Existen una y mil y una razones para estar en contra de la pena capital. En su contra puede argumentarse que es un castigo inhumano y cruel, que con la ejecución del reo no se resarce a la víctima o a sus familiares del daño infringido, que el castigo tiene más de venganza y odio que de reparación o Justicia, y que nadie por muy poderoso e intocable que sea, por muy investido de la autoridad y de los poderes del Estado que se halle se encuentra legitimado para disponer en tiempo de paz de la vida de los demás.
El ordenamiento jurídico que así se pronuncia está más imbuido del «ojo por ojo y diente por diente» o por este otro precepto que dice «con la vara con la que midierais seréis medidos» que por el derecho natural (y el positivo de algunos países), que prohíbe matar al prójimo en nombre de la Ley y lo equipara el hecho a la barbarie de tomarse la Justicia por su mano.
Todo esto que digo viene a cuento del intento de lapidación (suspendido a última hora) por el gobierno terrorista de la República Islámica de Irán de una mujer, Shakine Mohammadi Ahstiani. Poco escrupuloso con el respeto a los Derechos Humanos y de los derechos privados inherentes a la persona (el derecho, sin ir más lejos, a disponer de si mismo dentro de unos límites razonables), a los ayatollahs no les tembló el pulso y decidieron ajusticiarla por emplear su propio cuerpo y usar de su sexualidad según su libre albedrío.
Por los hechos que conocemos, resulta que esta mujer fue detenida en 2006. Acusada de adulterio en un juicio-farsa, con un tribunal formado por hombres, en el que no contó con las garantías jurídicas ni la defensa adecuada, fue condenada de acuerdo con la Ley Islámica a ser enterrada viva en la plaza pública hasta la cabeza para, posteriormente, proceder a arrojarle piedras por parte de vecinos, amigos y espontáneos, hasta provocarle una de las muertes más crueles e inhumanas que haya ideado la bestia inmunda que anida en muchos políticos y jueces.
Lo más chocante del caso de Shakine Mohammadi Ahstiani es que, tras su detención, ya fue juzgada por otro tribunal religioso y condenada a recibir 99 latigazos por un «delito contra las costumbres» de su país, sentencia que se cumplió. Sin embargo, vulnerando el principio Non bis in Idem (nadie puede ser inculpado dos veces por los mismos hechos), que rige en el derecho positivo de la mayoría de los países, los santos varones islamistas no debieron quedar muy satisfechos con la pena, la sentaron de nuevo en el banquillo y la condenaron a la pena capital. Un castigo ejemplar para que el resto de las mujeres iraníes, obligadas casi todas a vestir de negro y que sólo pueden enseñar una mínima parte del rostro, se piensen dos veces la posibilidad remota de engañar al marido o perder su virginidad fuera del matrimonio, en un país donde todos sus movimientos están vigilados por esa Gestapo integrista y retrógrada que son los llamados Guardianes de la Revolución islamista.
De donde se deduce que las normas vigentes en cada momento no son permanentes e inmutables como las tablas de la Ley sino todo lo contrario. Salvo en los delitos de lesiones, homicidio, asesinato y pocos más el Derecho Penal es tornadizo, versátil y cambiante. Y si en el siglo XV y XVI se podía llevar a una mujer al cadalso, como le ocurrió a Juana de Arco, por herejía, brujería, maleficio, pactos con el diablo o por no adjurar de las creencias religiosas propias en beneficio de las oficiales. En la actualidad la humanidad ha superado esas barbaridades jurídicas.
De no haber sido así, como los tribunales de la Santa Inquisición o Santo Oficio castigaban con la hoguera el crimen nefando o contra natura, es decir, la sodomía (como se decía entonces) y el bestialismo, el actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, de ser cierto lo que se dice de él, estaría ahora mismo cociéndose en su propia salsa o aceite, en lugar de dedicarse a imponer arbitrarias multas administrativas de 100.000 Euros al grupo Intereconomía por señalar sin decirlo que la mariconería u homosexualidad sigue sin estar bien vista por algunos sectores de la sociedad que la consideran una trasgresión al orden natural y, por tanto, condenable, aunque sólo sea moralmente.
Conviene, sin embargo, no centrarnos exclusivamente en la lapidación como forma de muerte violenta ejercida por los Gobiernos para obligar a los reos a expiar sus delitos. Cualquier pena capital, sea de la forma que sea, se aplique como se aplique (lapidación, fusilamiento, silla eléctrica, inyección letal, guillotina, ahorcamiento o garrote vil, por citar sólo unas cuantas), es una monstruosidad y debe ser retirada de los códigos penales. En primer lugar porque, como hemos dicho, el derecho positivo no son algo inalterable y perenne, sino que se acomoda a la evolución de la humanidad hacia posiciones cada vez más civilizadas y lo que hoy está penado con la horca, mañana podría ser una actividad incluso legítima, como lo es hoy la libertad política, sindical, de conciencia o de libre expresión de las ideas y pensamientos, que llevaron a gente tan ilustre como a Girolamo Savonarola, Erasmo de Rotterdam, Miguel Servet, Isaac Newton, Copérnico o Galileo a ser perseguidos por afirmar que la tierra era redonda o descubrir la ley de la gravedad.
De otra parte, muchos «asesinatos legalizados y amparados por la Justicia», pasado el tiempo, se han demostrado que eran excesivos (la pena no se correspondía con la
ofensa causada por el apiolado). O que el jurado valoró mal las pruebas y condenó a una persona honrada, o como ha ocurrido con harta frecuencia en Estados Unidos, que la policía y el fiscal llevados por su celo mandaron a la silla eléctrica a un inocente o a un individuo que tenía las facultades mentales perturbadas.
Y porque, además, con los asesinatos oficiales cometidos desde el poder (no hablo de homicidio justificado, ya que ningún Estado tiene derecho a quitar la vida y cuando actúa de esa manera lo hace con todas las agravantes) causan más dolor y son una condena añadida a los familiares y amigos del ajusticiado, que han de vivir con ese estigma para siempre, que al condenado, que sólo sufre unos minutos.Estando de acuerdo con ello pienso que la barbaridad es el derecho que tienen los estados a quitar la vida a la gente sea de la forma que sea y que lo que hay que condenar son los "asesinatos oficiales" cometidos desde el poder (no hablo de homicidio justo o justificado tal se definía la pena capital cuando en España se aplicaba por garrote vil, ya que la condena a la pena capital se hace siempre con premeditación, alevosía y todas las agravantes del Código Penal). Y cumplida la sentencia causa más tragedias y pesar, como acabo de decir, a los familiares del ajusticiado que a éste.
Por todo ello, la justicia de los países occidentales que se rigen por el principio «in dubio, pro reo», lo que equivale a decir que es preferible dejar a un malhechor libre a condenar a un solo inocente, no tienen más otra alternativa que oponerse a la pena capital y sólo aquellas naciones incapaces de frenar la violencia y la irracionalidad por otros métodos, como China o Estados Unidos, la tienen vigente en sus leyes.
Lo contrario, sería equipararnos a regímenes como Irak, Afganistán, Irán a algunos sectores palestinos donde la »cultura de la muerte─ forma parte de la vida cotidiana y los terroristas suicidas son a la vez los legisladores y los jueces que aplican la Ley del Talión. O ponernos a la altura de quienes, abusando o haciendo un mal uso de su derecho a disponer de su propio cuerpo y de su sexualidad, asesinan a sus propios hijos antes de salir del vientre materno, mediante el aborto a plazos, en esos «campos de exterminio invisibles», o no tan invisibles, al más puro estilo nazi, con los que el PSOE ha invadido nuestras aldeas, villas y ciudades. Porque, por ahora, lo único que merece ser asesinado y es legítimo incluso hacerlo es la pena de muerte misma.
El ordenamiento jurídico que así se pronuncia está más imbuido del «ojo por ojo y diente por diente» o por este otro precepto que dice «con la vara con la que midierais seréis medidos» que por el derecho natural (y el positivo de algunos países), que prohíbe matar al prójimo en nombre de la Ley y lo equipara el hecho a la barbarie de tomarse la Justicia por su mano.
Todo esto que digo viene a cuento del intento de lapidación (suspendido a última hora) por el gobierno terrorista de la República Islámica de Irán de una mujer, Shakine Mohammadi Ahstiani. Poco escrupuloso con el respeto a los Derechos Humanos y de los derechos privados inherentes a la persona (el derecho, sin ir más lejos, a disponer de si mismo dentro de unos límites razonables), a los ayatollahs no les tembló el pulso y decidieron ajusticiarla por emplear su propio cuerpo y usar de su sexualidad según su libre albedrío.
Por los hechos que conocemos, resulta que esta mujer fue detenida en 2006. Acusada de adulterio en un juicio-farsa, con un tribunal formado por hombres, en el que no contó con las garantías jurídicas ni la defensa adecuada, fue condenada de acuerdo con la Ley Islámica a ser enterrada viva en la plaza pública hasta la cabeza para, posteriormente, proceder a arrojarle piedras por parte de vecinos, amigos y espontáneos, hasta provocarle una de las muertes más crueles e inhumanas que haya ideado la bestia inmunda que anida en muchos políticos y jueces.
Lo más chocante del caso de Shakine Mohammadi Ahstiani es que, tras su detención, ya fue juzgada por otro tribunal religioso y condenada a recibir 99 latigazos por un «delito contra las costumbres» de su país, sentencia que se cumplió. Sin embargo, vulnerando el principio Non bis in Idem (nadie puede ser inculpado dos veces por los mismos hechos), que rige en el derecho positivo de la mayoría de los países, los santos varones islamistas no debieron quedar muy satisfechos con la pena, la sentaron de nuevo en el banquillo y la condenaron a la pena capital. Un castigo ejemplar para que el resto de las mujeres iraníes, obligadas casi todas a vestir de negro y que sólo pueden enseñar una mínima parte del rostro, se piensen dos veces la posibilidad remota de engañar al marido o perder su virginidad fuera del matrimonio, en un país donde todos sus movimientos están vigilados por esa Gestapo integrista y retrógrada que son los llamados Guardianes de la Revolución islamista.
EL ADULTERIO, CASTIGADO CON LA LAPIDACIÓN EN IRÁN, ESTA DESPENALIZADO EN LAS LEGISLACIONES OCCIDENTALES. SIN RECURRIR AL TÓPICO DE HOLLYWOOD, PARA MUCHOS SECTORES SOCIALES, ES INCLUSO UN SIMPLE PASATIEMPO MASMás chocante todavía, desde el punto de vista del mundo occidental, es que una mujer pueda ser asesinada por el Estado, bajo la excusa de que se está haciendo Justicia, por un delito como el del adulterio, que no es más que el uso privativo y legítimo de la propia sexualidad, desaparecido de la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países civilizados y que, tarde o temprano, será borrado también del iraní. Porque tampoco hace falta viajar a Hollywood, pongamos por caso, para saber que hay grupos sociales que lo consienten, lo practican y lo estimulan como una forma más de depravación o de juego erótico, allá cada cual con sus convicciones. Por eso, en el caso de que hubiera que aplicar la pena capital a las mujeres (y a los hombres) adúlteras o promiscuas por el método de la lapidación no habrían piedras sobre la faz de la tierra.
De donde se deduce que las normas vigentes en cada momento no son permanentes e inmutables como las tablas de la Ley sino todo lo contrario. Salvo en los delitos de lesiones, homicidio, asesinato y pocos más el Derecho Penal es tornadizo, versátil y cambiante. Y si en el siglo XV y XVI se podía llevar a una mujer al cadalso, como le ocurrió a Juana de Arco, por herejía, brujería, maleficio, pactos con el diablo o por no adjurar de las creencias religiosas propias en beneficio de las oficiales. En la actualidad la humanidad ha superado esas barbaridades jurídicas.
De no haber sido así, como los tribunales de la Santa Inquisición o Santo Oficio castigaban con la hoguera el crimen nefando o contra natura, es decir, la sodomía (como se decía entonces) y el bestialismo, el actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, de ser cierto lo que se dice de él, estaría ahora mismo cociéndose en su propia salsa o aceite, en lugar de dedicarse a imponer arbitrarias multas administrativas de 100.000 Euros al grupo Intereconomía por señalar sin decirlo que la mariconería u homosexualidad sigue sin estar bien vista por algunos sectores de la sociedad que la consideran una trasgresión al orden natural y, por tanto, condenable, aunque sólo sea moralmente.
EL MINISTRO MIGUEL SEBASTIAN HUBIERA SIDO QUEMADO EN LA HOGUERA HACE VARIOS SIGLOS POR CRIMEN NEFANDO. HOY DEFIENDE A LOS HOMOSEXUALES Y SE ATREVE A MULTAR A INTERECONOMÍA POR SEÑALAR QUE HAY SECTORES SOCIALES QUE VEN MAL EL SEXO CONTRA NATURAPor eso, condenar a la horca a los hombres amanerados, como ocurre en Irán, por presuntas «ofensas a la moral o delitos religiosos» no deja de ser un claro exceso en el cumplimiento de las leyes y la aplicación de la Justicia. La lapidación, que se aplica a especialmente a las mujeres, no deja de ser, obviamente, otra forma de muerte bárbara y cruel y debe ser abolida de cualquier ordenamiento jurídico. Especialmente de los países árabes, a los que les gusta recrearse con la venganza hacia los trasgresores de una legalidad trasnochada hasta el punto de que los ahorcados por homosexualidad u otros «delitos privados» suelen permanecer varios días colgados en las plazas públicas, sirviendo de espectáculo a transeúntes y de alimento a las moscas.
Conviene, sin embargo, no centrarnos exclusivamente en la lapidación como forma de muerte violenta ejercida por los Gobiernos para obligar a los reos a expiar sus delitos. Cualquier pena capital, sea de la forma que sea, se aplique como se aplique (lapidación, fusilamiento, silla eléctrica, inyección letal, guillotina, ahorcamiento o garrote vil, por citar sólo unas cuantas), es una monstruosidad y debe ser retirada de los códigos penales. En primer lugar porque, como hemos dicho, el derecho positivo no son algo inalterable y perenne, sino que se acomoda a la evolución de la humanidad hacia posiciones cada vez más civilizadas y lo que hoy está penado con la horca, mañana podría ser una actividad incluso legítima, como lo es hoy la libertad política, sindical, de conciencia o de libre expresión de las ideas y pensamientos, que llevaron a gente tan ilustre como a Girolamo Savonarola, Erasmo de Rotterdam, Miguel Servet, Isaac Newton, Copérnico o Galileo a ser perseguidos por afirmar que la tierra era redonda o descubrir la ley de la gravedad.
De otra parte, muchos «asesinatos legalizados y amparados por la Justicia», pasado el tiempo, se han demostrado que eran excesivos (la pena no se correspondía con la
ofensa causada por el apiolado). O que el jurado valoró mal las pruebas y condenó a una persona honrada, o como ha ocurrido con harta frecuencia en Estados Unidos, que la policía y el fiscal llevados por su celo mandaron a la silla eléctrica a un inocente o a un individuo que tenía las facultades mentales perturbadas.Y porque, además, con los asesinatos oficiales cometidos desde el poder (no hablo de homicidio justificado, ya que ningún Estado tiene derecho a quitar la vida y cuando actúa de esa manera lo hace con todas las agravantes) causan más dolor y son una condena añadida a los familiares y amigos del ajusticiado, que han de vivir con ese estigma para siempre, que al condenado, que sólo sufre unos minutos.Estando de acuerdo con ello pienso que la barbaridad es el derecho que tienen los estados a quitar la vida a la gente sea de la forma que sea y que lo que hay que condenar son los "asesinatos oficiales" cometidos desde el poder (no hablo de homicidio justo o justificado tal se definía la pena capital cuando en España se aplicaba por garrote vil, ya que la condena a la pena capital se hace siempre con premeditación, alevosía y todas las agravantes del Código Penal). Y cumplida la sentencia causa más tragedias y pesar, como acabo de decir, a los familiares del ajusticiado que a éste.
Por todo ello, la justicia de los países occidentales que se rigen por el principio «in dubio, pro reo», lo que equivale a decir que es preferible dejar a un malhechor libre a condenar a un solo inocente, no tienen más otra alternativa que oponerse a la pena capital y sólo aquellas naciones incapaces de frenar la violencia y la irracionalidad por otros métodos, como China o Estados Unidos, la tienen vigente en sus leyes.
Lo contrario, sería equipararnos a regímenes como Irak, Afganistán, Irán a algunos sectores palestinos donde la »cultura de la muerte─ forma parte de la vida cotidiana y los terroristas suicidas son a la vez los legisladores y los jueces que aplican la Ley del Talión. O ponernos a la altura de quienes, abusando o haciendo un mal uso de su derecho a disponer de su propio cuerpo y de su sexualidad, asesinan a sus propios hijos antes de salir del vientre materno, mediante el aborto a plazos, en esos «campos de exterminio invisibles», o no tan invisibles, al más puro estilo nazi, con los que el PSOE ha invadido nuestras aldeas, villas y ciudades. Porque, por ahora, lo único que merece ser asesinado y es legítimo incluso hacerlo es la pena de muerte misma.
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