No es cierto que el fiscal General del estado, Cándido Conde Pumpido haya dado instrucciones a sus subordinados para que abran unas diligencias previas contra el presidente del Gobierno por si un artículo suyo publicado ayer con su firma en el diario La Vanguardia pudiera ser constitutivo de delito de desobediencia o de prevaricación o incitar a otros a ello.
José Luis Rodríguez Zapatero, como es conocido por parte de los lectores del periódico catalán de Javier de Godó, Conde de Godó y Grande de España, publicó ayer bajo su firma un artículo bajo el título «Deberá pasar un tiempo para que las heridas cierren», en relación con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que podaba algunos artículos del Estatuto catalán. En el texto, el presidente del Gobierno afirma que el Estatuto no puede ser descalificado como «un ataque frontal a la Constitución y tras la lectura del Fallo del Tribunal Constitucional nada parece justificar que los avances sustanciales que 
el Estatut comporta en el reconocimiento y reafirmación de la autonomía se hayan visto cercenados».
«Y hoy ─agrega Zapatero─, tras la sentencia del tribunal, el Estatut pierde sus referencias al obligatorio carácter preferente del uso de la lengua catalana, al Consell de Justicia de Catalunya, a algunos condicionamientos de las normas básicas estatales, a la exclusividad de las competencias del Síndic de Greuges, al carácter vinculante para el Parlament de Catalunya de las resoluciones del Consell de Garanties Estatutàries, al esfuerzo fiscal comparable y a las competencias de la Generalitat sobre tributos locales. Por tanto, las declaraciones de inconstitucionalidad se contraen al Consejo de Justicia y a seis aspectos concretos más, entre las más de trescientas cuestiones impugnadas».
Aunque todavía no se conoce la sentencia, haciendo uso de su bola de cristal, el presidente, afirma, acto seguido: «Además, pudiera ser que en alguno de esos limitados casos, el tribunal no objetase tanto el fondo de la regulación como su inclusión formal en una norma estatutaria. En tal hipótesis, no se impediría que esa regulación se aborde por el cauce constitucionalmente procedente».
Con los que el ignaro, el rústico de León viene a confirmar las últimas declaraciones de José Montilla de que va a reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero para, de común acuerdo, enmendar entre los dos el fallo del Tribunal Constitucional y devolverle al Estatuto todas las competencias a las que aspiran los políticos catalanes para desengancharse de España cuando les convenga, contraviniendo la sentencia del Alto Tribunal.
Varios expertos en Derecho Político y Constitucional han considerado que la decisión de Zapatero, un individuo de escasas luces que durante su etapa parlamentaria se limitó a calentar el asiento, de no obedecer las sentencias del Tribunal Constitucional podría incardinarse en un delito de desobediencia y otro de prevaricación que obligaría al Fiscal General del Estado a presentar denuncia en su contra ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para su procesamiento y enjuiciamiento.
Pero el ministerio público, que se rige por los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica y defensa del principio de legalidad, es decir, de los intereses colectivos de la sociedad, promoviendo la acción de la Justicia en aquellos casos de violación flagrante de las leyes, como pretenden José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla Aguilera, ha decidido no cumplir con su propio Estatuto. De donde se deduce que España ha retornado a la etapa del despotismo ilustrado de los iluminados de siempre, que se creen en posesión de la verdad, en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo español. Cándido Conde-Pumpido ha dejado entrever ante sus amigos que él, como mucho, se va a marcar una Sardana que, desde ahora, será el baile típico de España entera.
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