Ya se conocían sus virtudes taumatúrgicas, sobrenaturales para hacer ricas a muchas mujeres, como si de la noche a la mañana les hubiera tocado la lotería o el euromillón. Lo que todavía se ignoraba es que La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al igual que la Virgen de Fátima o la de Lourdes, hace milagros. Tras su entrada en vigor los ciegos ven, los sordos oyen y los parapléjicos con grandes minusvalías andan. ¡Como lo oyen!
Pese a lo grotesco e incluso macabro de este asunto, eso fue lo que se trató de demostrar en el Juzgado de Violencia número 1 de Santa Cruz de Tenerife esta semana que acaba. Una mujer, Mercedes Hernández Díaz, presentó una denuncia contra su compañero en los últimos 20 años, Juan Francisco Marrero García, parapléjico con una minusvalía del 90 por ciento en todo el cuerpo, según informe forense y con perdida de visión en el ojo izquierdo. Según relató su defensa, a consecuencia de esta dolencia, Marrero se encuentra en silla de ruedas y no puede valerse sin la ayuda de otra persona.
UNA GROTESCA SENTENCIA CONDENA A UN PARAPLÉJICO, EN SILLA DE RUEDAS, CON UN 90 POR CIENTO DE MINUSLVALIA EN TODO EL CUERPO, A ALEJARSE DE SU MUJER POR REPRESENTAR UN PELIGRO PARA SU INTEGRIDAD.
Pues bien, durante la vista o vistilla, su ex señora asegura que tuvieron una pelea familiar cuando la mujer pretendía pegar a uno de sus hijos y que, en ese momento, su marido como si fuera Superman redivivo la agarró de los pelos, le dio un manotazo en el pecho y la arrastró por toda la casa, no se sabe si con la ayuda de alguna persona que empujaba la silla de ruedas o debido a que una fuerza invisible hizo acto de presencia en la vivienda para echarle una mano.
Por su parte, el acusado y el hijo de pareja desmintieron a su ex mujer y madre y relataron su versión de los hechos, radicalmente distinta a la de la denunciante: la única violencia ejercida por el parapléjico fue agarrar la mano a su mujer y denunciadora para que no le diera una golpiza al pequeño.
Con esta doble perspectiva de lo ocurrido, en la que la declaración de la mujer quedaba razonablemente destruida por la versión coincidente de padre e hijo, la acusadora en lugar de retirar la denuncia por malos tratos pidió que metieran a su marido un año en la cárcel, donde están pensando ahora mismo instalar rampas para minusválidos, y que le impusieran una pena añadida de alejamiento de tres años y 500 euros de multa, sin duda para poder pagarse un trasplante de cabello que precisa para reponer el que le arrancó el ex marido.
Aunque nada se dice en las crónicas periodísticas que he leído, el minusválido debió ser condenado. Porque según cuenta el periódico La Opinión de Santa Cruz de Tenerife, la abogada defensora de Marrero García, la letrada Ana Cristina Galván recurrirá la medida [se supone que de alejamiento] ya que a pesar de haber presentado un informe del forense donde se reconoce la minusvalía de su cliente, que no puede valerse por si mismo y necesita un domicilio adaptado a sus necesidades, la violenta jueza de la no-violencia no se tuvo en cuenta esta circunstancia en el momento de calificar penalmente los hechos. La Justicia, además de ciega, algunas veces, parece que ademñás es tonta. Lo que no informa el periódico que dirige un gran amigo mío, Joaquín Catalán, es que además de la pena añadida de destierro, el pobre hombre podría acabar condenado a llevar un bozal de por vida. Porque ante una sentencia de ese calibre lo más normal es que, ante el grave problema de indefensión que se le plantea y la incapacidad física de defenderse por otros medios, esté pensando en dar un buen mordisco a la jueza y al fiscal en sus partes pudendas o allí donde más le duele. Y, con todo respeto a la Justicia y no a su representante, hay gente que opina que de haber ocurrido los hechos tal y como los narra La Opinión, y ser cierto el informe forense, a algunos juzgadores no les vendría mal un ligero ─ligerísimo ─ correctivo que por ahora no se atreve a aplicarles el Consejo General del Poder Judicial, preocupado como es natural dada la condición humana de sus miembros, en atisbar lo que dice José Luis Rodríguez Zapatero o María Teresa Fernández de la Vega, para no estar a mal con el Gobierno.
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