MIENTRAS EL PRESIDENTE AMERICANO LLEVA AL ESTADO DE ARIZONA A LOS TRIBUNALES, ZAPATERO SE BURLA DE LOS TRIBUNALES EN BENEFICIO DE CATALUÑA
Ayer, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tomó una de esas decisiones que nos permiten creer de ven en cuando en la democracia, en el Estado de Derecho y en
el imperio de la Ley.
Equivocado o no, pero haciendo uso de los poderes que le ha otorgado la nación más grande y poderosa del mundo, presentó una demanda ante los tribunales contra el Estado de Arizona por aprobar una Ley sobre Inmigración, cuyas competencias corresponden a la Unión y que debe discutirse en el Capitolio, y no en las cámaras de los Estados miembros.
El veto ejercido por el departamento de Justicia y la Casa Blanca a varios estados sudistas, lindantes con la frontera de México, que pretenden alterar con subterfugios sus reformas en materia de inmigración (Obama pretende conceder la ciudadanía a 11 millones de ilegales), han hecho saltar a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y al candidato republicano en los pasados comicios, John McCain, contrarios a que se abran las puertas a los «espaldas mojadas» y que la política «papeles para todos» tenga un «efecto llamada» como el que ocurrió en España con el nefasto ministro de Trabajo, Chus Caldera.
Personalmente, la medida de Obama me parece una barbaridad pero no estoy hablando aquí del huevo, sino del fuero. En los estados federados o confederados, la federación tiene todas las competencias para salvar los intereses generales de la nación y los estados miembros otras y cada uno debe estar en su sitio y legislar exclusivamente sobre aquellas materias acerca de las que tiene potestad.
Al otro lado del Atlántico, en la República Federal de Alemania, el otro estado federal que podría servir de referencia a este país, la canciller Ángela Merkel tuvo que librar una dura batalla a comienzos de su mandato. Siguiendo el ejemplo español de las autonomías desbocadas y movidas por un irrefrenable apetito de succionarlo todo y vaciar el Estado de contenido, los 16 länders pretendían incrementar su competencias a la política exterior, justicia e incluso negociar de «poder a poder» con el Gobierno Federal imponiendo sus leyes en el Bundesrat, en detrimento de la dieta federal o Bundestag.
Con mucha mano izquierda y dándoles competencias en materia de medio ambiente y defensa de la caza y pesca, Merkel ha logrado meter a los länders de nuevo en el redil. En la actualidad, su capacidad legislativa se ha reducido del 60 al 15 por ciento y la República Federal Alemana ha podido encarar sin la menor fisura una política dura y de privaciones para hacer frente a la crisis, imponiéndosela además sin ningún miramiento a los estados federados.
José María Aznar que entre novela y novela de Marcial Lafuente Estefanía leía algún libro de historia, se dio cuenta durante su periodo de presidente del Gobierno de que Alemania y Estados Unidos eran los únicos modelos de comportamiento estable de los países civilizados. Y quiso llevar el modelo a las distintas autonomías.
Lo hizo cerrando el modelo de las autonomías mediante una serie de normas de corresponsabilidad fiscal y otras acerca de sus competencias. «España no puede vivir bajo el permanente chantaje de los políticos autonómicos, insaciables en sus demandas, decididos a vaciar de contenido el Estado. Si el País Vasco quiere tener su Instituto Nacional de Meteorología no voy a ser yo quien me oponga. Pero que lo paguen», le oí decir en una ocasión.
En 2004 vino, sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero dispuesto a congraciarse con todo el mundo y en su obsesión de echar la casa por la ventana se comprometió en un mitin en Cataluña, a conceder a la Generalitat un estatuto de máximos, que venía a ser en la práctica el suicidio de la nación.
Como suele ocurrir con los locos y los tontos, cumplió su palabra y ahora anda enredado con José Montilla, ese político avinagrado nacido en Córdoba, en una nueva estrategia para burlar una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba parcialmente el estatuto catalán, y mediante una serie de leyes de nuevo inconstitucionales, devolver a los catalanes aquellas materias que son competencia del estado.
CUANDO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, QUE TIENE LA OBLIGACION MÁXIMA DE CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS LEYES, ANUNCIA QUE VA A VULNERARLA, SU DECISIÓN SÓLO TIENE UN NOMBRE. PREVARICAICÓN
Esta claro que, como dice un viejo refrán castellano, «quien hizo la Ley hizo la trampa» pero cuando el que vulnera a sabiendas las leyes es quien tiene la obligación máxima de hacerlas cumplir, en este caso el presidente de la nación, la estrategia tiene sólo un nombre: prevaricación.
Por eso, si tuviera que elegir, yo me quedaría con Barack Obama. Habrá metido la pata con su política de «papeles para todos» pero se mantiene firme en la defensa de los principios básicos del estado democrático, del imperio de la Ley y de los valores esenciales que dan fortaleza a una nación. Una aberración como la de legalizar de golpe a 11 millones de extranjeros se puede soportar, la ruptura del Estado es, sin embargo y mal que nos pese a todos, irreversible en el peor de los casos. O traumática. No olvidemos que el golpe de Estado de Primo de Rivera (1923), el de Franco (1939), el de Tejero (1981) tuvieron la misma justificación: la falta de autoridad, el descontrol del Gobierno y la provocación gratuita, intolerable y vejatoria de los llamados nacionalismos irredentos.
La política de Obama de colocar a los Estados de la Unión en su lugar es mil veces más decente que el entreguismo de Rodríguez Zapatero. Por eso, es preferible que España fuera un estado federal, siguiendo los modelos alemán o americano, a un desbocado y enloquecido estado de las autonomías, donde cada presidente regional se siente dueño y señor de su castillo feudal y tyrata a sus ciudadanos como subditos, que deben rendirle peitesía para tener acceso al inagotable cofre de las prebendas y subvenciones varias.
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