridos o compañeros sentimentales (ni viceversa).
Entre otras cosas, porque una Ley que atenta de plano contra el derecho natural de todo ser humano a vivir en pareja, a buscar la mayor felicidad posible y permite al Estado y a los tribunales de Justicia, que deberían ser la última garantía del estado de Derecho, inmiscuirse al menor percance en el sagrado ámbito del hogar y condenar sin pruebas suficientes a una de las partes, haya estado o no en falta, es la mayor aberración jurídica que pudiera ocurrírsele al ser humano.
La implantación de esta Ley, que ni a Benito Mussolini ni a Francisco Franco ni a Adolfo Hitler se le hubiera ocurrido, trajo consigo la creación de los Juzgados de Violencia de Género, que se parecen tanto a la Justicia como la música militar a la música. Constituidos por órganos unipersonales, regentados en su mayoría por feministas recalcitrantes, implantaron el sistema de «juicios rápidos» como panacea universal para acabar con la violencia en el seno de la familia.
Tras una llamada telefónica de una mujer que decía sentirse maltratada por su marido, apenas unos minutos después éste era detenido, conducido a los calabozos de cualquier inmunda comisaría, y sin más pruebas que las declaraciones de las partes, el certificado de antecedentes del hombre del Registro de Violencia de Género y los correspondientes partes de lesiones, si los hubiere, decenas de miles de hombres eran condenados a penas de cárcel, destierro, pérdida de vivienda, enseres personales, y obligado a seguir pagando de por vida la hipoteca de la casa y la parte correspondiente a la manutención y educación de los hijos.
Al comienzo de su funcionamiento, estos tribunales inquisitoriales, con funciones civiles y penales, se limitaban a tratar a los hombres detenidos como si fueran perros rabiosos, como fieras salvajes, a los que había que anestesiar, triturar y expulsar de la sociedad. Sacados cinco minutos antes del juicio oral de los calabozos, tras pasar una noche en vela sin poder ducharse ni afeitarse, sin quitarles siquiera las esposas ni ser escuchados, se les incitaba a firmar una «sentencia de conformidad», lo que presuponía declarase culpable aunque fuera inocente. Para ello, el fiscal y a veces hasta su abogado de oficio, le ponían ante las narices el caramelo envenenado de una rebaja de condena (que nunca se cumplía pero que constaba en su expediente a efectos penales), a cambio de admitir que era un agresor y echar por la borda toda su vida anterior y empezar desde cero, como si acabara de salir del útero materno.
Pasada esta primera etapa y una vez que la mayoría de los hombres, advertidos de sus derechos, empezaron a no dejarse arrastrar como mansos corderos al matadero por la maquinaria judicial sectaria, las cosas empezaron a cambiar, aunque muy poco. En lugar de firmar «sentencias de conformidad» para librarse de la humillación y del atentado contra su dignidad que suponía verse esposado en unos minutos delante de sus hijos y sus vecinos, empezaron a no admitir la culpabilidad y a recurrir las sentencias ante los tribunales superiores de toda España.
Con ello, la estrategia del feminismo se vino abajo. Y fue entonces cuando quedó patente el cúmulo de arbitrariedades e injusticias a la que la mayoría de los hombres eran sometidos. Los tribunales penales habilitados como órganos de segunda instancia, tras escuchar a las dos partes y analizar las pruebas, empezaron a anular masivamente las sentencias de los tribunales de Violencia. Y eso en el caso de que llegara a celebrarse el plenario. Porque ante la posibilidad de destruir para siempre a su marido o ex marido, muchas mujeres, especialmente las sudamericanas, empezaron a negarse a declarar por sistema, convirtiendo en inútil la Ley de Violencia, al tener que suspenderse el juicio oral.
De ahí la insólita propuesta del PP de preconstituir pruebas para obligar por las bravas a las mujeres a vulnerar sus principios, los dictados de su conciencia, a mentir descaradamente si hiciera falta, y a declarar ─ sí o sí ─ en contra de sus ex maridos. De ahí la maniquea reforma que plantea ahora el Grupo Parlamentario Popular, obsesionado en someter a las mujeres a la dictadura, a la intolerancia y a la opresión del feminismo militante ─el peor de los absolutismos posibles─, del que son prisioneros ellos mismos; de ese feminismo que busca la destrucción del varón, el cambio de roles en la sociedad y la igualdad de la mujer encarcelando o quitando de en medio a sus maridos.
TRAS ESTA MEDIDA ARBITRARIA QUE SOLO SE EMPLEA EN CASOS EXCEPCIONALES, AL GOBIERNO Y AL PARLAMENTO YA SOLO LE QUEDA IMPLANTAR DE NUEVO LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN QUE MUCHAS FEMINISTAS ACEPTARIAN DE BUEN GRADO
Lo que le falta al partido de la calle Génova en estos momentos, para acabar de redondear el asunto, es pedir la creación de campos de concentración para hombres y encerrarlos a todos. Porque si en cinco años, después de haber detenido a un millón de hombres, de haber provocado la destrucción de 500.000 familias y dictado 150.000 órdenes de alejamiento; si tras ese cúmulo de horrores y escarnios la Ley de Violencia de Género no funciona y las mujeres siguen muriendo por celos, por infidelidades, por rencillas, por enfermedades mentales y otros motivos que no se contemplan en la Ley (y los hombres también, aunque menos, a manos de sus mujeres); si la propuesta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tampoco va a conseguir nada; las pulseras de seguimiento electrónico, que las neutraliza un niño son inútiles, solo queda un medio punitivo: la vuelta a los campos de internamiento masivo y, si son de exterminio, mejor.
Los métodos tradicionales de resolver los conflictos familiares que tan buenos resultados daban, la intervención del mediador social, las terapias de grupo dirigidas por psicólogos y psiquiatras, la ayuda de parientes y amigos, y la educación en valores para la convivencia desde la infancia, apenas parecen importarles a nuestros políticos, empeñados en echar más leña al fuego sin tener en cuenta el viejo proverbio: la violencia genera violencia.
LA MINISTRA Y MIEMBRA DEL PSOE ASEGURO QUE HAY 800.000 NIÑOS VIVIENDO EN UN ENTORNO DE VIOLENCIA DE GENERO SIN EXPLICAR DE DONDE HABÍA SACADO LOS DATOS
Hace 5 años los socialistas anunciaron a bombo y platillo que en España había 2 millones de maltratadores que puede que los haya, si las mujeres socialistas, comunistas y feministas de toda laya y jaez incluyen en la lista a sus maridos, hermanos, primos y cuñados.
Hoy habó Bibiana Aido, ese portento de ministra, prototipo de la mujer moderna e ilustrada española, progresista ella y faro y guía de La Moncloa. Lo hizo en los curso de verano de El Escorial a donde la responsable del mapa de los labios superiores e inferiores inmediatos al clítoris femenino debió llegar con las neuronas un poco recalentadas.
Porque fue y dijo: «En España hay unos 800.000 menores que viven en un entorno de violencia de género y requieren una protección especial, por lo que anunció ahora mismo la creación de un protocolo conjunto con las comunidades autónomas para incluir a los menores de edad entre los beneficiados de las políticas sociales que luchan contra este tipo de violencia, que es de "enorme preocupación" para la ciudadanía».
La hembra-miembra lógicamente no explicó de donde se sacó ese dato, si tocaba de oídas o se amparaba, como hace cinco años, en una encuesta realizada ad hoc para incrementar las condenas al hombre en el Código Penal. Tampoco explicó quién genera ese entorno de violencia porque, que se sepa, tradicionalmente las mujeres pasan más tiempo con sus hijos y suelen ser bastante más violentas con ellos que sus padres. Las mujeres, además, y eso está estadística y cientificamente demostrado, no sólo en España sino en todos los países industrializados cometen más parricidios que los hombres.
En cambio, claro, la señora Aído evitó dar su opinión acerca de los anuncios de prostitución que aparecen todos los días en la Prensa y que verdaderamente degradan a la mujer y atentan contra su dignidad como ser humano, al convertirla en un instrumento de placer al servicio exclusivo de los hombres. Hacerlo hubiera supuesto echarse encima a todos los periódicos de ámbito nacional, salvo La Gaceta tal vez, pero especialmente a El País y a El Mundo. Pero, claro, el feminismo militante e intrigante necesita del apoyo y la colaboración de los medios de comunicación para ejecutar sus políticas de género y para ello hay que olvidarse de las miles «esclavas del sexo», que malviven vendiendo su cuerpo y su consideración social, malviviendo y exponiéndose a ser tratadas como animales para que los diarios no pierdan su negocio.
SE OLVIDÓ DE DECIR QUE EN LOS PROXIMOS DIEZ AÑOS MORIRÁN EN ESPAÑA DOS MILLONES DE NIÑOS AL HABER CONCEDIDO EL PSOE A SUS MADRES LICENCIAPARA MATAR
La individua, obviamente, porque es lo que interesa a la industria de género que le da de comer a ella y centenares de grupos feministas, centró todo su discurso en las supuestos 800.000 niños que observan como sus padres se maltratan, porque tampoco negará la señora Aído que los insultos, los empujones, los arañazos y bastantes mordiscos en la espalda que yo he visto en los tribunales de justicia se los han hecho a si mismo los hombres por puro masoquismo.
Se olvidó de decir, claro, que en los próximos diez años en España habrá probablemente dos millones de niños asesinados por sus madres, en aplicación de la reciente ley del aborto de factura socialista; de esa ley hecha con la excusa de defender la salud sexual y reproductiva de la hembra que vino al mundo, entre otras cosas, para coadyuvar a la reproducción, a la perpetuación de la raza humana y no para eliminar a sus propios hijos, algo que ni las bestias más sanguinarias hacen con sus criaturas.
Lo que no deja de ser paradójico. Durante los dos últimos siglos, la ciencia ha luchado a brazo partido para impedir la mortalidad infantil, implantar la vacunación masiva y acabar con las epidemias en el mundo. Ayer mismo, releyendo la biografía de Alejandro Lerroux (Mis memorias), observé cómo el dirigente que fuera del Partido Radical Republicano contaba atribulado como sólo 5 de los 10 hermanos que eran sobrevivieron a la miseria y a las calamidades de finales del siglo XIX y comienzos del XX, especialmente a lo que llamaban el vómito negro. Por eso no deja de ser un contrasentido, una vuelta hacia atrás en la evolución humana, que hoy, gracias al PSOE, las mujeres tienen licencia para matar.
Y a Bibiana Aído, entre tanto, sólo le preocupa que en los hogares españoles no haya violencia (que ella atribuye, claro está, al hombre, faltaría más), lo que me hace pensar que en realidad lo que está pretendiendo es utilizar a los menores como rehenes, como moneda de cambio, para endurecer la llamada Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, es decir, la ley que más violencia ha generado en España con total seguridad desde la etapa de los romanos.
EN ESE TIEMPO NI EL GOBIERNO NI EL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO HAN PODIDO DEMOSTRAR QUE LA LEY MÁS DURA Y ARBITRARIA DE TODO LOS TIEMPOS HAYA IMPEDIDO LA MUERTE DE UNA SOLA MUJER
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite una nueva (de las más de dos mil) cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 57.2 del Código Penal, que impone el alejamiento forzoso del presunto maltratador (siempre que éste sea un hombre) respecto de su supuesta víctima en los procesos por violencia familiar y que ha sido recurrido por distintos jueces españoles desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
El articulo mencionado impone exclusivamente a los varones, en los mal llamados delitos de violencia de género la «prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal (...) quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil».
Se trata, hablando claramente, de una condena destierro en toda regla, de las calificadas como penas «infamantes, denigrantes o deshonrosas» en cualquier tratado de Derecho y, por esas mismas razones, desaparecida de los códigos penales españoles desde el siglo XIX al darse por sentado que atentaba contra la dignidad y el buen nombre de la persona, a la que convertía ante sus vecinos y amigos en una especie de apestado.
Reimplantada por el Partido Popular en 2003, por presiones de las feministas, se incorporóposteriormente a la llamada Ley de Violencia de Género no como la condena principal sino como una pena accesoria de obligado cumplimiento para los jueces y magistrados ya que, según el artículo 57.2 habrá de imponerse «en todo caso», es decir, al margen de que el tribunal unipersonal o colegiado estime que el denunciado es parapléjico y no supone ninguna amenaza para su denunciante, como acaba de ocurrir en Tenerife, o que la pareja ha vuelto a reconciliarse y a convivir juntos, como sucede en el 80 por ciento de las denuncias.
Con esta Ley, el Congreso de los Diputados, sin conocer sus efectos ni preveer que las parejas una vez resueltos sus problemas personales, en el caso de que los hubiera habido,tienden a reconciliarse y a volver al hogar familiar, con el estúpido pretexto de evitar las muertes de las mujeres a manos de sus maridos y no a la inversa, invadió ilegítima e ilegalmente elámbito de la esfera familiar, a salvo de la intervención del Estado y de la Justicia desde los primeros tratados de derecho romano hasta finales del siglo XX.
Según me contó el juez Ramón Sáez, titular del juzgado penal 20 en 2006 (cuando escribí mi libro El Varón Castrado) y hoy magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la aplicación de este artículo de obligado cumplimiento para jueces y magistrados, provocó autenticas tragedias en el ámbito familiar, al destrozar miles de matrimonios de manera aleatoria en toda España.
UNA VEZ IMPUESTA LA CONDENA DE ALEJAMIENTO, EL 80 POR CIENTO DE LAS MUJERES SUELEN ACUDIR AL JUEZ PARA QUE LA DEJE SIN EFECTO, SIN SABER QUE LA LEY OBLIGA AL TRIBUNAL A DESTERRAR AL ACUSADO DE MALTRATO DE SU MUJER E HIJOS, SEA INJUSTA O NO LA PENA
Por esa época, el número de alejamientos forzosos anuales de hombres de su hogar y de su barrio, era de 27.000. Basta realizar un simple cálculo para comprobar que en los 5 años de aplicación de la nefasta Ley, la más dura, arbitraria e inútil de todo el ordenamiento penal español de todos los tiempos, alrededor de 150.000 varones han sido desterrados.
«Lo más terrible de todo esto ─me contó entonces Ramón Sáez─ es que al día siguiente de dictar el alejamiento aparecían por el juzgado la mujer y el hombre, cogidos de la mano, y ella se me echaba a llorar y me pedía que les dejara vivir juntos, que qué iba a ser de ella y de sus hijos sin el marido y el padre de sus hijos».
El entonces titular del juzgado Penal 2 de Toledo era, como casi todos los jueces, de la misma opinión: «No hay día en que no reciba a mujeres que vienen a pedirme que les deje de nuevo ver a su marido. A pesar de que la mujer se ha quedado con la vivienda y cobra una pensión, las situaciones familiares que me plantean son tan dramáticas, que en muchos casos les permito la convivencia. Mando a la mujer al psiquiatra forense, le pido que me haga un informe de si la mujer actúa así porque esta siendo coaccionada por su marido o tiene perturbadas sus facultades mentales. Cuando me informan de que obra libre y voluntariamente, les permito rehacer su vida, al margen de la Ley de Violencia de Género».
UN NUEVO TRIBUNAL HA PRESENTADO UNA "CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD" PIDIENDO QUE ESTE ARTÍCULO SE SUPRIMA. MIENTRAS LAS FEMINISTAS, LOS HOMOSEXUALES E INDEPENDENTISTAS SIGAN MANDANDO EN ESPAÑA NO HAY NADA QUE HACER AL RESPECTO.
La juez María Poza Cisneros, con la que también hablé en Murcia, empleaba un método más sibilino. ¿Quién de los dos empezó la pelea?, solía preguntar a la mujer y al hombre. En muchos de los casos se demostraba que la incitadora, la arpía que dirían los grupos de varones maltratados, era la mujer. «Pues esto ─ resolvía la juez─ no es un asunto de violencia de Género sino un delito de faltas. Y de esa manera el hombre era condenado a una pena mínima y no se llevaba a cabo el humillante destierro de su barrio.
De esta manera, gracias a unos jueces justos que en muchos casos se han jugado su carrera por impartir Justicia, la pena de destierro se ha aplicado a 150.000 hombres, el 15 por ciento de los detenidos en estos cinco años, que ascienden a la suma de un millón de varones.
En esta ocasión, el recurso contra este bárbaro artículo del Código Penal procede de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, por posible vulneración de los artículos 1.1, 9.1, 10.1, 18.1, 24.1 y 25.1 de la Constitución Española, los relativos a la igualdad ante la ley de todos los españoles, el derecho a un juicio justo, la tutela judicial efectiva, la no discriminación por razón de sexo y otros de corte parecido. Se une así a la veintena de «cuestiones de inconstitucionalidad» más planteadas por las Audiencias Provinciales de Valladolid, Cádiz y distintos tribunales de Murcia, Madrid, Barcelona y Las Palmas.
Lo más lamentable de todo es que el Tribunal Constitucional, elegido por el Parlamento a imagen y semejanza de sus amos, los partidos políticos, no va a pronunciarse en contra del Congreso de los Diputados. Pese a que, como acabo de decir, el 80 por ciento de las mujeres, incluso aquellas que han sido maltratadas levemente y creen que pueden rehacer su vida con su pareja, no dejan de acudir a los juzgados para que jueces y magistrados incumplan la Ley o el Parlamento la enmiende.
Amparadas en la sabiduría popular no entienden cómo es posible que 350 diputados, la mayoría de ellos ex maestros de escuela incapaces de ganarse la vida fuera de la administración, sean los dueños de sus vidas y les digan con quién tienen que vivir y con quién no, un asunto que entra en el ámbito más intimo de las relaciones personales y donde ni siquiera la iglesia se inmiscuyó en 20 siglos de historia.
«Sólo el día que manden a Siberia a los hijos de 30 o 40 diputados es probable que estos se den cuenta de la barbaridad que están cometiendo con sus votantes y cambien la Ley», me decía esta mañana un juez. Incluso así lo dudo mucho. Conozco más de una docena de casos de diputados maltratados por sus mujeres, a los que no se les impone orden de alejamiento porque tienen que ir al Palacio de la Carrera de san Jerónimo. Todos ellos son concientes de la monstruosidad que han cometido y que les ha tocado vivir en propia carne. El partido, sin embargo, les recompensa con cargos y prebendas para que se callen. Cualquier cosa menos enfrentarse al lobby feminista radical que con el de los «zerolos y sebastianes» y el de los separatistas tienen el país en un puño.
Todavía, cuando se visita algún cementerio antiguo y apartado de Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra o España, el visitante puede encontrarse centenares de tumbas minúsculas adornadas con pequeñas cruces blancas y, generalmente, la mayoría de ellas ya sin nombre.
Son las sepulturas de centenares miles, de millones de niños cuyos restos ocupan los camposantos de todo el mundo civilizado. Hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, la falta de condiciones higiénicas en el parto y en los hogares, la deficiente alimentación, la falta de vacunas y de medicamentos adecuados para combatir las enfermedades, se llevaban a la tumba a uno de cada tres niños menores de un año, entre tristeza infinita, el dolor inenarrable y el amargo desconsuelo de sus padres, abuelos y demás familiares.
La plaga de la mortalidad infantil empezó a superarse en los países industrializados a partir de la Primera Guerra Mundial (la última gran pandemia, el virus de la gripe mató esos años a más de 27 millones de personas, 17 de ellos en la India), con las vacunaciones masivas, el descubrimiento de los antibióticos, y el exterminio en el primer mundo de las grandes plagas de la humanidad: el cólera, la viruela, la gripe, la poliomielitis, la tosferina, el tifus, la peste, la tuberculosis, el tétanos y otras, y una alimentación equilibrada y saludable, con la aportación de oligoelementos, vitaminas y nutrientes.
Tras gastarse más de un billón de dólares en acabar con las pandemias y epidemias, los grandes azotes de la humanidad, vino la II Guerra Mundial. Centenares de miles de mujeres de toda clase y condición fueron movilizadas para cubrir los puestos de retaguardia mientras sus maridos y novios acudían a pelear a los frentes de batalla. Entre 1940 y 1945, ellas fueron las responsables de que las fábricas siguieran en pie, hubiera suficiente munición para los fusiles, las cosechas de recogieran a tiempo y la sociedad en general no se colapsara.
Cuando acabó la Gran Guerra, muchas cosas habían cambiado, especialmente la mortalidad infantil. Vencidas las enfermedades por la Ciencia la mayoría de los niños superaban los achaques infantiles y la esperanza de vida se incrementaba. La cuestión que se planteó entonces no consistía ya en que los hijos no murieran sino en que sus madres no querían volver del todo a sus casas. Los menores, la maternidad, el parto y la crianza se convirtieron en estorbos, en contrariedades e impedimentos insalvables para muchas mujeres que preferían abortar a perder su trabajo.
Impulsada por el incipiente movimiento feminista, con Simone de Beauvoir, Ángela Davis o Rebecca Walker nació así una nueva cultura, la de la salud sexual y reproductiva como parte del llamado movimiento de liberación de la mujer. La procreación y la familia dejaron de ser algo natural y se convirtieron en una actividad planificada y concebida como una fábrica. A ello contribuyó el uso de los métodos anticonceptivos, concebidos para que la mujer pudiera programar su embarazo y parto como si el matrimonio fuera una cadena de montaje de una fábrica de las afueras de Liverpool o Bilbao.
Pero no todo estaba resuelto. En una sociedad en la que tener hijos y perpetuar la especie no era ya el fin último de la pareja, los tocólogos y ginecólogos se dieron cuenta enseguida que, pese a la amplia panoplia de métodos para interrumpir la fecundación, se producían todavía más de un 50 por ciento de embarazos no deseados. Y se optó entonces por echar mano de la aspiradora de fetos y generalizar el aborto, extirpar al ser vivo del útero de su madre como una forma más de anticoncepción.
Con esta nueva filosofía salud sexual y reproductiva impuesta en la OMS por una nueva oleada de feministas más radicales aún, nació paralelamente, toda una industria: espermicidas, ligadura de trompas, condones, parches, diafragmas, implantes subdérmicos de hormonas, dispositivos intrauterinos, píldoras y clínicas abortivas (que cobraban entre 90 y 1800 dólares por aborto). Pero, especialmente, la industria de los gobiernos que decidieron entrar a saco en la familia, que según el derecho romano y la tradición cristiana, había quedado fuera del derecho positivo hasta entonces, salvo en lo relativo a testamentos y reparto de herencias. Colocándose al lado de la industria farmacéutica y las clínicas abortivas, se metieron a legislar (ahora en el Código Penal) en materia de aborto, divorcio, violencia familiar, matrimonios entre personas del mismo género y otros muchos asuntos.
La invasión del estado en la esfera familiar ha logrado que la pareja, de hecho, apenas pueda decidir en el ámbito de sus relaciones más íntimas y privativas. Como en la película 1984 de George Orwell, los gobiernos se han convertido en el Gran Hermano (The Big Brothers) que piensan, deciden y actúan por ellos, autorizando no sólo que las niñas puedan abortar sin conocimiento paterno sino permitiendo a los homosexuales contraer matrimonio o adoptar a menores de edad.
EN APENAS 33 AÑOS EL ABORTO HA PROVOCADO EN ESTADOS UNIDOS CUATRO VECES MÁS MUERTOS QUE LA II GUERRA MUNDIAL
Con todas estas transformaciones ya no hay entierros con cajas de muerto blancas, los cementerios no están llenos de crucetitas ni de lápidas infantiles y apenas hay padres que derramen una lágrima por el fallecimiento de un menor. Ahora mueren a millones todos los años en el mundo civilizado y sus restos acaban en los vertederos de las grandes ciudades, para alimento de los perros vagabundos y otras alimañas cuando no pulcramente incinerados.
El aborto mata cada año a más gente en Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra o Italia que la II Guerra Mundial y a nadie parece preocuparle esta epidemia que viene a ser como una especie de adelanto de uno de los cuatro jinetes (la muerte) del Apocalipsis. Por el contrario, algunos pensadores positivistas consideran que ésta es una nueva forma de autorregulación de la sociedad. En el siglo XIX y XX eran las epidemias, la mortalidad infantil y las guerras las que establecían el equilibrio de la población en el planeta. Hoy es el pretendido derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, de su fecundidad, el que aniquila generaciones de naturus, para no perder el nivel de vida, la prosperidad y el bienestar.
Bajo este prisma, el futuro de la humanidad es desolador. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, la mitad de los embarazos son no deseados y un cuarenta por ciento acaban en aborto. Cada año se arrancan del vientre de sus madres 1.31 millones de fetos lo que supone que cada 12 meses el 2 por ciento de las mujeres entre 15 y 44 años pasa por una clínica abortiva, con el agravante de que la mitad de ellas son reincidentes, es decir, lo ha hecho ya antes.
Desde que la Corte Suprema (Roe versus Wade ) autorizó la interrupción legal del embarazo, en 1973, el número de abortos legales entre ese año y 2005 fue de 45 millones. La cifra es escalofriante. Basta poner un ejemplo: han muerto 4 veces más americanos en los quirófanos de la muerte de fetos indefensos que en la II Guerra Mundial.
La ausencia de riesgo en la práctica de los abortos (solo un 1 por millón de mujeres muere en el intento) ha tenido un efecto contagio a los sectores más jóvenes de la población femenina. Tras la emancipación de las teenagers de sus padres, tras abandonar la Hight School para irse a vivir a un piso y acudir a la Universidad, los embarazos no deseados en las jóvenes se ha incrementado. Y, paralelamente, el número de abortos de chicas entere 15 y 19 años que se sitúa en el 18 por ciento en toda la nación, a pesar de que el 56 por ciento asegura haber usado métodos anticonceptivos.
Las secuelas suelen ser profundas pero de ellas apenas se habla. Por eso, para evitar el trauma del paso por la clínica en septiembre de 2000, la Food and Drug Administration aprobó el uso masivo de la mifepristona [la píldora RU-486] como método de abortivo químico. Administrada con otras píldoras, hace milagros antes de las 8 semanas de gestación.
Pero, en contra de lo que ocurre en España, 34 estados americanos obligan a las menores a contar con el consentimiento de los padres para abortar y en algunos otros, cuando la familia se niega a conceder el permiso, la Justicia, el Estado en definitiva, asume ese papel. En otros muchos casos, la emancipación de las jóvenes desde los 15 años, la lejanía de la familia, la ruptura con sus padres y otros factores, inducen a que muchas menores de edad sean atendidas en las clínicas abortivas sólo con su consentimiento. De esta manera, una niña de 15 años se convierte en la dueña absoluta con capacidad para dar o quitar la vida de otra que viene en camino, de asesinar a su hija con tal de que disponga de unos cientos de dólares para financiar la intervención.
Pero no todo está resuelto a favor de las abortistas. La excesiva liberalización y permisividad de las costumbres, ha generado reacciones de rechazo frente al «derecho» al asesinato libre. En los últimos meses se han dado tres casos de padres que se han negado al aborto libre de sus hijas menores de edad. Acérrimos defensores de la vida, han planteado que éstas tengan el bebe que posteriormente sería entregado en adopción a sus abuelos.
El asunto, llevado a los tribunales, ha provocado una enorme polémica en el país de las libertades debido al limbo legal existente sobre las criaturas en gestación, cuyos derechos están por reconocer. Por eso, al menos de uno de los tres casos, las feministas, han forzado el aborto clandestino de una menor con el fin de que la Corte Suprema no llegue a pronunciarse y no haya jurisprudencia en contra del aborto libre, cuando exista una posibilidad cierta de que el futuro bebe, aunque no tenga padres reconocidos, tiene su infancia y juventud garantizadas.
Incongruente y arbitrario, este es el mundo en que vivimos. Durante siglos la humanidad luchó a brazo partido para reducir a la mortalidad infantil a tasas asimilables para, posteriormente, en el mayor contrasentido y aberración de la historia, proceder al exterminio masivo y sistemático de los menores antes de nacer.
EN EL ULTIMO SIGLO LA CIENCIA HA ACABADO PRACTICAMENTE CON LA MORTALIDAD INFANTIL PERO HOY DIA SE PRODUCEN MUCHAS MÁS MUERTES DE NATURUS A MANOS DE SUS MADRES
Con un planeta donde las desigualdades económicas y sociales entre países y continentes son profundas y lacerantes, el absurdo es aún mayor. En una parte de la tierra (el tercer mundo) la malnutrición, la falta de condiciones higiénicas, la tuberculosis, la malaria, la viruela, el sida y otros endemismos siguen llenando los cementerios de cruces blancas y los hogares donde se vive a menudo la angustia, el dolor y tragedia por las elevadas tasas de morbilidad infantil. En el otro extremo del mundo, los niños mueren a manos de sus madres, en unos centros sanitarios impersonales, asépticos y esterilizados para acabar en esos cementerios invisibles que nadie sabe donde están. La intervención dura apenas unos minutos pasados los cuales, las madres salen por la puerta de los quirófanos felices y satisfechas, creyendo que se han quitado un problema de encima, cuando lo que han hecho es contribuir en pequeña escala al agrandar el mayor genocidio de la humanidad.
Born in the Canary Island in 1960, Doctor in Journalism by the University of La Laguna. Investigative Reporter (Chief) and Senior Editor of Cambio 16, Master in Control of Information for the Columbia University spent a stage (1977-78) in Time Magazine (NY) and others like Panorama (Italy), L'Express (France), Newsweek (NY) or Der Spiegel (Germany). Senior Editor at the mayor papers and magazines of the Spanish press and Writer over the last 19 years.
Pedro J. Ramírez, al desnudo (1999) Garzón, juez y parte (1997) El varón castrado (2006) Los mitos del Nacionalismo Vasco (2005) ETA, el Saqueo de Euskadi (2002) Arzalluz, el patriarca vasco (2001) Aznar, el presidente (1999) El secuestro de la Justicia (1998) El saqueo de España (1996) Pacto de Silencio (1996) Los secretos del Poder (1994) La rosa y el bastón (1993) El dinero del poder (1991)
